En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, criticó duramente al Poder Judicial, señalando la liberación de ‘El Chuy’, un lugarteniente del cártel jalisciense, como un grave obstáculo en la lucha contra el crimen organizado. Durante una conferencia de prensa, Bedolla enfatizó que la reciente detención de este líder criminal se volvió inútil tras su liberación por un juez federal, lo que, según él, empodera a la delincuencia.
El gobernador hizo referencia a un ataque reciente en los límites de Jalisco y Michoacán, donde dos elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida a manos de agresores identificados, liderados por ‘El Chuy’. Bedolla advirtió que la impunidad y corrupción de los jueces federales complican los esfuerzos de pacificación en la región.
Ramírez Bedolla respaldó la necesidad de reformar el Poder Judicial, tal como lo propuso en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, argumentando que laliberación de delincuentes pone en riesgo la seguridad pública y debilita la lucha contra los grupos criminales. “Es necesario zarandear al Poder Judicial para erradicar la impunidad”, concluyó.
El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Merino, informó sobre los avances en la simplificación y digitalización de trámites en el país, destacando la reducción del 56% en los trámites federales y la eliminación de requisitos innecesarios que complicaban los procesos para la ciudadanía.
De acuerdo con Merino, una persona realiza aproximadamente 486 trámites a lo largo de su vida, de los cuales el 85% son estatales o municipales. Ante ello, el Gobierno de México ha impulsado la simplificación de 342 trámites federales, reduciéndolos a 151, eliminando redundancias y facilitando procesos administrativos.
Entre los requisitos que fueron eliminados destacan:
Prueba de ADN para comprobar la nacionalidad de padres en el registro de nacimiento en el extranjero.
Copia certificada de la sentencia de adopción o constancia de alumbramiento.
Testigos obligatorios para el registro de defunción y reconocimiento de identidad de género.
Croquis a mano para concesión de agua.
Fotografías de tumbas para registro extemporáneo de defunción.
Fe de bautismo para registro de nacimiento extemporáneo.
Folder azul tamaño oficio con broche Baco para trámites de constancia de alineamiento y número oficial.
En cuanto a la reducción de requisitos, se reportaron mejoras significativas en diversos trámites:
Registro de nacimiento o doble nacionalidad: de 9 a 3 requisitos.
Expedición de pasaportes: de 7 a 3 requisitos.
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras: de 24 a 7 requisitos.
Examen psicofísico para transporte público federal: de 17 a 3 requisitos.
Concesión de aguas superficiales: de 17 a 3 requisitos.
Inscripción al Registro Nacional de Turismo: de 5 a 2 requisitos.
Autorización de protocolos de investigación: de 31 a 14 requisitos.
Asimismo, para la expedición de pasaportes, la simplificación de requisitos quedó de la siguiente manera:
Primera vez para mayores de edad: de 8 a 4 requisitos.
Renovación para mayores de edad: de 6 a 4 requisitos.
Primera vez y renovación para menores de edad: de 7 a 5 requisitos.
Las secretarías e instituciones que han avanzado en la simplificación de trámites incluyen:
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): 29 trámites simplificados.
Servicio de Administración Tributaria (SAT): 35 trámites simplificados.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): 34 trámites simplificados.
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SEDATU): 19 trámites simplificados.
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA): 2 trámites simplificados.
Secretaría de Turismo: 9 trámites simplificados.
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): 9 trámites simplificados.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER): 27 trámites simplificados.
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH): 9 trámites simplificados.
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP): 7 trámites simplificados.
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente: 38 trámites simplificados.
La simplificación de trámites también ha alcanzado a los registros civiles de las 32 entidades federativas y los consulados de México en Estados Unidos, así como al Registro Público de la Propiedad y el Catastro de los estados. Además, con la implementación de la Ventanilla Digital de Inversiones, los tiempos de tramitación para inversionistas se reducirán hasta en 50%.
Por su parte, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la reducción de 342 trámites a 151, lo que representa la primera etapa de la digitalización gubernamental. “Esta transformación permitirá que el Gobierno sea más eficiente, menos burocrático y que podamos erradicar todavía más espacios donde se presentan actos de corrupción”, afirmó Sheinbaum.
Durante 2025, el Gobierno de México continuará con la digitalización de trámites, priorizando aquellos de mayor volumen, con la meta de alcanzar al menos 350 trámites digitalizados.
El gabinete de seguridad del Gobierno de México “está siguiendo con mucha precisión” al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien se encuentra prófugo de la justicia, aseguró este martes el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
Durante la mañanera del pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal confirmó que tarde o temprano será detenido, subrayando que “no me cabe la menor duda” de que el exmandatario michoacano enfrentará la justicia.
Gertz Manero detalló que desde hace tiempo la FGR mantiene una investigación por peculado en la administración de Aureoles, en la que están presuntamente implicados cinco exfuncionarios, incluyendo al propio exgobernador. De acuerdo con el fiscal, “se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía”, pero actualmente está siendo rastreado con precisión por todo el gabinete de seguridad.
La investigación contra Aureoles y sus colaboradores surge de una serie de denuncias por la construcción de cárceles locales, donde hubo un evidente peculado de enormes dimensiones, explicó el titular de la FGR.
A pesar de los obstáculos procesales impuestos por jueces federales, la FGR logró judicializar el caso y proceder con las detenciones. Hasta el momento, cuatro de los cinco implicados han sido arrestados y se encuentran bajo proceso, restando únicamente la captura de Aureoles Conejo.
El futuro del Campo Sacha, el mayor yacimiento petrolero de Ecuador, ha provocado una fuerte controversia a nivel político y social. Aunque el contrato aún no se ha firmado, la decisión del gobierno de entregar la explotación del pozo a la empresa Sinopetrol ha desatado una ola de críticas. La razón principal del rechazo radica en los términos del acuerdo y en los posibles conflictos de interés debido a la conexión de algunas compañías involucradas con la familia del presidente Daniel Noboa.
El gobierno adjudicó el campo petrolero por un período de 20 años, con la promesa de que la empresa extranjera invertirá en su desarrollo y aumentará la producción. Sin embargo, los detalles del contrato han despertado preocupación: Sinopetrol se quedará con el 87.5% del crudo extraído, mientras que Ecuador recibirá solo entre el 12.5% y 18.5%. Esto significa que, por cada 10 barriles de petróleo, el país obtendrá apenas uno o dos.
Las críticas no solo apuntan a la distribución de los recursos, sino también al hecho de que Sinopetrol no descubrió el yacimiento ni construyó la infraestructura necesaria para su operación. Desde la década de los setenta, Petroecuador, la empresa estatal, ha sido la encargada de explotar el campo, lo que genera dudas sobre por qué se transfieren sus beneficios a una compañía privada.
Dudas sobre la transparencia del proceso
Otro punto de cuestionamiento ha sido la forma en que se llevó a cabo la adjudicación. En lugar de la ministra de Energía, Inés Manzano, quien normalmente se encargaría de firmar este tipo de contratos, la autorización fue concedida por el viceministro Fabián Calero, funcionario con antecedentes de conexiones políticas controvertidas. Este hecho ha alimentado sospechas sobre la existencia de intereses ocultos en la negociación.
El debate se ha intensificado con la postura de diversos expertos, incluso algunos cercanos al gobierno, quienes advierten que Ecuador está perdiendo el control sobre un recurso estratégico y que las condiciones del contrato podrían ser más beneficiosas para el país. A nivel político, la candidata presidencial Luisa González ha anunciado que, si asume el cargo el próximo 24 de mayo, derogará cualquier contrato relacionado con la privatización del sector petrolero.
Noboa responde, pero las dudas persisten
Ante la creciente polémica, el presidente Noboa utilizó su cuenta en la red social X para referirse al tema por primera vez. Aseguró que el contrato no será firmado si Sinopetrol no entrega un adelanto de 1,500 millones de dólares antes del 11 de marzo de 2025 a las 21:00. Según el mandatario, esta condición responde a la necesidad de fondos para reforzar la seguridad y mejorar los servicios básicos en el país.
Sin embargo, este anuncio no ha sido suficiente para disipar las preocupaciones. En las últimas horas, se han revelado vínculos entre El Ordeño S.A.S., una empresa con participación del Grupo Noboa, y Amodaimi-Oil Company S.L., una de las firmas involucradas en el consorcio adjudicatario. También se ha señalado que otra compañía del mismo grupo maneja contratos estatales millonarios, como la distribución del desayuno escolar.
Protestas y movilización social
El proceso de adjudicación ocurre en un momento delicado para el país. Noboa ha decretado un estado de excepción en siete provincias, justificando la medida por el aumento de la criminalidad. No obstante, para muchos sectores, esta decisión también busca impedir manifestaciones y protestas contra la privatización petrolera.
Con la fecha límite del contrato acercándose y la presión social en aumento, el panorama sigue incierto. Mientras el gobierno defiende la necesidad de atraer inversión privada, la oposición y diversos sectores ciudadanos insisten en que la entrega del Campo Sacha representa una pérdida para el país. El desenlace de esta controversia podría marcar un punto de inflexión en la política energética y económica de Ecuador.
Durante la mañanera del pueblo de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la investigación en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no tiene relación con su administración, ya que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) desde hace varios años.
Desde el salón de Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo subrayó que se trata de una carpeta de investigación que ha estado en curso desde antes de su gobierno y que corresponde únicamente a la FGR.“Es un asunto de la Fiscalía desde hace años. Esta carpeta de investigación no es un asunto del Gobierno federal, ni de la presidenta, ni del Gabinete”, enfatizó.
Asimismo, Sheinbaum Pardo reiteró que su administración no interviene en el caso y que será la Fiscalía quien brinde información al respecto.“Es un asunto de la Fiscalía frente a una denuncia que se presentó hace años. Entonces, no tengo más conocimiento y que sea la Fiscalía quien informe de esta situación”, puntualizó.
El fin de semana trascendió que Silvano Aureoles cuenta con una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado. Además, cuatro exfuncionarios de su administración (2015-2021) ya fueron detenidos y se les dictó prisión preventiva justificada.
Entre los detenidos se encuentran:
Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas.
J. Antonio Bernal Bustamante, extitular de Seguridad Pública.
Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC).
Los cuatro excolaboradores de Aureoles Conejo enfrentan acusaciones por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Se espera que el próximo jueves 6 de marzo se defina la situación jurídica de los exfuncionarios implicados en el caso, mientras las investigaciones continúan su curso.
De acuerdo con medios nacionales, un juez ha emitido una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en delitos de administración fraudulenta, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La orden también involucra a siete exfuncionarios de su administración, quienes estarían implicados en el presunto desfalco de recursos públicos durante su mandato (2015-2021). Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la posible ejecución de la orden ni sobre el avance del proceso judicial, aunque se espera que en las próximas horas se emitan comunicados oficiales al respecto.
#ULTIMAHORA | VAN POR EL EXGOBERNADOR SILVANO AUREOLES CONEJO.
Ya detuvieron a su tesorero en Estados Unidos y ahora von por el gobernador que financió la creación de LATINUS.
Uno de los señalados en este caso es Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas de Michoacán en el sexenio de Aureoles, quien recientemente fue detenido en Miami, Florida, acusado de desviar miles de millones de pesos mientras ocupaba el cargo. Su captura representa un golpe a la estructura que operó bajo la gestión del exgobernador.
Silvano Aureoles llegó al poder respaldado por el desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su administración estuvo marcada por denuncias de mala gestión financiera y un alarmante incremento en la inseguridad dentro del estado.
Cabe mencionar que Aureoles ha sido señalado de haber financiado, con dinero público, el portal Latinus, donde Carlos Loret de Mola impulsa constantes noticias falsas en contra de la Cuarta Transformación.
El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, presentó en la mañanera del pueblo, el caso de corrupción en la “Fundación ISSSTE A.C.”, revelando una serie de irregularidades que incluyen el uso indebido de espacios dentro del instituto y el desvío de recursos durante la época neoliberal.
La organización fue constituida el 15 de noviembre de 2016 como una asociación civil y estuvo encabezada por funcionarios y exfuncionarios de alto nivel:
José Reyes Baeza Terrazas – Presidente Honorario
Rafael Manuel Navarro Meneses – Vicepresidente Honorario
Otros fundadores: José Ramón Narro Robles, José Ignacio Campillo García y Delia Mendias Zubiate
Entre 2017 y 2018, la Fundación ISSSTE A.C. recibió 27 espacios dentro del ISSSTE a título gratuito, abarcando un total de 1,207.43 m² destinados a cafeterías y máquinas expendedoras. De estos:
15 espacios fueron indebidamente arrendados, generando ganancias para la fundación sin que el ISSSTE obtuviera participación alguna.
Además, la Fundación ISSSTE utilizó oficinas dentro de instalaciones del instituto sin contrato, convenio o trámite alguno.
En 2017, el ISSSTE entregó 5 millones de pesos a la Fundación ISSSTE A.C. con el supuesto propósito de adquirir sillas de acompañamiento para hospitales, sillas de ruedas, camillas, prótesis, libros infantiles, auxiliares auditivos y cursos de capacitación para personal médico. Sin embargo:
No existe constancia de compras efectuadas con estos fondos.
No se encontraron registros de beneficiarios de estos recursos.
Acciones legales y recuperación de espacios
Ante estas irregularidades, se han tomado diversas medidas legales para revertir el daño al patrimonio del ISSSTE:
8 de mayo de 2023: Se presentó una demanda para recuperar los espacios entregados en comodato.
28 de septiembre de 2023: Se ordenó la devolución de los espacios.
9 de octubre de 2023: Se dictó una condena al pago de daños y perjuicios.
25 de agosto de 2023: Se presentó una denuncia penal por ocupación indebida de oficinas del ISSSTE.
13 de noviembre de 2024: Se solicitó que la asociación dejara de usar el nombre del ISSSTE y desocupara los inmuebles.
13 de noviembre de 2024: Se pidió a la Secretaría de Economía la revocación del nombre “Fundación ISSSTE”.
6 de enero de 2025: Se exigió la entrega de oficinas en el complejo de San Fernando, pero la acción fue suspendida por un juez federal el 10 de enero de 2025.
Hasta el momento, el ISSSTE ha logrado recuperar 6 espacios que habían sido entregados a la fundación.
El director del ISSSTE, Martí Batres, subrayó que este caso es un ejemplo representativo del saqueo y la privatización de las instituciones públicas durante el periodo neoliberal, donde funcionarios utilizaron su poder para beneficiar intereses privados en detrimento del patrimonio público.
El desfalco millonario que marcó la administración de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas en Campeche sigue saliendo a la luz. En un nuevo golpe contra la corrupción del pasado, fueron detenidos José Domingo “N”, exsecretario de Desarrollo Económico, y Pablo “N”, exdirector del Fideicomiso del 2 por ciento Sobre Nómina, ambos señalados por su presunta responsabilidad en el desvío de 25 millones de pesos.
El anuncio lo hizo la gobernadora Layda Sansores San Román durante la emisión número 138 de su programa “Martes del Jaguar”, donde confirmó que las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en el marco de la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.
Las pesquisas han revelado que el esquema de corrupción en el sexenio de Moreno Cárdenas se basó en la malversación de recursos destinados al desarrollo económico estatal. En lugar de canalizar los fondos para fortalecer el sector productivo, los funcionarios implicados habrían utilizado el dinero público para otros fines, los cuales aún están bajo investigación.
Desde su llegada al gobierno estatal, Layda Sansores ha denunciado las irregularidades heredadas de la administración priista, impulsando una estrategia de combate frontal contra la corrupción. Durante su programa, la mandataria dejó claro que el compromiso con la justicia es firme:
“No permitiremos que la corrupción siga impune. Cada peso robado al pueblo será investigado, y los responsables deberán enfrentar la justicia”, sentenció.
Este nuevo escándalo se suma a la larga lista de acusaciones que persiguen a Alejandro Moreno, actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ha sido señalado por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y abuso de poder.
El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, negó categóricamente las acusaciones en su contra por presunta violación y afirmó que se trata de un intento por perjudicar su imagen. Además, reveló que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, a quien acusa de extorsión.
Blanco cuestionó la coincidencia de que, apenas un día después de haber interpuesto su denuncia, Carmona solicitara su desafuero. A su juicio, este proceso podría responder a intereses políticos más que a una verdadera intención de hacer justicia. “En lugar de actuar con objetividad y respetando la ley, se están impulsando procedimientos con fines ajenos a la justicia”, declaró en conferencia de prensa.
El exgobernador de Morelos defendió su trayectoria, asegurando que siempre ha respetado los derechos humanos, especialmente de sectores vulnerables como mujeres, niñas y adultos mayores. “Rechazo de manera absoluta las acusaciones en mi contra. Siempre me he conducido con respeto y apego a la ley”, afirmó.
Asimismo, acusó a Carmona Gándara de haberlo amenazado en repetidas ocasiones con investigaciones abiertas en su contra. Por ello, consideró que enfrenta una persecución y advirtió que no permitirá que su nombre sea usado con fines políticos.
En relación con la denuncia en su contra, Blanco negó tener un vínculo familiar cercano con la denunciante, Nidia Fabiola, explicando que ella es media hermana de su hermano mayor. Finalmente, aseguró que afrontará la situación y defenderá su nombre ante la ciudadanía de Morelos.
La Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, Camila Martínez, criticó la forma en que el periódico Reforma presentó la noticia sobre la destitución de Uriel Carmona, exfiscal de Morelos, asegurando que el medio tergiversa los hechos y omite antecedentes clave sobre el caso.
A través de sus redes sociales, Martínez señaló que es “una pena” que Reforma cubra el tema de esta manera, sugiriendo que el diario apela a la falta de memoria de la ciudadanía. Recordó que las acusaciones contra Uriel Carmona por encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda llevan años en curso y que, a pesar de que el Congreso de la Unión votó a favor de su destitución por este delito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo protegió de forma irregular al exigir un desafuero en el Congreso local, donde no se contaban con los votos necesarios para proceder.
De verdad es una pena que Reforma cubra así esta nota. Apelando a que la gente no tenga memoria: Las denuncias a Uriel Carmona por encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda vienen de años atrás. A pesar de haberse votado a favor su destitución por el Congreso de la Unión por… pic.twitter.com/QnUfSMakor
La morenista destacó que la Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, impulsó nuevamente la votación para la destitución del fiscal tras el cambio de legislatura, logrando finalmente su remoción. No obstante, cuestionó la coincidencia de que, justo antes de su salida, Carmona pidiera el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, generando lo que calificó como una estrategia para presentarse como víctima de una persecución política.
Martínez acusó al medio de comunicación de comprar esta narrativa y desviar la atención de lo realmente importante: que la SCJN protegió a un fiscal que encubrió un feminicidio, afirmando que Ariadna Fernanda había muerto por una supuesta sobredosis y broncoaspiración, pese a que los peritajes confirmaron signos de violencia en su cuerpo.
