Etiqueta: Constitución

  • Trump respalda la reelección indefinida de Bukele y defiende la reforma que alarma a la comunidad internacional

    Trump respalda la reelección indefinida de Bukele y defiende la reforma que alarma a la comunidad internacional

    El gobierno de Donald Trump dio un contundente respaldo a la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que permite la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele, su aliado estratégico en Centroamérica. Desde el Departamento de Estado, señalaron que la decisión es soberana y forma parte del mandato democrático otorgado por los salvadoreños.

    El 31 de julio, Bukele consumó cambios clave en la Constitución: elimina límites a la reelección, amplía el mandato presidencial a seis años y suprime la segunda vuelta electoral. Organizaciones de derechos humanos alertan que estas modificaciones son pasos hacia un régimen autoritario, comparando el caso con Venezuela y Nicaragua.

    Human Rights Watch advierte sobre el peligro que implica la reelección indefinida y la erosión paulatina de las salvaguardas democráticas en América Latina, como ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    De acuerdo con un análisis de El País, a pesar de las críticas internacionales y la creciente represión interna —que incluye exilios, presos políticos y censura— la Administración Trump defiende la medida y rechaza las comparaciones con regímenes dictatoriales. Este apoyo contrasta con la postura de la Administración Biden, que había sancionado a funcionarios de Bukele por violaciones a derechos humanos.

    Bukele, a cambio, fortaleció su alianza con Washington ofreciendo su megacárcel Cecot para alojar migrantes deportados. Expertos señalan que el respaldo de Trump le otorga “vía libre” para avanzar en su proyecto autoritario sin controles internacionales efectivos.

  • Trump lanza ofensiva legal contra Nueva York por proteger a migrantes; alcalde Adams, entre los demandados

    Trump lanza ofensiva legal contra Nueva York por proteger a migrantes; alcalde Adams, entre los demandados

    La Administración de Donald Trump demandó este jueves al gobierno de Nueva York por mantener sus políticas de “ciudad santuario”, que limitan la cooperación con agentes federales en tareas de deportación. La querella también incluye al alcalde Eric Adams, quien, pese a ofrecer colaboración con ICE, no evitó ser incluido en la lista de demandados, según información recopilada por El País.

    El Departamento de Justicia presentó la denuncia en el Tribunal Federal de Brooklyn, argumentando que las políticas neoyorquinas violan la cláusula de supremacía constitucional, al obstaculizar los esfuerzos federales para controlar la inmigración. La Casa Blanca acusa a la ciudad de “dar refugio a personas peligrosas”, al tiempo que cita incidentes recientes como el de un agente del ICE tiroteado por migrantes en Manhattan.

    La demanda también señala que desde 2014, bajo la gestión de Bill de Blasio, Nueva York impidió el ingreso de ICE a centros penitenciarios como Rikers Island y redujo al mínimo la comunicación entre el sistema carcelario local y autoridades migratorias. Aunque Adams prometió revertir algunas de estas medidas, su estrategia no convenció al equipo de Trump.

    De fondo, la denuncia menciona que el actual repunte migratorio representa una amenaza para la seguridad nacional, y culpa a gobiernos locales como el neoyorquino de “agravar la crisis” al liberar a migrantes con órdenes de detención activas. Uno de estos casos terminó en un tiroteo reciente, según indica el documento oficial.

    Cabe destacar que Adams, exdemócrata y hoy candidato independiente, fue exonerado de un caso de corrupción tras acercarse al círculo de Trump. Sin embargo, su nueva cercanía política no lo libró de enfrentar esta ofensiva legal por parte del propio expresidente.

  • Trump pierde batalla legal: Tribunal frena intento de eliminar ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

    Trump pierde batalla legal: Tribunal frena intento de eliminar ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

    En un nuevo revés para el presidente Donald Trump, un tribunal federal de apelaciones en San Francisco declaró inconstitucional su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

    El 9º Circuito de Apelaciones confirmó este miércoles que negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. viola la Enmienda 14 de la Constitución, decisión que respalda un fallo previo de un juez en Seattle. La medida fue impugnada por Washington, Arizona, Illinois y Oregón, estados liderados por demócratas.

    La orden ejecutiva de Trump, emitida durante su administración, pretendía negar la nacionalidad a bebés nacidos en EE.UU. cuyos padres no tuvieran residencia legal o se encontraran en el país de forma temporal. Aunque la Corte Suprema ya había intervenido en junio limitando la posibilidad de suspensiones judiciales a nivel nacional, los tribunales han seguido bloqueando la orden para proteger a los recién nacidos.

    Un juez de New Hampshire incluso aprobó la demanda como colectiva, brindando protección legal a todos los bebés en riesgo bajo esa orden. Por su parte, un tribunal de Massachusetts se prepara para emitir sentencia en una demanda similar impulsada por un grupo más amplio de estados.

    La medida de Trump forma parte de su cruzada antiinmigrante, criticada ampliamente por violar principios constitucionales y fomentar la xenofobia. A pesar de que el gobierno alegó que buscaba cerrar una “laguna legal”, los jueces han sostenido que el derecho a la ciudadanía por nacimiento no puede ser anulado por decreto presidencial.

  • TEPJF va contra juicio del PAN: partidos no pueden impugnar elección judicial, confirma proyecto de desechamiento

    TEPJF va contra juicio del PAN: partidos no pueden impugnar elección judicial, confirma proyecto de desechamiento

    El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé desechar el juicio promovido por el PAN para anular la elección de magistraturas regionales electorales, al considerar que los partidos políticos no tienen legitimación para intervenir en este proceso judicial.

    De acuerdo con el proyecto de resolución elaborado por Mónica Soto, magistrada presidenta del TEPJF, al cual tuvo acceso el diario Milenio, la Constitución y la ley prohíben expresamente la participación partidista en la elección de jueces y magistrados, incluso si se alega la “defensa de principios democráticos”.

    El juicio en cuestión es parte de una serie de recursos promovidos por el Partido Acción Nacional, que busca impugnar distintas etapas del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, principalmente por el presunto uso de acordeones que habrían afectado la certeza y libertad del voto.

    Sin embargo, el proyecto aclara que el PAN no forma parte del conflicto jurídico, ya que no hubo afectación directa a sus derechos político-electorales. Por tanto, no puede interponer recursos contra el proceso de designación de magistrados.

    Además, se recuerda que la reforma publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación prohíbe expresamente a los partidos políticos y a representantes del Congreso participar en las actividades relacionadas con esta elección.

    El argumento del PAN, que alega actuar en defensa de los principios democráticos, fue considerado “inatendible” por el Tribunal. En caso de aprobarse este miércoles, la propuesta de Soto sentará un precedente para desechar automáticamente el resto de los juicios similares, ya sea del PAN o de agrupaciones como Somos México.

    Con esto, el TEPJF cierra la puerta a la intervención partidista en la elección judicial, blindando la autonomía del proceso.

  • “La extorsión se perseguirá de oficio”: Sheinbaum presenta iniciativa para homogeneizar penas en todo el país

    “La extorsión se perseguirá de oficio”: Sheinbaum presenta iniciativa para homogeneizar penas en todo el país

    La Presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía de la consejera jurídica, Ernestina Godoy Ramos, anunciaron que se firmó hoy una iniciativa para modificar el artículo 73 constitucional, con el fin de establecer una legislación que unifique las penas penales por delitos como secuestro, desaparición forzada y extorsión.

    La propuesta incluye a la extorsión como delito grave y busca que todas las entidades federativas cuenten con tipos penales y sanciones mínimas homogéneas para combatir eficazmente este delito, junto con otros como Trata de Personas y tortura.

    La Presidenta destacó que la extorsión es uno de los crímenes que no ha disminuido y, por ello, se creó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, basada en tres pilares: el 089 como número único para denuncias; la investigación inmediata tras la denuncia; y que el Estado persiga el delito de oficio, sin que la víctima tenga que denunciar.

    La iniciativa abarca todas las modalidades de extorsión, incluyendo el cobro de piso, y busca aliviar la carga sobre las víctimas para fortalecer la acción estatal en contra de este delito.

  • Detención de Gerardo Vargas Landeros: Un atropello a los Derechos Humanos

    Detención de Gerardo Vargas Landeros: Un atropello a los Derechos Humanos

    La detención del alcalde con licencia de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, ha desatado críticas severas. El Lic. Francisco Javier Villarreal, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, calificó la acción como una violación flagrante a la Constitución.

    Villarreal afirmó que la autoridad judicial cometió un atropello al ignorar un amparo otorgado por un juez federal. “Es un atropello al derecho humano lo que hizo la autoridad judicial”, comentó. Además, subrayó que la detención ocurrió a pesar de una constancia médica que confirmaba la enfermedad de Vargas Landeros.

    El abogado criticó la actuación del juez de control y de la fiscalía. Según él, no se investigó a fondo la veracidad de los justificantes de salud presentados. “Debieron corroborar la información con entrevistas a médicos y estudios clínicos antes de actuar”, señaló.

    El 30 de mayo, Vargas Landeros fue aprehendido de manera violenta en Ahome. Esto ocurrió a pesar de contar con un amparo, lo que Villarreal considera una violación grave de la ley. “Lo que se visualiza es una violación flagrante a un amparo emitido por una autoridad federal”, agregó.

    Villarreal también mencionó un posible trasfondo político. Según él, el poder judicial, a través del juez de control y la fiscalía, está cometiendo abusos. La situación plantea serias preguntas sobre la imparcialidad del sistema.

  • El 5 de febrero que cambió la historia

    El 5 de febrero que cambió la historia

    Hace un año, el 5 de febrero de 2024, con la precisión de un reloj que pudiera adelantarse al futuro, Andrés Manuel López Obrador asestó una estocada decisiva ideológico- político al bloque conservador neoporfirista. Si los políticos del PRIAN ya estaban de por sí arrinconados y contra las cuerdas a unos meses del proceso electoral de 2024 -con el anuncio al futuro que hizo el ajedrecista AMLO-, terminaron en el suelo.

    El conjunto de reformas a la Constitución presentado por el Presidente de México a la opinión pública y enviado al Congreso de la Unión justo aquel 5 de febrero -fecha emblemática que nos remite a la remembranza de que nuestra Carta Magna no es una concesión graciosa de oligarcas, sino el resultado de un proceso popular revolucionario iniciado el 20 de noviembre de 1910-, se convirtió un golpe político demoledor para los personeros de la politiquería, que pensaban que con la vieja guerra sucia mediática iban a lograr restaurar el régimen neoliberal.

    A la postre, ese paquete conocido como “Plan C” fue el corazón de las campañas electorales del partido- movimiento y se logró que socialmente se difundieran y argumentaran las propuestas del presidente, -en las plazas públicas, casa por casa, en las calles-, y se desplegará su esencia: establecer y recuperar derechos constitucionales para un Estado de Bienestar a favor del pueblo, -y devolver bajo esta perspectiva- a la mutilada Constitución de 1917 su carácter público, social y humanista.

    Porque recuperar la esencia de la Constitución de 1917 ha sido un punto medular en la disputa del proyecto de Nación emanado del humanismo mexicano, frente al proyecto depredador del neoliberalismo; no olvidemos que dos tercios del total de las reformas que ha tenido la Carta Magna, es decir el 66%, ocurrió precisamente entre 1982 y 2018, los sexenios de la larga noche neoliberal. Se trató de un total de 494 modificaciones que incluyeron aspectos fundamentales para el interés nacional, como el de la educación, la tenencia de la tierra, los recursos del subsuelo, las condiciones de trabajo, los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, el Poder Judicial, entre otros.

    El humanismo mexicano se concibe como la síntesis de las tres grandes transformaciones de la vida pública de México, para la construcción colectiva de la Cuarta Transformación, se trata de poner en el centro los derechos sociales, ante la visión de los tecnócratas que durante 40 años se dedicaron a saquear al país teniendo como ruta las llamadas privatizaciones a través de las contrarreformas a nuestra Constitución.

    El fetiche de los tecnócratas fue el culto al supuesto “crecimiento económico” y para ello vender, regalar y “privatizar” los bienes de la Nación y del pueblo fueron el elemento base del neoliberalismo y su cimiento ideológico. Para tales fines, el salinismo efectuó reformas a la Constitución de 1917, a los artículos 3°, 5°, 27°, 31°, 82° y 130°. Los principios básicos de la doctrina neoliberal aplicados en aquellos años en México hicieron necesario adecuar el marco jurídico desde el abyecto poder legislativo, con ello se desmanteló la educación, el ejido, y la seguridad social.

    Desplegado esencialmente por Salinas, el proceso de privatizaciones en México tuvo cuatro etapas: en la inicial, de 1984 a 1988, se realizó la privatización de varias empresas de diversa índole y actividad; en la segunda, de 1988 a 1999, se realizó la privatización a fondo de varios sectores, como los de siderurgia, banca y teléfonos; en la tercera, de 1995 a 2000, se profundizó aún más el proceso y se realizaron cambios constitucionales para vender los ferrocarriles y la comunicación vía satélite. En la cuarta etapa entre 2000 y 2012 lograron privatizar la industria energética.

    De 1982 a 2018 pasaron a manos privadas nacionales o extranjeras, entre otras: bancos, industria azucarera, industria siderúrgica, fertilizantes, teléfonos, ferrocarriles, aeropuertos, líneas aéreas, petroquímica, petróleo, electricidad, grandes extensiones de tierras ejidales, playas.

    Por ello, el paquete de reformas de AMLO que emergió como respuesta a las contrarreformas neoliberales, no solo fue un asunto que demolió el hueco discurso de las promesas de la reacción, engañosamente presentado desde el marketing político-; sino fue una apuesta mucho mayor, se trató de restablecer el Estado de Bienestar con enfoque de Derechos, que había sido ya desmantelado y que costó vidas, de aquellos hombres revolucionarios y visionarios -que con profundo amor al pueblo y la Patria-, protagonizaron la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, y otros colectivos revolucionarios de 1910.

    La revolución social se reinsertó en la historia, esta vez de manera pacífica y con un ajedrecista político que les ganó de todas, todas. Pero esta gesta tampoco hubiera sido posible sin la firme decisión de dar continuidad y profundizar el humanismo mexicano, de quien recibió el bastón de mando del México profundo y fue electa la primera mujer Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien se ha empeñado desde el detalle a construir y consolidar el Plan C.

    El 5 de febrero de 2024 la Reforma Judicial al corrompido poder judicial era un anhelo popular, una demanda legítima y sentida. Hoy es una realidad, el 1° de junio próximo, como en los tiempos de Benito Juárez, se elegirán magistrados con el voto directo del pueblo. 

  • En 2025 aumentará el Bienestar del Pueblo: Ariadna Montiel presenta último informe del año y destaca la incorporación de 725 mil adultos mayores a las ayudas

    En 2025 aumentará el Bienestar del Pueblo: Ariadna Montiel presenta último informe del año y destaca la incorporación de 725 mil adultos mayores a las ayudas

    La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, presentó este último lunes de 2024, los avances clave en los programas sociales que beneficiarán a millones de mexicanos, destacando el registro de 810,988 mujeres de 63 a 64 años y 153,568 mujeres indígenas de 60 a 64 años en los programas de apoyo para los rangos de esa edad. La entrega de tarjetas e inicio de pagos será entre enero y febrero de 2025, a través del Banco del Bienestar.

    Durante el informe, Montiel Reyes señaló que 725,298 adultos mayores se incorporaron al programa de Pensión para Adultos Mayores, lo que permitirá fortalecer la atención y el respaldo económico a este sector. En el ámbito de la salud, destacó los logros del Censo de Salud y Bienestar, que incluyó:

    • 4,029,914 personas adultas mayores censadas
    • 514,696 personas con discapacidad registradas
    • 4,602,648 visitas casa por casa realizadas
    • Contratación de 14,577 trabajadoras y trabajadores de la salud

    Como parte del programa Salud Casa por Casa, la secretaria proyectó dos videos que detallan cómo este esquema llevará atención médica a personas adultas mayores y con discapacidad directamente en sus hogares. Montiel destacó que estas visitas serán permanentes y personalizadas según las necesidades de cada beneficiario.

    Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para convertir en derechos constitucionales tres de los programas más relevantes del Bienestar:

    1. Apoyo para mujeres de 60 a 64 años
    2. Becas para preescolar, primaria y secundaria
    3. Programa Salud Casa por Casa

    Sheinbaum resaltó que México es uno de los pocos países que cuenta con un programa integral para apoyar a personas con discapacidad, señalando la existencia de una dirección específica dentro de la Secretaría del Bienestar para proteger sus derechos.

    Estos avances consolidan el compromiso del Gobierno de México de garantizar bienestar social, priorizando a los sectores más vulnerables y avanzando hacia un marco normativo que asegure su permanencia como derechos fundamentales.

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  • La disputa por la Constitución

    La disputa por la Constitución

    Establecer un orden constitucional ha sido un largo anhelo incluso antes de que México naciera como un Estado soberano. Los primeros diputados mexicanos fueron aquellos representantes de las provincias de Nueva España en las Cortes de Cádiz, quienes recuperaron esa experiencia en la redacción de la Constitución mexicana de 1824. Y desde el primer momento de nuestra vida independiente ha existido la disputa política entre quienes sintiéndose emperadores y “hombres fuertes” devinieron en tiranos y representantes de las oligarquías; y quienes propugnaban por un poder delegado en representantes electos por la soberanía popular. 

    Cuatro son los textos constitucionales que han defendido el orden republicano, popular y federal que mantenemos. La Constitución de Apatzingán que en plena guerra de liberación estableció que la soberanía para elaborar leyes y decidir la forma del gobierno reside en el pueblo. La Constitución de 1824 donde al mismo tiempo de proclamar la independencia definitiva de la nación mexicana, se estableció la división en tres poderes. La Constitución de 1857 que recupera el orden republicano y federal bajo los principios del liberalismo mexicano, subordinando las leyes a los derechos individuales del hombre y estableciendo el procedimiento para introducir reformas permanentemente.

    Nuestra actual Constitución promulgada en 1917 es el resultado de una lucha revolucionaria en donde se volvieron a enfrentar las posturas unipersonales para ejercer el poder en contra de los proyectos populares que luchaban por el reconocimiento de derechos sociales y colectivos. Su forma actual es la síntesis de todas esas luchas por desterrar el manejo despótico del poder político, y representa la fuente de legitimidad incluso de los gobiernos antipopulares que defendieron intereses oligárquicos en pleno siglo XXI.

    Sin embargo, cuando un gobierno democrático como el actual, ejerce ese poder político en beneficio de las mayorías empobrecidas y menospreciadas por las viejas y nuevas elites; se apela a ese mismo orden constitucional para tratar de preservar un espacio de poder ajeno a cualquier control, amen de justificar los privilegios que todavía algunos gozan, como nuevo estamento judicial que en la letra constitucional erradicamos desde la independencia.      

    El senador Gerardo Fernández Noroña ha sintetizado el pensamiento autoritario y retrógrada de los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la frase “La Constitución soy yo”.  Estos funcionarios públicos apelan a una situación de excepcionalidad que ellos mismos se atribuyen, para tratar de emular aquel Supremo Poder Conservador establecido en 1836 como un órgano de “notables” que se encargarían de controlar al resto de los poderes para “conservar” el orden a favor de sus intereses.

    Por eso ahora vuelven a rechazar la participación democrática, impugnando la reforma judicial porque no quieren que el pueblo elija a los jueces y magistrados, y se termine una época oscura de privilegios e impunidades. En cambio, sí aceptan la reforma cuando se trata de mantener sus millonarias pensiones. Tan burda, contradictoria e incongruente es la postura de ese grupo de ministros de la Corte encabezados por Norma Piña, como el sensacionalismo de los medios convencionales al no dar cobertura objetiva, ni dar contexto, al hecho que renuncian a la posibilidad de participar a un proceso democrático, para mantener sus “haberes” de los cuales quieren sacar raja personal hasta el último momento.

    El sensacionalismo mediático con que los levantacejas, intelectuales orgánicos del viejo régimen, e “influencers” de baja estofa han impreso a sus opiniones sobre la reforma judicial, está muy lejos del supuesto rigor con que esos ministros dicen manejarse. No podemos obviar que lo que les molesta no es el procedimiento sino el contenido de una reforma avalada en las urnas, que toca la estructura de su poder supralegal. Porque al contrario de lo que vociferan este cambio constitucional es legal y está legitimado por la mayoría del pueblo de México.

    Pero como la verdadera doctrina del conservadurismo siempre ha sido la hipocresía, es sintomático de la ignorancia de las posiciones de los mismos partidos de la mafia neoliberal, que omiten recordar que ellos mismos usaron este diseño constitucional cuando tuvieron de 1988 a 2018 la mayoría legislativa para dar la espalda al pueblo de México, pasado oscuro y ominoso en que desmantelaron las instituciones y entregaron nuestras riquezas naturales como Nación a intereses privados y extranjeros. La disputa actual constata como en la historia se mantiene vigente la lucha por establecer un orden más justo y humano en contra de quienes han basado su prosperidad en la desdicha de las grandes mayorías. 

  • CUMPLIR CON LA CONSTITUCIÓN

    CUMPLIR CON LA CONSTITUCIÓN

    La Reforma al Poder Judicial fue aprobada y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), después de una tumultuosa y larga sesión, además de un violento asalto a la sede principal del Senado de la República, en un vano intento por frenar su aprobación el 11 de septiembre de este año. Una vez aprobada y publicada, la oposición, trabajadores del Poder Judicial y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han hecho hasta lo imposible por frenar su entrada en vigor. No olvidemos, que un juez de Distrito ordeno al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) designar dos magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, por lo que fue rechazado por la Sala Superior del Tribunal Electoral.  

    El pasado 17 de octubre, Nancy Flores Salas, jueza del juzgado décimo noveno de distrito, con sede en Veracruz, “ordenó” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eliminar el decreto mediante el cual se promulgó la reforma constitucional al Poder Judicial. ¿Una jueza está facultada para promover un juicio de amparo en contra de una reforma constitucional? No, porque el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en ciertos casos, como las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más aún cuando estas han sido aprobadas por el Poder Legislativo, promulgadas por el titular del Poder Ejecutivo y publicadas en el DOF, como ocurrió el pasado 15 de septiembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado de la Dra. Sheinbaum Pardo firmó el decreto para la publicación de la reforma. 

    La mandataria federal detalló que no está cometiendo desacato y que la jueza Juárez Salas se está extralimitando al ordenar que se elimine del Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial sobre la reforma judicial. “No, hay que leer el artículo 61, donde se habla de la improcedencia en la Ley de Amparo. Aprovechó para decirles que el 1 de junio de 2025 todo el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esa fue la decisión del pueblo, por eso cambió la Constitución” ratificó la mandataria. 

    Del 2004 hasta el 2023, se presentaron más de 38 mil quejas en contra del Poder Judicial de la Federación y aproximadamente el 86% fueron desechadas sin iniciar una investigación formal. Más aún, de enero a septiembre del 2023, se han reportado 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y ninguno ha sido sancionado. 

    Hay una consigna política en jueces, magistrados y ministros de la Corte porque no defienden a la Constitución, sino sus privilegios, defienden a los poderosos, a los poderes fácticos al servicio de Washington y sobre todo, defienden su ignorancia porque llegaron por “dedazo”, es decir, el nepotismo, de acuerdo a las estadísticas ha habido funcionarios judiciales que estando en niveles bajos, de la noche a la mañana llegaron a ocupar cargos que no correspondían a un escalafón. 

    No hay que caer en engaños, la Reforma al Poder Judicial de la Federación fue completamente legal, porque se respetaron todos los procedimientos y es el fruto de 36 millones de mexicanos y mexicanas que votamos por la continuación de un proyecto iniciado en el 2018. Por lo jueces, magistrados y ministros deben de cumplir con la Constitución y con los preceptos que la nación demandan.