El “spot” presentado por el PRI que desató polémica acusó a Mariana Rodriguez y a Samuel García de gastar en su imagen mientras Monterrey se cae a pedazos. A partir de eso, Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional, dos fuerzas que actualmente pelean por el poder pero que ambos tienen falta de credibilidad, lo hacen sin autocrítica y sin intención de ofrecer algo distinto, ¿sin alianza rumbo al 2027?
El audiovisual difundido a través de las cuentas oficiales del PRI, acusó que mientras Monterrey enfrenta crisis visibles, hay quienes están más preocupados por su imagen pública, queriendo dar un “golpe” y poner en duda prioridades dejando en mal la narrativa del gobierno emecista.
Movimiento Ciudadano no tardó en reaccionar, trató de voltear la narrativa, pero dejó ver que el señalamiento sí le afecta. Su discurso de “nueva política” perdió fuerza cuando la crítica apuntó a prácticas que “prometieron” no repetir.
Pero si MC quedó mal, el PRI no se quedó atrás, intentó irse con todo desde una posición desesperada, intentando aprovechar el momento como si tuvieran la autoridad moral, cuando arrastra años de cuestionamientos y desconfianza.
Un Movimiento Ciudadano que quiere crecer a como dé lugar y un PRI que, aunque va de caída, se aferra y se aprovecha de cualquier oportunidad y espacio para no desaparecer. Dos proyectos distintos en forma, pero que en el fondo son muy parecidos: querer el poder por encima de todos y todo.
La confrontación entre ambos partidos es total, es una guerra abierta donde ambos se ven como enemigos directos. Un PRI que bajo la dirigencia de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas señala abuso y derroches de millones de pesos, y que lo promueve a través de un intento de “spot”, exhibe su falta de credibilidad desde una posición floja, cargando su propio peso del pasado.
Finalmente Movimiento Ciudadano y PRI terminan siendo lo mismo, una ambición sin rumbo, peleas vacías y cero propuestas. Mientras uno se vende como nuevo, el otro ya está desgastado, pero ambos juegan igual. Mucho ruido por el poder rumbo al 2027 y nada para la gente.
El líder del PRI suma más ausencias injustificadas que cualquier otro senador, mientras PAN y PRI dominan el abandono del pleno.
En el colmo del descaro legislativo, Alejandro Moreno Cárdenas se posicionó como el senador con más faltas injustificadas en el Senado durante la LXVI Legislatura. Según registros oficiales, entre septiembre de 2024 y marzo de 2026 acumuló siete inasistencias sin justificar y 20 justificadas. Sí, el mismo que pide disciplina… pero no la practica.
El informe revela que, en total, se registraron 181 faltas injustificadas cometidas por 67 legisladores. Y aunque “Alito” se lleva la medalla de oro en ausencias, su bancada tampoco se queda atrás: el PRI suma 46 faltas injustificadas entre 13 senadores, confirmando que el problema no es individual, sino de grupo… o de flojera colectiva.
Pero si de abandono se trata, el primer lugar por bancada lo tiene el PAN, con 60 faltas injustificadas de 21 senadores. Por su parte, Morena acumuló 42 ausencias injustificadas, aunque lidera en faltas “justificadas”, lo que al menos indica que avisaron antes de no ir. Movimiento Ciudadano registró 20 inasistencias, mientras que PT y PVEM, curiosamente, no reportaron faltas sin justificar.
¿Y por qué faltan tanto? No siempre es por enfermedad o trabajo legislativo. De acuerdo con reportes periodísticos, varias ausencias han sido estrategias de protesta política. Por ejemplo, durante la validación de reformas clave —como la del Poder Judicial o la Guardia Nacional—, decenas de senadores simplemente decidieron no presentarse, como si ausentarse fuera equivalente a debatir.
Al final, mientras los ciudadanos cumplen horarios y obligaciones, algunos legisladores parecen haber entendido su cargo como opcional. Y “Alito”, fiel a su estilo, lidera… pero en lo que nadie debería presumir.
El respaldo del Instituto Nacional Electoral a los spots del Partido Revolucionario Institucional, pese a los señalamientos en su contra, reabre el debate sobre los límites de la crítica política evidenciando su inclinación ante audiovisuales que apuntan más por la insinuación que por las propuestas.
El apoyo del INE a los promocionales del PRI, pese a los señalamientos en su contra, reabre el debate sobre los límites de la crítica política y evidencia una preocupante falta de normas ante campañas que apuestan más por la insinuación que por las propuestas.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que los spots del PRI no constituyen imputaciones directas de delitos y se encuentran amparados por la libertad de expresión. Entre los materiales se incluyen “PRI Defensores” y “Ruta del Enriquecimiento”, este último dirigido específicamente a Samuel García, acusándolo de desviar recursos mientras la ciudadanía enfrenta carencias.
Morena y el propio gobernador presentaron quejas buscando la suspensión de estos spots, argumentando que sus contenidos son difamatorios y carecen de sustento. Sin embargo, la Comisión resolvió por unanimidad que la difusión debía continuar, citando que se trata de “opiniones” políticas.
El INE, quien descartó las medidas cautelares contra dos spots del PRI, confirmó una línea débil frente a contenidos polémicos. Bajo el argumento de que no hay imputaciones directas, la autoridad electoral optó por no intervenir, dejando intactos mensajes que reflejan dudas en la ciudadanía.
El PRI, lejos de renovar su discurso, continúa implementando su estrategia de insinuaciones y acusaciones indirectas, buscando desgastar a adversarios sin asumir responsabilidad, por lo que se repite de manera predecible: enfocar la atención en supuestos excesos y generar duda sobre la gestión de Samuel García y la postura de Morena.
El papel del INE resulta cuestionable, pues aunque la autoridad defiende la libertad de expresión, su decisión se percibe como un respaldo a campañas que se enfocan en la desinformación. La falta de intervención refuerza la idea de que, mientras no haya acusaciones formales, todo tipo de insinuación política es tolerable.
Por su parte, el PRI bajo la dirigencia de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, continúa su narrativa agresiva no sólo contra Samuel García sino también con Morena, mientras el INE adopta una postura donde evita resolver lo que le compete.. La combinación deja un panorama donde la polémica y las insinuaciones pesan más que las propuestas y el debate público se debilita.
En plena proximidad de temporada vacacional, el discurso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reaparece con una “propuesta” que contrasta de forma directa con su pasado: eliminar el cobro en casetas. Lejos de consolidarse como una alternativa seria, exhibe las tensiones entre lo que el partido dice hoy y lo que hizo cuando tuvo el control del poder federal.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las tarifas de pasaje no sólo no disminuyeron, sino que registraron incrementos constantes en la red operada por CAPUFE. La narrativa actual choca con una realidad, los costos para transitar por autopistas federales aumentaron de manera sostenida, afectando directamente a millones de usuarios.
La justificación oficial en aquel momento se centró en ajustes de inflación y en la necesidad de mantenimiento. Sin embargo, estos argumentos sirvieron como base para incrementos constantes que nunca se reflejaron en un apoyo financiero para los automovilistas. La prioridad fue sostener el modelo, no aliviar la carga.
A esto se suma el sistema de concesiones privadas, el cual limitó cualquier posibilidad real de reducir tarifas. Contratos de largo plazo aseguraban aumentos graduales, consolidando un sistema donde el peaje no solo era inevitable, sino estructural.
El propio modelo impulsado por el PRI dejó de lado lo que hoy intenta posicionar, claro en sus publicaciones generadas con IA, porque en cualquier intento de discurso sólo se exhibe la desesperación de recuperar el poder.
Y por si fuera poco, en temporada vacacional, justo cuando ahora promete gratuidad, durante el gobierno priísta se registraron aumentos. Ahora, bajo la dirigencia de Alejandro “Alito” Moreno, el partido intenta revivir con un discurso social que es difícil de sostener.
Su propuesta de eliminar casetas durante la época de asueto, suena a desesperación, especialmente viniendo de una estructura que fortaleció el sistema de cobro. El PRI enfrenta el peso de sus propias decisiones. Hoy propone lo que en su momento encareció, su intento de discurso cambia, pero su historial permanece y eso la ciudadanía lo tiene presente.
Desde el Senado, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, pidió un “perdón” que llegó tarde y mal, en un intento por reconstruir al Partido Revolucionario Institucional, pero que terminó exhibiendo, una vez más, el nivel de su crisis.
Durante una conferencia de prensa en el Senado de la República, Alito Moreno pidió perdón a ex militantes del PRI y exhortó a que regresaran al partido, como si el problema fuera un simple malentendido, haciéndolo desde una narrativa cínica. La salida de los ex-priístas no ocurrió por errores, sino por un desgaste que convirtió al partido en sinónimo de desconfianza en diversos sectores.
El mensaje evade su propia responsabilidad; Moreno empeoró un partido, perdió presencia, identidad y rumbo. Sin embargo, durante su intervención fue más como un hecho de que los errores habían ocurrido por espontaneidad. Habla de humildad cuando él mismo ha ejercido una personalidad arrogante, se ha arrastrado para lograr su tirada principal: retomar el poder.
Su invitación a regresar es un acto de desesperación política. No hay un proyecto, no hay renovación ni mucho menos un futuro claro. Es un llamado vacío que sólo busca rellenar un partido que se está quedando sin base y sin credibilidad. Volver al PRI hoy no es regresar a una alternativa política, es reincorporarse a un sistema en decadencia.
Alito Moreno habló como si el PRI aún tuviera capacidad de elección, cuando ahora depende de las esperanzas por una alianza para sobrevivir y de figuras externas para no desaparecer. Su discurso no se traduce a liderazgo, más bien refleja debilidad.
Pedir “disculpas” sin plantear cambios concretos, es pedir que todo siga igual, aplicando un “borrón y cuenta nueva”, por lo que muchos ciudadanos ya no están dispuestos a aceptar. Lo ocurrido en el Senado deja la imagen de un “dirigente” aferrado al poder, que pide perdón sin asumir consecuencias, y sobre todo un partido que intenta revivir sin entender que para millones políticamente está muriendo.
El PRI no está en crisis por falta de discursos, sino por exceso de simulación y corrupción.Su líder, lejos de corregir el rumbo, se ha convertido en el rostro del fracaso, un auténtico zángano de la política que sobrevive de un partido que ya no está logrando sostener.
En política se puede exagerar, adornar o prometer de más, pero lo que el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas realizó, va más allá al presentar un video donde el supuesto respaldo ciudadano ni siquiera es real. Las personas que aparecen no existen, son creadas con IA para simular apoyo. Bajo la frase “vamos a defender a México”, exhibe el intento desesperado por aparentar una fuerza inexistente.
El video difundido en redes sociales del dirigente priísta, busca dar una impresión de respaldo al PRI, pero en lugar de ciudadanos reales, lo que hay son rostros inventados,sin historia, no hay voces reales, no hay nadie detrás. Solo un video que deja más dudas que confianza.
¿Por qué un partido necesita inventar a su propia gente? Claramente es porque ese apoyo ya no está, no existe, están solos, además de que la conexión con la ciudadanía ha ido de caída con el paso del tiempo y actualmente resulta muy fácil simular que reconstruirla.
Y bien, Alito Moreno, en lugar de salir a dar la cara o reconocer los errores del partido, eligió esconderse detrás de un video. No tiene propuestas claras, no tiene autocrítica, sólo un mensaje vacío con el que intenta convencer sin decir nada. “Defender a México”, suena bien pero no significa nada cuando no se explica cómo.
Asimismo, refleja un partido que es incapaz de mostrar apoyo real. Un dirigente que debería encabezar una reconstrucción, optó por aparentar que todo está bien evadiendo las situaciones reales como lo es su crisis interna.
A eso se suma el gasto de 6 millones de pesos en la difusión de memes, anuncios e imágenes con IA para redes sociales, es decir, un aproximado de 15 mil pesos diarios. En lugar de tener un diálogo con la ciudadanía, el PRI intenta llamar la atención mediante publicaciones que buscan ser virales sin aportar soluciones reales.
Lo de Alito Moreno y el PRI no es una estrategia, es la decadencia de un partido que crea y fabrica aplausos falsos y despilfarra millones de pesos en ocurrencias. Ya no convencen, no representan y lo peor es que parecen no entenderlo, han cambiado la política por una pantalla verde. Lo único que logran es confirmarle al país que no solo perdieron el rumbo, sino también la vergüenza.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que la Auditoría Superior de la Federación terminó por justificar más de 2 mil 700 millones de pesos observados al gobierno de Alejandro Moreno en Campeche, pese a que durante años permanecieron como posibles desvíos.
Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad expone que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminó por dar por solventadas irregularidades millonarias detectadas durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche. En total, más de 2 mil 700 millones de pesos que habían sido observados como faltantes o posibles desvíos fueron finalmente justificados entre 2022 y 2024.
De acuerdo con la investigación, en 2018 —el año con más irregularidades— la ASF detectó posibles desvíos por más de 3 mil 400 millones de pesos en recursos federales ejercidos por la administración estatal. Para 2022, el 98% de ese monto seguía sin aclararse, lo que mantenía abiertas observaciones por más de 3 mil 300 millones de pesos.
Sin embargo, dos años después, la mayor parte de esos recursos fue “solventada”. Entre los casos más relevantes destaca una solicitud de aclaración por 2 mil 443 millones de pesos, en la que no existía documentación que respaldara contratos de obra y adquisiciones; aun así, el monto completo fue validado como justificado. También se redujo una observación por 457.9 millones de pesos a solo 130.7 millones pendientes, además de otros montos menores prácticamente cerrados.
La investigación señala que parte de estas revisiones pasó por la Dirección General de Seguimiento C de la ASF, encabezada en ese momento por un funcionario vinculado políticamente a Pablo Angulo, cercano a Moreno. Este órgano es clave, ya que determina si las observaciones por irregularidades quedan solventadas o no, lo que abre cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en el proceso.
Alito Moreno, quien gobernó Campeche de 2015 a 2019 y actualmente es dirigente nacional del PRI y senador, dejó el cargo con miles de millones de pesos bajo observación. No obstante, con el paso del tiempo, la mayoría de esos recursos terminó siendo “perdonada” o justificada, lo que ha generado críticas sobre la actuación de la ASF y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
Entre acusaciones, “videos confusos” y ataques personales, Alejandro Moreno y Jorge Álvarez Máynez convierten un suceso menor en un espectáculo que refleja la fragilidad de la oposición rumbo a 2027.
La confrontación reciente entre los dirigentes del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no solo eleva el tono, sino también lo ridículo. Lo que comenzó como un incidente menor en Chilpancingo, Guerrero, terminó convirtiéndose en una guerra de declaraciones (por redes sociales), dejando más dudas sobre su capacidad política que convicciones sobre su liderazgo.
El video de la riña callejera, difundido a través de redes sociales, mostró un incidente de bronca al fondo mientras Máynez ofrecía una entrevista; sin embargo, lo que resultó preocupante fue cómo ambos dirigentes optaron por versificar el suceso para reforzar su conflicto personal, dejando de lado la atención de los problemas reales que enfrentan los ciudadanos.
Alito Moreno, a su estilo, emitió ataques mediante redes sociales, acusando a Máynez de huir y de no tener el carácter para enfrentar situaciones reales. Su publicación, la cual es una burla total, no solo refleja una estrategia política, sino también una falta de seriedad, surgiendo de ello un cuestionamiento. ¿Ese es el nivel de “debate” que propone alguien que aspira a “reconstruir” la credibilidad de su partido (lo que queda)?
Y por supuesto, Máynez no se quedó atrás, negando las acusaciones, aseguró que fue empujado y actuó con calma, pero terminó cayendo en el juego de Moreno al calificar de “patética” la actitud de Alito. Eligió responder con el mismo tono y nivel, confirmando que la confrontación no busca una aclaración, sino ganar puntos en una pelea de egos.
El Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano insinúan una posible alianza rumbo a 2027. El hecho no solo evidencia crisis interna, sino una incapacidad para sostener acuerdos.
Lejos de pelear por quien dice la verdad sobre el suceso en Chilpancingo, lo que exhiben es una caída de discusión política. Ambos dirigentes parecen estar más interesados en protagonizar escándalos que ofrecer soluciones, por lo que convierten la política en un espectáculo, donde el alboroto parece sustituir las propuestas y la confrontación reemplazar al diálogo.
Ni Alito ni Jorge salen limpios, puesto que uno insiste en una narrativa agresiva y el otro responde con insultos que lo ponen en el mismo nivel. Ambos reflejan una oposición ridícula, envuelta en conflictos personales, sin capacidad para construir una propuesta con seriedad.
A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el Partido Revolucionario Institucional volvió a rendirle homenaje con discursos y actos solemnes que suenan más a simulación que a realmente una memoria. En medio de una crisis política que tiene debilitado y cuestionado, el partido intenta colgarse de su figura mientras evita hablar de lo más importante: la verdad.
El crimen ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, sigue siendo un asunto pendiente. Lo que por años se vendió como solamente un asesinato, hoy vuelve a ponerse en duda, con nuevas investigaciones que se enfocan a más personas involucradas. Lejos de aclarar el caso, conforme al paso del tiempo ha dejado más preguntas que respuestas.
Aun así, el PRI insiste en presentarse como “defensor” del legado de Colosio. Sus dirigentes hablan de “justicia”, de instituciones y sobretodo de un mejor país, pero lo hacen sin reconocer que ese mismo sistema político fue el que nunca aclaró del todo el asesinato desu propio candidato, esa contradicción es difícil dejara de lado.
Al frente de estos actos se encuentra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien presume un partido firme, pero que en los hechos enfrenta una crisis de credibilidad y de identidad para el PRI. Sus palabras chocan con la realidad de un partido desgastado que intenta recuperar la atención y terreno recurriendo a hechos del pasado pero evitando sus errores.
La imagen de Carlos Salinas de Gortari, ex presidente, sigue vinculado a la situación del asesinato, aunque no aparece en los homenajes, por lo que su ausencia dice mucho. Durante años han existido señalamientos sobre su responsabilidad y conocimiento del hecho y actualmente el tema sigue sin resolverse, puesto que ha tratado de deslindarse.
Durante su candidatura, Colosio tomó distancia del poder que en ese entonces presidia Carlos Salinas, antes de su muerte, lo que refuerza la interpretacion de que el asesinato de Colosio no fue un hecho excepcional. Esa historia y verdad ha incomodado al PRI, por lo que es un tema que prefieren no discutir o escudarse siempre de lo mismo evitando su responsabilidad, mientras sostienen un discurso repetitivo que suena cada vez más vacío y debilitado exhibiendo así la crisis interna que enfrentan.
La reanudación de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República vuelve a poner el caso en el centro de controversia pública, exhibiendo las dudas y posibles encubrimientos. Esto impacta directamente el discurso del PRI, quienes insisten en hablar de un “legado” sin poder que los respalde ante cuestionamientos.
Bajo este contexto, el “homenaje” se queda corto, puesto que más que un acto de respeto, parece un intento improvisado y desesperado por limpiar la imagen de un partido cínico en crisis. Mientras no haya verdad ni justicia, recordar a Colosio desde el PRI es más un acto de hipocresía que de memoria.
Al menos cuatro de las corcholatas que el PRI propone para contender a las candidaturas de cara a las elecciones de 2027 enfrentan señalamientos por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a través de una estrategia llamada “Defensores de México”, dio a conocer los nombres de 50 priístas, de distintos niveles, que podrían ser candidatos a gobernador en 16 de los 17 estados que se disputarán en las elecciones intermedias de 2027.
Sin embargo, la “resurrección” del PRI no promete nada nuevo, pues los nombres de las corcholatas que componen el movimiento “Defensores de México” son bien conocidos, pero no por sus méritos, sino por las múltiples acusaciones que pesan contra ellos.
Y es que, al menos cuatro de los nombres que se barajean con mayor probabilidad en Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua, arrastran un largo historial de acusaciones mediáticas que los vinculan con el desvío de recursos públicos, nexos con el crimen organizado, mala gestión y nepotismo.
Entre ellos se encuentran: Adrián de la Garza, Manuel Añorve, Enrique Galindo, Mario Zamora, Guillermo Valencia, Arturo Nahle y Alejandro Domínguez. Y, ahora, el nombre que más sobresale es de Rosario Robles, quien fuera encarcelada debido a los vínculos que tuvo con la Estafa Maestra. Lo delirante es que “Alito” la ha designado para que opere una supuesta red ciudadana cuyo objetivo será: “vigilar las urnas”. Pero ¿quienes son las corcholatas que propone el líder nacional del PRI?
En primer lugar, entre los perfiles que Alito Moreno propuso para encabeza la lista electoral, destaca Adrián de la Garza, uno competidor en el PRI por el estado de Nuevo León.
En 2020, el actual alcalde de Monterrey y exprocurador de Justicia fue acusado de desviar recursos públicos beneficiando a la empresa Next Energy. Bajo la promesa de construir una planta solar, De la Garza firmó un contrato a 30 años con el que Next Energy recibirá 7 mil millones de pesos.
A pesar de que la empresa recibió cerca de 1,603 millones de pesos en pagos por parte de la alcaldía de Monterrey, la compañía, hasta ahora, no ha brindado los servicios y tampoco ha construido el parque solar que prometió.
De hecho, Eugenio Maíz Domene, accionista de la empresa y dueño del equipo Sultanes de Monterrey, ahora mismo está detenido en Aguascalientes por incumplimiento de contratos.
Su empresa Next Energy está vinculada a 16 empresas que operarían en Nuevo León y Chihuahua vendiendo proyectos de nuevas energías que no existen.
Otro de los alfiles de Moreno Cárdenas es Guillermo Valencia Reyes, actual dirigente del PRI en Michoacán y exalcalde de Tepalcatepec, quien fue destituido como alcalde e investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por sus nexos con el cártel de los Caballeros Templarios, un grupo delincuencial con ideología pseudorreligiosa que controlaron actividades criminales como narcotráfico, extorsión y secuestro en Michoacán y otros estados vecinos.
A Valencia Reyes, además, se le acusó de vender candidaturas y recibir dinero del crimen organizado a través del movimiento que creó en 2014, llamado “Renovación Michoacán”.
Por otra parte, Arturo Nahle, exmagistrado de Zacatecas, hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha sido un crítico furibundo de la Transformación, refrendando su militancia activa en el PRI. “Que Dios lo ayude”, ha dicho su propia hermana.
Enrique Galindo Ceballos, quien se barajea como posible candidato del PRI en San Luis Potosí y alcalde del municipio con el mismo nombre, ha enfrentado distintos señalamientos relacionados con desvío de recursos.
En 2025, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)evidenció el mal manejo de 12 contratos en el municipio de San Luis Potosí que causaron un daño al erario de 370 millones de pesos.
Los documentos de la ASF de 2023 identificaron irregularidades en proyectos clave relacionados con la construcción de obras públicas como Vialidades Potosinas, un paso a desnivel en Himalayas Alpes y obras hidráulicas.
La dependencia señaló que dichos contratos fueron concedidos con la manipulación de licitaciones, sobrecostos y falsificación de documentos.
Aunque el PRI dice avanzar hacia una renovación del partido, lo cierto que en su militancia sólo hay viejos nombres, acostumbrados las prácticas del antiguo PRI, que hoy es el mismo PRI de siempre.
Alejandro Moreno debería entender que México no requiere de defensores con antecedentes penales, sino que exige una auténtica purga institucional. Y, la verdad sea dicha, la política de los supuestos “Defensores de México” solo defiende los bolsillos de quienes la integran.
