La corrupción en México no empieza cuando estalla un gran escándalo mediático. Empieza mucho antes, en la normalización de pequeñas ilegalidades que terminan formando parte del sistema: el policía que pide dinero para “arreglar” una infracción, el funcionario que condiciona un trámite, el inspector que cobra por mirar hacia otro lado o el servidor público que vive muy por encima de lo que su salario podría justificar.
Ese es el verdadero cáncer institucional del país. No solo el robo de recursos públicos, sino la tolerancia hacia un sistema donde muchas veces nadie investiga seriamente los abusos de poder.
Los datos oficiales lo reflejan. En México, más del 14% de la población adulta ha experimentado algún acto de corrupción en trámites o servicios públicos, según mediciones del INEGI. Al mismo tiempo, organismos internacionales siguen ubicando al país con niveles preocupantes de percepción de corrupción, lo que evidencia que la confianza ciudadana en las instituciones sigue siendo baja.
Pero el problema más profundo no es solo la corrupción en sí misma, sino la falta de consecuencias reales.
Hace algunos años el expresidente Andrés Manuel López Obrador planteó una idea que generó polémica: dijo que cuando un funcionario cambia repentinamente su nivel de vida y comienza a presumir riqueza que no corresponde con su ingreso, los ciudadanos deberían denunciarlo. Según el propio presidente, al corrupto “se le nota”, porque termina exhibiendo su riqueza en relojes, autos, casas o viajes que no cuadran con su salario.
La lógica es simple: cuando los ingresos declarados no coinciden con el patrimonio, hay una señal clara que debería detonar una investigación. Sin embargo, en México eso rara vez ocurre.
Hoy vemos políticos viviendo en zonas exclusivas, poseyendo propiedades costosas o exhibiendo estilos de vida incompatibles con su sueldo público, y aun así las investigaciones casi nunca prosperan.
El debate reciente entre el comunicador Manuel Pedrero y la diputada priista Tania Larios, más allá de las acusaciones y procedimientos legales que cada parte ha iniciado, vuelve a mostrar un problema estructural: las confrontaciones políticas se vuelven espectáculo mediático, pero pocas veces derivan en investigaciones institucionales profundas.
Y cuando uno observa lo que ocurre en otros países, la diferencia institucional se vuelve evidente.
En Brasil, la operación Lava Jato llevó a prisión a empresarios, gobernadores y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado por corrupción en 2017 aunque posteriormente la Suprema Corte anuló esas condenas por irregularidades procesales. También el expresidente Michel Temer fue arrestado temporalmente dentro de investigaciones relacionadas con corrupción.
En Perú, varios expresidentes han enfrentado procesos judiciales o prisión preventiva en los últimos años por casos vinculados al escándalo Odebrecht. Incluso en Corea del Sur, expresidentes han sido condenados por corrupción y abuso de poder.
La señal institucional es clara: cuando el sistema funciona, el cargo público no protege a nadie de la ley.
Pero el debate sobre corrupción en México también debe ampliarse a un ámbito que muchas veces se omite: el empresarial y el fiscal.
Porque la corrupción no vive únicamente en el gobierno. También existe cuando empresarios, comerciantes o profesionistas esconden ingresos, simulan operaciones o utilizan esquemas para evadir responsabilidades fiscales.
Muchos ciudadanos critican con razón la mala calidad de los servicios públicos, la falta de inversión en salud o las deficiencias del sistema educativo. Pero también es cierto que el funcionamiento del Estado depende de los impuestos que se recaudan.
Un país donde millones de personas subdeclaran ingresos o evaden impuestos difícilmente podrá financiar infraestructura, hospitales, seguridad o educación de calidad.
La legalidad no solo debe exigirse al gobierno; también debe asumirse desde la sociedad y el sector privado. Un ejemplo que ilustra esta discusión aunque para muchos sea una figura polémica es el empresario Ricardo Salinas Pliego. Más allá de simpatías o diferencias personales, su nivel de contribución fiscal refleja una realidad clara: cuando una persona declara ingresos de gran escala y paga miles de millones de pesos en impuestos, su estilo de vida y su patrimonio resultan coherentes con esa capacidad económica.
Es decir, hay una correspondencia entre riqueza, ingresos declarados y contribución fiscal. Ese es justamente el principio que debería regir en toda la sociedad: transparencia entre lo que se gana, lo que se declara y lo que se posee.
Porque al final, la corrupción no solo se mide en grandes escándalos políticos. También se mide en la coherencia entre ingresos y patrimonio, en la honestidad fiscal y en la disposición de cumplir con las reglas.
Un país donde funcionarios, empresarios y ciudadanos actúan dentro de la legalidad genera confianza institucional. Un país donde cada quien intenta sacar ventaja del sistema termina debilitándolo.
México no necesita únicamente más discursos contra la corrupción. Necesita instituciones que investiguen, autoridades que sancionen y una sociedad que entienda que la legalidad empieza por uno mismo.
Porque mientras la corrupción siga siendo un escándalo mediático y no un delito con consecuencias reales, el país seguirá atrapado entre el discurso de la transformación y la realidad de los privilegios.
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