Etiqueta: Corrupción
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Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones
El antiguo coordinador de penales enfrenta cargos por presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos. Su captura revela conexiones con redes criminales.
Antonio Molina Díaz, excoordinador de prisiones federales, fue arrestado en la Ciudad de México. La captura, llevada a cabo por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, responde a una orden judicial que investiga su vinculación con un escándalo de corrupción.
Molina ejerció su cargo durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Según las investigaciones, formó parte de una red delictiva dirigida por Genaro García Luna. Se alega que esta red orquestó el desvío de más de cinco mil millones de pesos a través de contratos falsos para la construcción de ocho centros penitenciarios.
Los fiscales han revelado que entre 2013 y 2018, Molina habría suscrito numerosos contratos con empresas que operaban como fachadas. Estos contratos eran utilizados para desviar recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Durante su arresto, las autoridades encontraron en su poder dos mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos. Además, se aseguraron identificaciones falsas y varios teléfonos celulares, lo que indica un intento de ocultar su identidad.
Molina fue trasladado al Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, donde enfrentará un proceso legal por los delitos que se le imputan. La captura de este exfuncionario pone de manifiesto una vez más el problema de la corrupción en altos niveles del gobierno.
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De opositores a recolectores: Döring pide dinero para Atypical TeVe
El diputado panista, Federico Döring, se añadió a la lista de colecta pública impulsada por Carlos Alazraki para mantener vivo el canal digital, un proyecto que enfrenta cuestionamientos por su financiamiento y su escasa audiencia.
La situación del canal de Youtube Atypical TeVe, exhibe su falta de audiencia y patrocinadores, y en esta ocasión fue el diputado blanquiazul Federico Döring quien apareció pidiendo aportaciones económicas para el “proyecto” de Carlos Alazraki, bajo el argumento que se trata de un medio “independiente” que no recibe recursos gubernamentales.
Mientras miles de ciudadanos esperan que sus representantes se enfoquen en legislar y atender los problemas del país, Döring dedica parte de su tiempo a solicitar donativos para un pseudo programa de internet, ¿qué hace un diputado promoviendo colectas para sostener un espacio de entretenimiento?
Esta no es la primera vez que Atypical recurre a esta estrategia, ya que hace unos meses el propio Alazraki pidió públicamente apoyo económico a sus seguidores para cubrir gastos operativos, ¿cómo es que hasta la fecha aún siguen transmitiendo?
La insistencia reforzó la percepción de que el proyecto enfrenta dificultades para mantenerse por sí mismo, sin dejar de lado a los invitados que presenta, no son muy del agrado de la ciudadanía, entre ellos se encuentran Margarita Zavala y Alito Moreno Cárdenas, personajes que han sido un chiste para los mexicanos.
Si el respaldo fuera tan amplio como aseguran sus conductores, difícilmente tendrían que recurrir una y otra vez a las donaciones públicas para sostener sus transmisiones. La escena muestra figuras del panismo, priísmo y de la oposición digital que mantiene un lenguaje vulgar que intenta mantener un espacio que ha perdido relevancia.
Con diputados convertidos en recolectores y conductores pidiendo recursos en vivo, Atypical TeVe enfrenta más cuestionamientos sobre su verdadero alcance de una audiencia que, al parecer, no alcanza para sostener el proyecto.
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Sancionan a 13 funcionarios federales por irregularidades en PEMEX, ISSSTE y AIFA
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó inhabilitaciones, suspensiones y amonestaciones a 13 servidores públicos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a 13 servidores públicos de diversas dependencias y entidades federales, entre ellas PEMEX, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el AIFA, ASA, Banjercito y el IMSS. Las medidas aplicadas incluyeron inhabilitaciones, suspensiones y amonestaciones públicas por irregularidades administrativas detectadas.
Entre los casos más relevantes destaca la inhabilitación por un año de Hilario M., exgerente de la Subdirección de Servicios de Salud de Pemex, por incumplir con la entrega-recepción de su cargo al concluir su gestión. Asimismo, dos funcionarias de la misma área fueron suspendidas por omisiones relacionadas con el proceso de entrega de sus responsabilidades institucionales.
La dependencia también reportó la suspensión por 30 días de cuatro médicos adscritos al Hospital General de México, perteneciente a la Secretaría de Salud. De acuerdo con la investigación, los especialistas omitieron hospitalizar a una paciente y no brindaron asesoría a médicos residentes del área de Urgencias en 2022, acciones que habrían agravado el estado de salud de la persona afectada.
En otras instituciones federales, un subdirector de Banjercito recibió una amonestación pública por no actualizar las guías institucionales de archivo, mientras que un jefe de departamento del AIFA fue suspendido por faltarle el respeto hacia una compañera de trabajo. En el ISSSTE, dos servidores públicos fueron sancionados por no realizar las actas de entrega al concluir sus funciones, y en ASA dos técnicos en combustibles recibieron sanciones por incidentes que provocaron derrames durante 2025.
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Exigen juicio político contra Luis Munguía, alcalde del PVEM en Puerto Vallarta, por presunta corrupción
La denuncia presentada ante el Congreso de Jalisco señala posibles desvíos de recursos, conflictos de interés y violaciones sistemáticas a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
La crisis política en Puerto Vallarta escaló luego de que la regidora independiente Melissa Madero presentara una solicitud formal de juicio político contra el alcalde Luis Ernesto Munguía, emanado del Partido Verde, a quien acusa de presuntos actos de corrupción, irregularidades administrativas y posibles desvíos de recursos públicos.
De acuerdo con la edil, la denuncia interpuesta ante el Congreso de Jalisco incluye señalamientos relacionados con conflictos de interés y otras conductas que podrían derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales. Madero sostuvo que existen elementos suficientes para investigar el manejo de los recursos municipales y determinar posibles afectaciones al patrimonio público.
“Puerto Vallarta ya no puede seguir gobernado entre opacidad, silencio y dinero público que nadie sabe dónde terminó”, afirmó la regidora al dar a conocer la acción legal emprendida contra el presidente municipal. Asimismo, señaló que actualmente colabora con autoridades estatales y federales en la recopilación de información vinculada con presuntos actos de corrupción dentro de la administración local.
Según explicó, las indagatorias abarcan información relacionada no solo con el alcalde, sino también con funcionarios municipales, regidores, organismos descentralizados y diversas áreas del Ayuntamiento, entre ellas Comunicación Social, el DIF Municipal, el Consejo Municipal del Deporte, Cultura, gerencias y asesores involucrados en el manejo de recursos públicos.
La funcionaria aseguró que la solicitud de juicio político representa apenas el primer paso de una serie de acciones encaminadas a esclarecer el destino de los recursos municipales. En su denuncia, acusa presuntas violaciones graves y sistemáticas a las obligaciones de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, pilares fundamentales para el ejercicio de un gobierno responsable.
El señalamiento surge además en un contexto de creciente inconformidad ciudadana por problemas que afectan a Puerto Vallarta, como el deterioro de la infraestructura urbana, deficiencias en la recolección de basura, fallas en el suministro de agua potable y el mal estado de calles y vialidades, situaciones que han generado cuestionamientos sobre la gestión del gobierno municipal y el uso de los recursos públicos.
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De la Garza y Next Energy: el negocio que nunca funcionó en Monterrey
Lo que comenzó como una de las “grandes promesas” de modernización para Monterrey, terminó convertido en una mala planeación, decisiones cuestionables y recursos públicos comprometidos sin resultados visibles. Después de cinco años de conflictos, modificaciones y retrasos, el contrato entre Adrián de la Garza y Next Energy “concluyó”.
El alcalde priísta de Monterrey, Adrián de la Garza, fue uno de los principales impulsores de un proyecto valuado en 7 mil 370 millones de pesos, presentado como una promesa que supuestamente generaría ahorros para la ciudad durante años; sin embargo, la realidad fue distinta: lo que se anunció con grandes expectativas nunca reflejó resultados concretos ni beneficios para los ciudadanos.
Monterrey quedó atrapado en un contrato por 30 años, ya que la planta solar proyectada para Cerralvo nunca se construyó. En lugar de energía y ahorros, el proyecto sólo acumuló retrasos, litigios y señalamientos.
La empresa Next Energy, junto con su socio Eólica de Santa Catarina, sólo generó incumplimientos. Cada renegociación sólo fue un intento de rescatar un proyecto fallido en vez de ser una solución verdadera para los regios.
El plan original fue modificado para instalar supuestamente 45 mil paneles solares; sin embargo, reportes señalaron que apenas se colocaron alrededor de 6 mil, evidenciando el incumplimiento de la empresa. El proyecto quedó marcado por la falta de permisos federales, litigios, pagos millonarios y constantes choques políticos.
El caso de Next Energy no se limita a Monterrey, ya que la empresa y sus directivos también han enfrentado problemas legales en otras entidades, como Aguascalientes.
La compañía quedó envuelta en señalamientos por un contrato similar relacionado con proyectos energéticos que tampoco dieron resultados, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y la viabilidad de este tipo de acuerdos.
La polémica se elevó cuando Eugenio Javier Maiz Domene, propietario y principal directivo de Next Energy, fue detenido en diciembre de 2025 por autoridades de Aguascalientes, acusado de fraude relacionado con esos contratos.
Finalmente, el priista De la Garza apostó por un proyecto que nunca funcionó, dejando a Monterrey sin la energía prometida, con recursos públicos comprometidos y sin beneficios tangibles para la ciudadanía. El caso permanece como el recuerdo de un negocio millonario que jamás entregó resultados capaces de justificar un compromiso de tal magnitud con el dinero de los ciudadanos.
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Cercanos a Trump acumulan acusaciones de corrupción: Howard Lutnick bajo escrutinio
Una investigación periodística expone nuevas acusaciones de corrupción, lavado de dinero y conflictos de interés en el círculo cercano del presidente Donald Trump, incluyendo al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y al político texano Ken Paxton.
El círculo de aliados y familiares cercanos al presidente de EUA, Donald Trump, enfrenta nuevas acusaciones de corrupción, lavado de dinero y conflictos de interés. Entre los casos más recientes destaca el del procurador general de Texas, Ken Paxton, quien obtuvo la candidatura republicana al Senado con el respaldo de Trump, pese a haber enfrentado un proceso de juicio político por presuntos actos de corrupción relacionados con favores otorgados a un empresario inmobiliario.
Las acusaciones contra Paxton surgieron después de que presuntamente utilizó su cargo para beneficiar al desarrollador Nate Paul, condenado posteriormente por mentir a reguladores bancarios. De acuerdo con las investigaciones, el empresario habría ofrecido beneficios personales al funcionario, incluyendo remodelaciones a una propiedad y apoyo laboral para una persona cercana a él. Las denuncias fueron impulsadas incluso por integrantes de su propio equipo de trabajo.
La polémica también alcanza al secretario de Comercio, Howard Lutnick, cuyas empresas habrían acumulado más de 50 millones de dólares en multas por lavado de dinero, divulgaciones engañosas y otras irregularidades financieras. Una de las compañías vinculadas a su conglomerado empresarial aceptó responsabilidad por operaciones ilegales de apuestas y lavado de dinero, lo que derivó en sanciones millonarias de autoridades federales.
A estas controversias se suman señalamientos sobre posibles beneficios obtenidos por familiares del mandatario. Reportes recientes indican que una empresa de minerales estratégicos recibió un préstamo federal por 620 millones de dólares poco después de que Donald Trump Jr. se incorporó como inversionista. Aunque el hijo del presidente rechazó haber influido en la decisión, el caso ha alimentado las críticas sobre presuntos conflictos de interés dentro del entorno presidencial.
Las acusaciones han generado una creciente atención de legisladores demócratas y medios de investigación, que mantienen un seguimiento permanente de posibles actos de corrupción y favoritismo dentro de la red política y empresarial vinculada a Trump y sus colaboradores más cercanos.
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Samuel García presume proyecto “estrella” inconclusa a dos semanas del mundial en Nuevo León
A dos semanas de La Copa del Mundo, el gobernador-influencer emecista de Nuevo León, Samuel García, decidió presumir en redes sociales lo que considera su proyecto “estrella”. Sin embargo, lejos de mostrar proyectos terminados y funcionales, exhibió construcciones que permanecen en obra negra.
En un video, difundido en las redes oficiales de Samuel, el mandatario aparece portando una playera de la selección de Holanda mientras presume un puente que, según afirma, conectará puntos estratégicos del estado.
Las imágenes mostraron una estructura inconclusa y sin una fecha clara de terminación, lo que ha generado críticas sobre la distancia entre la propaganda gubernamental y la realidad en la que viven los ciudadanos.
La situación no es distinta con el monorriel, una de las obras más costosas promovidas por el gobierno estatal; con una inversión que supera los 10 mil millones de pesos, ha sido cuestionado por los problemas que ha provocado en distintas zonas, incluyendo afectaciones relacionadas con el suministro de agua y molestias para habitantes de las áreas donde se desarrolla la construcción.
Diversos ciudadanos han señalado que algunos tramos generan incertidumbre debido a la ausencia visible de barreras laterales y a las curvas por las que deberá circular el tren. Aunque las autoridades defienden el proyecto, las inquietudes van en aumento entre la población.
Samuel García también presumió la que asegura será la torre más alta de América Latina, un edificio que será de 100 pisos y contará con un mirador (sistema similar al de La Torre Latino en Ciudad de México).
Sin embargo, la obra tampoco está concluida y, al igual que otros proyectos de su administración, permanecen en una fase que están lejos de convertirse en una realidad para operar.
El gobernador sólo celebra maquetas, promesas y estructuras a medio construir, mientras que miles en Nuevo León siguen esperando hechos concretos.
La imagen de puentes sin terminar, trenes cuestionados y edificios inconclusos exhibe que, detrás del discurso con tintes clasistas del emecista Samuel, parece pesar más su interés por la promoción personal que la verdadera preocupación por entregar obras concluidas y funcionales para la población.
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Exagente de la CIA ocultaba 303 lingotes de oro; evidencia corrupción en la agencia
David Rush enfrenta cargos por robo de fondos públicos tras una redada del FBI en la que también hallaron 303 lingotes de oro y 2 millones de dólares en efectivo.
El caso de David Rush, exfuncionario de alto nivel de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), ha puesto en duda a la comunidad de inteligencia luego de que autoridades encontraran en su domicilio 303 lingotes de oro valuados en más de 40 millones de dólares, además de 2 millones de dólares en efectivo y decenas de relojes de lujo.
El hallazgo ocurrió durante una redada del FBI en Virginia relacionada con una investigación por falsificaciones en su historial militar y académico. De acuerdo con documentos judiciales, Rush habría obtenido los lingotes mediante solicitudes internas realizadas entre finales de 2025 y principios de 2026, argumentando que los recursos eran necesarios para “gastos relacionados con el trabajo”. Actualmente enfrenta cargos por robo de fondos públicos y permanece detenido mientras continúan las investigaciones federales.
La exoficial de operaciones de la CIA, Tracy Walder, advirtió al New York Post que el caso evidencia “un encubrimiento a gran escala” o fallas severas en los mecanismos de supervisión de la agencia. Señaló que los aspirantes y funcionarios de la CIA son sometidos a revisiones exhaustivas de antecedentes financieros, personales y laborales, por lo que consideró alarmante que una situación de este tipo no hubiera sido detectada antes.
Walder también expresó preocupación por posibles fallos sistémicos dentro de la agencia. “El hecho de que esto se les haya escapado de las manos me preocupa, porque podría haber otras personas que también se les hayan pasado por alto”, declaró. La exagente recordó que, aunque los oficiales pueden acceder a fondos y activos para operaciones encubiertas, cada movimiento suele estar sujeto a estrictos controles y autorizaciones internas.
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TRIAGE: El “Golondrinazo” de Maru Campos en Cultura Chihuahua no se olvida
35 millones, contratos ilegales y encubrimiento oficial, sólo un botón de muestra en materia cultural en la actual administración del gobierno de Chihuahua.
Por Alexandro Guerrero
Lo que el Gobierno de Maru Campos presentó como “fomento a la cultura” terminó exhibido como un caso de derroche, ilegalidad y favoritismo: La golondrina y su príncipe, la obra de $35 millones para 12 funciones.
Contrato ilegal
Pagar todo aunque no se haga todo: Zona Free publicó el contrato 051/2022. Obliga al Estado y Municipio a pagar 100% del monto —$17.4 MDP cada uno— aunque solo se realice la mitad del servicio. Es decir, si se cancelaban 6 de 12 funciones, Caín Producciones cobraba completo.
Sin licitación y con favoritismo
El pago de $17.4 millones se hizo por adjudicación directa, cuando la ley obliga a licitar montos mayores a $2.5 MDP. El gasto exhibe favoritismo y discriminación: ese monto equivale a casi 3 años de presupuesto para todos los foros independientes del estado, mientras creadores locales esperaban pagos de 2021.
Obra pública irregular para beneficiar a un privado
Para montar la obra se construyó infraestructura en El Palomar con recurso público. Zona Free documentó que la construcción fue ilegal: se usó dinero del erario para habilitar un espacio para un evento privado, sin licitación de obra ni permisos correctos.
ASE y Órgano Interno encubren
En febrero de 2026, Zona Free reveló que la Auditoría Superior del Estado y el Órgano Interno de Control del Municipio encubrieron la corrupción. La ASE detectó observaciones por $34.8 millones pero no fincó responsabilidades.
Incumplieron a los artistas: el “Golondrinazo”
Tras las protestas de 2022, el Gobierno firmó acuerdos: pagar adeudos, abrir convocatorias y descentralizar. La Verdad Juárez confirmó en agosto de 2023 que el Gobierno de Chihuahua incumplió todos los acuerdos. Siguen pagos atrasados y foros sin apoyo.
Demandas y “La Golondrina 2.0: La Revancha”
Raíchali documentó demandas por daño patrimonial desde diciembre de 2022. Aun así, Norte de Chihuahua reportó que se prepara “La Golondrina y su Príncipe 2.0” con nuevo presupuesto público.
Escándalo nacional
El País México señaló que el presupuesto “removió al sector cultural” porque 35 MDP es lo que la Federación destinó a 200 obras y 1,400 funciones en 32 estados. Norte Digital recogió críticas de productores: gasto “ofensivo” ante la precariedad del gremio.
El saldo 2022-2026
- 35 MDP para 12 funciones vs. abandono a foros independientes.
- Contrato ilegal que garantiza pago total sin servicio completo.
- Encubrimiento de órganos fiscalizadores.
- Incumplimiento de acuerdos con la comunidad.
- Reincidencia: ya preparan segunda versión con dinero público.
Mientras Maru Campos dice que “los chihuahuenses queremos paz y participación”, su política cultural deja un patrón: adjudicación directa, opacidad y castigo a la comunidad que protestó, demanda y seguirá exigiendo cuentas claras porque es mucho el atropello a la comunidad, así como el desfalco en las arcas del estado.
