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Etiqueta: Derechos Humanos

  • Gobierno de Toluca capacita a más de 200 servidores públicos para atender violencia de género

    Gobierno de Toluca capacita a más de 200 servidores públicos para atender violencia de género

    El alcalde recibió certificaciones nacionales y encabezó la profesionalización de policías y áreas clave para atender violencias de género, desapariciones y acompañamiento a víctimas.

    El Gobierno municipal de Toluca dio un paso firme en la atención a las violencias de género, al capacitar a más de 200 personas servidoras públicas y certificar a cerca de 80 trabajadores de primer contacto, incluido el presidente municipal Ricardo Moreno, en estándares nacionales de atención a víctimas.

    En el marco de los 16 Días de Activismo, el alcalde recibió y entregó certificaciones en las competencias EC0539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, EC1542 Búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas y EC1172 Acompañamiento inicial para la atención de víctimas. Las y los participantes pertenecen a la Policía de Género, Célula de Búsqueda, Prevención Comunitaria, Defensoría de Derechos Humanos, Instituto Municipal de la Mujer, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento.

    Además, más de 140 trabajadores concluyeron talleres teórico-prácticos sobre acoso sexual, violencia de género y estrategias de búsqueda, fortaleciendo habilidades para actuar con profesionalismo, empatía y eficacia, desde la recepción de la denuncia hasta el seguimiento de cada caso.

    Ricardo Moreno subrayó que la capacitación no es un trámite burocrático, sino una urgencia social, pues dota a las y los servidores públicos de herramientas reales para proteger, orientar y acompañar a personas vulnerables. Reiteró su compromiso para que la Policía Municipal de Toluca sea de las mejor preparadas del país en atención a violencias y desapariciones, y explicó que él mismo se certificó como parte de una visión de gobierno cercano.

    La titular del Instituto Municipal de la Mujer, Celfa Vázquez, destacó que la certificación del alcalde envía un mensaje contundente de responsabilidad institucional y respeto a los Derechos Humanos, mientras que Óscar Antonio Rodríguez, de la CEAV Estado de México, reconoció a Toluca como referente para otros municipios por profesionalizar a primeros respondientes.

    A nombre del personal capacitado, Rocío Guerrero, contralora municipal, afirmó que cada intervención puede marcar la diferencia para mujeres y familias que enfrentan violencia o buscan a un ser querido, consolidando entornos más justos y seguros.

  • Sheinbaum designa a Esthela Damián como nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal

    Sheinbaum designa a Esthela Damián como nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal

    La abogada sustituye a Ernestina Godoy, quien asumió la titularidad de la FGR, y refuerza el enfoque de derechos humanos y legalidad en la Presidencia.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en relevo de Ernestina Godoy, quien dejó el cargo tras asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). La designación fortalece el equipo jurídico presidencial con una funcionaria de amplia trayectoria técnica, legislativa y en políticas públicas.

    Esthela Damián es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación, con una formación sólida que ha orientado su desempeño en el servicio público. Su perfil se caracteriza por un enfoque integral del derecho, con experiencia práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Electoral y Derechos Humanos, así como en la protección de niñas, niños y juventudes.

    Su preparación académica incluye capacitación continua en Derecho Electoral, Derechos Humanos y Derecho Administrativo, con énfasis en normatividad impositiva, cobranza coactiva y participación fiscal. Además, ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales sobre reformas fiscales, fiscalización, transparencia, rendición de cuentas, políticas públicas y ética gubernamental, fortaleciendo una visión jurídica aplicada al diseño institucional.

    En su trayectoria reciente, se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y fue directora general del DIF-CDMX y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde impulsó políticas de protección integral y transversalización de derechos. Hasta su nombramiento, fungía como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargada de la estrategia de atención a las causas, modelo que articula prevención social con visión jurídica y de derechos humanos.

    Con este relevo, la Presidencia asegura continuidad institucional tras la salida de Ernestina Godoy a la FGR y consolida un marco legal robusto para la agenda del Ejecutivo.

  • Escalada militar de EUA en el Pacífico deja ocho muertos tras ataque a tres embarcaciones

    Escalada militar de EUA en el Pacífico deja ocho muertos tras ataque a tres embarcaciones

    El Comando Sur intensificó sus operativos contra presuntas “narcolanchas”, en medio de críticas por posibles ejecuciones extrajudiciales y mayor escrutinio del Congreso estadounidense.

    El Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque aéreo contra tres embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico oriental, acción que dejó un saldo de ocho personas muertas, bajo el argumento de que los objetivos estaban vinculados al narcotráfico, aunque no presentó pruebas que sustenten esa acusación.

    A través de su cuenta oficial en X, el mando militar detalló que tres personas murieron en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera. En el comunicado, las fuerzas armadas estadounidenses calificaron a los objetivos como “organizaciones terroristas designadas”, y difundieron un video donde se observa una lancha navegando antes de ser alcanzada por una explosión.

    Este ataque se suma a una campaña militar iniciada el pasado 2 de septiembre, cuando el presidente Donald Trump ordenó intensificar las operaciones navales y aéreas en el Caribe y el Pacífico oriental. Desde entonces, al menos 95 personas han muerto en 26 ataques contra embarcaciones, cifras que han encendido alertas entre organismos de derechos humanos y gobiernos de la región.

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como expertos internacionales, han señalado que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al realizarse sin procesos judiciales ni pruebas públicas sobre los presuntos delitos. Incluso se documentó un ataque posterior en el que dos sobrevivientes fueron abatidos mientras se aferraban a los restos de una lancha destruida.

    Trump ha justificado la ofensiva al afirmar que Estados Unidos enfrenta un “conflicto armado” con los cárteles, y recientemente clasificó al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, elevando aún más el tono bélico de su discurso. En paralelo, el Congreso estadounidense ha incrementado el escrutinio sobre estas operaciones y alista sesiones informativas a puerta cerrada con altos funcionarios de seguridad nacional.

    Mientras tanto, líderes como Nicolás Maduro han denunciado que estos ataques representan una amenaza regional y un intento de forzar cambios políticos mediante la presión militar.

  • ICE se burla mientras atropella a manifestantes en protesta en EUA

    ICE se burla mientras atropella a manifestantes en protesta en EUA

    Risas, gas pimienta y un atropellamiento exhiben el uso excesivo de la fuerza y la deshumanización con la que agentes de ICE reprimen una protesta en Minneapolis.

    La brutalidad y el desprecio por la vida volvieron a quedar expuestos en Estados Unidos. El pasado 9 de diciembre, durante una protesta en Minneapolis, Minnesota, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) atropellaron a un manifestante, lanzaron gas pimienta y se burlaron del ataque, hechos que quedaron registrados en video y se viralizaron en redes sociales.

    En las imágenes se observa cómo un vehículo del ICE sin identificación embiste a una persona que participaba en la movilización, mientras los agentes carcajean y uno de ellos grita “¡Jajaja! ¡Aniquilación!”, desatando pánico entre los asistentes. Testigos denunciaron que, además, los agentes rociaron gas pimienta en repetidas ocasiones contra manifestantes que se negaban a desalojar la calle, pese a que la protesta se mantenía sin armas ni actos de violencia.

    El video ha provocado indignación internacional, al evidenciar no solo el uso excesivo de la fuerza, sino también una actitud de burla y desprecio hacia quienes se manifiestan contra las políticas migratorias del gobierno estadounidense. Organizaciones civiles advirtieron que este tipo de acciones normalizan la violencia institucional y profundizan la criminalización de comunidades migrantes.

    Este hecho no es aislado, sino parte de una estrategia recurrente de deshumanización. Apenas el 1 de diciembre, las cuentas oficiales de la Casa Blanca difundieron un video de detenciones de migrantes realizadas por ICE, acompañado de la canción “Juno” de Sabrina Carpenter, en un tono irónico y burlón. La cantante se deslindó públicamente, rechazando que su música fuera utilizada para promover políticas antimigrantes.

    Activistas subrayan que la burla desde el poder y la violencia en las calles reflejan una misma lógica: tratar a las personas migrantes como objetos y no como seres humanos, en un contexto de creciente persecución y falta de rendición de cuentas.

    Con información de El Heraldo de México

  • Sheinbaum exige respeto a migrantes y rechaza criminalización en EUA

    Sheinbaum exige respeto a migrantes y rechaza criminalización en EUA

    La mandataria llamó a frenar las redadas migratorias y aseguró que México reforzó la defensa legal y humanitaria para proteger a sus connacionales en Estados Unidos.

    La presidenta Claudia Sheinbaum condenó nuevamente las redadas migratorias en Estados Unidos y subrayó que “las y los mexicanos no son criminales, sino personas trabajadoras que sostienen a sus familias y aportan a la economía estadounidense”. La postura, dijo, ha sido comunicada directamente al presidente Donald Trump y a funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con diversas notas diplomáticas que exigen respeto a los derechos de los migrantes.

    Sheinbaum explicó que el Gobierno de México ha reforzado la defensa de sus connacionales. Entre las medidas destaca la ampliación de líneas de apoyo para migrantes, así como contratos con organizaciones de abogados que brindan acompañamiento legal. Además, instruyó a los consulados a mantener presencia permanente en centros de detención para vigilar el respeto a los derechos humanos.

    La mandataria detalló que, en casos de deportación o repatriación, se aplican distintos programas de asistencia, desde la Tarjeta de Apoyo al Migrante y la Tarjeta Paisano, hasta su afiliación al IMSS, apoyo para el retorno a sus comunidades y acompañamiento para conseguir empleo. Quienes ingresan por tierra son recibidos en centros especializados donde se les brinda atención inmediata.

    Asimismo, recordó que los consulados están obligados a apoyar a los paisanos que deseen denunciar abusos en territorio estadounidense. Aunque los consulados no pueden presentar directamente las denuncias, organismos legales aliados pueden hacerlo, por lo que el gobierno trabaja estrechamente con ellos para garantizar protección integral.

  • Familia de Alejandro Carranza, pescador colombiano asesinado, denuncia a EUA ante la CIDH

    Familia de Alejandro Carranza, pescador colombiano asesinado, denuncia a EUA ante la CIDH

    Alejandro Carranza murió en un bombardeo estadounidense en el Caribe; es la primera reclamación internacional por ataques ordenados por Donald Trump.

    La familia de Alejandro Carranza, pescador colombiano asesinado en ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas, presentó una denuncia formal contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

    La medida es la primera reclamación internacional por la campaña militar ordenada por Donald Trump en septiembre de 2025, que ha dejado más de 80 víctimas mortales.

    El documento, respaldado por Daniel Kovalik, abogado de derechos humanos y representante del presidente Gustavo Petro, detalla que el 15 de septiembre de 2025 el ejército estadounidense bombardeó la embarcación de Carranza frente a las costas de Colombia, causando su muerte. La denuncia señala directamente a Pete Hegseth, secretario de Defensa de EUA, como responsable de ordenar los ataques, y afirma que Trump ratificó la acción.

    La familia acusa a Estados Unidos de violar derechos fundamentales, como el derecho a la vida, igualdad ante la ley, juicio justo y debido proceso, respaldados por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

    Organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han calificado los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales, violando el derecho internacional. La operación, denominada Lanza del Sur, se extendió del Caribe al Pacífico, zona estratégica del narcotráfico. Hasta ahora, solo se han identificado a dos supervivientes, un colombiano y un ecuatoriano, quienes fueron liberados tras comprobarse su inocencia.

    La CIDH, órgano de la OEA, puede emitir recomendaciones, reparaciones o sanciones a los Estados que violen derechos humanos, y en caso de no lograr acuerdos, los casos pueden elevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son vinculantes.

  • Sheinbaum confirma posible reincorporación de ex expertos del GIEI al caso Ayotzinapa

    Sheinbaum confirma posible reincorporación de ex expertos del GIEI al caso Ayotzinapa

    La Presidenta aseguró que se buscará la participación de algunos ex integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y recordó que se reportan más de 10 detenciones recientes y nuevos lugares de búsqueda.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que sólo se contactará a algunos ex integrantes del GIEI para que puedan reincorporarse a la investigación del caso Ayotzinapa, y subrayó que los avances son “no como quisiéramos”, aunque incluyen 10 detenciones recientes y nuevos lugares de búsqueda.

    Durante la Mañanera del Pueblo, explicó que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, se comunicará con los ex expertos, aunque no confirmó si se trata de Ángela Buitrago o Carlos Beristain, cuyos nombres mencionaron padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Sheinbaum puntualizó que el GIEI ya no existe como grupo, pero algunos padres han solicitado que ciertos integrantes puedan regresar a la investigación bajo condiciones específicas.

    La mandataria destacó que estas detenciones recientes derivan de un trabajo exhaustivo, utilizando herramientas científicas como el análisis de llamadas telefónicas de celulares de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, un recurso que no se había aplicado previamente en la fiscalía. Este método permitió identificar vínculos y llamadas entre personas ya detenidas, lo que condujo a la captura de nuevos implicados.

    Sheinbaum también mencionó la posibilidad de que expertos internacionales, con la anuencia de los padres, participen en la investigación, y confirmó que han detectado nuevos lugares de búsqueda. Señaló que, aunque los avances no son los deseados, se continúa avanzando en la revisión de carpetas, declaraciones y averiguaciones previas para acercarse a la verdad y la justicia.

    Finalmente, la Presidenta reiteró su compromiso con los padres y madres de los estudiantes: “con relación a las personas que en su momento participaron en el GIEI se va a hablar con ellos para ver si quisieran regresar y en qué condición”, confiando en que pronto se logren resultados significativos.

  • ICE ofrece 300 dólares por cada migrante localizado y dispara alerta por cazarrecompensas privados

    ICE ofrece 300 dólares por cada migrante localizado y dispara alerta por cazarrecompensas privados

    El gobierno de EUA impulsa un programa de recompensas para que contratistas privados rastreen a migrantes irregulares, con un presupuesto de 180 millones de dólares y riesgos legales y humanitarios.

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos abrió una convocatoria para contratistas privados con el fin de localizar a migrantes indocumentados, en el marco de la meta de deportar un millón de personas al año. De acuerdo con una investigación de Témoris Grecko para Milenio, el programa contempla un pago de 300 dólares por cada migrante localizado, con potenciales ganancias de hasta 30 mil dólares durante un período piloto de 90 días, y un presupuesto total de 180 millones de dólares.

    Aunque la convocatoria no autoriza formalmente arrestos, se han documentado operativos con personal encapuchado y empresas como G4S/Allied Universal, que exceden sus funciones de transporte de detenidos para participar en detenciones, lo que viola la legislación federal. Activistas y exfuncionarios alertan sobre los peligros de privatizar funciones coercitivas del gobierno, creando un “complejo de deportación-industrial” con escasa supervisión y riesgos de abuso.

    El programa se complementa con un reclutamiento acelerado de agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza, reduciendo requisitos profesionales y aumentando la vulnerabilidad de los derechos de los migrantes. Los contratistas deben realizar vigilancia física, seguimiento de residencias y envío de pruebas fotográficas, usando datos proporcionados por el gobierno. Se proveen vehículos, pero se advierte sobre los riesgos que implica el trabajo en el terreno.

    Expertos señalan que esta estrategia genera un incentivo perverso para el uso de fuerza privada en labores de seguridad civil, comparando el fenómeno con la advertencia del ex presidente Dwight Eisenhower sobre el poder del complejo militar-industrial. La práctica podría consolidar un aparato de control social fuera del escrutinio público y con potencial para abusos y violaciones a derechos humanos.

    Mientras tanto, las plataformas de empleo como LinkedIn se han convertido en un canal para la contratación de exagentes y personal militar con poca experiencia, lo que evidencia la creciente privatización de la cacería de migrantes en Estados Unidos.

    Con información de Témoris Grecko para Milenio

  • La ultraderecha: El odio que se disfraza de patriotismo y erosiona los derechos humanos

    La ultraderecha: El odio que se disfraza de patriotismo y erosiona los derechos humanos

    Por Neri Torres

    La ultraderecha no solo busca el poder: su objetivo es normalizar el miedo, el odio y la intolerancia, utilizando populismo, nostalgia y redes digitales para socavar la democracia en todo el mundo.

    La ultraderecha no es un accidente, es un mal que se reinventa sin descanso. 

    Desde sus bases reaccionarias que añoran un pasado jerárquico hasta los líderes populistas de hoy, su estrategia sigue siendo la misma: explotar miedos, culpar al diferente y corroer la democracia.

    No importa el continente ni la época. Wallace en EUA, Le Pen en Francia, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos o Meloni en Italia comparten el mismo manual: populismo autoritario, nostalgia de un pasado idealizado y ataques sistemáticos a minorías y derechos. No buscan gobernar con justicia; buscan movilizar resentimiento y miedo para fortalecer su base.

    Hoy la ultraderecha se actualiza. Las redes sociales amplifican sus mensajes, los nacionalismos extremos inventan enemigos y los discursos confunden libertad con imposición. Cada triunfo electoral demuestra que no solo persiguen poder, sino que quieren normalizar la intolerancia y hacer que lo extremo parezca aceptable.

    Lo más alarmante no es solo lo que hacen en el poder, sino lo que logran en nuestra mente: transformar el odio en conversación cotidiana y hacer que la democracia se vea débil frente a sus amenazas.

    Después de 1945, cuando el fascismo fue marginado, aprendieron a camuflarse. 

    De acuerdo con Cas Mudde, su evolución se puede seguir en cuatro olas: 

    • La primera (1945-1955) fue marginal, con grupos neofascistas perseguidos. 
    • La segunda (1955-1980) surge en la Guerra Fría con populismo de derecha moderado pero cargado de segregación y resentimiento, encarnado por George Wallace.
    • La tercera (1980-2000) capitaliza la globalización con discursos nativistas y autoritaristas, ejemplificada por Jean-Marie Le Pen.
    • La cuarta (2000-actualidad), la ultraderecha 2.0, se alimenta de crisis económicas, inseguridad y redes digitales, llevando su populismo autoritario y nacionalismo excluyente al mainstream.

    Si seguimos la cronología, los ejemplos son claros: Joseph de Maistre sentó las bases de una ultraderecha que ve la tradición y la religión como únicas garantías frente al “peligro” de la libertad; George Wallace movilizó resentimiento racial y social; Jean-Marie Le Pen normalizó la ultraderecha electoral y su hija Marine la llevó al poder de manera más “respetable”.

    En el siglo XXI, la estrategia se refina. Trump fusionó populismo nativista con posverdad y ataques a medios e instituciones; Orbán construyó una democracia iliberal controlando medios y destruyendo contrapesos; Meloni gobierna Italia con nacionalismo pragmático que suaviza formas pero mantiene fondo autoritarista; Bolsonaro explotó la nostalgia dictatorial; Milei convierte la furia económica en ultraderecha libertaria; y Santiago Abascal mezcla islamofobia, nacionalismo extremo y ataques a la diversidad en España.

    En México, la ultraderecha no tiene un partido hegemónico, sino que se infiltra a través de grupos de presión social que impulsan una agenda de retroceso moral. 

    Aunque el populismo gobernante actual se ubica en el centro-izquierda, la retórica anti-derechos, la negación del cambio climático y la defensa de un conservadurismo extremo son financiadas y promovidas por élites empresariales y sectores ideológicos que ven en la polarización cultural una forma de frenar el avance progresista. 

    El hilo común es evidente: la ultraderecha transforma miedo en política, resentimiento en votos y radicalismo en consenso social. 

    Lo peligroso no es solo que llegue al poder, sino que logra normalizar discursos de odio y exclusión, haciendo que lo extremo parezca cotidiano y la democracia vulnerable. 

    Ignorar esto ya no es una opción.