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  • Decálogo por la democracia sin rojos y verdes

    Decálogo por la democracia sin rojos y verdes

    La vida política del país está que arde. Se vislumbra en el horizonte un debate duro acerca del Plan B de la reforma electoral que será propuesto por la presidenta a la Cámara de Diputados.

    Continúan los lamentos de la politiquería; las máscaras caen. Dentro y fuera de la Cámara de Diputados sigue la narrativa en contra de una reforma que ni siquiera han leído: una horda de comentócratas salió como ratas hambrientas a defender a sus patrones de las televisoras y los pocos intereses políticos que aún les quedan.

    Pero la situación relevante no es solo la de la oposición derrotada y los comentócratas —esos ya están expuestos y son capaces de cualquier cosa o calumnia—; la verdadera situación es la del bloque de Morena, PT y Verde, en donde los partidos aliados simplemente se niegan a dar su apoyo a la reforma de la presidenta. Dan señales contradictorias y se apegan al discurso de la oposición, argumentando un falso riesgo a la democracia. Se les olvida a estos traidores que no llegaron por mérito propio: llegaron en una alianza que busca crear un cambio verdadero. Sin embargo, tal parece que se les ha olvidado a estos mañosos y, cuando ven que sus presupuestos de partido van a ser disminuidos o que realmente tienen que enfrentar al pueblo para pedir el voto, simplemente intentan dar la media vuelta y no apoyar una reforma que será en beneficio de todos.

    Arturo Ávila lo mencionaba en una mesa de debate: un voto en México cuesta aproximadamente 25 dólares; así como se escucha, casi 500 pesos mexicanos, mientras que en Francia no llega ni a 10 dólares, o en Estados Unidos, 15 dólares.

    Pero aquí el presupuesto a partidos es, una vez más, el botín para los políticos; un tesoro que no puede ser mermado. Y, por supuesto, las candidaturas plurinominales, que son cotos de poder para los parásitos de los partidos.

    Es muy frustrante ver a los líderes del PT y Verde hablando en los micrófonos con una actitud digna de cualquier prianista, y otros se atreven a mencionar a López Obrador, tratando de enmascarar su traición en una supuesta lucha por la democracia, nada más alejado de la realidad.

    Las redes sociales se han encargado de exhibir a las y los diputados traidores que simplemente dieron la espalda a la transformación y defendieron los privilegios, siendo ruines y viles al intentar perpetuar su estadía en el poder público. Sin embargo, el compromiso de la presidenta es claro: buscar, mediante la nueva propuesta, un consenso necesario para hacer realidad una reforma necesaria y congruente.

    Esperemos que los sátrapas del Verde y PT ahora sí se pongan la camiseta del pueblo y dejen de andar de bloqueadores, minando la fuerza del movimiento que se ha fortalecido por el pueblo, no por un grupúsculo de garrapatas políticas que se han emborrachado de poder y no ven más allá de sus narices.

    Pronto se tendrán noticias y esperemos que sean buenas; de lo contrario, la embestida de las redes sociales y del pueblo será brutal contra esos traidores al pueblo.

  • El petróleo panista

    El petróleo panista

    Algunos miembros de la oposición y comentócratas que apoyaron durante la campaña de hace un par de años, con sus consideraciones sobre los energéticos, deberían calmar los ánimos de los mandatarios de los países en guerra y anunciarles algo que todavía no advierten: el petróleo quedó atrás.

    Empezando por la excandidata del PRI, pasando por el senador prófugo de la justicia, Ricardo Anaya, y el entonces líder nacional del PAN, Marko Cortés, podrían detener la guerra si prestaran oídos a su visión de la realidad.

    Lo peor es que hubo medios que daban crédito a esas palabras, que deberían, por lo menos, inhibir la vida pública de quienes emitían absurdos; sacrificaban su amor propio por el odio a un enemigo común, sin tener conciencia de la repercusión de sus palabras.

    Los conservadores en general, y la derecha en particular, tienen características muy definidas: la primera, la ignorancia sobre cualquier tema que logran balbucear en público; otra de ellas es el odio que les impide saber por dónde empezar a conocer la realidad, en contra de todo lo que signifique cambio, porque el país estaba tan viciado que cualquier transformación, por mínima que fuera, afecta sus intereses, comodidad, privilegios, confort y supremacía.

    Las declaraciones sobre los energéticos son una muestra de cómo se preparan —o dejan de prepararse— para una campaña política los conservadores. Sus elementos de saber están basados en mentiras, sobre todo producto de una educación privada que los condena a la ignorancia de por vida.

    Basta recordar las opiniones sobre economía del sobrino de Ricardo Salinas Pliego, quien, según él, daban solución al pago de impuestos emitiendo más dinero, en una especie de juego de mesa aplicado a la economía mundial, que refleja la estulticia de la educación privada. El joven es egresado de la universidad de su tío, la Universidad de la Libertad; tiene el título de licenciado en Innovación y Negocios.

    Seguramente debe tener una idea muy cercana a la de los panistas arriba mencionados sobre el tema de los energéticos.

    Ignorancia y odio fueron los factores que determinaron una campaña política en la que algunos creyeron, mostrando una profunda ignorancia. Bastaba con que López Obrador hubiera construido una refinería y comprado otra en Texas para cuestionar la disposición; ahora son los elementos que impiden que la gasolina aumente de precio a causa del conflicto en Medio Oriente, causado, precisamente, por la guerra del petróleo.

    En un debate donde no importa el conocimiento, sino la contradicción sistemática a lo que haga el gobierno, hubo, en realidad, quienes, a sabiendas de que el petróleo contiene un gran valor político, económico, militar y hasta cultural, apoyaban desde los medios a los analfabetas conservadores, cuyas premisas se basaban en la ignorancia y el odio.

    Los comentaristas de noticias que daban vuelo a estas afirmaciones, sin reparar siquiera en lo que decían, deberían por lo menos sonrojarse, pero siguen, al igual que los políticos conservadores, tratando de engañar a la gente que cree en ellos.

    El tema de los energéticos no es el único en el que han sembrado dudas, a sabiendas de que son mentiras.

  • Democracia sin privilegios

    Democracia sin privilegios

    La discusión sobre el llamado “Plan B” de reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum exige ir más allá de los lugares comunes. Durante demasiado tiempo, el análisis del sistema electoral mexicano ha oscilado entre su defensa acrítica y su cuestionamiento superficial, sin atender un problema de fondo: su creciente desconexión con las condiciones materiales y las expectativas de la ciudadanía.

    El diagnóstico es conocido, aunque no siempre se reconoce con la seriedad que merece. México construyó, tras la transición democrática, un entramado institucional robusto, pero también extraordinariamente costoso. No se trata únicamente de percepciones: los niveles de gasto en órganos electorales, legislativos y estructuras partidistas han sido sistemáticamente elevados en comparación con otras democracias. En ese sentido, la iniciativa presentada por el Ejecutivo —a través de la Secretaría de Gobernación— introduce un criterio de racionalidad presupuestaria que no debería ser desestimado a priori.

    La reducción del número de regidurías, así como el establecimiento de topes al gasto de los congresos locales, responde a una lógica de eficiencia institucional. La representación política no se agota en la cantidad de cargos disponibles; depende, más bien, de la capacidad de estos para procesar demandas sociales, deliberar con calidad y generar decisiones públicas pertinentes. Sobredimensionar los órganos colegiados no necesariamente fortalece la democracia; en muchos casos, la vuelve más opaca y menos eficaz.

    Conviene también detenerse en uno de los aspectos más debatidos de la propuesta: la flexibilización de la revocación de mandato. Leída con cuidado, esta medida no constituye una anomalía democrática, sino una extensión de un principio clásico: la soberanía popular como fuente permanente de legitimidad. Permitir que la ciudadanía evalúe con mayor frecuencia a sus gobernantes introduce un elemento de control político que, bien regulado, puede fortalecer la rendición de cuentas sin comprometer la estabilidad institucional.

    En paralelo, la reforma incorpora ajustes técnicos que resultan difíciles de objetar desde una perspectiva especializada. El inicio inmediato de los cómputos distritales y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización —particularmente mediante herramientas tecnológicas y coordinación interinstitucional— atienden problemas reales del sistema electoral mexicano: la opacidad en el flujo de recursos y los márgenes de incertidumbre en la etapa postelectoral.

    Naturalmente, toda reforma de esta naturaleza plantea tensiones. El equilibrio entre austeridad y capacidad institucional no es trivial, y su implementación requerirá de un diseño cuidadoso en la legislación secundaria. Sin embargo, descalificar el conjunto de la propuesta bajo el argumento de un supuesto debilitamiento democrático implica ignorar una dimensión central del problema: la legitimidad de las instituciones también depende de su congruencia con el contexto social.

    El “Plan B”, en suma, no debe entenderse como un ajuste coyuntural, sino como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del Estado. Si logra traducirse en instituciones más eficientes, menos costosas y más abiertas al escrutinio ciudadano, habrá contribuido a fortalecer —y no a erosionar— la calidad de la democracia mexicana.

  • Juárez y el Plan B de la Reforma Electoral

    Juárez y el Plan B de la Reforma Electoral

    En política, las derrotas visibles no siempre anuncian el final de un proyecto. Con frecuencia señalan apenas el momento en que una estrategia cambia de forma para seguir avanzando. Algo así podría estar ocurriendo con la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras el rechazo legislativo de la iniciativa original, el debate no se cerró. Se reconfiguró. Y esa reconfiguración ya tiene nombre: el Plan B de la reforma electoral.

    La nueva propuesta buscaría concentrarse en tres ejes políticamente más defendibles ante la opinión pública y más viables dentro del Congreso. Primero, disminuir privilegios en los congresos locales. Segundo, reducir excesos en los municipios, particularmente en cabildos sobredimensionados. Tercero, fortalecer la consulta popular para que ciertos temas electorales puedan someterse directamente a la decisión ciudadana. La idea es sencilla y potente: menos costo para la clase política y más margen para que mexicanas y mexicanos incidan en las reglas del sistema.

    El rediseño no es menor. La Presidencia estima que el Plan B podría generar ahorros cercanos a cuatro mil millones de pesos. Recursos que permanecerían en estados y municipios para financiar obra pública, infraestructura o programas sociales. La propuesta también establecería límites al gasto de congresos estatales y revisaría estructuras que durante años han sido percibidas como costosas, desiguales y alejadas de la ciudadanía. En términos narrativos, el debate dejaría de girar exclusivamente sobre la ingeniería del sistema electoral para colocarse en un terreno más sensible: privilegios, austeridad y representación política.

    La coyuntura se vuelve aún más interesante por la operación política que la acompaña. Morena logró recomponer el diálogo con sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, después del revés que sufrió la primera iniciativa. Las tres fuerzas cerraron filas en torno al nuevo planteamiento. Si la iniciativa se presenta formalmente en el Congreso este lunes 16 de marzo, como se ha anticipado, podría llegar con mejores condiciones políticas que la propuesta anterior. Más que un simple ajuste técnico, el Plan B parecería ser una corrección de ruta.

    Es aquí donde la historia ofrece una clave de lectura particularmente sugerente. Esta discusión coincide con la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, una de las figuras centrales de la República y del sentido político de la resistencia institucional. En 1863, cuando las tropas francesas ocuparon la Ciudad de México, el gobierno republicano se vio obligado a abandonar la capital y trasladarse hacia el norte del país. Para muchos observadores de la época, aquella retirada parecía el derrumbe definitivo del proyecto republicano.

    Pero Juárez entendió algo que sigue siendo fundamental en política: perder el control inmediato del centro del poder no equivale necesariamente a perder la legitimidad del proyecto. La República se replegó, sí, pero no desapareció. Se reorganizó. Mientras la capital quedaba bajo dominio extranjero y se abría paso al Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo, el gobierno republicano preservaba continuidad, legitimidad y dirección.

    El imperio parecía sólido porque contaba con el respaldo militar de Francia y con el apoyo de sectores conservadores del país. Sin embargo, arrastraba una debilidad estructural: dependía de una fuerza externa y carecía de un consenso nacional auténtico. Juárez, en cambio, había perdido territorio, pero conservaba la legitimidad histórica de la República. Con el tiempo, esa diferencia resultó decisiva. Francia retiró sus tropas, el imperio se derrumbó y la República fue restaurada en 1867.

    La comparación no pretende equiparar contextos ni magnitudes. Una derrota parlamentaria del siglo XXI no es una invasión extranjera del siglo XIX. Pero la historia sí ofrece una constante que vale la pena recordar: cuando un proyecto político enfrenta un revés serio, su supervivencia depende de su capacidad para cambiar de terreno sin renunciar a su objetivo.

    A veces la política se entiende mejor cuando se observa con memoria histórica. Juárez mostró que la legitimidad puede sobrevivir incluso cuando el poder formal parece perderse. Esa lección sigue vigente. La discusión sobre el Plan B de la reforma electoral sugiere que las transformaciones institucionales no siempre avanzan por el camino previsto. Cambian de ritmo, de forma y de estrategia. Pero mientras exista voluntad política para sostenerlas, continúan su curso. Quizá esa sea la verdadera noticia de fondo: no estaríamos viendo el final de una reforma, sino el momento en que comienza su segunda vida.

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  • El bloqueo a Cuba

    El bloqueo a Cuba

    En días recientes, el expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a colocar en la conversación pública un tema que durante décadas ha sido tratado con una mezcla de hipocresía internacional y silencio conveniente: el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba.

    El exmandatario mexicano pidió nuevamente que se ponga fin a esa política que, más que una herramienta diplomática, se ha convertido en un castigo colectivo contra un pueblo entero. No es una exageración. El bloqueo, vigente desde hace más de seis décadas, ha sido diseñado para asfixiar económicamente a la isla con un objetivo político muy claro: provocar el colapso del sistema socialista cubano.

    La hostilidad permanente contra Cuba no tiene que ver únicamente con diferencias ideológicas; tiene que ver con el peligro simbólico que representa para el capitalismo global que un pequeño país del Caribe haya logrado sostener un proyecto socialista durante más de medio siglo, a pesar de las presiones externas.

    Porque, si algo demuestra la historia de Cuba, es que el socialismo no ha sido derrotado por sus fracasos internos, sino que ha tenido que resistir un cerco económico permanente impulsado por la mayor potencia del planeta.

    Pensemos por un momento en lo absurdo de la situación: un país de poco más de once millones de habitantes enfrenta sanciones financieras, comerciales y tecnológicas de la economía más poderosa del mundo. Se le limita el acceso a medicamentos, financiamiento internacional, tecnología y comercio global. Y aun así, Cuba ha logrado construir algunos de los sistemas sociales más avanzados de América Latina.

    La isla caribeña tiene uno de los sistemas de salud pública más reconocidos del mundo, una esperanza de vida comparable con la de países desarrollados y un modelo educativo que logró erradicar el analfabetismo desde los primeros años de la Revolución.

    Mientras muchos países del continente siguen luchando por garantizar servicios básicos a su población, Cuba ha enviado miles de médicos a distintas regiones del mundo en misiones de solidaridad internacional.

    Ese es, precisamente, el gran problema para el discurso anticomunista: cuando el socialismo muestra resultados concretos en materia de salud, educación o bienestar social, el relato de su inevitable fracaso se debilita.

    El bloqueo no es solamente una sanción; es una herramienta de guerra económica que busca generar escasez, descontento social y desgaste político. La lógica es brutalmente simple: si la población vive bajo presión constante, eventualmente culpará al sistema político. 

    Aun así, la isla ha resistido. Y esa resistencia explica por qué el caso cubano sigue siendo tan incómodo para Washington y para los defensores más radicales del libre mercado: demuestra que incluso bajo condiciones extremas un proyecto socialista puede sobrevivir, adaptarse y mantener logros sociales significativos.

    Por eso el llamado de López Obrador no debería interpretarse solo como un gesto diplomático, sino como una postura ética frente a una política que la propia comunidad internacional ha condenado durante décadas.

    Año tras año, en la Asamblea General de Naciones Unidas, la inmensa mayoría de los países del mundo vota a favor de poner fin al bloqueo. Año tras año, Estados Unidos decide ignorar ese consenso global.

    La pregunta entonces es inevitable: si el socialismo cubano es tan inviable como dicen sus críticos, ¿por qué ha sido necesario bloquearlo durante más de sesenta años?

    Redes sociales

  • La obra pública en México: entre el discurso y la realidad

    La obra pública en México: entre el discurso y la realidad

    En México, la lucha contra la corrupción no puede quedarse en el discurso. Tiene que verse reflejada con claridad en uno de los sectores más sensibles del país: la obra pública. Es ahí donde realmente se mide la congruencia de cualquier gobierno, porque no hay espacio para simulaciones cuando están en juego recursos públicos y el desarrollo de millones de personas.

    Durante años, los procesos de contratación estuvieron marcados por prácticas que todos conocemos: compadrazgos, compromisos políticos, acuerdos previos y redes de poder que definían ganadores antes siquiera de que existiera una convocatoria. Ese modelo no solo cerró las puertas a miles de empresas capaces, también debilitó la confianza en las instituciones. Por eso, cuando se plantea una transformación del país basada en la honestidad, la expectativa es clara: que esos vicios desaparezcan.

    Sin embargo, la pregunta que hoy muchos se hacen y con razón es si realmente estamos frente a un cambio de fondo o simplemente frente a una evolución más sofisticada de las mismas prácticas. Porque en el papel, México tiene leyes claras en materia de obra pública y adquisiciones. El marco normativo existe y establece principios correctos: transparencia, competencia y legalidad. El problema no está en la ley, está en su aplicación.

    Hoy vemos procesos que cumplen con las formas, pero no con el fondo. Licitaciones que se publican, propuestas que se reciben, evaluaciones que se documentan… pero donde el resultado parece estar definido desde el inicio. Se diseñan requisitos a la medida, se establecen condiciones técnicas que limitan la participación, se manejan tiempos que excluyen a la mayoría y se toman decisiones que, aunque legales en apariencia, no siempre son justificables en términos de competencia real. Eso no es transparencia. Eso es simulación.

    Y cuando la simulación se vuelve sistema, el problema deja de ser técnico y se vuelve político. Porque las dependencias en los tres niveles de gobierno no solo administran recursos, administran confianza pública. Y esa confianza se erosiona cuando los mismos actores se repiten, cuando los procesos no son claros y cuando participar en una licitación parece más un trámite sin sentido que una verdadera oportunidad.

    A esto se suma una realidad que la ciudadanía percibe todos los días: funcionarios con ingresos que no corresponden con el nivel de vida que proyectan. No se trata de prejuzgar, pero sí de exigir congruencia.

    No es sostenible hablar de austeridad mientras existen señales evidentes de que algo no cuadra. Y frente a eso, el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza, no solo en el discurso, sino en los hechos, con investigaciones reales, con separación de funciones cuando sea necesario y con transparencia total.

    El impacto de todo esto no es menor. Mientras los procesos se distorsionan, el país avanza, sí, pero no de manera uniforme. Aún existen comunidades sin servicios básicos de calidad, zonas con rezagos urbanos evidentes y proyectos que no cumplen con los estándares que deberían garantizar. Y eso no es un tema de falta de recursos, es un tema de cómo se asignan y cómo se ejecutan.

    La obra pública no es solamente concreto, es calidad de vida. Es la diferencia entre una comunidad con oportunidades y una que sigue esperando. Por eso, si el proyecto de transformación del país busca consolidarse, este es uno de los espacios donde más debe notarse.

    México está en un momento clave. El discurso ya está sobre la mesa. Ahora toca demostrar que ese cambio es real. Que las licitaciones son verdaderamente abiertas, que las evaluaciones son auditables y que las decisiones pueden sostenerse de cara a la sociedad. No se trata de debilitar al gobierno, al contrario, se trata de fortalecerlo desde la exigencia.

    Porque al final, más allá de ideologías o narrativas, la pregunta es muy sencilla: si de verdad queremos un país distinto, ¿vamos a garantizar que gane el más capaz… o vamos a seguir permitiendo que gane el de siempre?

  • La oposición interna

    La oposición interna

    Las barreas que obstaculizan la voluntad del pueblo son burocracias con intereses implícitos. Un ejemplo claro fue el sabotaje a la reforma electoral que fue impedida por los supuestos afectados.

    Con el obstáculo de los nostálgicos se impidió culminar una de las muchas causas por las que los mexicanos votaron por Claudia Sheinbaum, haciéndole en algunos casos, el juego a la oposición desde curules otorgadas a personas del movimiento morenista.

    Una reforma que para muchos era tibia, resultó ser radical para otros de piel muy sensible.

    Si hubiera algún castigo para quienes, dentro fuera del movimiento, votaron en contra, ya comenzó. Porque uno de los objetivos de la reforma electoral fue la de convertir su discusión en tribunal con el pueblo como testigo y juez.

    Las campañas tienen contenidos que sirven al electorado para saber por quién votar. Pero cuando los benefactores de las leyes habituales sabotean este mecanismo quedan atrapados en las redes del juicio del pueblo, al impedir que el mandato popular se concrete en acciones de gobierno, negando no sólo el proyecto social sino la democracia.

    No pueden ser reprendidos pero sí exhibidos, por no cumplir con lo básico que exige su cargo, y poseen lo mínimo de lealtad que implica su conciencia, por lo que nadie debería volver a votar por ellos.

    Muchas veces quienes deben impulsar la voluntad popular se convierten en saboteadores de la orden del pueblo para transformar la realidad.

    Los legisladores abandonan su trabajo elemental de representar para transformar y muestran los intereses que son la causa de su traición.

    La democracia tiene huecos en sus leyes, pero a ningún legislador se le puede obligar a votar contra su voluntad, esos tiempos ya pasaron.

    Lo cierto es que las imperfecciones en las leyes, sin excepción, impiden en desarrollo natural de la evolución del país. Son burocracias contentas con el estancamiento, capaces de matar para evitar los cambios.

    México debe poner atención en este tipo de circunstancias porque, la situación crece.

    En otro ámbito del orden social, pero con las mismas características existen fenómenos dignos de llamar la atención en lo jurídico, en lo penal, en lo político, en lo electoral, etc.

    El caso del gobierno de Veracruz es un ejemplo claro respecto al papel de la prensa, la cual se convirtió en trinchera de los enemigos del gobierno de la entidad. En un panorama muy amplio de información falsa, señalan que la población rechaza el gobierno de Rocío Nahle, cuando en los hechos no es así.

    Los medios sacrifican su responsabilidad social por dinero, subsidio que les fue dado desde el día en que nacieron y consideran propio, gasta que les retiraron el privilegio que el pueblo fortaleciera las empresas de medios.

    La causa de la desinformación premeditada y alevosa radica en que el gobierno no otorga convenios de publicidad a los medios como en sexenios anteriores. Es así como se intenta crear una falsa realidad sobre la aceptación del gobierno estatal por intereses propios y de grupo.

    Es muy diferente que el puente de comunicación esté roto a pensar en que quienes quieren utilizarlos no quieran cruzarlo.

    Exactamente igual que los nostálgicos plurinominales que intentan tergiversar la representación social, traicionando el mandato de quienes los colocaron en la gran responsabilidad de la representación legislativa.

  • Los dos héroes de mi vida: El legado del Comandante Alejandro Delgado Aguilar

    Los dos héroes de mi vida: El legado del Comandante Alejandro Delgado Aguilar

    Hay hombres que no solo caminan por esta ciudad, sino que la defienden, la construyen y, al partir, dejan una escuela que no se borra. Como dicta el corrido escrito en su honor: 

    “En el mero DF nació, un veintinueve de marzo del año sesenta y cuatro, con firmeza y sin descanso, desde joven comprendió que el deber era su paso”.

     Nacido un 29 de marzo de 1964 en esta capital, Alejandro Delgado Aguilar comprendió desde muy joven que el deber era su camino. A los 21 años, el 1 de julio de 1985, tomó una decisión que cambiaría su destino: entró a la Policía con la idea de quedarse solo un año para poder estudiar medicina. Pero la vocación lo atrapó. “La Policía me dio todo, me dio mi familia, me capacitó, me formó como persona”, relataría tiempo después. Así comenzó una trayectoria de 33 años ininterrumpidos de servicio absoluto.

    ​Su carrera se forjó en la línea de fuego y en un profundo amor por la vida. Aquel instinto médico de su juventud nunca lo abandonó, protagonizando episodios que marcarían su alma. Como aquella vez que se negó a dar por perdido a un pequeño de cuatro años: “Lo puse en un cofre de un coche y le di RCP. Un paramédico me dijo que lo dejara porque estaba muerto, pero insistí. Tal vez mi necedad, y el niño empezó a toser…”, recordaba con el orgullo de quien le arrebata una vida a la muerte.

    ​Con el tiempo, se consolidó como un especialista táctico implacable. Su temple quedó a prueba el 30 de diciembre de 1996 en Iztacalco. A las 13:20 horas, el entonces indicativo “Zorro 1” del Agrupamiento Fuerza de Tarea llegó a una sucursal bancaria donde un asaltante armado mantenía a 14 rehenes. Mientras cientos de elementos rodeaban la zona, el Comandante Gato, conocido así por sus compañeros, se plantó a escasos centímetros del delincuente para negociar directamente. Con frialdad de ajedrecista, logró la liberación de tres niños y siete adultos más. Su visión periférica era tal que, en medio de la tensión, identificó y detuvo al cómplice del asaltante que intentaba escapar camuflado entre los liberados.

    ​Para él, proteger a la ciudadanía era una acción al límite constante. La madrugada de un lunes de noviembre de 2006, esa convicción evitó una catástrofe mayúscula. Supuestos grupos guerrilleros habían colocado un artefacto explosivo en una sucursal bancaria en Cafetales, sobre el Eje 3 Oriente. Él se encontraba cerca cuando lo llamaron sabiendo de su especialidad. Al llegar, encontró a decenas de policías rodeando la bomba; de inmediato ordenó despejar el área, cerró la circulación y, sin dudarlo ni esperar el equipo especial, comenzó a maniobrar el explosivo con sus propias manos hasta que llegó el apoyo de Fuerza de Tarea. “Fue tanta la adrenalina que no pude dormir”, confesó después.

    ​Ese acto de heroísmo absoluto le valió el reconocimiento de la ciudad. La Comisión de Seguridad Pública lo reconoció públicamente en la Gaceta Oficial como candidato a la presea al Mérito Policial 2006 y, por orden directa del entonces Jefe de Gobierno, Alejandro Encinas, fue ascendido por su innegable valor.

    ​Esa capacidad de respuesta lo llevó a perfeccionar sus conocimientos tácticos, de rescate y desactivación en Venezuela, Colombia, Israel y en la Academia del FBI en Quantico. Ocupó 15 puestos de dirección operativa, fungiendo incluso como Invitado Permanente de la Comisión Técnica de Selección y Promoción reconocido en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México entre 2014 a 2018 y culminando como Director General. No es casualidad que su indicativo principal en la corporación fuera “Perseo”. En la mitología, Perseo es el héroe que enfrenta y derrota a Medusa, la criatura cuya mirada petrificaba de terror a los hombres; mi papá hacía exactamente eso en la vida real. Enfrentaba el peligro que paralizaría de miedo a cualquiera y lo neutralizaba con inteligencia táctica para proteger a los inocentes.

    ​Sin embargo, el mando traía consigo la carga más dolorosa de la corporación. El “Jefe Perseo” no era de piedra. “Como jefe tenía que decirle a los papás que su hijo estaba muerto, eso es muy fuerte, no hay palabras que reconforten a sus papás”, confesaba entre lágrimas, demostrando que su mayor grandeza siempre fue su humanidad.

    ​Esa misma humanidad es la que hoy le reconoce su gente. La tropa no miente, y al leer a quienes marcharon a su lado, la historia hace justicia. Hoy no lo despiden hablando solo de medallas, sino recordándolo como “mi gran maestro de la policía”, “el mejor instructor en Fuerza de Tarea” y “un excelente jefe, pero más excelente ser humano”. Para ellos, ese líder inquebrantable siempre será resumido en las palabras que hoy inundan los mensajes de su corporación: “Un chingón el jefe. Vuela muy alto, Jefe Perseo”.

    ​En el mes de julio de 2018, exactamente 33 años después de su ingreso, dejó las filas con una certeza absoluta: “Ser policía es todo: somos menospreciados, maltratados, pero nos llevamos satisfacciones muy grandes y cuando sirves bien la gente te lo agradece”.

    ​Para mí, él es mucho más que el mejor policía de este país: tengo la enorme fortuna de llamarlo mi segundo papá. Aunque no llevamos los mismos apellidos, él me enseñó desde pequeño la entrega absoluta a lo que te apasiona y la fortaleza para enfrentar lo dura que puede ser la vida. Siempre admiró a mi primer papá, Mario Pozos (biológicamente mi abuelo, quien me crio y me dio su nombre). Yo crecí maravillado ante ambos: el Héroe Uniformado, rodeado de elementos tácticos, y el Héroe Social, entregado en cuerpo y alma a sus vecinos.

    ​Obviamente no fui policía de profesión, aunque de niño lo soñé cuando íbamos juntos a las instalaciones del Agrupamiento Fuerza de Tarea a cruzar la pista de obstáculos o hacer rapel. Hoy, viéndolo en retrospectiva, mis años de activista de a pie están enormemente justificados: vengo de dos pilares inquebrantables. Ellos forjaron mi brújula. Tengo muy presente lo férrea que es la disciplina de quien asume el compromiso del uniforme azul, y mi papá es el mayor ejemplo de todos ellos.

    ​La Ciudad de México se queda con la escuela de un gigante, y yo me quedo con su ejemplo de rectitud. Como dice el corrido que hoy resuena entre quienes tuvimos el honor de caminar a su lado:

    ​“Alejandro Delgado Aguilar,
    su nombre va a perdurar,
    en el alma de su gente que siempre lo honrará,
    orgullo de su familia, su historia seguirá”

    En memoria de mi padre, “El Gato”, Alejandro Delgado Aguilar

  • De mundiales y desatenciones municipales

    De mundiales y desatenciones municipales

    ¿En qué se parecen las omisiones municipales y del gobierno capitalino con el mundial?

    De Ayuntamientos 

    Empezaré describiendo lo que se nota a leguas y hace similares a los gobiernos de la Ciudad de México y al municipio de Centro, Tabasco. En ambos casos, la gente más necesitada y violentada por los dueños del dinero, llámense estos “cártel inmobiliario”, Dirección de Obras, Jefatura de Gobierno, Alcaldía o Presidencia Municipal, es profundamente ignorada en sus reclamos y necesidades.

    En la CDMX, las alcaldías y la Jefa de Gobierno, hacen mutis con los desalojos injustos que realizan caseros usando golpeadores iguales a los porros estudiantiles de los 60, los 70 y los 80, en los que abusan de los más débiles dejando en la calle a familias y a ancianas solas.

    En cambio, construyen ciclovías en avenidas alejando al transporte público de la orilla de las banquetas, violentando el tráfico de particulares y de taxis, peseros y camiones con una vía para bicicletas que se usa muy poco. En tanto, en su construcción mantienen a los trabajadores durmiendo en la calle sin nada que los cubra.

    Con similitud, el Ayuntamiento de Centro Tabasco, soslaya los reclamos de vecinos de varias rancherías a los que pueden mantener sin agua por meses, que sufren por la carencia de alumbrado público en amplias zonas y padecen terribles condiciones del pavimento en calles dónde autos, combis y mototaxis tienen que circular por fuera de lo que fue la pésima cinta asfáltica, así que ampliaron a fuerza y en el lodo, los carriles de circulación para que quepan los baches. Sumado a esto, pretenden burocratizar el trámite de reclamo de los ciudadanos a la entrega de un documento por escrito, que, por cierto, de la Ra. Anacleto Canabal 2ª tienen desde hace varios años y que nunca respondieron ni atendieron más que en lo que se refería al agua, sin que entonces se resolviera.

    Para Atención Ciudadana del citado ayuntamiento, con solo levantar un folio, basta para decir que el problema de años, ha sido atendido, pero los baches se ríen de ellos, de la suspensión de los vehículos y de la gente. Yolanda Osuna Huerta, no cumple más que con sus amigos, a quiénes además, asigna obras como el bacheo de la Av. Ruiz Cortines, o del Periférico Carlos Pellicer Cámara, ahí se atrevieron a poner asfalto sobre concreto hidráulico provocando peores baches y aglomeraciones para evitarlos.

    Colonia por colonia, ranchería por ranchería, podría enumerar los problemas de bacheo, drenaje y fugas de agua potable, pero la Presidencia Municipal solo atiende a obras de relumbrón o que se noten, su actitud es anti 4T.

    De la que nos salvamos los tabasqueños en la encuesta de MORENA que dejó de candidato a Javier May, que sí parece escuchar.

    De futbol y corrupción

    Tal vez parezca poco, pero las formas de buscar derrotar al rival en el futbol se han convertido en clara y franca trampa, haciendo que su actitud sea imitable por quienes los convierten en ídolos. Veamos ejemplos, ¿Cuándo vimos a Pelé revolcarse en la cancha fingiendo gran dolor al recibir una falta? Nunca, en cambio lo vimos seguir jugando lesionado con la fuerza necesaria para terminar con sus rivales.

    Por otro lado, si hemos visto a Neymar revolcarse por una falta inexistente y reclamar airadamente a los árbitros por no amonestar o expulsar a su contrincante, después, ni el famoso VAR retira la mentira de la falta ¿Transa? Yo creo que sí. Otro ejemplo que he visto intentar imitar a varios futbolistas es el gol, nunca anulado, que hizo Diego A. Maradona en el campeonato mundial de la FIFA en México en 1986, “El Mundo Unido por un Balón”. No, “El Mundo Corrompido por un Tramposón” y avalado por la FIFA. 

    “No era penal”, el grito mexicano por aquél penal que le marcaron en contra por la falta fingida de Rafa Márquez a Arjen Robben en Brasil 2014 y que el árbitro de la FIFA avaló descaradamente. De nuevo ¿Corrupción? No lo dudo. 

    Todo esto ha sido ejemplo para que la gente siga creyendo que hacer trampa y corromperse es válido, total “todo mundo lo hace”, pero eso no es verdad, somos muchos los que rechazamos corromper y corrompernos. Así ocurre que una comunidad de bajos ingresos puede quedarse sin electricidad por más de 36 horas por negarse a pagar a los técnicos de la CFE, hecho denunciado ante la propia CFE sin que se haya recibido ninguna respuesta, por la restauración de un cable arrancado por un camión que circuló sin precaución y reventó el cable, al que la Guardia Nacional permitió retirarse, amenazando a los habitantes de la citada comunidad, sin sufrir ninguna consecuencia después de una llamada de un “jefe” que tiene amistad con el dueño del camión. Más corrupción imitada y originada en deportistas y políticos del pasado y del presente que resultan impunes hasta el día de hoy.

    Es necesario que volvamos a reaccionar como Pueblo y denunciemos y combatamos la corrupción desde todos los ámbitos de nuestras actividades cotidianas, ¡Ya basta! Así, ni Trump nos para.

  • La corrupción que se presume en los lujos, pero rara vez se castiga

    La corrupción que se presume en los lujos, pero rara vez se castiga

    La corrupción en México no empieza cuando estalla un gran escándalo mediático. Empieza mucho antes, en la normalización de pequeñas ilegalidades que terminan formando parte del sistema: el policía que pide dinero para “arreglar” una infracción, el funcionario que condiciona un trámite, el inspector que cobra por mirar hacia otro lado o el servidor público que vive muy por encima de lo que su salario podría justificar.

    Ese es el verdadero cáncer institucional del país. No solo el robo de recursos públicos, sino la tolerancia hacia un sistema donde muchas veces nadie investiga seriamente los abusos de poder.

    Los datos oficiales lo reflejan. En México, más del 14% de la población adulta ha experimentado algún acto de corrupción en trámites o servicios públicos, según mediciones del INEGI. Al mismo tiempo, organismos internacionales siguen ubicando al país con niveles preocupantes de percepción de corrupción, lo que evidencia que la confianza ciudadana en las instituciones sigue siendo baja.

    Pero el problema más profundo no es solo la corrupción en sí misma, sino la falta de consecuencias reales.

    Hace algunos años el expresidente Andrés Manuel López Obrador planteó una idea que generó polémica: dijo que cuando un funcionario cambia repentinamente su nivel de vida y comienza a presumir riqueza que no corresponde con su ingreso, los ciudadanos deberían denunciarlo. Según el propio presidente, al corrupto “se le nota”, porque termina exhibiendo su riqueza en relojes, autos, casas o viajes que no cuadran con su salario.

    La lógica es simple: cuando los ingresos declarados no coinciden con el patrimonio, hay una señal clara que debería detonar una investigación. Sin embargo, en México eso rara vez ocurre.

    Hoy vemos políticos viviendo en zonas exclusivas, poseyendo propiedades costosas o exhibiendo estilos de vida incompatibles con su sueldo público, y aun así las investigaciones casi nunca prosperan.

    El debate reciente entre el comunicador Manuel Pedrero y la diputada priista Tania Larios, más allá de las acusaciones y procedimientos legales que cada parte ha iniciado, vuelve a mostrar un problema estructural: las confrontaciones políticas se vuelven espectáculo mediático, pero pocas veces derivan en investigaciones institucionales profundas.

    Y cuando uno observa lo que ocurre en otros países, la diferencia institucional se vuelve evidente.

    En Brasil, la operación Lava Jato llevó a prisión a empresarios, gobernadores y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado por corrupción en 2017 aunque posteriormente la Suprema Corte anuló esas condenas por irregularidades procesales. También el expresidente Michel Temer fue arrestado temporalmente dentro de investigaciones relacionadas con corrupción.

    En Perú, varios expresidentes han enfrentado procesos judiciales o prisión preventiva en los últimos años por casos vinculados al escándalo Odebrecht. Incluso en Corea del Sur, expresidentes han sido condenados por corrupción y abuso de poder.

    La señal institucional es clara: cuando el sistema funciona, el cargo público no protege a nadie de la ley.
    Pero el debate sobre corrupción en México también debe ampliarse a un ámbito que muchas veces se omite: el empresarial y el fiscal.

    Porque la corrupción no vive únicamente en el gobierno. También existe cuando empresarios, comerciantes o profesionistas esconden ingresos, simulan operaciones o utilizan esquemas para evadir responsabilidades fiscales.

    Muchos ciudadanos critican con razón la mala calidad de los servicios públicos, la falta de inversión en salud o las deficiencias del sistema educativo. Pero también es cierto que el funcionamiento del Estado depende de los impuestos que se recaudan.

    Un país donde millones de personas subdeclaran ingresos o evaden impuestos difícilmente podrá financiar infraestructura, hospitales, seguridad o educación de calidad.

    La legalidad no solo debe exigirse al gobierno; también debe asumirse desde la sociedad y el sector privado. Un ejemplo que ilustra esta discusión aunque para muchos sea una figura polémica es el empresario Ricardo Salinas Pliego. Más allá de simpatías o diferencias personales, su nivel de contribución fiscal refleja una realidad clara: cuando una persona declara ingresos de gran escala y paga miles de millones de pesos en impuestos, su estilo de vida y su patrimonio resultan coherentes con esa capacidad económica.

    Es decir, hay una correspondencia entre riqueza, ingresos declarados y contribución fiscal. Ese es justamente el principio que debería regir en toda la sociedad: transparencia entre lo que se gana, lo que se declara y lo que se posee.

    Porque al final, la corrupción no solo se mide en grandes escándalos políticos. También se mide en la coherencia entre ingresos y patrimonio, en la honestidad fiscal y en la disposición de cumplir con las reglas.

    Un país donde funcionarios, empresarios y ciudadanos actúan dentro de la legalidad genera confianza institucional. Un país donde cada quien intenta sacar ventaja del sistema termina debilitándolo.

    México no necesita únicamente más discursos contra la corrupción. Necesita instituciones que investiguen, autoridades que sancionen y una sociedad que entienda que la legalidad empieza por uno mismo.

    Porque mientras la corrupción siga siendo un escándalo mediático y no un delito con consecuencias reales, el país seguirá atrapado entre el discurso de la transformación y la realidad de los privilegios.