La alcaldía desplegó dispositivos de seguridad, vialidad y protección civil con 27 elementos, 6 patrullas y una grúa, ante la llegada de selecciones de Sudáfrica y Colombia.
La Alcaldía Álvaro Obregón recibió a la Selección Nacional de Sudáfrica, que tendrá como sede de concentración y hospedaje esta demarcación durante su estancia en la Ciudad de México, como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026. El alcalde Javier López Casarín encabezó la bienvenida junto con personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana.
Como parte del operativo, la alcaldía informó que también se prevé la llegada de otras selecciones, como Colombia, por lo que se han reforzado los trabajos de coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, la Guardia Nacional y dependencias de los tres órdenes de gobierno. El objetivo es garantizar condiciones de seguridad durante su estancia en la demarcación.
Las autoridades detallaron que la zona de Santa Fe fue definida como un punto estratégico por su conectividad y capacidad logística, por lo que se implementaron medidas especiales de seguridad, vialidad y protección civil. Estas incluyen cordones de seguridad, dispositivos de control vial y esquemas de atención para el traslado de las delegaciones.
Asimismo, la Dirección de Protección Civil dispuso personal médico, ambulancias y capacidad de respuesta prehospitalaria para atender emergencias, incluyendo afectaciones por la altitud de la Ciudad de México. De manera paralela, se desplegó un operativo especial en Parque La Bombilla y zonas aledañas por el Festival Futbolero, con 27 elementos de seguridad, 6 patrullas y una grúa.
La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro mientras es investigado por presunta participación en política. Sin embargo, distintas autoridades afirmaron que la medida carece de facultades legales para aplicarse.
La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, en el marco de una investigación por su presunta participación en actividades relacionadas con la campaña electoral para elegir a su sucesor.
Arizabaleta argumentó que la medida busca evitar una posible interferencia en el desarrollo de la investigación y sostuvo que la presunta intervención en política constituye una falta grave. La funcionaria señaló que la decisión responde a la relevancia del cargo ocupado por el mandatario y a la trascendencia de los hechos que se analizan.
No obstante, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la determinación y afirmó que la Comisión de Acusaciones no tiene competencia para suspender al jefe de Estado. Recordó que cualquier proceso de este tipo debe seguir un procedimiento constitucional que involucra a la Cámara de Representantes y posteriormente al Senado.
A las críticas se sumaron el exsenador Roy Barreras y el congresista Alejandro Ocampo, quienes aseguraron que la decisión anunciada no tiene validez jurídica y que no existe ninguna resolución formal que aparte a Petro de sus funciones. Hasta el momento, el mandatario continúa ejerciendo la Presidencia de Colombia con normalidad.
La aparición de Carlos Lehder, fundador del Cártel de Medellín y antiguo aliado de Pablo Escobar, provocó una ola de críticas e indignación en plena recta final de la elección presidencial colombiana.
A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, una nueva controversia sacudió el proceso electoral luego de que Carlos Lehder, fundador del Cártel de Medellín y uno de los narcotraficantes más notorios de la historia del país, reapareciera públicamente para enviar un mensaje que fue interpretado como un respaldo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella. La intervención del exsocio de Pablo Escobar generó fuertes reacciones en redes sociales y reavivó el debate sobre la influencia de figuras ligadas al narcotráfico en la vida política colombiana.
A través de un video difundido en redes sociales, Lehder llamó a la ciudadanía a acudir a las urnas el próximo 21 de junio para elegir al candidato que, según sus palabras, garantice una “Colombia libre y soberana”. Aunque evitó mencionar directamente a De la Espriella, el exnarcotraficante apareció utilizando una camiseta amarilla de la Selección Colombiana, símbolo que el propio candidato conservador había promovido previamente entre sus simpatizantes durante la campaña electoral.
La reaparición del exlíder criminal no pasó desapercibida. Carlos Lehder fue uno de los principales operadores del tráfico internacional de cocaína durante los años ochenta y se convirtió en el primer narcotraficante colombiano extraditado a Estados Unidos en 1987. Su figura permanece asociada a uno de los periodos más violentos de la historia reciente de Colombia, por lo que su incursión en el debate político fue recibida con preocupación por diversos sectores.
Entre las voces más críticas estuvo el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el respaldo del exnarcotraficante al candidato derechista. En sus redes sociales señaló que la adhesión de Lehder representa un hecho alarmante para la democracia colombiana y evidenció las contradicciones de una campaña que busca presentarse como defensora de la legalidad mientras recibe simpatías de personajes vinculados al crimen organizado.
La polémica escaló aún más luego de que una jueza de Bogotá ordenara la suspensión inmediata del uso de la camiseta de la Selección de Colombia en actos de carácter político, con el objetivo de evitar que símbolos nacionales sean utilizados para favorecer candidaturas específicas. La medida fue interpretada como una respuesta al creciente uso de elementos patrióticos dentro de la contienda electoral.
Mientras tanto, el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, reconoció formalmente los resultados de la primera vuelta electoral y llamó a construir alianzas con sectores del centro político para enfrentar a De la Espriella en la segunda ronda. Sin embargo, la irrupción de Carlos Lehder en la campaña ha añadido un nuevo ingrediente a una elección ya marcada por la polarización, donde la sombra del narcotráfico vuelve a aparecer en un momento decisivo para el futuro político de Colombia.
El presidente colombiano aseguró que sectores respaldados por Estados Unidos provienen de estructuras vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo, en medio de la disputa por la segunda vuelta presidencial.
La tensión política en Colombia escaló luego de que el presidente Gustavo Petro acusara al gobierno de Estados Unidos de respaldar a sectores ligados al narcotráfico y al paramilitarismo, tras el apoyo expresado por Donald Trump al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien sorprendió al colocarse como favorito en la primera vuelta presidencial celebrada el pasado domingo.
Durante una entrevista concedida a AFP en la Casa de Nariño, Petro sostuvo que los aliados de Washington en Colombia “vienen de la gobernanza narco paramilitar” y los calificó como “genocidas y narcotraficantes”. El mandatario afirmó además que, a lo largo de su trayectoria política, estuvo en varias ocasiones en riesgo de ser asesinado debido a la persecución contra movimientos de izquierda en el país sudamericano.
Las declaraciones ocurren en plena campaña rumbo al balotaje del próximo 21 de junio, donde el candidato respaldado por Petro, el senador Iván Cepeda, buscará remontar frente a De la Espriella. El abogado y empresario recibió recientemente el respaldo público de Trump, a quien ha manifestado admiración y con quien promete fortalecer la relación bilateral si alcanza la presidencia.
Petro, quien ha mantenido constantes diferencias con Trump y con diversos gobiernos conservadores de América Latina, advirtió que resulta contradictorio que administraciones que aseguran combatir el narcotráfico terminen respaldando, según su visión, a grupos relacionados con actividades criminales. “Lamento que quienes dicen luchar contra el narcotráfico ayuden a llevar al poder político al crimen en Colombia”, expresó.
Desde el oficialismo, la candidatura de De la Espriella ha sido señalada por representar lo que denominan un “fascismo mafioso”. El aspirante de 47 años ha construido su carrera como abogado de personajes polémicos, incluidos exparamilitares y figuras involucradas en diversos escándalos judiciales. Además, suele estar en el centro de controversias por declaraciones consideradas machistas y homófobas por sus detractores.
Con la segunda vuelta cada vez más cerca, el choque entre Petro, Trump y la oposición colombiana añade un nuevo ingrediente a una elección que podría redefinir el rumbo político del país y su relación con Estados Unidos.
La primera vuelta presidencial en Colombia dejó mucho más que un resultado electoral. También abrió una discusión que ha cobrado fuerza en los últimos días: la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de organizar y vigilar las elecciones.
Mientras los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta comenzaron a preparar sus campañas finales, distintos actores políticos pusieron sobre la mesa dudas sobre el proceso electoral. Las acusaciones giran principalmente en torno al manejo de los sistemas informáticos, los registros de votantes y algunas inconsistencias detectadas durante el conteo preliminar de los sufragios.
Aunque las denuncias han generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad, es importante entender que una sospecha no equivale a una prueba. En cualquier democracia sólida, las irregularidades deben investigarse con seriedad y transparencia, pero también con responsabilidad para evitar conclusiones apresuradas que puedan afectar la estabilidad institucional.
La polémica surge en un contexto de fuerte polarización política. Colombia atraviesa una etapa en la que las diferencias ideológicas se han profundizado y donde cada elección parece representar mucho más que una disputa entre candidatos. Para millones de ciudadanos, el resultado de los comicios se relaciona directamente con el futuro económico, social y de seguridad del país.
En este escenario, cualquier error administrativo o falla técnica adquiere una dimensión mayor. Lo que en otras circunstancias podría interpretarse como una inconsistencia corregible, hoy se convierte rápidamente en motivo de sospecha y debate nacional.
Uno de los puntos centrales de la discusión tiene que ver con la diferencia entre el conteo preliminar y el escrutinio oficial. El primero tiene una función informativa y permite conocer tendencias durante la noche electoral. El segundo, en cambio, es el procedimiento legal mediante el cual se revisan las actas, se corrigen posibles errores y se validan los resultados definitivos.
Por ello, las discrepancias que puedan aparecer en los reportes iniciales no necesariamente implican una alteración deliberada de la voluntad popular. Sin embargo, sí evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que todas las etapas del proceso sean completamente verificables.
Más allá de la discusión técnica, el verdadero desafío para Colombia es político. La legitimidad de una elección no depende únicamente de que los votos sean correctamente contados; también requiere que la ciudadanía tenga confianza en que el proceso fue limpio y transparente.
Cuando una parte importante de la población comienza a cuestionar la credibilidad de las autoridades electorales, se genera un problema que va más allá de los números. La desconfianza puede convertirse en un factor de inestabilidad y alimentar narrativas de confrontación que terminan debilitando a las instituciones democráticas.
Por esa razón, resulta indispensable que las autoridades electorales respondan con apertura a cada una de las inquietudes planteadas. La transparencia no debe verse como una concesión política, sino como una obligación permanente. Cuanta más información exista sobre los procedimientos utilizados, menor será el espacio para la especulación.
Al mismo tiempo, los actores políticos tienen una responsabilidad fundamental. Las denuncias deben sustentarse con evidencia verificable y seguir los cauces legales establecidos. Convertir las sospechas en afirmaciones categóricas sin pruebas suficientes puede generar un clima de incertidumbre que termine afectando la confianza pública.
La segunda vuelta presidencial se desarrollará bajo una atención nacional e internacional aún más intensa. Cada decisión de las autoridades, cada reporte y cada resultado serán observados con detalle por una sociedad que exige certeza sobre el funcionamiento de su democracia.
Hasta ahora, no existen elementos que permitan afirmar de manera concluyente que hubo un fraude electoral generalizado. Lo que sí existe es una serie de cuestionamientos que deberán ser aclarados para evitar que las dudas persistan después de concluido el proceso.
La fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de controversias, sino por su capacidad para resolverlas mediante instituciones confiables, reglas claras y mecanismos transparentes. Colombia enfrenta hoy ese desafío. Lo que ocurra en las próximas semanas no solo definirá quién gobernará el país, sino también el nivel de confianza que los ciudadanos depositarán en su sistema electoral durante los próximos años.
El presidente colombiano Gustavo Petro denuncia a líderes latinoamericanos y a Netanyahu por intentar socavar el progreso en Colombia y México.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández es un “narcotraficante” que colabora con otros líderes para debilitar el progresismo en la región. Durante su intervención, Petro vinculó a Hernández con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente argentino, Javier Milei.
Petro sostiene que esta alianza busca derribar los avances logrados en Colombia y México. En su cuenta de X, escribió que Hernández, que gobernó Honduras de 2014 a 2022, causó un aumento dramático en la tasa de homicidios en el país.
La declaración de Petro se dio a conocer tras la difusión de una entrevista que CNN realizó a Hernández. En esa charla, el expresidente defendió su indulto presidencial otorgado por Donald Trump, el cual anuló su condena por corrupción. Hernández argumentó que su administración fue víctima de una persecución política organizada por sus adversarios.
El exmandatario hondureño también afirmó que la decisión de Trump representaba una corrección de una injusticia. Esta controversia reaviva el debate sobre el uso de la justicia como herramienta política en América Latina.
Las declaraciones de Petro reflejan una creciente tensión en la política regional. Sus comentarios evidencian su preocupación ante la posible influencia de estos líderes en la estabilidad del progresismo en Colombia y México. Dicha situación genera un panorama complicado para las políticas progresistas que buscan avanzar en ambas naciones.
El presidente Gustavo Petro sostiene haber encontrado irregularidades en las elecciones presidenciales, incluyendo manipulación en el censo y el sistema de conteo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha levantado la voz ante lo que considera un posible fraude electoral en la primera vuelta de las recientes elecciones presidenciales. Según Petro, se han manipulado el censo de votantes y el sistema de preconteo, afirmaciones que asegura pueden ser respaldadas con pruebas sólidas.
El mandatario expresó que su compromiso con la verdad y con el pueblo de Colombia lo impulsa a arriesgarlo todo al hacer estas denuncias públicas. Petro se opone a los resultados del preconteo proporcionados por un software utilizado por los hermanos Bautista, alegando que tiene datos contundentes que sostienen su posición.
Una de las acusaciones más graves es que el registrador electoral se ha negado a entregar el código fuente del software, lo que es esencial para garantizar la transparencia del proceso electoral. Petro recordó una decisión del Consejo de Estado de 2018 que apuntó a la vulnerabilidad del software, mostrando que puede ser manipulado internamente y externamente.
El presidente reveló más detalles sobre las irregularidades. Según su reporte, el 26 de mayo de 2026, el software fue alterado en dos ocasiones, elevando el censo electoral de 41.4 millones a 42.3 millones de votantes. Esto incluye 885,409 nuevas cédulas que no se inscribieron dentro del plazo legal.
Asimismo, se incrementó el número de puestos de votación y mesas. El total oficial de puestos pasó de 13,742 a 14,438, y el de mesas de 120,527 a 122,020. Estas diferencias suscitan dudas sobre la legitimidad del proceso y la posibilidad de manipulación de los resultados.
Petro también destacó que, de acuerdo a los informes de conteo, 5,300 mesas reportaron más de 300 votos en un solo día, con algunas llegando hasta 700 votos. Esto podría explicar la diferencia significativa de aproximadamente 635,000 sufragios que favorece a Abelardo frente a Cepeda.
En este contexto, el presidente colombiana hace un llamado a las autoridades para que revisen estas irregularidades y garanticen la integridad de la democracia en el país.
Alejandro Moreno Cardenas,presidente del ya morinbundo PRI y conocido por ser el legislador con más faltas en el senado, volvió a mostrar su lado más hipócrita al participar como observador electoral en las votaciones que se realizaron en Colombia y varios países latinoamericanos, en vez que concentrarse en sus funciones en su país.
Son ya varias las ocasiones en que quiere fungir como autoridad internacional, pues el intento de político ha participado en las elecciones de Chile, Honduras, Ecuador, e incluso ha ido de arrastrado a los Estados Unidos.
Alito Moreno, además de representar lo más podrido de lo que queda del PRI, enfrenta investigaciones y acusaciones legales por corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias. Hablamos del personaje que alguna vez dijo: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”, por lo que no es ninguna autoridad moral como para ahora querer revisar los procesos electorales.
Además, como legislador, es el servidor que más faltas tiene en el Senado. Durante la LXVI Legislatura, de acuerdo con el registro de asistencias del periodo del 3 de septiembre de 2024 al 25 de marzo de 2026, tuvo 20 faltas justificadas y siete injustificadas, siendo la bancada del PRI la que junta 46 faltas entre 13 senadores.
A pesar de las acusaciones que enfrenta en México, el priista presumió su presencia en la jornada electoral de Colombia este fin de semana, donde el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, consiguió el 43% de los sufragios frente al 40% de Iván Cepeda, identificado con el movimiento político del presidente Gustavo Petro. La cerrada elección, además de estar acompañada por denuncias de presunto fraude, obligará a una segunda vuelta para definir al próximo mandatario.
Les saludo desde uno de los centros de recepción de votos en Medellín, Colombia, donde estamos dando seguimiento a esta jornada electoral como parte de la Misión de Observación Internacional de la COPPPAL. Aquí estamos atentos a cada etapa del proceso, verificando que todo se… pic.twitter.com/L9LELFgqEk
Pero antes, en noviembre de 2025, el político visitó Honduras para “avalar” su proceso electoral, en donde se vio la victoria de la derecha, con Nasry Juan Asfura, politico de corte conservador que llegó a la presidencia. En aquel noviembre también pisó tierras chilenas, para supervisar las casillas durante la jornada electoral en Chile, donde se terminó por elegir al presidente ultraderechista, José Antonio Kast.
En febrero de 2025 viajó a Ecuador para encabezar la Observación Electoral durante las elecciones en las que el derechista Daniel Noboa Azin ganó un segundo mandato. Jornadas de trabajo en las que, según el propio político, revisó que los comicios se llevarán a cabo con pleno apego a los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.
Pero Alejandro Moreno no cuenta con la autoridad moral para dar lecciones de justicia o transparencia. En su paso por distintos procesos electorales ha terminado respaldando proyectos de derecha, fiel a la vieja escuela priista. Y no se trata de una coincidencia: sus recorridos como supuesto observador internacional los ha realizado bajo el cobijo de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).
Señora Presidenta @Claudiashein, la voy a DENUNCIAR en México y a nivel Internacional.
En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama.
La COPPPAL se vende como un organismo conformado por partidos políticos de toda América Latina, que revisa y apoya los procesos democráticos y progresistas, con prioridad en la soberanía para un orden internacional más justo y equitativo.
Pero esto no puede estar más alejado de la realidad, empezando por su origen, ya que fue creada el 12 de octubre de 1979 en el estado de Oaxaca, México, por Gustavo Carvajal Moreno, quien en ese entonces era el Presidente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI.
Actualmente, pese a lo progresista y plural que dice ser, está bajo la administración del priismo, siendo el propio Alito Moreno, su presidente, y teniendo en su organigrama a personajes como Sofía Carvajal Isunza, también priista, como secretaria ejecutiva; y a José Alberto Aguilar Iñárritu, otro del mismo clan, como vicepresidente de Norteamérica.
Este organismo ha sido una herramienta del priista para formar parte de la política nacional, ya que en varias ocasiones ha mostrado su apoyo a Alito, quien incluso ha condenado las expresiones de la presidenta Sheinbaum “contra un dirigente opositor que ejerce legítimamente su derecho a la crítica y al debate público dentro del marco democrático”. Si ese mismo personaje mostrando sus modos porriles se fue a los golpes en el Senado.
Foto: Mario Jasso
Pero aún así, esta persona tiene el cinismo para decir que tiene autoridad para fungir en las elecciones latinoamericanas, mientras al mismo tiempo va y pide la intervención de Estados Unidos en México, una clara violación a la soberanía. Sin olvidar, claro, que deja desatendida su responsabilidad como legislador. Una clara muestra de por qué viene el fin del PRI.
Abelardo De La Espriella sorprendió al imponerse en la primera ronda electoral, mientras Iván Cepeda mantuvo viva la apuesta de la izquierda; ambos se enfrentarán el próximo 21 de junio por la presidencia de Colombia.
La elección presidencial en Colombia se definirá en una segunda vuelta luego de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta en los comicios del domingo. El empresario y abogado Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, y el senador de izquierda Iván Cepeda, respaldado por el oficialista Pacto Histórico, avanzaron a la fase definitiva de la contienda que se celebrará el próximo 21 de junio.
Con el 99.62 por ciento de las mesas escrutadas, De La Espriella obtuvo 43.73 por ciento de los votos, mientras que Cepeda alcanzó 40.91 por ciento, de acuerdo con datos de la Registraduría Nacional. El resultado confirmó un escenario altamente polarizado, marcado por el debate sobre la seguridad, el desempeño económico y la continuidad de las políticas sociales impulsadas por el actual gobierno.
Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el avance de De la Espriella, considerado un “outsider” político, ya que diversas encuestas anticipaban que Cepeda tendría una ventaja más amplia e incluso posibilidades de imponerse desde la primera vuelta. El candidato de Defensores de la Patria ha centrado su discurso en la recuperación de la seguridad, el combate frontal al crimen organizado y la reactivación económica.
En contraste, Iván Cepeda busca consolidar el proyecto político de izquierda en Colombia y profundizar las transformaciones sociales impulsadas durante los últimos años. La disputa entre ambos refleja la división existente entre quienes apuestan por la continuidad del modelo progresista y quienes exigen un cambio de rumbo en materia de seguridad y economía.
La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, respaldada por el exmandatario Álvaro Uribe, quedó en tercer lugar con 6.92 por ciento de los sufragios, mientras que las opciones de centro registraron un desempeño marginal. Analistas consideran que la elevada abstención, cercana al 43 por ciento, podría ser un factor decisivo en la segunda vuelta, ya que ambos contendientes buscarán movilizar a millones de electores que no acudieron a las urnas.
Para garantizar el desarrollo de la jornada electoral, las autoridades desplegaron 248 mil elementos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Ahora, Colombia se encamina hacia una definición histórica entre dos proyectos políticos opuestos que marcarán el rumbo del país durante los próximos años.
La investigación señala fallas en atención médica y supervisión en centros migratorios de Estados Unidos.
Al menos 10 migrantes han muerto por suicidio en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el inicio del actual mandato del presidente Donald Trump, en enero de 2025, de acuerdo a una investigación de Associated Press.
Esta cifra, considerada “alarmante” por especialistas, refleja fallas en la supervisión y atención médica dentro de los centros donde permanecen detenidos miles de migrantes sujetos a procesos de deportación.
Entre las víctimas se encuentra Brayan Rayo Garzón, un colombiano de 26 años y exmilitar, quien murió en una cárcel de Misuri tras permanecer detenido desde abril de 2025. De acuerdo con los registros citados por AP, Rayo padecía fiebre y síntomas de covid-19. Además, las autoridades penitenciarias le impidieron realizar una llamada nocturna a su madre, medida que utilizaba para controlar la ansiedad. Horas después fue hallado inconsciente en su celda con una sábana alrededor del cuello.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó los centros de detención migratoria como “campos de concentración” y aseguró que la política migratoria estadounidense “está matando a estadunidenses y latinoamericanos”. También anunció que su gobierno entregará una nota diplomática de protesta a Estados Unidos por la muerte de Rayo Garzón, al denunciar que no tuvo acceso adecuado a comunicación familiar ni atención médica y psicológica.
Según la revisión de datos del ICE y documentos forenses realizada por AP, nueve de los 10 migrantes fallecidos por suicidio eran hombres hispanos de cuatro países distintos y uno era ciudadano chino. La edad promedio de las víctimas era de 32 años. Desde octubre, siete muertes han sido clasificadas oficialmente como suicidios, la cifra más alta registrada en la historia del ICE. En total, 51 personas han muerto bajo custodia migratoria desde enero de 2025, la mayoría por causas naturales, aunque expertos sostienen que varias de esas muertes pudieron evitarse con atención médica.
