El alcalde de Ciudad Juárez pidió una nueva visión de desarrollo productivo para Chihuahua y mayor coordinación con el Gobierno Federal.
Durante una gira por la región Centro-Sur de Chihuahua, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, criticó que el gobierno estatal destine apenas el 1% de su presupuesto al sector productivo, pese a mantener un discurso de respaldo al campo.
Pérez Cuéllar afirmó que Chihuahua requiere una nueva visión de desarrollo productivo y una mejor coordinación con el Gobierno Federal para facilitar la llegada de programas y apoyos al sector agropecuario. Señaló que la falta de coordinación institucional ha afectado directamente a las familias que dependen de las actividades del campo.
Entre las propuestas planteadas por el líder morenista destacó el impulso a procesos de valor agregado en la ganadería, con el objetivo de que Chihuahua deje de depender únicamente de la exportación de ganado en pie y avance hacia esquemas de transformación que generen más empleo y derrama económica en el estado.
El alcalde también sostuvo que el campo chihuahuense necesita liderazgos con experiencia y capacidad de gestión para enfrentar la crisis hídrica, fortalecer al sector agropecuario y recuperar el potencial productivo de las distintas regiones del estado.
El dirigente político alertó sobre la falta de apoyo del Gobierno del Estado hacia la comunidad de Aldama, generando un llamado a la acción.
Cruz Pérez Cuéllar expresó su profunda preocupación por el abandono que sufre el municipio de Aldama. En un evento dirigido a más de 500 madres de familia, resaltó que el Gobierno del Estado ha limitado los programas sociales. Afirmó que este comportamiento responde a un enfoque que prioriza los intereses políticos por encima del bienestar de las familias.
“Es una pena que una comunidad tan cercana a la capital esté sumida en condiciones de marginación”, comentó Pérez Cuéllar. Se preguntó cuántas obras públicas se han realizado en Aldama, subrayando la falta de atención de las autoridades hacia el interior del estado.
Durante su discurso, el político planteó dos caminos para el futuro de Chihuahua. Por un lado, propuso la colaboración con el gobierno federal. Por otro, criticó el aislamiento y la confrontación innecesaria que persiste en algunos sectores. “¿Qué opción elegiremos? ¿La de atacar al Gobierno de México o la de trabajar juntos para traer beneficios a nuestras comunidades?”, cuestionó.
Pérez Cuéllar explicó que el freno en los apoyos se debe al miedo de ciertas autoridades a que la gente reconozca y respalde el trabajo del movimiento de regeneración nacional. Este bloqueo, argumentó, afecta directamente la economía de los hogares chihuahuenses.
El evento finalizó con un fuerte mensaje de unidad y esperanza. Cruz Pérez Cuéllar reafirmó su compromiso con el desarrollo integral de Aldama y concluyó su intervención con un llamado a la transformación en Chihuahua. “Es hora de actuar y cambiar el rumbo de nuestra comunidad”, afirmó.
La gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República este sábado. El documento, entregado por dos agentes ministeriales, le solicita presentarse a declarar sobre la colaboración de su gobierno con agentes estadounidenses.
El citatorio fija la fecha para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas. Campos recibió el requerimiento tras salir del palacio de gobierno, donde se mostró dispuesta a comparecer. “Estoy aquí dando la cara. Qué feliz casualidad”, afirmó la mandataria.
La gobernadora expresó su preocupación por la situación, señalando que estos hechos son malas noticias para Chihuahua. Dijo que su objetivo es mantener la institucionalidad y proteger los intereses de la ciudadanía. “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, agregó.
Campos también hizo una comparación con otros gobernadores, mencionando que Rubén Rocha en Sinaloa no fue llamado a declarar ni otros mandatarios en el país. A pesar de contar con fuero constitucional, ella está dispuesta a acudir a la Fiscalía.
El SPR reveló que la gobernadora de Chihuahua firmó desde 2022 un acuerdo con Greg Abbott que permitió colaboración con agencias de Estados Unidos como FBI y DEA en territorio mexicano.
La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, firmó un memorándum de colaboración con el gobernador de Texas, Greg Abbott, en materia de seguridad y vigilancia fronteriza. De acuerdo con el reportaje difundido por el noticiero Punto de Referencia, el acuerdo habría sido suscrito desde abril de 2022 y representaría una presunta violación al artículo 117 de la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
El convenio estaría ligado al llamado Proyecto Centinela, la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Chihuahua y que contempla intercambio de inteligencia, infraestructura tecnológica y cooperación operativa con agencias estadounidenses. Según el SPR, el acuerdo incluso abrió la puerta para la presencia permanente o eventual de corporaciones como el FBI, DEA, CBP, Homeland Security y US Marshals dentro del estado fronterizo.
La controversia creció luego de que la propia Maru Campos reconociera públicamente, en diversas entrevistas, la participación de agencias estadounidenses en tareas de seguridad dentro de Chihuahua. La mandataria admitió reuniones entre autoridades estatales y organismos de inteligencia de Estados Unidos en Ciudad Juárez, además de señalar que dichas corporaciones han colaborado en operativos relacionados con detenciones y extradiciones de presuntos generadores de violencia.
El tema tomó mayor relevancia tras el operativo realizado el pasado 19 de abril en la Sierra de Chihuahua, donde estuvieron involucrados agentes estadounidenses y que terminó con la muerte de dos presuntos elementos vinculados a la CIA, además de funcionarios estatales. Las declaraciones posteriores de Campos generaron fuertes críticas, luego de que incluso afirmara que no veía problema en que agentes armados estadounidenses operaran en territorio nacional.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, también confirmó anteriormente que la llamada Torre Centinela, ubicada en Ciudad Juárez, fue diseñada para convertirse en un centro internacional de inteligencia y coordinación binacional. En entrevistas, sostuvo que el inmueble estaría abierto para la presencia permanente de agencias de seguridad de Estados Unidos como parte de la estrategia de colaboración fronteriza impulsada por el gobierno estatal.
Especialistas y sectores políticos han advertido que los estados no tienen facultades constitucionales para celebrar acuerdos internacionales en materia de seguridad, ya que dichas atribuciones corresponden exclusivamente al Gobierno Federal. La revelación del SPR vuelve a colocar a Maru Campos bajo cuestionamientos por la creciente injerencia de agencias extranjeras en Chihuahua y por posibles violaciones al marco legal mexicano.
La gobernadora de Chihuahua intentó justificar polémicas decisiones de seguridad, pero terminó confundiendo una resta básica y exhibiendo el desastre político y financiero de su administración.
Maru Campos volvió a quedar en evidencia durante una entrevista “a modo” con Adela Micha, luego de protagonizar un momento que rápidamente se volvió viral por su confusión en una operación matemática básica. Mientras intentaba justificar presuntas acciones ilegales bajo el argumento de combatir al crimen organizado, la mandataria panista terminó enredándose sola y ofreciendo una explicación tan absurda como preocupante.
Todo ocurrió cuando Adela Micha —en una charla ampliamente señalada por usuarios como complaciente y carente de cuestionamientos reales— le preguntó si “valía la pena la ilegalidad” para enfrentar la inseguridad. Visiblemente incómoda, Maru Campos comenzó a improvisar una analogía financiera que terminó convirtiéndose en un bochornoso ejemplo de descontrol. “Si tienes 100 pesos en el banco y sacas 2, te quedan 8”, afirmó la gobernadora, desatando incredulidad y una ola inmediata de burlas en redes sociales.
El tropiezo no tardó en convertirse en tendencia, especialmente porque Chihuahua enfrenta cuestionamientos por deuda pública, opacidad financiera y millonarios gastos en propaganda oficial. Para muchos usuarios, el error no solo exhibió nerviosismo, sino también el nivel de desconexión y desorden que arrastra el gobierno estatal. “Ahora entendemos por qué las cuentas en Chihuahua no cuadran”, ironizaron internautas tras el desliz matemático de la mandataria.
La escena también alimentó críticas contra los espacios mediáticos que suelen arropar a figuras del PAN sin confrontarlas seriamente. Lejos de tratarse de una entrevista incómoda o de rendición de cuentas, el encuentro con Adela Micha fue percibido por sectores de la opinión pública como otro intento de lavar la imagen de Maru Campos en medio de señalamientos por inseguridad, presuntos vínculos cuestionables y el manejo polémico de recursos públicos.
No es la primera vez que la gobernadora es señalada por declaraciones confusas o respuestas evasivas. Sin embargo, en esta ocasión el ridículo tomó otra dimensión: en pleno intento por defender su estrategia de seguridad y justificar decisiones cuestionadas, terminó sin poder resolver una resta elemental frente a las cámaras.
Si así maneja las matemáticas básicas en televisión nacional, muchos se preguntan cómo estarán realmente las cuentas públicas del estado.
La gobernadora panista chihuahuense volvió a colocarse en la polémica tras acusar sin pruebas a Ariadna Montiel en una entrevista en el “noticiero” Latinus, medio al que le pagó millones de pesos, con Carlos Loret de Mola, alias “Lord Montajes”.
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, emitió acusaciones graves contra Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, durante una entrevista con Carlos Loret de Mola en Latinus, medio al cual le pagó 13 millones de pesos para publicitar su imagen.
Lo más grave no fue únicamente el señalamiento, sino que aseguró que Montiel tendría presuntos vínculos con el narcotráfico sin presentar una sola prueba contundente. Incluso afirmó que debía ser entregada a las autoridades estadounidenses, en lo que pareció un intento desesperado de golpeteo político desde un espacio mediático conocido por atacar constantemente al gobierno federal.
Este tipo de discursos reflejan la postura controlada, donde Campos busca ser del agrado a intereses extranjeros antes que respetar las instituciones nacionales y el debido proceso. Las y los chihuahuenses han cuestionado que la gobernadora dedique más tiempo a su gira chayotera y a ataques, que a responder con claridad a las problemáticas de su estado.
Las declaraciones de Maru Campos sobre sus presuntos vínculos y cercanía con agencias estadounidenses genera dudas, lo cual, se ha considerado preocupante que una gobernadora mexicana adopte discursos de línea política de defensa extranjera antes que de apoyo a la soberanía nacional. En política, emitir señalamientos graves sin pruebas, no es valentía, es irresponsabilidad.
La gobernadora panista convirtió el presupuesto público en una maquinaria de propaganda: contratos millonarios, medios afines y entrevistas “a modo” para intentar ocultar corrupción, deuda y abandono en Chihuahua.
La gira mediática de la gobernadora Maru Campos no solo deja entrevistas complacientes y discursos reciclados; también representa un golpe millonario al bolsillo de las y los chihuahuenses. Tan solo las recientes apariciones de la mandataria en medios nacionales significaron un costo aproximado de 16.8 millones de pesos por entrevista, considerando contratos publicitarios y convenios otorgados a televisoras, estaciones de radio y plataformas digitales que hoy funcionan más como relaciones públicas del PAN que como espacios periodísticos críticos.
Las cifras exhiben el tamaño del aparato propagandístico. De acuerdo con investigaciones de Zona Free, el gobierno estatal ha destinado recursos multimillonarios a medios como TV Azteca, Radio Fórmula, Latinus, Imagen, MVS, El Heraldo y La Saga. Solo estos convenios suman más de 151.5 millones de pesos, mientras Maru Campos desfila cómodamente entre entrevistas sin cuestionamientos reales sobre inseguridad, corrupción, deuda pública o abandono social. Porque en Chihuahua parece más fácil comprar espacios mediáticos que dar resultados.
El gasto en propaganda no es nuevo. Entre septiembre de 2021 y diciembre de 2024, la administración de Maru Campos erogó más de 1 mil 636 millones de pesos en comunicación social, cifra que incluye contratos con medios, agencias de marketing, productoras audiovisuales y hasta operaciones digitales y granjas de bots. Para 2025, el monto ya rondaría los 2 mil millones de pesos, consolidando uno de los esquemas de control mediático más costosos del país.
Mientras tanto, Chihuahua sigue enfrentando violencia, deuda creciente y abandono institucional. Organizaciones y medios independientes han señalado que el gobierno estatal utiliza recursos públicos para limpiar la imagen de la mandataria y silenciar críticas, así como la falta de obras relevantes en salud y educación. En contraste, municipios de la Sierra Tarahumara sobreviven con presupuestos mucho menores a lo que el gobierno gasta en publicidad oficial.
La estrategia también alcanzó a medios y conductores nacionales abiertamente opositores a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tan solo en 2025, la administración panista otorgó contratos millonarios a MVS, Reforma, El Financiero, El Economista, Joaquín López-Dóriga, Adela Micha y Alejandro Cacho. Todos mediante adjudicación directa y bajo convenios que, según denuncias, buscan garantizar cobertura favorable y golpeteo político contra la 4T.
Lejos de representar ejercicios periodísticos serios, las entrevistas de Maru Campos parecen infomerciales pagados con dinero público. Mientras Chihuahua exige seguridad, infraestructura y atención a comunidades olvidadas, el PAN opta por gastar millones en maquillaje mediático y propaganda disfrazada de periodismo.Porque para el maruquismo, la prioridad no es gobernar: es controlar la narrativa.
Mientras crecen los señalamientos por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, el PAN ya prepara una marcha nacional para blindar políticamente a Maru Campos y victimizarse ante el escándalo.
El PAN decidió cerrar filas con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de las acusaciones por presuntos vínculos y permisividad con agentes de la CIA en territorio mexicano. En lugar de aclarar el tema de soberanía nacional, la dirigencia panista optó por el viejo manual del espectáculo político: organizar una “megamarcha” para hacerse las víctimas y fingir músculo ciudadano.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, adelantó que el partido prepara lo que calificó como “la marcha más grande de la historia” para respaldar a la mandataria estatal. Eso sí, todavía “sin confirmar nada”, aunque ya prometieron movilizar a toda la estructura panista nacional. Porque cuando se trata de defender privilegios y escándalos incómodos, el PAN sí sabe operar rápido.
Las declaraciones llegan después de la llamada Marcha por la Soberanía realizada por Morena el pasado 16 de mayo en Chihuahua, donde militantes y simpatizantes exigieron juicio político contra Maru Campos por la presencia de agentes estadounidenses en la entidad. El tema pegó fuerte entre la ciudadanía y encendió las alarmas en el panismo, que ahora intenta convertir el problema en una guerra de marchas y acarreados.
Por su parte, la dirigente estatal panista, Daniela Álvarez Hernández, confirmó que el partido analiza una “contramarcha” para demostrar respaldo ciudadano a la gobernadora. Según dijo, varios ciudadanos preguntaron si el PAN respondería a la protesta morenista. Y claro, en el universo panista, la mejor manera de responder cuestionamientos sobre soberanía es organizar eventos políticos y tomarse fotos entre aplausos.
Durante una conferencia en el Congreso estatal, legisladores del PAN también acusaron agresiones contra civiles y medios durante la movilización de Morena. Además, anunciaron respaldo jurídico para funcionarios señalados de presuntamente boicotear la protesta, entre ellos Mario Mata Carrasco. Mientras tanto, Daniela Álvarez lanzó acusaciones contra Morena por supuestamente usar programas sociales para reunir firmas contra Maru Campos, aunque evitó hablar del tema central: qué hacían agentes extranjeros operando en Chihuahua y quién autorizó su presencia.
El panismo chihuahuense intenta apagar el incendio político con discursos patrioteros y movilizaciones “históricas”, pero cada declaración parece confirmar que están más preocupados por salvar la imagen de Maru Campos que por responder a las dudas sobre soberanía nacional. Porque cuando la polémica toca al PAN, de pronto los que antes gritaban “traición a la patria” ahora organizan marchas para defenderla.
La Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua reconoció que nunca registró el convenio internacional ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, pese a que la ley obliga hacerlo.
El gobierno de María Eugenia Campos Galván vuelve a estar envuelto en la polémica luego de revelarse que la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua mantiene un acuerdo de colaboración con Israel que presuntamente fue firmado fuera del marco legal y sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El convenio, denominado “Plan de cooperación” entre la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mashav) y la JCAS, fue firmado en febrero de 2023 por el entonces director del organismo, Mario Mata Carrasco, junto al embajador de Israel en México, Zvi Tal. Sin embargo, documentos obtenidos vía transparencia exhiben que dicho acuerdo nunca fue registrado ante la SRE ni ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), como exige la Ley sobre la Celebración de Tratados.
La irregularidad fue denunciada por el colectivo Salvemos los Cerros, cuyos integrantes sostienen que el gobierno estatal violó los artículos 6 y 9 de la legislación federal al mantener un convenio internacional sin supervisión de las autoridades competentes. Incluso, la propia SRE respondió oficialmente que, tras una búsqueda exhaustiva, no localizó registros de instrumentos jurídicos celebrados entre Israel y el estado de Chihuahua.
El caso se agrava porque el propio Mario Mata reconoció en respuestas de transparencia que la JCAS “no era competente” para gestionar el registro del acuerdo, una admisión que activistas calificaron como prueba de que el gobierno estatal actuó al margen de la ley. Además, la Cancillería mexicana detectó inconsistencias en el contenido del convenio y advirtió que el documento firmado difería sustancialmente del que originalmente había sido revisado por el área jurídica federal.
Aunque el acuerdo fue presentado públicamente como un mecanismo de transferencia tecnológica para mejorar el uso del agua y fortalecer la seguridad hídrica, organizaciones civiles señalaron que el documento es ambiguo y favorece intereses privados israelíes en sectores agrícolas y de explotación hídrica. También cuestionaron que la JCAS firmara compromisos relacionados con tecnología agrícola cuando sus atribuciones corresponden principalmente al manejo urbano del agua.
La controversia ocurre además en medio de crecientes críticas contra operadores cercanos al gobierno panista de Maru Campos.Mario Mata ha sido señalado recientemente por participar en bloqueos y movilizaciones contra simpatizantes de Morena en Chihuahua, mientras continúan las acusaciones contra la administración estatal por presuntas violaciones a la soberanía nacional tras el ingreso de agentes estadounidenses a la entidad. Ahora, el convenio con Israel abre un nuevo frente político y legal para el gobierno estatal.
La gobernadora de Chihuahua mostró su descontento con el equipo de Radio Fórmula. Los altos pagos del gobierno a medios generan críticas sobre la influencia del dinero en la información.
Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, sorprendió a muchos al regañar a la producción de Radio Fórmula durante una transmisión. Su enérgico reclamo dejó claro que esperaba un trato preferencial al indicar que se movieran porque no la dejaban ver. Este momento no pasó desapercibido para los espectadores, quienes compartieron sus opiniones en redes sociales.
El gobierno de Campos ha asignado más de 30 millones de pesos a Radio Fórmula en contratos publicitarios en los últimos años. Estos datos provienen de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y destacan la relación entre el dinero público y los medios de comunicación.
Además, otros medios también reciben considerables sumas. El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua han recibido más de 150 millones en total. El Heraldo de Chihuahua también figura en esta lista, al igual que compañías como Multimedios, Televisa y TV Azteca, que disfrutan de contratos millonarios.
La gobernadora panista enfrenta retos importantes en su estado. Los problemas de seguridad, además de la injerencia extranjera al permitir operativos con agentes estadounidenses, son algunos de los temas pendientes.
Mientras algunos ven a Campos como una líder que defiende su imagen, otros la acusan de utilizar dinero del pueblo para influir en la narrativa mediática.
La interacción con Radio Fórmula recordó a muchos que el dinero público implica responsabilidad y exige resultados. En este escenario, el pueblo observa y forma sus propias opiniones sobre la relación entre el poder y los medios.
