La reforma constitucional busca mover la elección judicial de 2027 al 4 de junio de 2028.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una reforma constitucional para modificar la fecha de la elección judicial prevista originalmente para 2027 y trasladarla al 4 de junio de 2028 debido a que se eligieron varios cargos.
Sheinbaum explicó que el criterio principal para mover la elección no fue el costo, sino evitar complicaciones para el electorado, ya que en 2027 también se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y múltiples cargos locales, como presidencias municipales y congresos estatales.
La reforma también propone que el escrutinio y cómputo de votos se realice en las mismas casillas y que las vacantes de jueces y magistrados por renuncia, fallecimiento o destitución sean cubiertas en la siguiente elección judicial.
Además, el proyecto contempla la creación de una Comisión Coordinadora encargada de homologar metodologías y criterios de evaluación entre los comités de los tres poderes, incluyendo exámenes de conocimientos para aspirantes.
La iniciativa será enviada este lunes a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que sea turnada a la Cámara de Diputados. El objetivo del gobierno federal es que la reforma sea aprobada por ambas cámaras y posteriormente por los congresos estatales durante los primeros días de junio.
La mandataria señaló que el Instituto Nacional Electoral advirtió que, si la elección judicial coincidía con la federal, las casillas judiciales tendrían que instalarse en lugares distintos debido a que en esos comicios no pueden participar representantes de partidos políticos, lo que podría generar confusión entre los votantes.
En la elección judicial de 2028 se prevé renovar cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito y 385 jueces de distrito. A nivel local, también se elegirán 424 magistrados y 2 mil 831 jueces en 25 entidades del país.
También se contempla que dicho proceso electoral coincida con una posible consulta de revocación de mandato presidencial, además de incluir una reducción en el número de candidatos y una simplificación de la boleta electoral para facilitar la participación ciudadana.
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