Los Reporteros Mx

Etiqueta: Emmanuel Soriano Flores

  • Democracia de vitrina: el imperio nos vendió el insulto y nos quitó la soberanía

    Democracia de vitrina: el imperio nos vendió el insulto y nos quitó la soberanía

    Durante décadas nos repitieron que la grandeza de las democracias liberales consistía en poder insultar libremente a un presidente, publicar una caricatura ofensiva o cambiar de gobernante cada seis años mediante el voto. Ese fue el trofeo que se nos entregó a cambio de renunciar a preguntas más incómodas: quién decide realmente qué se produce, qué se exporta, qué deuda se contrae y bajo qué condiciones un país puede o no nacionalizar sus recursos. La libertad de insultar al poder visible se convirtió en la coartada perfecta para no cuestionar al poder invisible: los consorcios financieros, los organismos multilaterales diseñados en Bretton Woods, las calificadoras crediticias y los oligarcas locales que funcionan como franquicia regional de intereses extranjeros.

    El mecanismo tiene dos capas que se refuerzan entre sí. La primera es institucional: los verdaderos límites de la soberanía nacional no se negocian en el Congreso ni se deciden en las urnas, sino en tribunales de arbitraje internacional, en cláusulas de tratados de libre comercio y en las condiciones que imponen los organismos financieros a cambio de préstamos.

    La segunda capa es mediática: la construcción del sentido común. Cuando un gobierno intenta recuperar el control sobre un recurso estratégico o simplemente redistribuir la riqueza, aparece de inmediato una batería de columnistas, encuestas fabricadas y campañas de desprestigio financiadas por quienes tienen algo que perder. No hace falta un golpe militar cuando existe un batallón de voceros dispuestos a repetir, con distintos acentos, el mismo libreto.

    México ha vivido en carne propia esta historia, pero también ha sido, en distintos momentos, ejemplo de resistencia frente a ella. La expropiación petrolera de 1938 sigue siendo uno de los actos de soberanía más significativos del siglo XX en la región, no porque haya sido perfecta, sino porque demostró que un país del llamado Sur Global podía desafiar a las compañías extranjeras y sobrevivir al boicot que le siguió. Esa memoria incomoda a quienes prefieren una nación dócil, convencida de que su lugar en el mundo es el de proveedor de mano de obra barata y materias primas.

    Recuperar esa memoria no es nostalgia: es una herramienta política para el presente, cuando vuelven a plantearse debates sobre litio, agua, energía y control de fronteras.

    El error de muchos análisis liberales es tratar la democracia como un fin en sí mismo, medible únicamente por la existencia de elecciones limpias y libertad de prensa formal, sin preguntarse quién controla los márgenes reales de decisión. Una elección puede ser impecable en su procedimiento y, sin embargo, no alterar en nada la estructura de dependencia económica que determina el rumbo del país. La verdadera pregunta no es si se puede votar, sino si el resultado de ese voto puede modificar la relación de un país con el capital transnacional. Cuando la respuesta es no, el ejercicio democrático se vuelve un ritual de legitimación más que un instrumento de transformación.

  • Odiar lo propio: la última arma del imperio, la primera derrota del pueblo

    Odiar lo propio: la última arma del imperio, la primera derrota del pueblo

    Nos enseñaron a odiar nuestras raíces para que, cuando vinieran a destruirlas, no levantáramos ni una mano para defenderlas. Esa frase, aparentemente simple, encierra el mecanismo más eficaz que ha inventado el poder para sostenerse sin necesidad de un ejército permanente en cada esquina: convencer al oprimido de que su propia cultura, su historia y su forma de ver el mundo son un lastre, mientras el modelo impuesto desde fuera se presenta como sinónimo de progreso, modernidad y bienestar. No hace falta ocupar un territorio con tanques cuando se puede ocupar la mente de sus habitantes con valores ajenos disfrazados de sentido común.

    Esta operación no es accidental ni espontánea. Es una estrategia sostenida a través de la religión importada que sustituyó cosmovisiones originarias, de los medios de comunicación que naturalizan el consumo y el individualismo como única forma legítima de existir, y de un sistema educativo que enseña más sobre la Revolución Francesa que sobre la resistencia de los pueblos originarios de Abya Yala frente a cinco siglos de despojo.

    La clase dominante, tanto la local que administra los intereses extranjeros como la metropolitana que los dicta, entendió hace mucho que el control económico y político es frágil si no va acompañado del control simbólico.

    Por eso invirtieron menos en soldados y más películas, series y algoritmos.

    Desde una perspectiva antiimperialista, esto no puede leerse como un fenómeno cultural neutro. Es la superestructura al servicio de una base material muy concreta: el saqueo continuo de los recursos del Sur global por parte de las potencias del Norte, hoy encabezadas por Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales. Cuando un pueblo desprecia su lengua, su música, su comida o su memoria histórica, deja de percibir como agresión la extracción de su litio, su petróleo o su mano de obra barata. El colonialismo mental es la condición previa para el colonialismo económico: primero te enseñan que lo tuyo no vale, después te explican que lo que viene de afuera “te conviene” en forma de tratado de libre comercio, de base militar o de préstamo del Fondo Monetario Internacional.

    México ocupa en esta historia un lugar que merece ser dicho con claridad y sin falsa modestia. Es una de las pocas naciones de América Latina que ha protagonizado una revolución social profunda, que nacionalizó su petróleo desafiando a las compañías extranjeras, que dio asilo a perseguidos políticos de medio mundo y que hoy, con todas sus contradicciones internas, sostiene una política exterior que reivindica la no intervención y la soberanía frente a la presión constante de Washington. La herencia de Cuauhtémoc, de Zapata, de Cárdenas, no es folclore para postales: es un patrimonio político que demuestra que la dignidad frente al imperio no es un sueño romántico, sino una práctica histórica concreta. Reconectar con esas raíces no es nostalgia, es estrategia de supervivencia nacional.

    Ahora bien, no basta con “sentirse orgulloso” de la cultura propia como gesto estético o turístico. Hay que construir una cultura contrahegemónica, y ahí está la clave que distingue el nacionalismo folclorizado del proyecto político real. No se trata de vender la raíz indígena en artesanías para exportación mientras se sigue reproduciendo el mismo modelo económico dependiente. Se trata de disputar el sentido común, de politizar la vida cotidiana, de entender que cada clase de historia, cada canción, cada palabra recuperada de una lengua originaria es también un campo de batalla contra la dominación.

    Toda persona tiene capacidad intelectual, solo falta continuar con la politización, o, dicho de otra forma, con el despertar de las conciencias. Hay que romper con la vieja trampa que reserva el pensamiento crítico a las élites ilustradas y devuelve al pueblo su derecho a interpretar el mundo y a transformarlo. La descolonización no llegará por decreto ni por una sola generación de intelectuales iluminados: llegará cuando millones de personas comunes dejen de repetir, sin saberlo, el guion escrito por quienes se benefician de su desprecio hacia sí mismas.

    Defender las raíces, entonces, no es mirar hacia atrás. Es la condición para poder mirar hacia adelante sin que ese futuro nos lo sigan diseñando desde fuera.

  • Mientras China programa el futuro, Washington programa el miedo

    Mientras China programa el futuro, Washington programa el miedo

    La misma semana de julio de 2026 en la que Pekín presentó al mundo Kimi K3, un modelo de inteligencia artificial capaz de rivalizar con los sistemas más avanzados de Silicon Valley a una fracción de su costo, el gobierno de Estados Unidos convocaba a representantes de 66 países para hablar no de tecnología, ni de comercio, ni de cooperación, sino de un enemigo interno definido en términos casi religiosos: el “resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda”. El contraste no podría ser más elocuente sobre hacia dónde mira cada potencia.

    En Shanghái, Xi Jinping subió al escenario de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial para insistir en que esta tecnología no debe quedar en manos de un solo país, y ofreció capacitación y modelos de bajo costo a naciones del sur global bajo la premisa de que la IA debe servir para cooperar, no para competir.

    Es un discurso que, viniendo de un régimen con su propio historial de censura y control, invita al escepticismo. Pero el hecho concreto detrás del discurso es innegable: empresas chinas como Moonshot AI están ofreciendo modelos de código abierto con pesos públicos, a precios hasta cuarenta veces menores que sus competidores estadounidenses, y ya están siendo adoptados por compañías en Silicon Valley, la meca que se suponía imbatible. Ese mismo día en Washington, Marco Rubio no hablaba de innovación ni de infraestructura digital. Hablaba de anarquistas, comunistas y “antiimperialistas” como si fueran una red terrorista transnacional con capacidad operativa comparable a Al Qaeda, sin ofrecer una sola prueba pública que sostenga semejante caracterización. Horas después, Donald Trump acusaba a China de interferir en las elecciones estadounidenses, también sin mostrar evidencia, mientras su propia administración ha intervenido abiertamente, sin disimulo alguno, en procesos electorales latinoamericanos para favorecer a candidatos de extrema derecha que después le devuelven lealtad política.

    No hace falta compartir la visión del Partido Comunista Chino sobre la sociedad, la disidencia o los derechos humanos para notar la asimetría. Un país invierte su capital político en construir infraestructura tecnológica y ofrecerla al mundo en desarrollo; el otro invierte su capital político en fabricar enemigos internos difusos, sin nombre ni estructura verificable, y en señalar interferencias externas que no puede o no quiere probar. Uno mira hacia adelante, hacia la próxima década de cómputo, energía y algoritmos; el otro mira hacia atrás, hacia un imaginario de guerra cultural que necesita mantener viva la sensación de amenaza permanente para justificar su propia existencia política.

    Vale la pena señalar, además, un dato que rara vez aparece en la cobertura occidental de este tema: el mismo régimen chino que impulsa esta ofensiva diplomática de la inteligencia artificial mantiene restricciones internas contra el uso de esa misma tecnología para sustituir trabajadores. Es una contradicción interesante para un sistema que compite globalmente bajo una lógica de mercado, pero que en su territorio decide proteger el empleo por decreto. Mientras tanto, en el otro extremo del tablero, la retórica de Rubio sobre el “terrorismo de izquierda” llega apenas meses después de que la propia administración estadounidense indultara a quienes asaltaron el Capitolio en enero de 2021, y en el contexto de una ola de designaciones antiterroristas que, según especialistas en seguridad citados por medios como el Washington Post, carecen de sustento legal y buscan más bien habilitar herramientas de vigilancia contra ciudadanos estadounidenses.

    Ninguna de las dos potencias es inocente. China no es un modelo de transparencia ni de libertades civiles, y su generosidad tecnológica hacia el sur global no es filantropía: es estrategia geopolítica, tan calculada como cualquier otra. Pero la comparación entre lo que cada gobierno decidió hacer público esa misma semana de julio resulta reveladora.

    Un país mostró un producto, una hoja de ruta y una oferta de cooperación técnica verificable. El otro mostró un discurso sobre fantasmas ideológicos y una acusación sin pruebas lanzada en horario estelar. Quienes defienden la hegemonía estadounidense insistirán en que la apertura de los modelos chinos oculta riesgos de seguridad y opacidad en el entrenamiento, y no les falta razón en advertir sobre ello. Pero ese argumento no explica por qué la respuesta de Washington a la competencia tecnológica china fue, esa semana, hablar de todo menos de tecnología. Y en un mundo donde el liderazgo se mide cada vez más en cómputo, algoritmos y capacidad de exportar infraestructura digital, elegir hablar de enemigos imaginarios en lugar de innovación real dice, por sí solo, hacia dónde se inclina la balanza.

  • EL VERDADERO TERRORISMO ES EL IMPERIO, NO QUIEN SE DEFIENDE DE ÉL

    EL VERDADERO TERRORISMO ES EL IMPERIO, NO QUIEN SE DEFIENDE DE ÉL

    Le dicen «terrorismo» porque la unidad de los pueblos en defensa de sus riquezas es el «terror» de los imperios que se las roban. Esta frase, breve y filosa, condensa una verdad histórica que las potencias dominantes se han esforzado por enterrar bajo capas de propaganda: la palabra «terrorismo» no describe un fenómeno objetivo, sino una etiqueta política que se aplica selectivamente a quienes resisten el despojo. Quien bombardea ciudades desde un portaaviones es «defensa»; quien defiende su territorio con lo que tiene a la mano es «terror». Esa asimetría del lenguaje no es casual: es un arma más en el arsenal del poder.

    Basta repasar el siglo veinte para confirmarlo. Los movimientos de liberación de Argelia, Vietnam, Cuba o Nicaragua fueron llamados terroristas por las metrópolis que saqueaban sus recursos, mientras los ejércitos coloniales que masacraban poblaciones civiles eran presentados como garantes del orden. La historia, escrita casi siempre por los vencedores o por quienes controlan los grandes medios, invirtió los papeles: convirtió a las víctimas en victimarios y a los saqueadores en civilizadores. Ese mismo libreto se repite hoy en Medio Oriente, en África y en buena parte de América Latina, donde cualquier intento de nacionalizar el petróleo, el litio o el agua es recibido con sanciones, golpes de Estado mediáticos o intervenciones militares disfrazadas de ayuda humanitaria.

    México conoce este guion de memoria. Desde la expropiación petrolera de 1938 hasta los intentos recientes por recuperar el control sobre el litio y la energía, el país ha sido blanco de campañas de desprestigio cada vez que se atreve a pensar sus recursos naturales como patrimonio nacional y no como mercancía a disposición de capitales extranjeros. Cuando un gobierno mexicano habla de soberanía energética, de no intervención o de autodeterminación de los pueblos, inmediatamente aparecen voces —muchas financiadas o amplificadas desde fuera— que tildan esas posturas de populismo peligroso o de amenaza a la estabilidad regional. Es el mismo mecanismo: deslegitimar mediante el lenguaje lo que no se puede combatir mediante argumentos.

    La unidad de los pueblos del sur global es, en efecto, lo que más temen los imperios contemporáneos, sean estos formales o informales, militares o financieros. Un bloque latinoamericano que coordine su política exterior, que defienda conjuntamente sus materias primas y que se niegue a alinearse automáticamente con los intereses de Washington o de las corporaciones transnacionales representa una amenaza real al modelo extractivista que ha empobrecido a la región durante dos siglos. Por eso se promueve la fragmentación, se financian oposiciones internas, se cultivan medios afines y se inventan crisis humanitarias o de seguridad que justifiquen la injerencia. El terrorismo de Estado, ejercido mediante bloqueos económicos que matan de hambre a poblaciones enteras —como ocurre con Cuba o Venezuela—, rara vez recibe ese nombre en los grandes titulares.

    México, sin embargo, ha mostrado en años recientes una vocación distinta: la defensa explícita del principio de no intervención, la negativa a sumarse a cercos diplomáticos contra naciones hermanas y una política exterior que reivindica la dignidad de los pueblos frente a la lógica de bloques impuesta desde el norte. Esa postura no es ingenuidad ni capricho ideológico; es una lectura lúcida de la historia. Quien ha sufrido invasiones, intervenciones y despojos territoriales sabe que la retórica de la «comunidad internacional» suele ser el disfraz elegante de intereses muy concretos.

    Reconocer esto no significa justificar la violencia indiscriminada contra civiles, venga de donde venga; significa exigir honestidad en el uso de las palabras. Llamar terrorista a un pueblo que se organiza para no entregar su tierra, su petróleo o su agua, mientras se llama paz a la ocupación militar de sus territorios, es una forma de violencia simbólica que prepara el terreno para la violencia real. La verdadera tarea antiimperialista del presente no es solo resistir las bombas, sino disputar el lenguaje con el que se nombra el mundo. México, por historia y por convicción, tiene mucho que aportar a esa batalla: la de devolverle a las palabras su sentido original y a los pueblos el derecho a definir, sin tutelas externas, qué es defensa y qué es despojo.

  • El voto del miedo: cómo el imperio fabrica pobres que eligen su propia cadena

    El voto del miedo: cómo el imperio fabrica pobres que eligen su propia cadena

    La gente no siempre vota según sus intereses materiales, sino según una imagen idealizada de cómo querría vivir. Esa observación, atribuida en parte a Jorge Alemán y su noción del “individuo antropológicamente neoliberal”, es certera, pero incompleta si no se le añade una pregunta incómoda: ¿Quién fabricó esa imagen idealizada y con qué fines?

    La respuesta, vista desde una perspectiva antiimperialista, es clara. El “sueño” que empuja a un trabajador empobrecido a votar por quien promete recortar derechos laborales no nació en su cabeza de forma espontánea. Fue sembrado durante décadas por un aparato cultural, mediático y financiero cuyo centro de gravedad sigue estando en Washington, en los think tanks de Wall Street, en las cadenas de televisión y plataformas digitales que difunden la fantasía del “emprendedor exitoso” como horizonte único de dignidad humana. El neoliberalismo no es solamente una política económica: es una pedagogía del deseo. Y esa pedagogía se exportó desde el norte global hacia el sur, con América Latina como uno de sus laboratorios favoritos desde Pinochet hasta hoy.

    Cuando un campesino o un obrero vota por la ultraderecha, no está traicionando sus intereses por ignorancia, como gusta repetir cierta izquierda liberal con desprecio de clase. Está respondiendo, de manera racional dentro de un marco irracional, a un bombardeo simbólico que durante generaciones le enseñó que la pobreza es culpa individual, que el Estado es el enemigo, que la seguridad social es un privilegio inmerecido y que la única libertad real es la del consumidor. Ese bombardeo no es neutral ni doméstico: es geopolítico. Forma parte de una estrategia de dominación que necesita gobiernos débiles, desregulados y dependientes en el sur para sostener el nivel de vida y la hegemonía financiera del norte.

    El miedo y la incertidumbre tampoco son accidentes históricos. Son productos fabricados activamente: la inseguridad se agrava cuando se desmantelan los Estados de bienestar bajo presión del FMI; la incertidumbre se profundiza cuando los capitales especulativos atacan monedas nacionales que intentan apartarse del libreto neoliberal. El “declive cognitivo del ciudadano medio” que se señala no es una falla biológica de la humanidad, sino el resultado lógico de sistemas educativos desfinanciados, medios concentrados en pocas manos y algoritmos diseñados para maximizar indignación y polarización antes que pensamiento crítico.

    En este contexto, México ocupa un lugar que merece ser destacado en lugar de diluido en generalidades continentales. Mientras buena parte de la región oscila entre el ajuste ortodoxo y la promesa vacía de la mano dura, el proyecto político mexicano de la última década ha intentado, con contradicciones pero con dirección clara, disputar precisamente esa pedagogía del deseo. Programas de transferencia directa, rescate del salario mínimo, nacionalismo energético y una retórica presidencial que no teme nombrar al “neoliberalismo” como adversario histórico configuran un experimento que incomoda a Washington más por su ejemplo que por su tamaño. No se trata de idealizar sin crítica: persisten la violencia, la precariedad y la dependencia estructural del mercado estadounidense. Pero la diferencia de tono y de prioridades frente a la ortodoxia regional es innegable, y explica buena parte de la hostilidad mediática que México recibe desde ciertos centros de poder internacional.

    Comprender por qué la gente pobre vota contra sus intereses materiales exige, entonces, abandonar la explicación psicologista y abrazar una explicación histórico-política. No hay individuos antropológicamente neoliberales por naturaleza; hay sujetos producidos por un sistema imperial que necesita su consentimiento para reproducirse sin necesidad de cuarteles. La batalla por el sentido común, por consiguiente, no se gana señalando con el dedo a quien vota “mal”, sino desmontando la maquinaria que produce ese voto: control sobre medios y plataformas, soberanía económica frente a organismos financieros internacionales, y políticas sociales que cambien materialmente la vida de quien hoy solo puede aspirar a soñarla.

    México, con sus límites y sus contradicciones, ofrece hoy uno de los pocos intentos serios en la región de plantar esa disputa desde el Estado mismo. No es una solución acabada ni un modelo exportable sin matices, pero sí es un recordatorio de que la alternativa al fatalismo neoliberal no es solo posible: ya está, parcialmente, en marcha.

  • El saqueo tiene nombre: neoliberalismo, y México ya aprendió a decirle no

    El saqueo tiene nombre: neoliberalismo, y México ya aprendió a decirle no

    Durante décadas, América Latina fue el laboratorio de experimentos económicos diseñados en Washington y ejecutados por tecnócratas locales que confundieron la modernidad con la obediencia. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y una constelación de think tanks financiados por el capital transnacional impusieron una receta única: privatizar lo público, desregular los mercados, abrir las fronteras al capital extranjero y reducir al Estado a su mínima expresión. El resultado no fue el desarrollo prometido. Fue el empobrecimiento sistemático de mayorías enteras, la destrucción de capacidades industriales nacionales y la consolidación de oligarquías que acumularon riqueza mientras sus países se hundían en la precariedad.

    El argumento de que el neoliberalismo fue simplemente una política “equivocada” es, en el mejor de los casos, ingenuo. En el peor, es cómplice. Las políticas de libre mercado, desregulación y privatización no fallaron: cumplieron exactamente su función.

    Transfirieron riqueza desde las clases trabajadoras y los Estados nacionales hacia corporaciones transnacionales y élites financieras. La desigualdad no fue un efecto colateral del modelo; fue su producto más consistente. Argentina es hoy el ejemplo más doloroso y visible de este ciclo perverso: un país que vuelve una y otra vez a los brazos del FMI como quien regresa al mismo abuso, convencido de que esta vez será diferente.

    México vivió durante casi cuatro décadas su propia versión de este infierno administrado. Desde la crisis de 1982 y los primeros acuerdos con el FMI hasta la firma del TLCAN en 1994, el país desmanteló su aparato productivo nacional, vendió empresas estratégicas a precios de remate, precarizó el empleo y subordinó su política económica a los dictados de organismos que respondían a intereses ajenos al bienestar del pueblo mexicano. Las consecuencias fueron devastadoras: migración masiva, salarios congelados por generaciones, dependencia alimentaria y tecnológica, y una economía incapaz de generar prosperidad para la mayoría.

    Lo que la Cuarta Transformación representó, más allá de sus contradicciones y límites, fue una ruptura simbólica y material con esa lógica. La recuperación de PEMEX como eje de soberanía energética, la política de austeridad republicana que priorizó el gasto social sobre el pago a consultores y burócratas del sector privado, el aumento sostenido del salario mínimo y los programas de transferencia directa a los sectores históricamente excluidos, fueron señales de que otro modelo era posible. No se trató de magia ni de ideología abstracta: se trató de decisiones políticas concretas que pusieron al Estado nuevamente en el centro del desarrollo nacional.

    La soberanía energética no es un capricho ideológico; es una condición estructural del desarrollo. Un país que no controla sus recursos naturales estratégicos es un país que no controla su destino. La sustitución de importaciones, muchas veces caricaturizada por los economistas del establishment como un anacronismo del siglo XX, es en realidad una estrategia de construcción de capacidades productivas nacionales que ningún país desarrollado abandonó verdaderamente. Estados Unidos protege su agricultura, su industria tecnológica y su sector financiero con una ferocidad que ningún país latinoamericano se permitiría sin ser acusado de populismo.

    La inversión pública estratégica, la banca de desarrollo al servicio del aparato productivo nacional, la salud y la educación como derechos universales y no como mercancías, y la vivienda digna como política de Estado: estas no son demandas radicales. Son las condiciones mínimas de una sociedad que aspira a la justicia. Son, también, las condiciones que el capital internacional ha resistido sistemáticamente en América Latina porque implican redistribuir el poder económico.

    México, con una presidenta que llegó al poder respaldada por una mayoría histórica, tiene ante sí la oportunidad y la responsabilidad de profundizar esa ruptura. No porque el camino sea fácil, sino porque la alternativa, volver a entregar las llaves de la economía a quienes ya demostraron para quién trabajan, es inaceptable. La región latinoamericana no es pobre por fatalidad geográfica ni por alguna deficiencia cultural. Es pobre porque durante décadas sus recursos, su trabajo y su futuro fueron transferidos hacia el norte global bajo el eufemismo de la “integración económica”. Nombrar ese proceso con precisión no es demagogia. Es el primer paso para revertirlo.

  • Obedecer o resistir: México ante el Imperio que llama ‘democracia’ a su jaula

    Obedecer o resistir: México ante el Imperio que llama ‘democracia’ a su jaula

    Hay una incomodidad que los gobiernos latinoamericanos raras veces se atreven a nombrar en voz alta: que la democracia liberal, tal como la promueve y exige Estados Unidos, no es un ideal político desinteresado, sino un mecanismo de administración del poder ajeno. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha adoptado una postura que, sin declararlo con esa crudeza, apunta precisamente en esa dirección: la soberanía nacional no se negocia, la cooperación bilateral debe ser entre iguales, y ninguna presión externa justifica la subordinación de un Estado a los intereses de otro. Es una posición elemental en teoría, y subversiva en la práctica.

    Desde mediados del siglo XX, Washington ha tenido una preferencia consistente por los regímenes democrático-liberales en su esfera de influencia, no porque la democracia sea intrínsecamente buena para los pueblos —la historia de las intervenciones estadounidenses en América Latina desmiente esa narrativa con una brutalidad documentada—, sino porque ese modelo ofrece canales institucionalizados, élites locales funcionalmente dependientes del capital transnacional, medios de comunicación susceptibles de financiamiento externo, y una oposición siempre disponible para ser activada cuando el gobierno en turno deja de ser conveniente. La democracia liberal, en este contexto, no es el gobierno del pueblo: es el gobierno del pueblo administrado desde afuera.

    México no escapa a esa lógica estructural. Es una economía profundamente integrada a la de Estados Unidos a través del TMEC, con una frontera compartida de más de tres mil kilómetros, una diáspora de millones de ciudadanos en territorio norteamericano, y una dependencia histórica del capital estadounidense en sectores estratégicos. Eso no convierte a México en una colonia, pero sí en un Estado cuya soberanía opera en márgenes que el vecino del norte ha contribuido a definir. Reconocer esa realidad no es derrotismo: es el punto de partida honesto para cualquier política exterior digna.

    Lo que hace notable la postura de Sheinbaum es precisamente que no finge que esos márgenes no existen, pero tampoco los acepta como inmutables. Su insistencia en que la relación con Washington debe basarse en el respeto mutuo y la cooperación institucional —no en la subordinación— es una forma de reclamar el espacio soberano posible dentro de una asimetría innegable. No es el maximalismo retórico del antiimperialismo de trinchera, sino algo más difícil: la gestión cotidiana de una independencia relativa frente a un poder absoluto. Y eso, en el contexto geopolítico actual, tiene un costo real.

    Porque el Imperio no acepta bien la insubordinación moderada. Las presiones sobre México en materia de seguridad, migración, política de drogas y relaciones con China no son solicitudes de cooperación técnica: son formas de recordarle a Ciudad de México dónde está el límite de su autonomía. Cada vez que un funcionario estadounidense amenaza con aranceles, cada vez que un senador republicano pide designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para tener pretexto de intervención, cada vez que se condiciona la asistencia a reformas que convengan a intereses corporativos del norte, se está ejerciendo una forma de soberanía vicaria: la idea de que México puede gobernarse, siempre que no gobierne demasiado.

    En ese escenario, defender la no injerencia en asuntos internos no es una posición arcaica heredada del nacionalismo revolucionario del siglo pasado. Es una necesidad estratégica para cualquier proyecto político que aspire a algo distinto del continuismo neoliberal. Si el Estado mexicano no puede definir su política energética, su modelo de seguridad, su relación con los recursos naturales o su posición ante conflictos internacionales sin pedir permiso en Washington, entonces la soberanía es un ornamento constitucional y no una realidad operativa.

    La presidenta Sheinbaum hereda una doctrina —la del Presidente López Obrador— que hizo de la no intervención un eje de política exterior, con sus virtudes y sus contradicciones. Las virtudes son evidentes: México recuperó en esos años una voz propia en foros internacionales, se negó a ser arrastrado a consensos automáticos, y mantuvo relaciones funcionales con gobiernos de distintos signos ideológicos sin alinearse subordinadamente con ningún bloque. Las contradicciones también lo son: la soberanía proclamada coexistió con una violencia interna que el Estado no supo o no quiso contener, y con una economía que siguió siendo estructuralmente dependiente.

    Ese es el nudo que ninguna retórica antiimperialista resuelve sola: la soberanía formal no basta si no va acompañada de soberanía material, es decir, de capacidad real del Estado para proteger a su población, redistribuir la riqueza, y controlar su territorio. México puede declarar su independencia de Washington todos los días y seguir siendo rehén de sus propias élites extractivas, de la corrupción institucionalizada y de la economía criminal que en muchas regiones ha sustituido al Estado. El antiimperialismo que no mira hacia adentro es una ideología incompleta.

    Y sin embargo, frente a la alternativa —la integración subordinada, la aceptación de que ser vecino de Estados Unidos implica ser su extensión administrativa—, la postura de Sheinbaum representa un mínimo ético y político irrenunciable. No injerencia, cooperación sin subordinación, respeto a la autodeterminación: estos no son principios ingenuos. Son, en el mejor de los casos, las condiciones mínimas para que un país de cien millones de personas pueda seguir siendo algo más que un mercado cautivo y una zona de amortiguamiento geopolítica. Defenderlos, en el México de 2025, no es un gesto heroico. Es, apenas, lo menos que se puede hacer.

  • El ocaso del imperio y el amanecer del Sur: México en el eje del cambio

    El ocaso del imperio y el amanecer del Sur: México en el eje del cambio

    El sistema colonial occidental no colapsará de un día para otro, sino que se desangra lentamente en sus capitales financieras: Nueva York y la City de Londres. Lo que los economistas llaman recesión, contracción o ajuste fiscal es, en términos históricos, algo mucho más profundo: el momento en que el parásito descubre que el huésped ya no quiere alimentarlo. Durante trescientos años, el orden global fue una arquitectura de extracción sistemática.

    El petróleo del medio oriente, los minerales latinoamericanos, la mano de obra barata asiática y la deuda perpetua del Sur Global fueron los pilares invisibles sobre los que se construyó la prosperidad occidental. No fue desarrollo; fue rapiña institucionalizada con tratados firmados de por medio.

    La tesis que circula con creciente fuerza en los círculos de análisis geopolítico —y que merece ser tomada en serio, no como conspiración sino como lectura histórica— plantea que ese pacto colonial se ha roto de manera irreversible. Los síntomas son evidentes para quien quiera verlos sin los filtros de los medios hegemónicos: el rechazo progresivo al petrodólar como moneda de intercambio global, la expansión de los BRICS como bloque de contrapeso real, la expulsión de tropas francesas de Mali, Burkina Faso y Níger, la nacionalización de recursos estratégicos en países que antes eran patio trasero de Washington o Londres. El Sur Global no está pidiendo permiso para existir. Está construyendo su propio orden.

    Lo que resulta históricamente irónico —y políticamente revelador— es lo que ocurre dentro de las propias metrópolis imperiales. Las herramientas de control que Occidente perfeccionó en sus colonias —deuda impagable, vigilancia masiva, escasez manufacturada, precariedad laboral estructural— se aplican ahora sobre sus propias poblaciones. El ciudadano de clase media en Chicago o Manchester vive hoy una versión suavizada de lo que vivió el campesino congoleño o el obrero boliviano bajo el modelo extractivo: endeudado, vigilado, prescindible. Las élites, mientras tanto, ya no tienen lealtad nacional. Han mudado su capital, sus familias y sus intereses a Dubái, Singapur, Mumbai o Shenzhen. El capital no tiene patria; nunca la tuvo. Solo tiene rendimientos.

    Frente a este escenario, la posición de México no es periférica ni anecdótica. Es estratégica y, en muchos sentidos, ejemplar. México es un país que ha vivido en carne propia la lógica imperial: desde la Conquista hasta el TLCAN, pasando por la intervención francesa, el Porfiriato exportador y los programas de ajuste estructural del FMI que devastaron a la clase trabajadora en los años noventa. La memoria histórica mexicana no es nostalgia: es un mapa de las trampas que no se deben volver a pisar.

    La apuesta por la soberanía sobre los recursos estratégicos, articulada desde el gobierno de López Obrador y consolidada en el de Claudia Sheinbaum, no es un capricho ideológico ni un populismo improvisado. Es una respuesta política coherente a una realidad geopolítica en transformación. El litio no puede ser de las mineras canadienses. El agua no puede cotizarse en bolsa. La energía eléctrica no puede ser negocio exclusivo de capitales extranjeros mientras millones de mexicanos pagan tarifas impagables. Estas no son posiciones radicales; son condiciones mínimas de soberanía nacional en el siglo XXI.

    La multipolaridad emergente ofrece a México una oportunidad que no ha tenido en décadas: diversificar sus alianzas sin tener que arrodillarse ante Washington. No se trata de sustituir un amo por otro, ni de romantizar a China o Rusia como potencias benevolentes —porque no lo son—. Se trata de usar el nuevo tablero global para negociar desde una posición menos subordinada, para vender los recursos mexicanos a quien pague justo, para construir cadenas de valor propias en lugar de ensamblar para el vecino del norte a salarios de miseria.

    El mundo que viene no será más pacífico. La transición de un orden unipolar a uno multipolar es, históricamente, un período de turbulencia, conflicto y reconfiguración violenta. Pero para el Sur Global, y para México en particular, el caos del fin del imperio puede ser también un espacio de autonomía real. El cierre del ciclo que comenzó en 1492 no es una promesa de utopía; es la apertura de un margen histórico que sería un crimen político desperdiciar.

    México tiene litio, agua, posición geográfica, una demografía joven y una identidad civilizatoria que no le debe nada a ninguna metrópoli. La pregunta no es si el imperio se devora a sí mismo —porque ya lo está haciendo—. La pregunta es si México tendrá la lucidez y la valentía de no dejarse devorar con él.

  • Trump, el matón sin victorias: México no será su trofeo

    Trump, el matón sin victorias: México no será su trofeo

    Donald Trump acumula fracasos con la misma velocidad con que acumula amenazas. Desde que regresó a la Casa Blanca, el hombre que se vendió como el gran negociador, el artífice de deals imposibles, el único capaz de poner orden en el caos mundial, no ha resuelto una sola guerra, no ha desactivado un solo conflicto, no ha producido una sola victoria diplomática que pueda mostrarle a su base electoral con algo de seriedad.

    Ucrania sigue ardiendo. Gaza sigue en ruinas. Y el capítulo iraní, lejos de ser el golpe de autoridad que sus asesores prometían, terminó siendo exactamente lo contrario: una exhibición de límites, una patada en el trasero geopolítica que dejó al presidente norteamericano buscando con urgencia una narrativa alternativa. Esa narrativa, como siempre en la historia del imperialismo estadounidense, apunta hacia el sur.

    El mecanismo es viejo y conocido. Cuando un presidente norteamericano no puede mostrar logros en los escenarios donde realmente se juega el poder global, voltea hacia América Latina. No porque ahí estén los problemas más urgentes del planeta, sino porque ahí es donde la asimetría de poder permite fabricar victorias baratas. Cuba lleva más de sesenta años siendo el punching bag favorito de la política doméstica estadounidense. Colombia y México han sido instrumentalizados durante décadas bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, ese eufemismo conveniente que nunca tuvo como objetivo real reducir el consumo de narcóticos en Estados Unidos —porque ese consumo no ha bajado— sino mantener una palanca de presión permanente sobre gobiernos soberanos.

    Trump no busca resolver el problema del fentanilo. Si lo buscara, empezaría por las farmacéuticas que durante años sobredosificaron a millones de estadounidenses con opioides legales, o por los puertos y aeropuertos donde entra la droga con una regularidad que nadie en Washington parece querer interrumpir de verdad. Trump no busca llevar la democracia a Cuba, un argumento que en boca de un gobierno que financia dictaduras en Arabia Saudita y apoya golpes de Estado en medio mundo resulta directamente obsceno. Lo que Trump busca es el espectáculo. La foto. El momento televisivo que pueda reproducir en sus mítines ante una audiencia que necesita sentir que su líder ganó algo, lo que sea, frente a alguien.

    Y ahí está el núcleo del peligro. El abusador —porque eso es lo que es, en la política internacional como en cualquier otra esfera— no persigue la justicia ni el orden. Persigue la sumisión visible. Ningún resultado real será suficiente porque el objetivo nunca fue el resultado: fue la demostración de dominio. Si México cede en un punto, habrá un nuevo ultimátum. Si Colombia negocia, habrá una nueva exigencia. El chantaje no tiene punto de llegada porque su lógica no es la resolución sino la perpetuación de la dependencia. Eso lo saben muy bien quienes han estudiado la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina desde la Doctrina Monroe hasta el Plan Colombia.

    México, en este escenario, no es el más débil. Tiene frontera, tiene economía, tiene recursos, tiene una clase política que, al menos en su mayoría, ha aprendido a leer la correlación de fuerzas sin paralizarse de miedo. La administración de Claudia Sheinbaum ha demostrado una serenidad estratégica que descoloca al estilo Trump: no escalar innecesariamente, no ceder en lo sustantivo, no regalar el espectáculo que el otro necesita. Eso es inteligencia política, no debilidad.

    Pero la amenaza real no viene solo de Washington. Viene de adentro. La ultraderecha entreguista —esa que aparece en editoriales respetables, en think tanks financiados desde el exterior, en voces que se presentan como moderadas pero que en el fondo prefieren un México subordinado a uno soberano— trabaja activamente para fracturar la unidad nacional en el momento en que más se necesita. Su método es la desmoralización: convencer a la población de que resistir es inútil, que más vale negociar desde la rodilla, que la soberanía es un lujo que México no puede permitirse. Es mentira. Es siempre mentira.

    Un México unido, con claridad sobre sus intereses estratégicos y sin complejos frente a la intimidación imperial, es el peor escenario posible para Trump. Porque Trump no sabe qué hacer con quien no se doblega. El matón prospera con el miedo y se desinfla ante la dignidad. México tiene suficiente historia, suficiente territorio y suficiente memoria como para saber exactamente qué está en juego. La pregunta, una vez más, es si tendremos la unidad suficiente para no regalárselo.

  • La CIA en México: brazo armado del Imperio disfrazado de socio

    La CIA en México: brazo armado del Imperio disfrazado de socio

    La historia de la Agencia Central de Inteligencia no puede leerse con ingenuidad diplomática. Quienes la conciben como una simple agencia de recopilación de datos ignoran o eluden décadas de evidencia documentada, en gran parte por la propia agencia, sobre sus métodos reales de operación. La CIA no es un organismo de inteligencia en el sentido convencional del término; es el instrumento preferido de la política exterior estadounidense cuando la diplomacia no basta y la guerra abierta resultaría demasiado costosa en términos políticos. Su verdadera función ha sido, sistemáticamente, la desestabilización de gobiernos que no se alinean con los intereses de Washington, la manufactura de consensos a través de la desinformación, y la orquestación de golpes de Estado envueltos en retórica democrática.

    Los registros desclasificados no dejan espacio para la especulación: la CIA participó activamente en el derrocamiento de Mohammad Mosaddegh en Irán en 1953, de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954, apoyó la dictadura de Pinochet en Chile tras el golpe de 1973 contra Salvador Allende, presidente electo por su pueblo, y estuvo involucrada en múltiples operaciones de desestabilización en América Latina, África y Asia. En cada caso, el patrón es idéntico: primero la infiltración, luego la desestabilización económica y mediática, después el golpe o la crisis política, y finalmente la imposición de un gobierno funcional a los intereses corporativos y geopolíticos estadounidenses. La retórica cambia según la época, pero el método permanece.

    La narrativa de la “guerra contra el narcotráfico” merece un análisis particularmente riguroso, especialmente desde la perspectiva mexicana. Durante décadas, la CIA utilizó redes de narcotráfico como mecanismo de financiamiento para sus operaciones encubiertas, como quedó documentado en el escándalo Irán-Contra durante los años ochenta. El caso del piloto Barry Seal, las conexiones entre la Contra nicaragüense y el cartel de Medellín, y los testimonios de múltiples agentes desclasificados revelan que la agencia no solo toleró el tráfico de drogas sino que en ocasiones lo gestionó activamente cuando convenía a sus objetivos estratégicos. Afirmar que la CIA combate el narcotráfico en México es, en el mejor de los casos, una ingenuidad; en el peor, una mentira funcional diseñada para justificar presencia operativa en territorio soberano.

    Y aquí el debate toca el corazón del asunto para México. La soberanía no es un concepto decorativo ni una cláusula de retórica nacionalista. Es el principio fundamental que distingue a una nación libre de un protectorado. Cuando funcionarios públicos permiten la operación de agentes de inteligencia extranjeros en suelo nacional sin aprobación del Congreso federal, están violando no solo la letra de la Constitución, sino el espíritu de una nación que pagó con sangre su independencia y que enfrentó múltiples intervenciones extranjeras a lo largo de su historia. México tiene memoria: recuerda la intervención francesa, recuerda la invasión norteamericana de 1846, recuerda la Embajada Pactista. No puede permitir que esa memoria se borre con el barniz de la “cooperación bilateral”.

    La posición de México debe ser clara e inquebrantable: ninguna agencia de inteligencia extranjera puede operar en territorio nacional sin el conocimiento, la aprobación y la supervisión de los órganos legislativos correspondientes. Esta no es una postura de confrontación; es una afirmación elemental de lo que significa ser un Estado soberano en el sistema internacional. La colaboración en materia de seguridad es legítima y posible, pero debe ser horizontal, transparente y subordinada a los intereses nacionales mexicanos, no a los cálculos geopolíticos de Washington.

    El imperialismo del siglo XXI no llega con barcos de guerra en todos los casos. Llega con agencias de inteligencia, con condicionalidades financieras, con acuerdos de “cooperación” que encubren subordinación, con narrativas mediáticas que criminalizan a los gobiernos que se niegan a ceder. México ha demostrado, a lo largo de su historia, capacidad para resistir esa presión cuando existe voluntad política y respaldo popular. La doctrina Estrada, que durante décadas orientó la política exterior mexicana con el principio de no intervención, sigue siendo un faro vigente en un mundo donde las grandes potencias continúan pretendiendo que su interés particular es el orden global.

    Quienes facilitan la operación de la CIA en México, sean funcionarios electos o no, deben responder ante las instituciones del país. La impunidad en estos casos no es un asunto administrativo menor; es una herida a la soberanía que, si no se cierra con consecuencias jurídicas reales, envía el mensaje de que México es un territorio abierto a la intromisión extranjera. La patria no se administra; se defiende.