La Cámara de Diputados recibe solicitud para juzgar a la gobernadora de Chihuahua por su actuación en un operativo contra el crimen organizado.
Fue recibida una solicitud de juicio político en contra de María Eugenia Campos por parte de la Cámara de Diputados. Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva, confirmó que el documento llegó por la mañana.
El proceso ahora depende de que se ratifique la solicitud antes del próximo 29 de mayo. Después de la ratificación, el expediente será enviado a la Subcomisión de Examen Previo para su evaluación.
La petición fue presentada por once diputados del partido Morena de Chihuahua. Este grupo político acusa a la gobernadora panista de violar las leyes al permitir la intervención de agentes extranjeros en un operativo contra el crimen organizado en la región.
En una nota adicional, Kenia López Rabadán anunció que se ha suspendido la reunión interparlamentaria con España. Esta decisión se tomó a solicitud de la Junta de Coordinación Política, ya que consideran que no es el momento adecuado para llevar a cabo dicho encuentro. López Rabadán notificó a los legisladores españoles sobre esta aplazamiento y espera que se reprogramen las fechas pronto.
Ricardo Fernández Acosta, subsecretario de Seguridad y encargado del sistema penitenciario de Chihuahua, figura como socio y administrador de una empresa sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con una red financiera del Cártel de Sinaloa.
El gobierno de Maru Campos vuelve a quedar bajo la lupa. Ahora, uno de sus funcionarios más cercanos en materia de seguridad, Ricardo Fernández Acosta, fue exhibido como socio de una empresa vinculada por autoridades estadounidenses a operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con información de Julieta Cruz y Angélica Vázquez para El Universal.
Se trata de la empresa Grupo Especial Mamba Negra, sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, la compañía estaría conectada con una red encabezada por Alfredo Orozco Romero, identificado como operador financiero ligado al cártel. Documentos del Registro Público de Comercio revelan que Fernández Acosta aparece como socio desde febrero de 2022 y llegó incluso a presidir el Consejo de Gerentes de la empresa, con facultades para administrar y dirigir sus operaciones.
El funcionario estatal intentó deslindarse con una explicación que terminó generando más dudas que respuestas. “Me estafaron”, aseguró en entrevista, argumentando que pensó que se trataba únicamente de una empresa de seguridad privada. También afirmó que intentó salir de la sociedad, aunque reconoció haber fungido como representante legal de la compañía y dijo no saber que aún aparece oficialmente como socio. Todo muy conveniente: encargado de las cárceles estatales, pero supuestamente sin enterarse de con quién hacía negocios.
La situación se agrava porque Fernández Acosta no reportó esta ni otras empresas en sus declaraciones patrimoniales, pese a que registros oficiales lo vinculan con al menos cuatro sociedades adicionales. Además, en su declaración de 2025 aparecieron ingresos superiores a 190 millones de pesos atribuidos a su cargo público, cifra que después justificó diciendo que fue “un error de la secretaria”. Sí, claro: casi 200 millones de pesos “por accidente”.
El historial del funcionario muestra que ha ocupado cargos estratégicos en seguridad desde gobiernos anteriores, pero fue durante la administración de Maru Campos cuando tomó mayor relevancia dentro de la estructura estatal. Actualmente se desempeña como encargado del Sistema Penitenciario de Chihuahua bajo las órdenes del secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez.
El escándalo golpea nuevamente a la administración panista, justo cuando crecen los cuestionamientos por la relación de funcionarios estatales con agencias estadounidenses y por el manejo de la seguridad en Chihuahua. Mientras el gobierno de Maru Campos presume estrategias como el Proyecto Centinela, las investigaciones y revelaciones sobre sus colaboradores comienzan a pintar un panorama cada vez más incómodo para Palacio de Gobierno.
Con información de Julieta Cruz y Angélica Vázquez para El Universal
El panista fue señalado por sus contratos millonarios y su defensa jurídica del exgobernador de Tamaulipas, prófugo en EUA ante casos de corrupción y lavado de dinero.
Ante la llegada de la figura del abogado panista Roberto Gil Zuarth al equipo legal de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es de recordar la relación profesional que este tuvo con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien cuenta con una orden de aprehensión en México por corrupción y lavado de dinero, mientras permanece prófugo en Estados Unidos.
Luego de que el Congreso de Tamaulipas aprobara revisar las cuentas públicas del gobierno de Cabeza de Vaca correspondientes al periodo 2016-2021. Legisladores señalaron desvíos de recursos públicos por más de 46 millones de pesos destinados al pago de despachos jurídicos, entre ellos Accuracy Legal and Consulting, firma ligada a Roberto Gil Zuarth, que habría recibido cerca de 31.9 millones de pesos por asesorías y litigios relacionados con controversias gubernamentales y juicios de amparo.
Además de los contratos, diputados de Morena y el PT cuestionaron que Gil Zuarth se convirtió en uno de los principales defensores políticos y jurídicos de Cabeza de Vaca, a quien asesoró en distintas controversias legales. También recordaron declaraciones públicas en las que el abogado justificó la salida del exgobernador de México, al afirmar que tenía derecho a protegerse porque “el piso no está parejo” en el sistema judicial.
Para los críticos, el abogado representa una red política y jurídica ligada al panismo y a figuras cuestionadas por presuntos actos ilícitos durante los últimos años. Su relación con Cabeza de Vaca nos da cuenta de que sus clientes suelen terminar con órdenes de aprehensión, ¿será este el destino de Maru Campos?
El exsenador panista nunca denunció a Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, pese a haber compartido gabinete durante el sexenio de Felipe Calderón.
La incorporación del abogado y exsenador panista Roberto Gil Zuarth al equipo legal de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, generó una ola de críticas debido a sus vínculos con figuras clave del sexenio de Felipe Calderón, particularmente con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada.
El anuncio ocurre en medio de las investigaciones relacionadas con el “CIAGate” y tras el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República para que Maru Campos declare su papel en la participación de agencias estadounidenses en operativos dentro del estado.
Las acusaciones contra el abogado se centran en que nunca denunció públicamente a García Luna pese a las acusaciones que durante años rodearon al exfuncionario, de fechorías que habría realizado también en 2010 y 2011, mientras Zuarth era su compañero de gabinete. Incluso, sus detractores recordaron que en distintas ocasiones defendió al exsecretario de Seguridad y su estrategia de seguridad durante sesiones públicas.
Incluso, después de la condena a Garcia Luna, el abogado sostuvo que el gobierno de Felipe Calderón no tenía conocimiento de sus presuntos nexos con el crimen organizado, admitiendo que operaba bajo sus narices. Por lo que su llegada a la defensa de Maru Campus, responde a una estrategia que se aplica cuando hay algún compañero panista en peligro.
Aunque la gobernadora presume “orden financiero”, datos oficiales recopilados por Zona Free revelan que la deuda pública de Chihuahua aumentó más de 15 mil millones de pesos durante su administración; además, contrató nuevos créditos a pagar hasta por 25 años.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, volvió a quedar exhibida por el desastre financiero de su administración. A pesar de repetir en discursos que logró “reducir la deuda pública”, cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda estatal, citadas en una investigación de Zona Free, muestran exactamente lo contrario: en menos de cinco años incrementó el endeudamiento en un 32%, llevando el pasivo de Chihuahua a casi 64 mil millones de pesos. Mucho maquillaje mediático, pero las matemáticas no se dejan chorear.
Cuando la panista llegó al gobierno en septiembre de 2021, la deuda estatal era de 48 mil 218 millones de pesos. Sin embargo, al 17 de abril de 2026, el monto ya ascendía a 63 mil 642 millones, es decir, un incremento de más de 15 mil 424 millones de pesos. Todo esto mientras el estado sigue padeciendo abandono en infraestructura, inseguridad y obras fantasma que parecen existir solo en los boletines del gobierno estatal.
El golpe más reciente ocurrió el pasado 17 de abril, cuando la administración de Campos adjudicó nueva deuda por 3 mil millones de pesos, a pagarse hasta en 25 años y con tasas de interés de hasta 8.88%. En otras palabras: hipotecaron el futuro de Chihuahua para seguir administrando como si la tarjeta de crédito fuera infinita. Pero eso sí, en las conferencias nunca falta el discurso de “responsabilidad financiera”.
Imagen: Gráfica de la deuda en Chihuahua realizada por Zona Free.
Los datos también contradicen la narrativa con la que Maru Campos ha intentado culpar a su antecesor, Javier Corral, del endeudamiento estatal. De acuerdo con informes entregados al Congreso local, Corral redujo la deuda en un 2.4% respecto al monto heredado por César Duarte, quien disparó el pasivo durante su sexenio con el respaldo político del PAN. Sí, el mismo grupo político del que Maru formaba parte mientras operaba la famosa “nómina secreta”.
Por si fuera poco, la administración panista también ha contratado 43 créditos a corto plazo por un monto acumulado de 14 mil 850 millones de pesos, evidenciando un manejo financiero marcado por el endeudamiento constante y el gasto descontrolado. Mientras la ciudadanía enfrenta carencias y servicios deficientes, en Palacio de Gobierno parecen jugar al “tarjetazo eterno”.
La realidad es contundente: Chihuahua no vive una reducción de deuda, sino uno de los periodos de mayor crecimiento del pasivo estatal en años recientes. Y aunque desde el gobierno intenten vender espejitos de “orden” y “estabilidad”, los números muestran que la factura del despilfarro panista terminará pagándola la población durante décadas.
El abogado panista es cercano a Felipe Calderón y su papel durante el sexenio marcado por la guerra contra el narcotráfico y el aumento de la violencia en México.
La incorporación del abogado panista, Roberto Gil Zuarth, al equipo legal de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en medio de las investigaciones por el llamado “CIAGate”, desató críticas debido a su cercanía con personajes bizarros como el expresidente Felipe Calderón, así como por su participación en uno de los periodos más violentos del país.
Roberto Gil Zuarth fue uno de los colaboradores más cercanos de Calderón durante el sexenio marcado por la inseguridad y la llamada guerra contra el narcotráfico, estrategia de seguridad que dejó cientos de miles de muertos, desaparecidos y un aumento de la violencia en diversas regiones de México.
Durante las elecciones federales de 2009 fue electo diputado en la Sexagésima Primera Legislatura, siendo vicecoordinador de la bancada del PAN. En marzo de 2010, pidió licencia para asumir la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, a designación del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En octubre de 2010 volvió a la Cámara de Diputados para incorporarse a la negociación por el Presupuesto Federal 2011. En enero de 2011 fue nombrado Secretario particular del Presidente de la República, puesto que tuvo hasta diciembre de ese mismo año Incluso, en enero siguiente fue invitado a colaborar como coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota a la Presidencia de la República.
Es por esto que la llegada del abogado al caso de Maru Campos provocó cuestionamientos, pues se trata de un as bajo la manga del panismo. Una figura asociada a uno de los partidos y etapas más polémicas de la política y seguridad pública en México.
Después de que la gobernadora de Chihuahua permitió la entrada de agentes de la CIA en el estado, se confirmó que no tendrá teleprompter para saber qué decir en su comparecencia.
La gobernadora Maru Campos llegará sin teleprompter y sin apuntador electrónico a su próxima comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se confirmara que recibió un citatorio relacionado con las investigaciones por la presunta presencia de agentes de la CIA operando en Chihuahua.
La mandataria panista quedó en el centro de la polémica después de que públicamente la FGR llegara a sus oficinas para citarla a declarar sobre estos hechos, en medio de las tensiones por la injerencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano.
Pero el tema no es nuevo. La mandataria es amante de los teleprompters, ya que en una accidentada entrevista en Grupo Fórmula, ella protagonizó un incómodo momento al aire al reclamar a la producción por fallas técnicas y la dinámica de la conversación.
“¿Sí me están escuchando o no?”, lanzó molesta la gobernadora durante la transmisión, evidenciando su incomodidad mientras intentaba responder sobre las acusaciones relacionadas con la operación de agentes extranjeros en su estado.
El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios criticaron el tono de la mandataria y señalaron que, a diferencia de las entrevistas controladas y discursos preparados, ante la FGR no habrá margen para improvisaciones ni lectura guiada.
La comparecencia de la gobernadora ocurre mientras el Gobierno federal mantiene la postura de que no permitirá actos de intervención extranjera que vulneren la soberanía nacional, especialmente en temas de seguridad.
El alcalde de Ciudad Juárez pidió una nueva visión de desarrollo productivo para Chihuahua y mayor coordinación con el Gobierno Federal.
Durante una gira por la región Centro-Sur de Chihuahua, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, criticó que el gobierno estatal destine apenas el 1% de su presupuesto al sector productivo, pese a mantener un discurso de respaldo al campo.
Pérez Cuéllar afirmó que Chihuahua requiere una nueva visión de desarrollo productivo y una mejor coordinación con el Gobierno Federal para facilitar la llegada de programas y apoyos al sector agropecuario. Señaló que la falta de coordinación institucional ha afectado directamente a las familias que dependen de las actividades del campo.
Entre las propuestas planteadas por el líder morenista destacó el impulso a procesos de valor agregado en la ganadería, con el objetivo de que Chihuahua deje de depender únicamente de la exportación de ganado en pie y avance hacia esquemas de transformación que generen más empleo y derrama económica en el estado.
El alcalde también sostuvo que el campo chihuahuense necesita liderazgos con experiencia y capacidad de gestión para enfrentar la crisis hídrica, fortalecer al sector agropecuario y recuperar el potencial productivo de las distintas regiones del estado.
El dirigente político alertó sobre la falta de apoyo del Gobierno del Estado hacia la comunidad de Aldama, generando un llamado a la acción.
Cruz Pérez Cuéllar expresó su profunda preocupación por el abandono que sufre el municipio de Aldama. En un evento dirigido a más de 500 madres de familia, resaltó que el Gobierno del Estado ha limitado los programas sociales. Afirmó que este comportamiento responde a un enfoque que prioriza los intereses políticos por encima del bienestar de las familias.
“Es una pena que una comunidad tan cercana a la capital esté sumida en condiciones de marginación”, comentó Pérez Cuéllar. Se preguntó cuántas obras públicas se han realizado en Aldama, subrayando la falta de atención de las autoridades hacia el interior del estado.
Durante su discurso, el político planteó dos caminos para el futuro de Chihuahua. Por un lado, propuso la colaboración con el gobierno federal. Por otro, criticó el aislamiento y la confrontación innecesaria que persiste en algunos sectores. “¿Qué opción elegiremos? ¿La de atacar al Gobierno de México o la de trabajar juntos para traer beneficios a nuestras comunidades?”, cuestionó.
Pérez Cuéllar explicó que el freno en los apoyos se debe al miedo de ciertas autoridades a que la gente reconozca y respalde el trabajo del movimiento de regeneración nacional. Este bloqueo, argumentó, afecta directamente la economía de los hogares chihuahuenses.
El evento finalizó con un fuerte mensaje de unidad y esperanza. Cruz Pérez Cuéllar reafirmó su compromiso con el desarrollo integral de Aldama y concluyó su intervención con un llamado a la transformación en Chihuahua. “Es hora de actuar y cambiar el rumbo de nuestra comunidad”, afirmó.
La gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República este sábado. El documento, entregado por dos agentes ministeriales, le solicita presentarse a declarar sobre la colaboración de su gobierno con agentes estadounidenses.
El citatorio fija la fecha para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas. Campos recibió el requerimiento tras salir del palacio de gobierno, donde se mostró dispuesta a comparecer. “Estoy aquí dando la cara. Qué feliz casualidad”, afirmó la mandataria.
La gobernadora expresó su preocupación por la situación, señalando que estos hechos son malas noticias para Chihuahua. Dijo que su objetivo es mantener la institucionalidad y proteger los intereses de la ciudadanía. “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, agregó.
Campos también hizo una comparación con otros gobernadores, mencionando que Rubén Rocha en Sinaloa no fue llamado a declarar ni otros mandatarios en el país. A pesar de contar con fuero constitucional, ella está dispuesta a acudir a la Fiscalía.
