Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que la Auditoría Superior de la Federación terminó por justificar más de 2 mil 700 millones de pesos observados al gobierno de Alejandro Moreno en Campeche, pese a que durante años permanecieron como posibles desvíos.
Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad expone que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminó por dar por solventadas irregularidades millonarias detectadas durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche. En total, más de 2 mil 700 millones de pesos que habían sido observados como faltantes o posibles desvíos fueron finalmente justificados entre 2022 y 2024.
De acuerdo con la investigación, en 2018 —el año con más irregularidades— la ASF detectó posibles desvíos por más de 3 mil 400 millones de pesos en recursos federales ejercidos por la administración estatal. Para 2022, el 98% de ese monto seguía sin aclararse, lo que mantenía abiertas observaciones por más de 3 mil 300 millones de pesos.
Sin embargo, dos años después, la mayor parte de esos recursos fue “solventada”. Entre los casos más relevantes destaca una solicitud de aclaración por 2 mil 443 millones de pesos, en la que no existía documentación que respaldara contratos de obra y adquisiciones; aun así, el monto completo fue validado como justificado. También se redujo una observación por 457.9 millones de pesos a solo 130.7 millones pendientes, además de otros montos menores prácticamente cerrados.
La investigación señala que parte de estas revisiones pasó por la Dirección General de Seguimiento C de la ASF, encabezada en ese momento por un funcionario vinculado políticamente a Pablo Angulo, cercano a Moreno. Este órgano es clave, ya que determina si las observaciones por irregularidades quedan solventadas o no, lo que abre cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en el proceso.
Alito Moreno, quien gobernó Campeche de 2015 a 2019 y actualmente es dirigente nacional del PRI y senador, dejó el cargo con miles de millones de pesos bajo observación. No obstante, con el paso del tiempo, la mayoría de esos recursos terminó siendo “perdonada” o justificada, lo que ha generado críticas sobre la actuación de la ASF y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
Entre acusaciones, “videos confusos” y ataques personales, Alejandro Moreno y Jorge Álvarez Máynez convierten un suceso menor en un espectáculo que refleja la fragilidad de la oposición rumbo a 2027.
La confrontación reciente entre los dirigentes del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no solo eleva el tono, sino también lo ridículo. Lo que comenzó como un incidente menor en Chilpancingo, Guerrero, terminó convirtiéndose en una guerra de declaraciones (por redes sociales), dejando más dudas sobre su capacidad política que convicciones sobre su liderazgo.
El video de la riña callejera, difundido a través de redes sociales, mostró un incidente de bronca al fondo mientras Máynez ofrecía una entrevista; sin embargo, lo que resultó preocupante fue cómo ambos dirigentes optaron por versificar el suceso para reforzar su conflicto personal, dejando de lado la atención de los problemas reales que enfrentan los ciudadanos.
Alito Moreno, a su estilo, emitió ataques mediante redes sociales, acusando a Máynez de huir y de no tener el carácter para enfrentar situaciones reales. Su publicación, la cual es una burla total, no solo refleja una estrategia política, sino también una falta de seriedad, surgiendo de ello un cuestionamiento. ¿Ese es el nivel de “debate” que propone alguien que aspira a “reconstruir” la credibilidad de su partido (lo que queda)?
Y por supuesto, Máynez no se quedó atrás, negando las acusaciones, aseguró que fue empujado y actuó con calma, pero terminó cayendo en el juego de Moreno al calificar de “patética” la actitud de Alito. Eligió responder con el mismo tono y nivel, confirmando que la confrontación no busca una aclaración, sino ganar puntos en una pelea de egos.
El Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano insinúan una posible alianza rumbo a 2027. El hecho no solo evidencia crisis interna, sino una incapacidad para sostener acuerdos.
Lejos de pelear por quien dice la verdad sobre el suceso en Chilpancingo, lo que exhiben es una caída de discusión política. Ambos dirigentes parecen estar más interesados en protagonizar escándalos que ofrecer soluciones, por lo que convierten la política en un espectáculo, donde el alboroto parece sustituir las propuestas y la confrontación reemplazar al diálogo.
Ni Alito ni Jorge salen limpios, puesto que uno insiste en una narrativa agresiva y el otro responde con insultos que lo ponen en el mismo nivel. Ambos reflejan una oposición ridícula, envuelta en conflictos personales, sin capacidad para construir una propuesta con seriedad.
A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el Partido Revolucionario Institucional volvió a rendirle homenaje con discursos y actos solemnes que suenan más a simulación que a realmente una memoria. En medio de una crisis política que tiene debilitado y cuestionado, el partido intenta colgarse de su figura mientras evita hablar de lo más importante: la verdad.
El crimen ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, sigue siendo un asunto pendiente. Lo que por años se vendió como solamente un asesinato, hoy vuelve a ponerse en duda, con nuevas investigaciones que se enfocan a más personas involucradas. Lejos de aclarar el caso, conforme al paso del tiempo ha dejado más preguntas que respuestas.
Aun así, el PRI insiste en presentarse como “defensor” del legado de Colosio. Sus dirigentes hablan de “justicia”, de instituciones y sobretodo de un mejor país, pero lo hacen sin reconocer que ese mismo sistema político fue el que nunca aclaró del todo el asesinato desu propio candidato, esa contradicción es difícil dejara de lado.
Al frente de estos actos se encuentra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien presume un partido firme, pero que en los hechos enfrenta una crisis de credibilidad y de identidad para el PRI. Sus palabras chocan con la realidad de un partido desgastado que intenta recuperar la atención y terreno recurriendo a hechos del pasado pero evitando sus errores.
La imagen de Carlos Salinas de Gortari, ex presidente, sigue vinculado a la situación del asesinato, aunque no aparece en los homenajes, por lo que su ausencia dice mucho. Durante años han existido señalamientos sobre su responsabilidad y conocimiento del hecho y actualmente el tema sigue sin resolverse, puesto que ha tratado de deslindarse.
Durante su candidatura, Colosio tomó distancia del poder que en ese entonces presidia Carlos Salinas, antes de su muerte, lo que refuerza la interpretacion de que el asesinato de Colosio no fue un hecho excepcional. Esa historia y verdad ha incomodado al PRI, por lo que es un tema que prefieren no discutir o escudarse siempre de lo mismo evitando su responsabilidad, mientras sostienen un discurso repetitivo que suena cada vez más vacío y debilitado exhibiendo así la crisis interna que enfrentan.
La reanudación de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República vuelve a poner el caso en el centro de controversia pública, exhibiendo las dudas y posibles encubrimientos. Esto impacta directamente el discurso del PRI, quienes insisten en hablar de un “legado” sin poder que los respalde ante cuestionamientos.
Bajo este contexto, el “homenaje” se queda corto, puesto que más que un acto de respeto, parece un intento improvisado y desesperado por limpiar la imagen de un partido cínico en crisis. Mientras no haya verdad ni justicia, recordar a Colosio desde el PRI es más un acto de hipocresía que de memoria.
Al menos cuatro de las corcholatas que el PRI propone para contender a las candidaturas de cara a las elecciones de 2027 enfrentan señalamientos por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a través de una estrategia llamada “Defensores de México”, dio a conocer los nombres de 50 priístas, de distintos niveles, que podrían ser candidatos a gobernador en 16 de los 17 estados que se disputarán en las elecciones intermedias de 2027.
Sin embargo, la “resurrección” del PRI no promete nada nuevo, pues los nombres de las corcholatas que componen el movimiento “Defensores de México” son bien conocidos, pero no por sus méritos, sino por las múltiples acusaciones que pesan contra ellos.
Y es que, al menos cuatro de los nombres que se barajean con mayor probabilidad en Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua, arrastran un largo historial de acusaciones mediáticas que los vinculan con el desvío de recursos públicos, nexos con el crimen organizado, mala gestión y nepotismo.
Entre ellos se encuentran: Adrián de la Garza, Manuel Añorve, Enrique Galindo, Mario Zamora, Guillermo Valencia, Arturo Nahle y Alejandro Domínguez. Y, ahora, el nombre que más sobresale es de Rosario Robles, quien fuera encarcelada debido a los vínculos que tuvo con la Estafa Maestra. Lo delirante es que “Alito” la ha designado para que opere una supuesta red ciudadana cuyo objetivo será: “vigilar las urnas”. Pero ¿quienes son las corcholatas que propone el líder nacional del PRI?
En primer lugar, entre los perfiles que Alito Moreno propuso para encabeza la lista electoral, destaca Adrián de la Garza, uno competidor en el PRI por el estado de Nuevo León.
En 2020, el actual alcalde de Monterrey y exprocurador de Justicia fue acusado de desviar recursos públicos beneficiando a la empresa Next Energy. Bajo la promesa de construir una planta solar, De la Garza firmó un contrato a 30 años con el que Next Energy recibirá 7 mil millones de pesos.
A pesar de que la empresa recibió cerca de 1,603 millones de pesos en pagos por parte de la alcaldía de Monterrey, la compañía, hasta ahora, no ha brindado los servicios y tampoco ha construido el parque solar que prometió.
De hecho, Eugenio Maíz Domene, accionista de la empresa y dueño del equipo Sultanes de Monterrey, ahora mismo está detenido en Aguascalientes por incumplimiento de contratos.
Su empresa Next Energy está vinculada a 16 empresas que operarían en Nuevo León y Chihuahua vendiendo proyectos de nuevas energías que no existen.
Otro de los alfiles de Moreno Cárdenas es Guillermo Valencia Reyes, actual dirigente del PRI en Michoacán y exalcalde de Tepalcatepec, quien fue destituido como alcalde e investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por sus nexos con el cártel de los Caballeros Templarios, un grupo delincuencial con ideología pseudorreligiosa que controlaron actividades criminales como narcotráfico, extorsión y secuestro en Michoacán y otros estados vecinos.
A Valencia Reyes, además, se le acusó de vender candidaturas y recibir dinero del crimen organizado a través del movimiento que creó en 2014, llamado “Renovación Michoacán”.
Por otra parte, Arturo Nahle, exmagistrado de Zacatecas, hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha sido un crítico furibundo de la Transformación, refrendando su militancia activa en el PRI. “Que Dios lo ayude”, ha dicho su propia hermana.
Enrique Galindo Ceballos, quien se barajea como posible candidato del PRI en San Luis Potosí y alcalde del municipio con el mismo nombre, ha enfrentado distintos señalamientos relacionados con desvío de recursos.
En 2025, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)evidenció el mal manejo de 12 contratos en el municipio de San Luis Potosí que causaron un daño al erario de 370 millones de pesos.
Los documentos de la ASF de 2023 identificaron irregularidades en proyectos clave relacionados con la construcción de obras públicas como Vialidades Potosinas, un paso a desnivel en Himalayas Alpes y obras hidráulicas.
La dependencia señaló que dichos contratos fueron concedidos con la manipulación de licitaciones, sobrecostos y falsificación de documentos.
Aunque el PRI dice avanzar hacia una renovación del partido, lo cierto que en su militancia sólo hay viejos nombres, acostumbrados las prácticas del antiguo PRI, que hoy es el mismo PRI de siempre.
Alejandro Moreno debería entender que México no requiere de defensores con antecedentes penales, sino que exige una auténtica purga institucional. Y, la verdad sea dicha, la política de los supuestos “Defensores de México” solo defiende los bolsillos de quienes la integran.
El regreso de Rosario Robles al entorno político, impulsado por la dirigencia del PRI, reabre cuestionamientos sobre su pasado y asimismo exhibe la falta de rumbo, crisis y renovación en un partido señalado y marcado por diversas polémicas, especialmente corrupción.
El regreso de Rosario Robles a la política no pasa desapercibido, puesto que su designación como “coordinadora de la defensa ciudadana” dentro del PRI, anunciada por Alejandro “Alito” Moreno, reaviva una figura marcada por escándalos, señalamientos y un historial que sigue marcado por desconfianza.
Su reaparición se da luego de haber estado en prisión por responsabilidad en la Estafa Maestra, uno de los casos de corrupción más relevantes del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. Aunque fue absuelta penalmente, la pérdida de credibilidad permanece.
El PRI lejos de apostar por nuevos perfiles,optó por reciclar figuras que quedaron manchadas y cuestionadas. La falta de claridad sobre las funciones de Rosario Robles en su nuevo cargo, refuerza la imagen improvisada de un partido que privilegia lealtades internas sobre la credibilidad pública.
La trayectoria de Rosario se ha marcado por sucesos polémicos desde hace décadas. Uno de los más recordados ocurrió en 2004, cuando el escándalo de los videos que expusieron a René Bejarano, mientras recibía dinero de Ahumad, involucraron a Robles en la investigación sobre los recursos, colocándola en el centro de las críticas y asimismo debilitando su imagen pública.
Posteriormente, ya como titular de Sedesol y Sedatu su nombre volvió a aparecer ligado a anomalías como La Estafa Maestra, reveló un sistema de corrupción con el desvío de millones de pesos de recursos públicos mediante universidades y empresas fantasmas, dejando marcada la desconfianza en la ciudadanía.
Para muchos, su figura sigue asociada a un sistema público que permitió el uso indebido de recursos destinados a los sectores más vulnerables. La apuesta del PRI parece ignorar el reclamo ciudadano y la sombra que la acompaña.
En octubre de 2018, Rosario Robles se presentó ante la H. Cámara de Diputados para dar “explicaciones” sobre el desvío de los recursos públicos de un aproximado de 7,760 millones de pesos, o mejor dicho La Estafa Maestra, la cual fue descubierta mediante una investigación periodística en 2017, exhibiendo así al Gobierno federal de Peña Nieto.
¿Puede un partido reconstruir su credibilidad apostando por figuras del pasado? En el caso de Robles, su regreso no sólo revive su historia, sino también las dudas sobre el rumbo político que el PRI está dispuesto a tomar, o más bien a retomar, exhibiendo de esta forma su incapacidad para renovarse y reforzando su crisis interna.
Alejandro Moreno sostuvo un encuentro con la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, lo que generó una ola de reacciones negativas en redes sociales por el contexto internacional y el papel del PRI.
El dirigente priista informó que sostuvo una reunión con la diplomática israelí y otros funcionarios, en la que dialogaron sobre cooperación estratégica entre ambas naciones. Incluso destacó que sembraron un olivo y un ahuehuete como símbolo de paz, en un gesto que intentó proyectar cercanía y entendimiento entre ambos países.
Sin embargo, la reunión ocurre en un contexto internacional altamente sensible, donde Israel enfrenta fuertes cuestionamientos globales por sus ataques ocntra Irak y el genocidio en Palestina. Esto provocó que usuarios en redes sociales criticaran duramente a Moreno, señalando que su acercamiento refleja una postura desconectada de la realidad.
Me reuní con la Embajadora de Israel en México, @EinatKranz, y con el Jefe de Misión Adjunto, Nadav Peldman. Conversamos sobre la relevancia de fortalecer la cooperación entre nuestras naciones en asuntos estratégicos.
Este encuentro evidenció una nueva polémica para el líder priista, ya que muchos consideran que este tipo de gestos diplomáticos carecen de sensibilidad política y podrían afectar la imagen internacional de México, además de alimentar el rechazo hacia su liderazgo dentro y fuera del país.
A esto se suma que el tema no es menor en México: previamente, un falso atentado contra la embajadora israelí encendieron tensiones internacionales, aunque fueron desmentidas. La propia representación de Irán calificó dichas acusaciones como un “invento mediático”, mientras que autoridades mexicanas aseguraron no tener registro alguno del supuesto ataque. En este contexto de información contradictoria y alta tensión geopolítica, la reunión de Moreno no solo resulta polémica, sino también cuestionable por su oportunidad y mensaje político.
El dirigente del PRI lanzó insultos y amenazas contra el periodista Manuel Pedrero mientras intentaba defender a la diputada Tania Larios; su reacción provocó burlas en redes por el tono agresivo y descontrolado del líder priista.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, volvió a protagonizar un momento polémico al arremeter con insultos y amenazas contra el periodista Manuel Pedrero durante una transmisión del canal Atypical TV, donde perdió el control mientras hablaba de un supuesto caso de violencia política contra la diputada priista Tania Larios.
Durante la conversación, Moreno intentó posicionar a Larios como víctima, luego de un debate ocurrido en el espacio de Juan Becerra para Radio Fórmula. Sin embargo, lejos de mantener un tono institucional, el líder priista recurrió a descalificaciones y ataques personales, calificando a Pedrero como “chayotero” y lanzando expresiones ofensivas en plena transmisión.
Incluso, “Alito” Moreno insinuó que el periodista no se atrevería a confrontarlo directamente, afirmando que si lo tuviera enfrente “no diría lo mismo”. Las declaraciones fueron interpretadas por diversos usuarios en redes sociales como una amenaza directa contra el comunicador, lo que desató críticas y burlas hacia el dirigente tricolor.
Lejos de fortalecer su argumento, el episodio terminó evidenciando el estilo confrontativo y explosivo del dirigente del PRI, quien nuevamente se colocó en el centro de la polémica por su manera de responder a cuestionamientos periodísticos. Para muchos internautas, el dirigente prefirió el insulto, una escena que rápidamente se viralizó.
En redes sociales, usuarios ironizaron sobre la reacción del político campechano, recordando los múltiples escándalos que han rodeado su carrera, y cuestionaron que quien encabeza un partido histórico responda con descalificaciones en lugar de argumentos.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que recientemente alcanzó los 97 años de existencia, atraviesa el periodo más crítico de su historia.
Lo que alguna vez fue definido por Mario Vargas Llosa como “la dictadura perfecta” —un sistema de partido casi único que gobernó México por siete décadas ininterrumpidas— se ha transformado en una fuerza política que lucha por su supervivencia, asediada por escándalos de corrupción sistémica y una fuga masiva de cuadros hacia otras fuerzas políticas.
La represión de 1968 y el “Halconazo”
El momento de mayor ruptura ética entre el PRI y la sociedad civil ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, el Estado utilizó al ejército y a grupos paramilitares para masacrar a estudiantes que exigían libertades democráticas. Este evento no solo fue un crimen de lesa humanidad, sino que destruyó el mito del “gobierno de la Revolución” que trabajaba para el pueblo. La cifra oficial de muertos nunca fue clara, pero las estimaciones de testigos y organismos internacionales hablan de cientos de víctimas.
Apenas tres años después, el 10 de junio de 1971, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, ocurrió la “Matanza del Jueves de Corpus” o El Halconazo. Un grupo paramilitar entrenado por el Estado, “Los Halcones”, atacó una manifestación estudiantil con armas de fuego y varas de bambú frente a la policía que solo observaba. Estos eventos inauguraron la llamada Guerra Sucia, un periodo donde el PRI utilizó la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial para aniquilar a cualquier disidencia política de izquierda o movimientos guerrilleros.
La herencia de estos años es un estigma de autoritarismo que el partido jamás pudo sacudirse del todo. La figura de Luis Echeverría permaneció hasta su muerte como el símbolo de la represión sistémica, siendo el primer expresidente en ser procesado (aunque bajo arresto domiciliario) por genocidio.
El colapso económico: “La docena trágica” y el error de diciembre
El siglo XX priista también estuvo marcado por una gestión económica que pasó de la estabilidad del “Milagro Mexicano” al desastre absoluto por decisiones populistas y técnicas deficientes.
Los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (1970-1982) llevaron al país a una inflación descontrolada y un endeudamiento externo masivo. López Portillo es recordado por su frase “defenderé el peso como un perro”, solo para presenciar una devaluación histórica que pulverizó los ahorros de millones de mexicanos mientras él lloraba en su último informe de gobierno.
Posteriormente, en 1994, el país vivió el famoso “Error de Diciembre” al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, pero gestado en las políticas de Carlos Salinas de Gortari. La falta de reservas internacionales y el manejo político de las variables económicas provocaron una crisis financiera que se extendió por todo el mundo, conocida como el “Efecto Tequila”. Esto derivó en el rescate bancario a través del Fobaproa, una deuda privada que el PRI convirtió en deuda pública y que los mexicanos siguen pagando hasta el día de hoy, afectando el presupuesto nacional por generaciones.
El fraude del 88 y el magnicidio de 1994
El sistema político del PRI se basaba en el control absoluto de las elecciones, pero en 1988 ese control fue desafiado por la corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas. La famosa “caída del sistema”, operada por Manuel Bartlett (entonces Secretario de Gobernación), es el fraude electoral más documentado y cínico de la historia moderna de México. Cuando los resultados preliminares favorecían a la oposición, el sistema de cómputo se detuvo sospechosamente; al “reiniciarse”, Carlos Salinas de Gortari apareció como ganador, una mancha de ilegitimidad que persiguió a su gobierno desde el primer día.
El año de 1994 representó el punto de quiebre violento dentro de la propia estructura del partido. El asesinato de su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, sacudió los cimientos del país. La teoría del “asesino solitario” nunca convenció a la población, que vio en el magnicidio una purga interna o una respuesta de los sectores más conservadores del PRI (los llamados “dinosaurios”) ante las promesas de reforma del candidato. Meses después, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido, confirmó que el PRI estaba en una guerra intestina sangrienta.
La quiebra ética: el sexenio de Enrique Peña Nieto
El regreso del PRI a la presidencia en 2012, tras doce años de gobiernos panistas, fue presentado como el nacimiento de un “Nuevo PRI”. Sin embargo, este periodo se convirtió rápidamente en el catálogo más extenso de corrupción en la historia moderna de México.
Casos como la Casa Blanca, una lujosa residencia propiedad de la esposa del presidente construida por un contratista favorecido por el gobierno, rompieron la confianza ciudadana de manera irreversible.
A este escándalo se sumó La Estafa Maestra, un sofisticado mecanismo de desvío de recursos públicos a través de universidades públicas y empresas fantasma que involucró a múltiples dependencias federales. La percepción de impunidad se consolidó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, un evento que no solo exhibió la ineficiencia del Estado, sino también la colusión de autoridades locales priistas con el crimen organizado, marcando el inicio del fin para la legitimidad del sexenio.
El costo político de estos eventos fue devastador. El partido no solo perdió la presidencia en 2018 con su peor votación histórica, sino que quedó marcado como una marca “tóxica” para el electorado.
Los “gobernadores de la vergüenza” y el saqueo estatal
Uno de los puntos más bajos del PRI fue la conducta de su nueva generación de gobernadores, a quienes el propio Peña Nieto llegó a llamar el “rostro de la renovación”. Personajes como Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo) terminaron en prisión o prófugos tras dejar sus estados en la quiebra financiera y sumidos en crisis de violencia.
En Veracruz, el caso de Javier Duarte fue emblemático: se le acusó de administrar quimioterapias falsas (agua destilada) a niños con cáncer mientras desviaba miles de millones de pesos. Por su parte, César Duarte fue señalado por crear un banco propio con recursos públicos, y Roberto Borge por el remate ilegal de terrenos del patrimonio estatal a familiares y amigos. Estos nombres se volvieron sinónimos del PRI ante la opinión pública nacional.
El desmantelamiento territorial: de 32 a 2 gubernaturas
La pérdida de poder territorial es, quizás, el síntoma más claro de la agonía del PRI. Tras las elecciones de 2024, el partido quedó reducido a su mínima expresión histórica, conservando únicamente las gubernaturas de Coahuila y Durango. Este declive es asombroso si se considera que, hasta antes del año 2000, el PRI gobernaba todas las entidades federativas del país sin excepción.
La debacle se aceleró con la pérdida del Estado de México en 2023, el bastión más importante, poblado y simbólico del priismo. Perder “la joya de la corona” después de casi un siglo de dominio ininterrumpido del Grupo Atlacomulco fue el golpe de gracia. Esta derrota no solo fue electoral, sino financiera, ya que el partido perdió el acceso a la mayor estructura de recursos y burocracia que le permitía operar a nivel nacional.
Actualmente, el PRI enfrenta una crisis de relevancia en el Congreso y en los estados. Con una militancia que disminuye año tras año y la pérdida de registros locales en varias entidades, el partido ha pasado de ser el “gran elector” a un actor secundario que debe aliarse con su antiguo rival, el PAN, simplemente para no desaparecer.
Crisis de dirigencia de “Alito” Moreno
La figura de Alejandro “Alito” Moreno, actual dirigente nacional, representa para muchos críticos el último clavo en el ataúd del partido. Su gestión ha estado plagada de controversias, incluyendo la filtración de audios donde se le escucha hablar de supuestos pagos ilícitos a periodistas y maniobras financieras dudosas. Bajo su mando, el PRI ha perdido más gubernaturas que en cualquier otra dirigencia en la historia.
Además de Alito, el partido ha sido lastrado por figuras como Carlos Salinas de Gortari, quien sigue siendo el villano favorito de la narrativa política mexicana, y Emilio Lozoya, cuyo proceso judicial por el caso Odebrecht ha mantenido vivos los señalamientos de sobornos para aprobar reformas estructurales. Estas figuras impiden que el PRI pueda presentarse como una opción de “cambio” o “renovación” ante un electorado que los asocia con el pasado más oscuro.
La reciente reforma a los estatutos para permitir la reelección de la dirigencia actual provocó una fractura interna sin precedentes. Figuras históricas y exdirigentes han abandonado las filas del partido, denunciando un “secuestro” de la institución por parte de una cúpula que prioriza sus intereses personales sobre la viabilidad del proyecto político.
El dirigente priista Alejandro Moreno pidió mantener una coalición opositora rumbo a 2027, mientras el partido celebra su aniversario con un auditorio a medio llenar y viejos cuadros del priismo.
En medio de un ambiente marcado por nostalgia política y llamados desesperados a la unidad opositora, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebró su 97 aniversario en su sede nacional, donde su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió al Partido Acción Nacional (PAN) y a Movimiento Ciudadano (MC) mantener una alianza para enfrentar a Morena en las elecciones de 2027.
Durante el acto, conocido por muchos como otro capítulo del PRI intentando recordar sus años de gloria, “Alito” Moreno lanzó un exhorto para que la oposición se mantenga unida. Incluso incluyó a MC —partido al que ha criticado repetidamente— dentro de la posible coalición, aunque dejó entrever que probablemente no aceptarán acompañar al tricolor.
“Si no hay coalición será porque el PAN y MC no quisieron”, afirmó el dirigente priista, intentando deslindar al PRI de un posible fracaso opositor y advirtiendo que quien no se sume estaría “al servicio de Morena”.
El evento también sirvió para anunciar que los legisladores priistas votarán en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciativa que busca reducir costos del sistema electoral y modificar la representación política.
La ceremonia evidenció los tiempos difíciles que atraviesa el viejo partido del régimen. A diferencia de otros aniversarios donde el auditorio Plutarco Elías Calles lucía repleto de gobernadores, secretarios y figuras del poder, esta vez gran parte de los asistentes llegaron en camiones desde municipios cercanos del Estado de México, mientras varias butacas permanecían vacías.
De hecho, solo uno de los dos gobernadores priistas asistió al evento: Esteban Villegas Villarreal, mandatario de Durango. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se ausentó argumentando una gira de trabajo.
En el acto también se otorgaron reconocimientos a perfiles históricos del partido, entre ellos a José Ángel Gurría, ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Alejandro “Alito”Moreno dirigente del PRI publicó en X un mensaje para adjudicarse el Tren Interurbano México-Toluca como un logro de su partido y del sexenio de Enrique Peña Nieto, aunque su publicación omite los retrasos, el desorden y los costos elevados que dejó su partido en el proyecto.
Alejandro “Alito” Moreno afirmó vía red social X que el Tren Interurbano es ejemplo de infraestructura pensada para servir a la gente y trascender gobiernos, pero su declaración choca con la realidad de una obra que durante años estuvo detenida y rodeada de problemas bajo administraciones priistas.
Alito habló de movilidad y oportunidades, diciendo que la obra genera integración, cercanìa y mayor acceso para millones de personas, reduciendo tiempos de traslados, aunque evitó mencionar que miles de ciudadanos padecieron retrasos prolongados por una construcción mal organizada y promesas que no se cumplieron en los tiempos anunciados por su propio partido.
Asimismo, habló sobre los retos sociales que enfrentó el proyecto por su tamaño y complejidad y que actualmente es una realidad que beneficia a la población, como si se tratara de obstáculos inevitables, cuando muchos de ellos fueron consecuencia de decisiones deficientes, contratos cuestionados y falta de planeación que marcaron el sello del PRI en este proyecto.
Al atribuir al tren a la “visión” del expresidente Peña Nieto, Moreno intentó convertir una obra inconclusa por años de una historia de éxito político, sin asumir los errores que dejaron al país con infraestructura a medias y recursos comprometidos.
La publicación de Moreno expuso la costumbre del PRI de apropiarse obras públicas sin rendir cuentas, usando el discurso de progreso para ocultar un pasado de corrupción y mala administración
Alito Moreno habló de beneficios sociales, mientras su partido dejó el proyecto envuelto en retrasos, contratos cuestionados y gastos excesivos. Finalmente al hablar de visión y responsabilidad, mencionando que la infraestructura trascendió sexenios, repitió el discurso de un partido que convirtió la infraestructura pública en negocio político.
Lejos de informar, su mensaje funcionó como propaganda para encubrir un historial de malos manejos que la ciudadanía aún reciente.
