Entre los casos pendientes se encuentran investigados por Ayotzinapa, delincuencia organizada, trata de personas y millonarios fraudes ligados a factureras y corrupción.
La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el gobierno de Estados Unidos no ha entregado a ninguna de las personas solicitadas por México en las 269 peticiones de extradición realizadas entre enero de 2018 y mayo de 2026, situación que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la cooperación bilateral en materia de justicia y seguridad.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que de las 269 solicitudes presentadas por México, 36 fueron rechazadas y 233 continúan pendientes, pese a que varios de los casos involucran delitos graves como delincuencia organizada, trata de personas, corrupción y desaparición forzada relacionada con el caso Ayotzinapa.
“México pide reciprocidad”, sostuvo Sheinbaum al cuestionar que ninguna de las solicitudes haya concluido con la entrega de personas requeridas por autoridades mexicanas. La presidenta señaló que existen expedientes prioritarios para el país y subrayó que la relación bilateral también debe reflejar cooperación en ambos sentidos.
Por su parte, el canciller Roberto Velasco Álvarez explicó que los procesos de extradición requieren una descripción clara de los delitos, órdenes de aprehensión vigentes y diversos requisitos diplomáticos y judiciales que deben ser revisados tanto por la Cancillería como por la Fiscalía General de la República y jueces federales.
Entre los casos más relevantes mencionados por el gobierno federal se encuentra el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, además de investigados por presuntos fraudes millonarios al Infonavit y redes de facturación ilegal. También destacan solicitudes relacionadas con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, como las de José Ulises “N” y Pablo “N”, alias “El Transformer”, presuntamente vinculado con el grupo criminal Guerreros Unidos.
La administración estadounidense ha solicitado información adicional en al menos 47 casos relacionados con detención provisional para extradición, argumentando falta de elementos o señalando que algunos acusados no representan un riesgo inmediato para la sociedad. Mientras tanto, el gobierno mexicano insiste en que la cooperación judicial debe ser equitativa y no únicamente en una sola dirección, especialmente en investigaciones consideradas prioritarias para el país.
