La conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 llevada a cabo en el Teatro de la República de Querétaro, propicio ásperas diferencias entre representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial sobre la división de poderes y la importancia de los contrapesos. En representación de Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asistió a la conmemoración el ministro Alberto Pérez Dayán, quien ahora enfrenta un juicio político impulsado por legisladores de Morena por haber declarado inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LEI) el pasado 31 de enero. Así mismo, aseveró que ninguno de los poderes está por encima de la Constitución y aunque no siempre se quiera atender así. Además, el ministro puntualizó que “hay que alejar el Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones. Militancia y judicatura no son afines”.
No obstante, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde afirmó que las iniciativas de las reformas constitucionales que presentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, representan “devolver el humanismo a la Constitución que fue sometida por el neoliberalismo en otras administraciones”. “Hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger los intereses privados sobre los públicos, llegaron las privatizaciones y se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones y se trastocó así el sentido social de la Constitución”. Por ello, subrayó que las iniciativas son el camino para devolverle el sentido al artículo 39 constitucional que establece que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
¿Cómo se devolvería el humanismo a la Carta Magna de México? Las 20 iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador presentadas el pasado 5 de febrero, tienen como fin devolverle a la Constitución de 1917 toda su dignidad, su humanismo y su grandeza, características que le fueron arrebatadas para ser adaptadas al régimen neoliberal. Podemos destacar algunas de ellas como: el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantizar la pensión para adultos mayores y el aumento de ésta cada año; así como la atención para personas con discapacidad, garantizar atención médica integral y gratuita a la población, otorgar becas a estudiantes de bajos recursos en todos los niveles escolares, revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007 por los presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, garantizar el derecho a la educación y al trabajo y prohibir el maltrato a los animales.
Esto causo una respuesta de hostilidad por parte de los opositores hostiles al presidente quienes lo acusaron de socavar los principios de la Constitución para instalar un régimen autoritario. En cambio, también generó una respuesta de alegría y júbilo por parte de sus simpatizantes, como el Sindicato Mexicano de Electricistas y telefonistas, quienes se manifestaron al exterior de la SCNJ externando su apoyo a las reformas impulsadas por el presidente López Obrador al mismo tiempo que condenaron el voto realizado por los ministros en contra de la Ley de la Industria Eléctrica.
Durante una entrevista con Carmen Aristegui, el historiador Lorenzo Meyer mencionó que “la Constitución mexicana ha experimentado numerosas modificaciones a lo largo del tiempo en función de la naturaleza del régimen, en el que México tenía una democracia formal, pero no una democracia real”. Considerando que, el país estaba sometido ante un régimen autoritario, presidencialista tras la salida de Lázaro Cárdenas, con un partido único y dominante y el centenar de modificaciones se hicieron para irla acomodando a las necesidades de aquel régimen. Ante las propuestas del presidente, Meyer propone dos posibles caminos: la adaptación progresiva de los artículos según las necesidades de un nuevo régimen o la elaboración de una nueva Constitución adecuada al siglo XXI a un sistema pluralista. Una nueva constitución sería imposible ya que sería un proceso lento y controvertido, como el caso de Chile que ha pasado sus últimos cuatro años intentando cambiar su Carta Magna en favor de los reclamos sociales, por lo que se rechazó una propuesta que buscaba de reemplazar su constitución actual, en el que se impuso la opción en contra dejándolos empantanados. De manera que, la solución menos mala sería la primera, es decir, cambiando los artículos en función del nuevo régimen.
Ante una derecha muy debilitada popularmente, es más probable que el Poder Judicial detenga este nuevo paquete de reformas y las élites del poder económico y político apuesten por nuevos proyectos de desestabilización que busquen socavar el proyecto iniciado por López Obrador, a través de sus agencias desestabilizadoras, la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Agencia de Cooperación Internacional (USAID, sus siglas en inglés) y al Departamento de Estado estadounidense que antepongan sus privilegios y sus intereses por encima de la Constitución. Sin embargo, la Dra. Claudia Sheinbaum anunció estas propuestas serán incluidas en su proyecto y presentadas en su inicio de campaña que llevará a cabo el viernes 1° de marzo a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, lo que significaría que los derechos alcanzados por la Cuarta Transformación serian blindados, es decir, que los derechos sociales y humanos se fortalecerían representados en la Carta Magna, haciendo imposible una restauración.
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