Etiqueta: Corrupción

  • FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

    FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

    La detención de María Vanessa “N” refuerza las investigaciones contra la red financiera que operó durante y después del sexenio de Felipe Calderón.

    La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a María Vanessa “N”, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, como parte del entramado financiero ligado al exfuncionario hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la detenida habría fungido como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., utilizada presuntamente para fondear recursos de origen ilícito, desviar fondos públicos y operar esquemas fraudulentos a través del sistema financiero mexicano. Las investigaciones apuntan a que los beneficiarios finales de estas operaciones incluían a García Luna y miembros de su familia.

    La FGR informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicaron a María Vanessa “N” en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, integrado por la SSPC, la Defensa, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tras su detención, le fueron leídos sus derechos constitucionales y fue trasladada para su certificación médica.

    Posteriormente, la exasesora fue puesta a disposición de una autoridad judicial en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular la imputación correspondiente.

    Las indagatorias señalan que Nunvav Inc. forma parte de una red de empresas vinculadas a contratos irregulares con dependencias federales, entre ellas el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Tesorería de la Federación, tanto durante la gestión de García Luna como después de su salida del cargo.

    La captura de María Vanessa “N” se suma a los procesos en curso que buscan desmantelar la estructura financiera que operó desde el poder público y que hoy mantiene a García Luna sentenciado en EUA, marcando un nuevo avance en el combate a la corrupción y la impunidad del pasado reciente.

  • Condenan a ex alcaldesa de Amanalco a 70 años por ordenar el asesinato del síndico

    Condenan a ex alcaldesa de Amanalco a 70 años por ordenar el asesinato del síndico

    La justicia mexiquense acreditó que la ex edil planeó el crimen con apoyo de La Familia Michoacana y le impuso la pena máxima por homicidio calificado.

    Un juez del Poder Judicial del Estado de México sentenció a 70 años de prisión a María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, al hallarla responsable del homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz, cometido en enero de 2022. La condena se dictó tras considerar acreditadas las agravantes de alevosía y ventaja, por lo que se impuso la pena máxima.

    Durante la audiencia realizada en los juzgados del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el juez determinó que la Fiscalía General de Justicia del Edomex presentó pruebas sólidas que demostraron que la entonces alcaldesa ordenó el asesinato por diferencias políticas con el síndico, con quien se disputaba el control del ayuntamiento desde su llegada al cargo en 2021.

    Ambos funcionarios fueron electos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, sin embargo, Martínez Robles se afilió a Morena semanas antes de asumir la presidencia municipal en 2022, lo que detonó una confrontación pública y constante. De acuerdo con la investigación, la ex edil instruyó a los autores materiales para ejecutar el crimen y solicitó apoyo del grupo criminal La Familia Michoacana, con el que mantenía vínculos.

    El 25 de enero de 2022, la alcaldesa envió al síndico a una supuesta comisión al municipio de Zacazonapan. En el trayecto, un comando armado interceptó el vehículo en el que viajaba junto con su chofer y ambos fueron asesinados a balazos en una carretera del sur del estado.

    La ex alcaldesa fue detenida en 2024 como parte de la Operación Enjambre, estrategia enfocada en desmantelar redes de funcionarios ligados al crimen organizado. La Fiscalía reveló que Martínez Robles se reunía con líderes criminales, a quienes brindaba protección y recursos públicos mediante cuotas mensuales.

    Además de la prisión, el juez ordenó el pago de 207 mil 234 pesos por cada víctima como reparación del daño y la suspensión de sus derechos civiles y políticos. Esta resolución representa la onceava sentencia condenatoria dentro de la Operación Enjambre, que acumula 60 detenidos hasta el momento.

  • Tonatiuh Márquez deja el cargo de director de la ANAM, confirma Sheinbaum

    Tonatiuh Márquez deja el cargo de director de la ANAM, confirma Sheinbaum

    La presidenta informó que Alex Tonatiuh Márquez dejó la ANAM en medio de señalamientos y la revocación de su visa estadounidense, en un contexto de presión contra la corrupción en aduanas.

    La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez Hernández dejó su cargo como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tras una serie de cuestionamientos públicos que colocaron al funcionario en el centro de la atención política y diplomática.

    Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria señaló que Márquez ya no labora en la ANAM, sin abundar en mayores detalles sobre la decisión administrativa. No obstante, el movimiento ocurre luego de que el gobierno de Estados Unidos revocara su visa de turista, hecho que marcó un precedente al tratarse de uno de los primeros funcionarios federales de alto nivel del actual gobierno en perder este documento.

    La cancelación de la visa se realizó bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, un mecanismo aplicado cuando existen “razones fundadas” de presunta participación en corrupción significativa o actividades delictivas transnacionales. Fuentes diplomáticas estadounidenses han señalado que esta acción forma parte de una revisión exhaustiva de visados ordenada por la administración de Donald Trump.

    El caso de Márquez se dio en un contexto marcado por investigaciones periodísticas y auditorías del SAT que documentaron presunto enriquecimiento inexplicable, así como vínculos con empresas señaladas por operaciones simuladas y posibles nexos con redes de huachicol fiscal, un delito que ha golpeado de forma recurrente a las aduanas del país.

    La ANAM, responsable de la administración y vigilancia de las aduanas, es considerada un punto estratégico en la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y la evasión fiscal, por lo que la salida de uno de sus mandos clave reaviva el debate sobre la depuración interna y el combate frontal a la corrupción.

    Hasta el momento, el gobierno federal no ha informado quién asumirá la titularidad del área de Investigación Aduanera, mientras que Sheinbaum ha reiterado que no habrá encubrimientos y que su administración mantendrá una política de cero tolerancia a prácticas irregulares, particularmente en sectores sensibles para la seguridad y la recaudación nacional.

  • Vinculan a proceso a exsecretario de Educación de Sonora por desvío millonario

    Vinculan a proceso a exsecretario de Educación de Sonora por desvío millonario

    La Fiscalía Anticorrupción sostiene que más de 287 millones de pesos destinados al ISR fueron canalizados ilegalmente mediante un fideicomiso sin autorización fiscal.

    Un juez de control vinculó a proceso a Ernesto “N”, ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, por su presunta participación en un desvío de recursos públicos superior a los 287 millones de pesos, durante su gestión al frente de la dependencia estatal.

    En audiencia celebrada en Hermosillo, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora presentó datos de prueba que apuntan a la existencia de contratos mediante los cuales recursos destinados al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) habrían sido desviados hacia un fideicomiso denominado “Plan de Beneficios Múltiples”, el cual carecía de autorización fiscal.

    De acuerdo con la investigación, dicho fideicomiso se nutrió de fondos provenientes de la nómina estatal, en un esquema que habría involucrado a otros servidores públicos y particulares, permitiendo la distracción sistemática de recursos del erario. Con base en estos elementos, el juez determinó que existen indicios suficientes para iniciar proceso penal contra el exfuncionario.

    Como medida procesal, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo que concluirá el 13 de marzo de 2026, tiempo durante el cual el Ministerio Público continuará integrando pruebas y deslindando responsabilidades.

    Este caso se suma a otros procesos abiertos contra exfuncionarios de administraciones anteriores en Sonora. Destaca el de Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Finanzas en los gobiernos de Manlio Fabio Beltrones y Claudia Pavlovich, vinculado a proceso por peculado y asociación delictuosa.

    La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los avances se darán a conocer conforme lo permitan los tiempos legales, mientras los expedientes continúan su curso en los tribunales.

  • Detienen a operador ligado a García Luna; desvió más de 5 mil millones de pesos de prisiones federales

    Detienen a operador ligado a García Luna; desvió más de 5 mil millones de pesos de prisiones federales

    El detenido habría participado en el desvío de recursos públicos destinados a cárceles federales mediante facturación falsa y empresas fachada vinculadas a la red de corrupción del ex secretario de Seguridad.

    Autoridades federales detuvieron a Jesús Gabriel “N”, identificado por el gobierno federal como uno de los operadores financieros de la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados al mantenimiento y obras en prisiones federales durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

    De acuerdo con las investigaciones, Jesús “N” forma parte de un grupo de al menos 60 personas contra quienes existen órdenes de aprehensión por su presunta participación en el entramado financiero. Dentro del monto total desviado, se le atribuyen operaciones por 2 mil 950 millones de pesos, utilizadas para ocultar el origen ilícito de los recursos mediante facturas falsas y movimientos a través de empresas fachada.

    Las indagatorias federales vinculan estas operaciones con compañías relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, señaladas por simular servicios y contratos inexistentes. El Registro Nacional de Detenciones (RND) de la SSPC confirmó que la captura ocurrió el jueves pasado, aunque no se detalló el lugar de traslado ni su inmediata puesta a disposición judicial.

    La Fiscalía General de la República (FGR) había obtenido desde diciembre de 2021 una orden de aprehensión en su contra, emitida por un juez federal con sede en el Cefereso No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México. En la ficha oficial se describen las características físicas y vestimenta del detenido al momento de su arresto.

    Este caso se suma a otras detenciones relevantes, como la de Gloria García Luna y su hijo Édgar Anúar Rodríguez García, hermana y sobrino del ex funcionario, quienes enfrentan procesos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones también apuntan a triangulaciones financieras con empresarios estadounidenses, a quienes se adjudicaron contratos de obras y servicios que nunca se cumplieron, profundizando el escándalo de corrupción ligado al sexenio pasado.

  • ¡Casar se llevó 31 millones!

    ¡Casar se llevó 31 millones!

    Por Ricardo Sevilla

    La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en marcha un proceso legal que ya ha comenzado a cimbrar a las élites de la derecha.

    Pero déjeme contarle la historia con datos duros.

    La FGR, que ahora está conducida por Ernestina Godoy, ha judicializado la carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y otras dos personas.

    Estos personajes serán imputados por su probable intervención en el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades”, tal como lo establece el Artículo 217 del Código Penal Federal.

    Ahora bien, la acusación central gira en torno a la polémica obtención de una pensión vitalicia otorgada por Pemex a María Amparo Casar, tras el trágico fallecimiento de su esposo, en 2004.

    Sin embargo, apenas se anunció este movimiento, los beligerantes voceros de la derecha salieron a defender a Amparo Casar.

    Desde luego, escasean los argumentos.

    Por ejemplo, Manuel López San Martín, conductor de ADN 40 y empleado del usurero Ricardo Salinas Pliego, dijo que se trata de una embestida contra Casar. López San Martín sostiene, sin ofrecer pruebas, que la FGR está orquestando una persecución política.

    Cabe recordar que el expediente de Casar fue dado a conocer ante la opinión pública en mayo de 2024, cuando Octavio Romero Oropeza, entonces director general de Pemex, decidió revelar detalles muy contundentes sobre el caso.

    Y es que Romero Oropeza dio a conocer que la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casar, fue catalogada, oficialmente, como suicidio.

    Con base en esta evidencia, Pemex anunció que buscaría recuperar una suma millonaria que asciende a 31 millones de pesos.

    Ahora bien, el fatídico suceso ocurrió el 7 de octubre de 2004, cuando Márquez Padilla, quien se desempeñaba como coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración, perdió la vida al caer desde una ventana del piso 12 del edificio A de Pemex.

    Tras el deceso, María Amparo Casar solicitó el pago de un seguro de vida, la ayuda de gastos funerarios y, esencialmente, la pensión post-mortem a favor de ella y de sus dos hijos, que fue cubierta hasta que sus vástagos cumplieron 25 años.

    La información oficial compartida, en ese momento, detalló que la pensión vitalicia otorgada a Casar fue de aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales.

    Ahora bien, el punto de inflexión legal y ético es claro: la pensión y los beneficios que comportaron fueron concedidos antes de contar con un dictamen pericial oficial.

    Los directivos de Pemex de aquella época decidieron dar al fallecimiento el tratamiento de “accidente“, omitiendo esperar la resolución del Ministerio Público, que finalmente y de manera concluyente, determinó que la causa de muerte fue un suicidio.

    Eran épocas de Vicente Fox y el director de Pemex era, en ese momento, Luis Ramírez Corzo. Y durante los dos años que Ramírez Corzo estuvo al frente de la paraestatal, la multinacional Caterpillar obtuvo contratos por 30 mil millones de pesos.

    Ahora bien, esta omisión le permitió a Amparo Casar un beneficio económico que no correspondía legalmente bajo las pólizas de Pemex.

    Desde luego, el contexto político no puede ignorarse.

    Y es que las investigaciones sobre presunta corrupción que tocan a políticos de oposición y figuras de la sociedad civil –como María Amparo Casar, excolaboradora del gobierno de Fox, líder de MCCI y cercana a Claudio X. González– fueron gestadas durante el periodo de Gertz Manero al frente de la FGR. Ahora, se judicializan con la nueva estructura de la Fiscalía y el Poder Judicial Federal (PJF).

    Y aquí es importante subrayar que el caso Casar no es solo un pleito legal, sino un estratégico movimiento en el tablero de ajedrez político que enfrenta a la élite opositora, vinculada a empresarios como Claudio X., y ahora defendida por voceros afines a Ricardo Salinas Pliego, contra el aparato de justicia que encabeza la fiscal Ernestina Godoy.

  • Plan de Ernestina Godoy para transformar la FGR

    Plan de Ernestina Godoy para transformar la FGR

    La nueva fiscal general de México, Ernestina Godoy, presenta su estrategia para combatir la corrupción y priorizar a las víctimas.

    Ernestina Godoy Ramos, la reciente fiscal general de la República, reveló su plan para transformar la Fiscalía General de la República (FGR). En un evento que reunió a gobernadores y funcionarios, Godoy destacó la importancia de una institución autónoma y enfocada en ofrecer resultados efectivos.

    La nueva fiscal subraya la necesidad de una Fiscalía que actúe con legalidad y que tenga un enfoque humanista. Esto incluye una atención prioritaria a las víctimas del delito, asegurando que sus derechos sean respetados en todo momento. Godoy prometió que su gestión se fundamentará en estos principios.

    En su discurso, Godoy expuso que actualmente se trabaja en un plan estratégico que será presentado en las próximas semanas. Mientras tanto, la FGR está dando pasos firmes en seis áreas clave. Estas acciones buscan fortalecer la investigación, mejorar la calidad de las pruebas y fomentar la colaboración con otras instituciones de seguridad.

    La fiscal enfatizó que no puede haber paz sin justicia. Por lo tanto, es crucial que la FGR mejore su capacidad operativa. Su enfoque se basa en la colaboración constante entre la FGR y las fiscalías estatales. Además, se pondrá énfasis en la judicialización de los casos, siempre respetando la dignidad y los derechos humanos.

    Godoy también se comprometió a combatir la corrupción y la negligencia en todas sus formas. Afirmó que las nuevas leyes de seguridad que se están desarrollando estarán al servicio de la sociedad, y que el trabajo conjunto entre los gobiernos federal, estatal y municipal es vital para alcanzar los objetivos propuestos.

    Desde su nombramiento, Godoy ha comenzado a definirse como líder. En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, abordó los primeros pasos de la FGR, destacando la importancia de optimizar recursos y fortalecer las capacidades operativas de la Fiscalía.

    Una de las acciones más notables en su gestión fue la reciente captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Esta detención se produjo tras la autorización de México para procesarlo por delitos diferentes a los considerados en su extradición original. La detención ocurrió el 8 de diciembre, marcando un inicio decisivo para la fiscal.

    Las decisiones de Godoy reflejan un enfoque claro y la intención de generar cambios significativos dentro de la FGR. La expectativa es alta y la presión política también, pero su compromiso con la justicia y la transparencia podría ser el camino hacia una Fiscalía más efectiva.

  • Sheinbaum: “Acaparamiento de agua de los LeBarón es por privilegios del pasado; se ordenarán las concesiones”

    Sheinbaum: “Acaparamiento de agua de los LeBarón es por privilegios del pasado; se ordenarán las concesiones”

    La presidenta aseguró que las concesiones irregulares en Chihuahua son un ejemplo de los privilegios del pasado y reiteró que la nueva Ley de Aguas busca garantizar el derecho humano al agua y un uso eficiente del recurso.

    La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un caso de corrupción y privilegios históricos el acaparamiento de agua por la familia LeBarón en Chihuahua. Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria recordó que Alex LeBarón, en su paso como delegado de Conagua, otorgó concesiones irregulares a su familia, vinculadas con intereses del gobierno anterior.

    Sheinbaum enfatizó que estas irregularidades son la razón de la nueva Ley de Aguas y de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, cuyo objetivo es regularizar las concesiones, evitar que se repitan casos de abuso y garantizar que las zonas sin agua, como varias en Chihuahua, tengan acceso suficiente para cumplir con el derecho humano al agua.

    Sobre las concesiones de la familia LeBarón, la Presidenta explicó que se trata de un uso ineficiente y acaparamiento del agua, motivo por el cual hubo resistencia a la ley en la región. Señaló que la estrategia no es simplemente quitar el agua, sino establecer mesas de trabajo para identificar pozos ilegales, reorientar cultivos y ajustar el uso industrial del recurso, incluyendo la posible reubicación de empresas.

    Sheinbaum destacó que una parte significativa del agua del río Bravo y de las cuencas cercanas se utiliza de manera ineficiente, y que las reformas buscan garantizar un manejo justo y transparente del recurso. Además, apuntó que estas acciones forman parte de un plan integral que incluye la regulación de distritos de riego y la supervisión de concesiones históricas.

  • Tribunal niega amparo a Emilio Lozoya en caso Agronitrogenados

    Tribunal niega amparo a Emilio Lozoya en caso Agronitrogenados

    La justicia federal confirmó que la reparación parcial del daño por parte de Alonso Ancira no exime al ex director de Pemex de responder por presunto lavado de dinero y corrupción.

    El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal rechazó otorgar el amparo a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien buscaba suspender el proceso en su contra por la compra irregular de la planta Agronitrogenados. Lozoya alegaba que el ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, ya había cubierto la reparación del daño, beneficiándolo indirectamente.

    El magistrado Ezequiel Altamirano Roches explicó que la solidaridad entre coimputados no puede asumirse automáticamente: “Debe garantizarse la totalidad de la reparación del daño, y Ancira aún no ha completado los pagos pactados”. Hasta ahora, Ancira ha cubierto alrededor de 110 millones de dólares de los 216 millones comprometidos.

    La FGR mantiene que Lozoya habría recibido un soborno de 3.4 millones de dólares de Ancira para facilitar la compra de la planta por 275 millones de dólares, dinero que posiblemente destinó a la compra de una residencia en Lomas de Bezares, CDMX, valuada en 34 millones de pesos.

    La negativa del amparo permitirá que se celebre la audiencia intermedia, reabierta por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en marzo de 2024, donde se definirá la imputación formal por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Altamirano Roches aclaró que Lozoya aún conserva la posibilidad de acceder a acuerdos reparatorios, pero la protección judicial no depende de los pagos parciales de Ancira.

    Si no se completa la reparación del daño total, Lozoya podría enfrentar nuevamente la detención, mientras la justicia mexicana continúa evaluando su participación en la compra irregular de la planta y el presunto lavado de dinero.

  • Localizan a Ney González, exgobernador priísta de Nayarit prófugo; se trabaja en su extradición

    Localizan a Ney González, exgobernador priísta de Nayarit prófugo; se trabaja en su extradición

    La subfiscalía confirmó que ya se ubica al exmandatario priísta en un país de América del Norte y que el proceso judicial avanza tras años de especulación y amparos fallidos.

    La Fiscalía de Nayarit confirmó la localización del exgobernador Ney González Sánchez, prófugo desde 2022 y señalado por una amplia red de delitos que afectan al estado. La subfiscal Ludmila Heredia Verdugo detalló que el exmandatario se encuentra en un país de América del Norte, donde avanza el proceso para solicitar su extradición a México, luego de que en 2023 se formalizara la orden de aprehensión derivada de denuncias del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).

    Heredia Verdugo enfatizó que, aunque durante años hubo especulación sobre su paradero, es la primera vez que las autoridades cuentan con información certera. También explicó que todos los amparos promovidos por González Sánchez han sido rechazados, pues los jueces consideran que sus argumentos deben resolverse en juicio; esto implica que el exgobernador deberá comparecer ante un tribunal mexicano.

    El exmandatario priísta es investigado por administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito, peculado y falsificación de documentos. De acuerdo con la subfiscalía, estos delitos abarcan desde su gestión (2005-2011) y continúan en administraciones posteriores, lo que ha impedido declarar prescripción.

    Las autoridades también lo vinculan con empresas fantasma manejadas mediante familiares directos. Sobre la extradición, Heredia Verdugo explicó que el país donde se encuentra exige cumplir el principio de doble criminalidad, es decir, que los delitos imputados también sean considerados ilícitos en su legislación. Aunque este punto ha sido complejo por diferencias jurídicas, la funcionaria aseguró que el proceso avanza sin obstáculos.