El partido guinda respondió con dureza a los viajes del líder priista a Washington y calificó su estrategia como una cortina de humo frente a las investigaciones que enfrenta en México.
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, lanzó este martes un posicionamiento contra Alejandro Moreno. El dirigente nacional del PRI acudió al Departamento de Estado de Estados Unidos para denunciar a tres consejeros del INE.
Moreno pidió a la autoridad estadounidense revisar las actuaciones de Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga. Los tres consejeros integran la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto electoral. Esa comisión determinó, por unanimidad, imponer medidas cautelares contra el priista.
El origen del conflicto se remonta a publicaciones de Moreno y del PRI en redes sociales. En ellas usaron términos como “narcopartido”, “narcogobierno” y “Cártel de Morena” para referirse al partido en el poder. El INE consideró que esas expresiones imputaban delitos sin sustento comprobado y ordenó retirarlas.
Moreno respondió que la medida viola su libertad de expresión. Además, anunció que llevará el caso ante la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su denuncia ante el gobierno estadounidense invoca la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, una ley que permite sancionar a funcionarios señalados por corrupción o violaciones a derechos humanos.
Para Morena, esa ofensiva internacional esconde otra intención. El partido guinda vinculó los viajes de Moreno a Washington, ocurridos en febrero, mayo y agosto, con el avance de investigaciones en su contra en México. Una fiscalía especializada presentó nuevas pruebas en abril, y la Cámara de Diputados retomará el tema en septiembre.
El comunicado del CEN también relacionó el episodio con la detención de Luis Antonio Espinosa Campos. La autoridad señala a este contador como representante de empresas ligadas a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del líder priista. Se le acusa de recibir recursos públicos para una empresa de medios sin comprobar los servicios contratados.
Morena insistió en que el fuero protege una función legislativa, no a una persona, y que ninguna denuncia presentada fuera del país cambia esa realidad. El partido aseguró que las reglas sobre calumnia electoral que ahora Moreno cuestiona nacieron de una reforma que el propio PRI impulsó en 2014.
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