La televisora del usurero, Ricardo Salinas Pliego impugna una norma que obliga a los medios a distinguir entre noticias y opiniones. El caso podría fijar un precedente clave para la libertad de prensa en México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó bajo su tutela un amparo que TV Azteca presentó contra la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El litigio cuestiona una disposición que obliga a las televisoras a marcar con claridad cuándo transmiten noticias y cuándo transmiten opiniones.
El punto de conflicto es el artículo 250, fracción V, de esa ley, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y promulgada en julio de 2025. La norma exige que las concesionarias de radio y televisión faciliten a su audiencia elementos para distinguir la información noticiosa de los espacios de opinión, como parte del ejercicio del derecho de réplica.
TV Azteca considera que esa obligación va demasiado lejos. En su demanda, la empresa argumenta que la medida viola los artículos 6 y 7 de la Constitución, que protegen la libertad de expresión y de información. Además, sostiene que la norma interfiere en sus decisiones editoriales y en la forma en que presenta sus contenidos al público.
El caso tuvo un camino largo antes de llegar al máximo tribunal. La empresa presentó el amparo el 27 de agosto de 2025. Un juzgado de distrito lo desechó días después, pero un tribunal colegiado ordenó admitirlo en noviembre. En febrero de 2026, el juzgado volvió a cerrar el caso al estimar que la norma aún no estaba en plena vigencia cuando TV Azteca presentó su demanda, pues la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no quedó integrada sino hasta el 16 de octubre de 2025.
La televisora no aceptó esa decisión y presentó un recurso de revisión en febrero pasado. La presidencia de la República también se sumó al proceso con una revisión adhesiva en marzo. Tras ese recorrido, un tribunal colegiado pidió a la Corte atraer el asunto, solicitud que fue aceptada el pasado 15 de junio.
El caso quedó asignado al ministro Irving Espinosa Betanzo, quien elaborará el proyecto de resolución que luego discutirá el Pleno. Lo que decida la Corte podría definir hasta dónde puede llegar el Estado para regular la forma en que los medios presentan su contenido informativo.
