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Etiqueta: Emmanuel Soriano Flores

  • La religión y la ultraderecha: instrumento de dominación

    La religión y la ultraderecha: instrumento de dominación

    En los últimos años hemos visto a figuras de la ultraderecha, tanto en México como en otras partes del mundo, apropiarse del lenguaje bíblico, invocar “mandatos divinos” y presentarse como defensores de la fe frente a supuestas amenazas seculares. Este fenómeno no debe leerse como un simple renacer espiritual ni como la expresión sincera de convicciones personales de líderes conservadores. Se trata, más bien, de una operación política de largo aliento cuyo objetivo es reforzar el orden social existente y blindar los intereses de las clases dominantes bajo un manto de legitimidad trascendente.

    El poder de las elites económicas nunca ha dependido exclusivamente de la fuerza bruta o del control policial. Como explicaron hace décadas distintos teóricos de la ideología, la dominación de clase se sostiene, sobre todo, mediante la producción y reproducción de un sentido común compartido: un conjunto de creencias, valores y símbolos que hacen aparecer como natural, inevitable o incluso deseable un orden que en realidad beneficia a unos pocos.

    La familia, la escuela, los medios de comunicación y, de manera muy destacada, las instituciones religiosas, cumplen esta función. Cuando la ultraderecha recurre a la Biblia no está simplemente buscando votos entre creyentes; está activando una de las maquinarias más eficaces jamás construidas para moldear la conciencia popular.

    El mecanismo es sutil pero poderoso. Al apelar a un “mandato sagrado” o a una supuesta guerra cultural en defensa de “los valores cristianos”, el discurso ultraderechista deja de hablarle al trabajador como trabajador —es decir, como alguien con intereses materiales concretos, con un salario que no alcanza, con una jornada que se extiende, con derechos laborales erosionados— y comienza a hablarle como “fiel”, como “hijo de Dios”, como parte de un “pueblo creyente” indiferenciado. Esta sustitución de identidades no es inocente: borra, de un plumazo, la línea que separa al empresario del obrero, al terrateniente del campesino, al dueño del capital de quien vende su fuerza de trabajo. Todos quedan unidos, en el discurso, bajo una comunidad abstracta de fe que oculta las contradicciones económicas reales que los enfrentan.

    Esta amalgama cumple una función doblemente útil para quienes están en la cúspide de la pirámide social. Por un lado, desvía la atención de las demandas materiales —salarios dignos, vivienda, salud, educación pública— hacia disputas simbólicas sobre moral sexual, género o “los valores tradicionales”. Por otro, convierte cualquier crítica al orden económico en una amenaza no solo política sino espiritual, en un ataque contra Dios mismo, lo cual dificulta enormemente la construcción de alianzas de clase entre personas creyentes y proyectos de transformación social. El resultado es una ciudadanía que vota y se moviliza no en función de sus intereses materiales inmediatos, sino en defensa de una identidad religiosa que, paradójicamente, termina protegiendo los intereses de quienes menos la necesitan.

    En países como México, donde la religiosidad popular tiene raíces profundas y un arraigo cultural que trasciende clases sociales, esta estrategia resulta particularmente eficaz. No hace falta que la ultraderecha invente una nueva ideología desde cero: le basta con recodificar símbolos, relatos y figuras religiosas ya existentes y ponerlos al servicio de una agenda que, en el fondo, favorece al capital transnacional y a las oligarquías locales. La imagen de Cristo, la retórica de la persecución religiosa, el lenguaje del sacrificio y la salvación, se resignifican para presentar a los propios privilegiados como víctimas de un supuesto “avance secularista” o de gobiernos que buscan redistribuir la riqueza.

    Reconocer cómo se instrumentaliza la religión políticamente no implica negar la fe de millones de personas, sino exigir que el debate público distinga entre la espiritualidad genuina y su uso como herramienta de legitimación del statu quo económico.

  • El fantasma del comunismo

    El fantasma del comunismo

    La idea de que Estados Unidos agita el fantasma del comunismo para proteger los intereses de su clase dominante no es nueva, pero adquiere una relevancia distinta en el contexto geopolítico actual, marcado por el ascenso económico de China y el relativo estancamiento del modelo estadounidense. Durante décadas, el anticomunismo funcionó como un pegamento ideológico capaz de unificar a sectores sociales muy diversos bajo una misma bandera: la defensa de la “libertad” frente a un enemigo que se presentaba como monolítico y amenazante.

    Sin embargo, un análisis crítico de esta narrativa sugiere que su función real ha sido menos defender valores democráticos que blindar un sistema de acumulación de capital cada vez más concentrado en pocas manos.

    El argumento central de quienes sostienen esta tesis es que la retórica anticomunista cumple una función de contención ideológica interna. Al presentar cualquier propuesta de redistribución, regulación económica o fortalecimiento del Estado social como un paso hacia el totalitarismo, se logra desactivar el debate antes de que este pueda cuestionar la estructura misma de la propiedad y la riqueza. En este sentido, el miedo al comunismo no operaría tanto contra una potencia extranjera como contra la posibilidad de que la propia ciudadanía estadounidense desarrolle una conciencia crítica sobre la desigualdad que genera su propio sistema económico.

    Paralelamente, el ascenso de China como potencia industrial, tecnológica y comercial ha puesto en evidencia las limitaciones del modelo estadounidense basado en la financiarización, la desindustrialización y la proyección de poder militar como herramienta de control geoeconómico. Mientras Washington ha invertido enormes recursos en gasto militar y en el mantenimiento de una red global de bases y alianzas, Pekín ha concentrado buena parte de su esfuerzo en infraestructura, manufactura avanzada, energías renovables e inversión en cadenas de suministro globales, como lo demuestra la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta diferencia de estrategias ha permitido a China consolidarse como el principal socio comercial de gran parte del mundo, incluyendo regiones tradicionalmente bajo la órbita de influencia estadounidense.

    Desde esta perspectiva, la insistencia en calificar a China de “amenaza comunista” cumpliría una doble función: por un lado, deslegitimar su modelo de desarrollo estatal-capitalista ante la opinión pública occidental, evitando que se analice seriamente como una alternativa viable; por otro, desviar la atención de las propias contradicciones internas del capitalismo estadounidense, como el aumento de la desigualdad, el deterioro de la infraestructura pública, la crisis de vivienda o el endeudamiento estructural de amplias capas de la población.

    Resulta significativo que buena parte del discurso político estadounidense contemporáneo evite un análisis riguroso de por qué China ha logrado sacar a cientos de millones de personas de la pobreza en pocas décadas, prefiriendo en cambio reducir el debate a categorías ideológicas simplificadas.

  • Emprender en el capitalismo o la farsa de arriesgar el capital

    Emprender en el capitalismo o la farsa de arriesgar el capital

    El relato del emprendedor que ahorra, arriesga, invierte y finalmente cosecha el fruto de su esfuerzo es, probablemente, la pieza de propaganda más eficaz que ha producido el capitalismo contemporáneo. Su eficacia no radica en su sofisticación teórica sino en su simpleza narrativa: un conjunto de pasos a seguir según el manual, una secuencia lógica, un desenlace moralmente satisfactorio.

    Quien gana, gana porque lo hizo bien. Quien pierde, pierde porque asumió un riesgo que no supo administrar. Es un cuento con la estructura de una fábula y la pretensión de una ley natural.

    El primer problema de este esquema es que presenta el punto de partida como si fuera neutro. Se habla de “ahorro” como si todas las personas tuvieran, en igualdad de condiciones, un excedente disponible para acumular y eventualmente convertir en capital. Pero el ahorro no es una virtud individual desligada de la posición social: es una función directa del ingreso, y el ingreso es una función directa de la estructura de propiedad que ya existe antes de que el relato del emprendedor siquiera comience. Alguien que hereda una casa, una educación cara o simplemente la tranquilidad de no tener que sostener a una familia numerosa con un salario mínimo, ahorra con una facilidad que no está disponible para la mayoría. El invertir capital, lejos de ser un punto de partida común, ya es un resultado desigual de una historia previa que el relato prefiere no contar.

    El segundo problema, más profundo, es la pregunta que el esquema evita formular: por qué existe, de entrada, una clase de personas que dispone de medios de producción y otra que solo dispone de su fuerza de trabajo. El emprendedor idealizado no crea el capital de la nada; lo posee porque en algún momento —suyo o heredado, da igual— alguien tuvo acceso privilegiado a la propiedad, mientras otros quedaron excluidos de ella. Esa exclusión no es un accidente del mercado sino su condición de posibilidad.

    El riesgo empresarial existe, es cierto, pero es un riesgo que recae sobre el capital, mientras que el trabajador sostiene el riesgo de no poder pagar el alquiler o la comida si el negocio no funciona y es despedido, sin haber tomado jamás la decisión de arriesgar nada. El empresario arriesga una parte de su patrimonio; el trabajador arriesga su subsistencia entera. Y sin embargo el relato invierte esa jerarquía moral y presenta al primero como el héroe que se anima a saltar al vacío, mientras el segundo queda reducido a un costo fijo, una línea en la planilla, alguien que “cobra igual” como si eso fuera un privilegio y no la condición mínima para poder seguir viviendo.

    Lo que este esquema pedagógico logra, en definitiva, es naturalizar una relación de explotación presentándola como una secuencia técnica y moralmente neutra. Convierte una estructura de clase en una historia de mérito individual. Convierte la pregunta política —quién tiene acceso a los medios de producción y por qué— en una pregunta de carácter personal: quién tuvo la idea, quién se animó, quién ahorró. De esa manera, cualquier crítica a la desigualdad se puede desactivar apelando a la responsabilidad individual: si no eres empresario es porque no ahorraste, no pensaste una buena idea, no te animaste a arriesgar. La pobreza y la riqueza dejan de ser efectos de una estructura y pasan a ser el resultado directo de decisiones personales, lo cual exime al sistema de toda responsabilidad.

    Frente a esto, no se trata de negar que existan personas que emprenden proyectos, ni de desconocer que hay esfuerzo, ingenio y también fracaso en esas trayectorias. Se trata de señalar que ese relato, elevado a modelo general de cómo funciona la economía, oculta la pregunta esencial: por qué la sociedad está organizada de tal manera que la supervivencia de la mayoría depende de que una minoría decida, según su cálculo de ganancia, si vale la pena contratarla. Esa pregunta no tiene respuesta en el esquema del ahorro y la idea de negocio. Tiene respuesta en el análisis de cómo se distribuye, históricamente, la propiedad.

  • La disputa por el sentido común y la falta de conciencia de clase

    La disputa por el sentido común y la falta de conciencia de clase

    Durante décadas, el pensamiento marxista ortodoxo esperó que la contradicción entre capital y trabajo produjera, casi de manera automática, una conciencia revolucionaria en el proletariado. Bastaba con que la explotación se agudizara para que las masas trabajadoras, al reconocer su condición, se levantaran contra el orden que las oprimía. La historia, sin embargo, desmintió ese pronóstico mecánico: en los países capitalistas más desarrollados, donde la clase obrera era numéricamente mayoritaria y su explotación innegable, no llegó la revolución esperada, sino la adhesión, la resignación o, en el mejor de los casos, una oposición tibia y fragmentada. Fue Antonio Gramsci quien ofreció la explicación más influyente de esta paradoja, y sus ideas siguen siendo la clave para entender por qué millones de personas sostienen, con sus propias voces, el sistema que las perjudica.

    La tesis central es que ninguna clase dominante gobierna únicamente mediante la fuerza. La coerción —el aparato policial, judicial y militar— existe, pero funciona como último recurso, como el borde visible de un dominio que se sostiene sobre algo mucho más eficaz y menos costoso: el consenso cultural.

    La burguesía no necesita imponer sus intereses a punta de bayoneta cuando logra que esos intereses aparezcan ante toda la sociedad como el orden natural de las cosas, como sentido común compartido por dominadores y dominados por igual. Ahí reside la fuerza de la hegemonía: no en silenciar al adversario, sino en hacer que el adversario hable con las palabras del amo sin percibir que lo hace.

    Esa operación se cuela en las frases más cotidianas. Cuando un trabajador afirma que el mundo siempre ha funcionado así, que la pobreza es resultado de la pereza individual o que son los empresarios quienes generan la riqueza mientras los obreros apenas la ejecutan, no está repitiendo un dogma impuesto desde arriba con violencia explícita; está reproduciendo, como verdad propia y evidente, una narrativa que en realidad sirve a intereses ajenos a los suyos. La ideología dominante deja de sentirse como ideología precisamente cuando se ha vuelto invisible, cuando ya no se experimenta como una interpretación posible del mundo entre otras, sino como el mundo mismo. En ese punto, el trabajador se convierte en guardián de un orden que lo subordina: vigila en sí mismo cualquier pensamiento que se aparte de esa lógica, censura sus propias dudas, desconfía de quienes cuestionan el sistema y, muchas veces, defiende con más fervor que el propio patrón los valores que legitiman su explotación.

    Esta dinámica revela que la batalla por el poder no se libra solo en la fábrica, en el salario o en la jornada laboral, sino en el terreno de la cultura: la escuela, la familia, los medios de comunicación, la religión, el lenguaje, el entretenimiento y hasta el sentido común más íntimo son campos donde se disputa qué visión del mundo aparece como natural y cuál como extraña o peligrosa. La producción de plusvalía sigue siendo el motor material del capitalismo, pero su reproducción a lo largo del tiempo depende de que esa extracción de valor no sea percibida como despojo, sino como intercambio justo, como mérito, como la única forma razonable de organizar la vida en sociedad.

    De ahí se desprende una consecuencia estratégica de enorme peso: si la dominación se sostiene también por consenso, entonces la emancipación no puede reducirse a una toma del poder político o económico.

    Antes de que cualquier transformación material sea posible, es necesario disputar el sentido común, construir una contrahegemonía capaz de mostrar como arbitrario lo que se presenta como natural, y de ofrecer una narrativa alternativa que permita a los sujetos subalternos reconocer su propia condición sin los lentes prestados por quienes se benefician de su sumisión. La revolución, en esta lectura, no comienza en la calle ni en la fábrica, sino en la conciencia: en la posibilidad de que el trabajador deje de custodiar, por convicción propia, las ideas que lo mantienen atado.

    Pensar la hegemonía en estos términos no resta importancia a la coerción ni a las condiciones materiales de explotación, pero sí obliga a mirar con otros ojos los fenómenos culturales que, a simple vista, parecen ajenos a la política: un chiste, un refrán, una serie de televisión, una clase escolar. En cada uno de ellos puede estar operando, silenciosa y eficazmente, la reproducción de un orden que ninguna fuerza policial podría sostener por sí sola.

  • Democracia de vitrina: el imperio nos vendió el insulto y nos quitó la soberanía

    Democracia de vitrina: el imperio nos vendió el insulto y nos quitó la soberanía

    Durante décadas nos repitieron que la grandeza de las democracias liberales consistía en poder insultar libremente a un presidente, publicar una caricatura ofensiva o cambiar de gobernante cada seis años mediante el voto. Ese fue el trofeo que se nos entregó a cambio de renunciar a preguntas más incómodas: quién decide realmente qué se produce, qué se exporta, qué deuda se contrae y bajo qué condiciones un país puede o no nacionalizar sus recursos. La libertad de insultar al poder visible se convirtió en la coartada perfecta para no cuestionar al poder invisible: los consorcios financieros, los organismos multilaterales diseñados en Bretton Woods, las calificadoras crediticias y los oligarcas locales que funcionan como franquicia regional de intereses extranjeros.

    El mecanismo tiene dos capas que se refuerzan entre sí. La primera es institucional: los verdaderos límites de la soberanía nacional no se negocian en el Congreso ni se deciden en las urnas, sino en tribunales de arbitraje internacional, en cláusulas de tratados de libre comercio y en las condiciones que imponen los organismos financieros a cambio de préstamos.

    La segunda capa es mediática: la construcción del sentido común. Cuando un gobierno intenta recuperar el control sobre un recurso estratégico o simplemente redistribuir la riqueza, aparece de inmediato una batería de columnistas, encuestas fabricadas y campañas de desprestigio financiadas por quienes tienen algo que perder. No hace falta un golpe militar cuando existe un batallón de voceros dispuestos a repetir, con distintos acentos, el mismo libreto.

    México ha vivido en carne propia esta historia, pero también ha sido, en distintos momentos, ejemplo de resistencia frente a ella. La expropiación petrolera de 1938 sigue siendo uno de los actos de soberanía más significativos del siglo XX en la región, no porque haya sido perfecta, sino porque demostró que un país del llamado Sur Global podía desafiar a las compañías extranjeras y sobrevivir al boicot que le siguió. Esa memoria incomoda a quienes prefieren una nación dócil, convencida de que su lugar en el mundo es el de proveedor de mano de obra barata y materias primas.

    Recuperar esa memoria no es nostalgia: es una herramienta política para el presente, cuando vuelven a plantearse debates sobre litio, agua, energía y control de fronteras.

    El error de muchos análisis liberales es tratar la democracia como un fin en sí mismo, medible únicamente por la existencia de elecciones limpias y libertad de prensa formal, sin preguntarse quién controla los márgenes reales de decisión. Una elección puede ser impecable en su procedimiento y, sin embargo, no alterar en nada la estructura de dependencia económica que determina el rumbo del país. La verdadera pregunta no es si se puede votar, sino si el resultado de ese voto puede modificar la relación de un país con el capital transnacional. Cuando la respuesta es no, el ejercicio democrático se vuelve un ritual de legitimación más que un instrumento de transformación.

  • Odiar lo propio: la última arma del imperio, la primera derrota del pueblo

    Odiar lo propio: la última arma del imperio, la primera derrota del pueblo

    Nos enseñaron a odiar nuestras raíces para que, cuando vinieran a destruirlas, no levantáramos ni una mano para defenderlas. Esa frase, aparentemente simple, encierra el mecanismo más eficaz que ha inventado el poder para sostenerse sin necesidad de un ejército permanente en cada esquina: convencer al oprimido de que su propia cultura, su historia y su forma de ver el mundo son un lastre, mientras el modelo impuesto desde fuera se presenta como sinónimo de progreso, modernidad y bienestar. No hace falta ocupar un territorio con tanques cuando se puede ocupar la mente de sus habitantes con valores ajenos disfrazados de sentido común.

    Esta operación no es accidental ni espontánea. Es una estrategia sostenida a través de la religión importada que sustituyó cosmovisiones originarias, de los medios de comunicación que naturalizan el consumo y el individualismo como única forma legítima de existir, y de un sistema educativo que enseña más sobre la Revolución Francesa que sobre la resistencia de los pueblos originarios de Abya Yala frente a cinco siglos de despojo.

    La clase dominante, tanto la local que administra los intereses extranjeros como la metropolitana que los dicta, entendió hace mucho que el control económico y político es frágil si no va acompañado del control simbólico.

    Por eso invirtieron menos en soldados y más películas, series y algoritmos.

    Desde una perspectiva antiimperialista, esto no puede leerse como un fenómeno cultural neutro. Es la superestructura al servicio de una base material muy concreta: el saqueo continuo de los recursos del Sur global por parte de las potencias del Norte, hoy encabezadas por Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales. Cuando un pueblo desprecia su lengua, su música, su comida o su memoria histórica, deja de percibir como agresión la extracción de su litio, su petróleo o su mano de obra barata. El colonialismo mental es la condición previa para el colonialismo económico: primero te enseñan que lo tuyo no vale, después te explican que lo que viene de afuera “te conviene” en forma de tratado de libre comercio, de base militar o de préstamo del Fondo Monetario Internacional.

    México ocupa en esta historia un lugar que merece ser dicho con claridad y sin falsa modestia. Es una de las pocas naciones de América Latina que ha protagonizado una revolución social profunda, que nacionalizó su petróleo desafiando a las compañías extranjeras, que dio asilo a perseguidos políticos de medio mundo y que hoy, con todas sus contradicciones internas, sostiene una política exterior que reivindica la no intervención y la soberanía frente a la presión constante de Washington. La herencia de Cuauhtémoc, de Zapata, de Cárdenas, no es folclore para postales: es un patrimonio político que demuestra que la dignidad frente al imperio no es un sueño romántico, sino una práctica histórica concreta. Reconectar con esas raíces no es nostalgia, es estrategia de supervivencia nacional.

    Ahora bien, no basta con “sentirse orgulloso” de la cultura propia como gesto estético o turístico. Hay que construir una cultura contrahegemónica, y ahí está la clave que distingue el nacionalismo folclorizado del proyecto político real. No se trata de vender la raíz indígena en artesanías para exportación mientras se sigue reproduciendo el mismo modelo económico dependiente. Se trata de disputar el sentido común, de politizar la vida cotidiana, de entender que cada clase de historia, cada canción, cada palabra recuperada de una lengua originaria es también un campo de batalla contra la dominación.

    Toda persona tiene capacidad intelectual, solo falta continuar con la politización, o, dicho de otra forma, con el despertar de las conciencias. Hay que romper con la vieja trampa que reserva el pensamiento crítico a las élites ilustradas y devuelve al pueblo su derecho a interpretar el mundo y a transformarlo. La descolonización no llegará por decreto ni por una sola generación de intelectuales iluminados: llegará cuando millones de personas comunes dejen de repetir, sin saberlo, el guion escrito por quienes se benefician de su desprecio hacia sí mismas.

    Defender las raíces, entonces, no es mirar hacia atrás. Es la condición para poder mirar hacia adelante sin que ese futuro nos lo sigan diseñando desde fuera.

  • Mientras China programa el futuro, Washington programa el miedo

    Mientras China programa el futuro, Washington programa el miedo

    La misma semana de julio de 2026 en la que Pekín presentó al mundo Kimi K3, un modelo de inteligencia artificial capaz de rivalizar con los sistemas más avanzados de Silicon Valley a una fracción de su costo, el gobierno de Estados Unidos convocaba a representantes de 66 países para hablar no de tecnología, ni de comercio, ni de cooperación, sino de un enemigo interno definido en términos casi religiosos: el “resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda”. El contraste no podría ser más elocuente sobre hacia dónde mira cada potencia.

    En Shanghái, Xi Jinping subió al escenario de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial para insistir en que esta tecnología no debe quedar en manos de un solo país, y ofreció capacitación y modelos de bajo costo a naciones del sur global bajo la premisa de que la IA debe servir para cooperar, no para competir.

    Es un discurso que, viniendo de un régimen con su propio historial de censura y control, invita al escepticismo. Pero el hecho concreto detrás del discurso es innegable: empresas chinas como Moonshot AI están ofreciendo modelos de código abierto con pesos públicos, a precios hasta cuarenta veces menores que sus competidores estadounidenses, y ya están siendo adoptados por compañías en Silicon Valley, la meca que se suponía imbatible. Ese mismo día en Washington, Marco Rubio no hablaba de innovación ni de infraestructura digital. Hablaba de anarquistas, comunistas y “antiimperialistas” como si fueran una red terrorista transnacional con capacidad operativa comparable a Al Qaeda, sin ofrecer una sola prueba pública que sostenga semejante caracterización. Horas después, Donald Trump acusaba a China de interferir en las elecciones estadounidenses, también sin mostrar evidencia, mientras su propia administración ha intervenido abiertamente, sin disimulo alguno, en procesos electorales latinoamericanos para favorecer a candidatos de extrema derecha que después le devuelven lealtad política.

    No hace falta compartir la visión del Partido Comunista Chino sobre la sociedad, la disidencia o los derechos humanos para notar la asimetría. Un país invierte su capital político en construir infraestructura tecnológica y ofrecerla al mundo en desarrollo; el otro invierte su capital político en fabricar enemigos internos difusos, sin nombre ni estructura verificable, y en señalar interferencias externas que no puede o no quiere probar. Uno mira hacia adelante, hacia la próxima década de cómputo, energía y algoritmos; el otro mira hacia atrás, hacia un imaginario de guerra cultural que necesita mantener viva la sensación de amenaza permanente para justificar su propia existencia política.

    Vale la pena señalar, además, un dato que rara vez aparece en la cobertura occidental de este tema: el mismo régimen chino que impulsa esta ofensiva diplomática de la inteligencia artificial mantiene restricciones internas contra el uso de esa misma tecnología para sustituir trabajadores. Es una contradicción interesante para un sistema que compite globalmente bajo una lógica de mercado, pero que en su territorio decide proteger el empleo por decreto. Mientras tanto, en el otro extremo del tablero, la retórica de Rubio sobre el “terrorismo de izquierda” llega apenas meses después de que la propia administración estadounidense indultara a quienes asaltaron el Capitolio en enero de 2021, y en el contexto de una ola de designaciones antiterroristas que, según especialistas en seguridad citados por medios como el Washington Post, carecen de sustento legal y buscan más bien habilitar herramientas de vigilancia contra ciudadanos estadounidenses.

    Ninguna de las dos potencias es inocente. China no es un modelo de transparencia ni de libertades civiles, y su generosidad tecnológica hacia el sur global no es filantropía: es estrategia geopolítica, tan calculada como cualquier otra. Pero la comparación entre lo que cada gobierno decidió hacer público esa misma semana de julio resulta reveladora.

    Un país mostró un producto, una hoja de ruta y una oferta de cooperación técnica verificable. El otro mostró un discurso sobre fantasmas ideológicos y una acusación sin pruebas lanzada en horario estelar. Quienes defienden la hegemonía estadounidense insistirán en que la apertura de los modelos chinos oculta riesgos de seguridad y opacidad en el entrenamiento, y no les falta razón en advertir sobre ello. Pero ese argumento no explica por qué la respuesta de Washington a la competencia tecnológica china fue, esa semana, hablar de todo menos de tecnología. Y en un mundo donde el liderazgo se mide cada vez más en cómputo, algoritmos y capacidad de exportar infraestructura digital, elegir hablar de enemigos imaginarios en lugar de innovación real dice, por sí solo, hacia dónde se inclina la balanza.

  • EL VERDADERO TERRORISMO ES EL IMPERIO, NO QUIEN SE DEFIENDE DE ÉL

    EL VERDADERO TERRORISMO ES EL IMPERIO, NO QUIEN SE DEFIENDE DE ÉL

    Le dicen «terrorismo» porque la unidad de los pueblos en defensa de sus riquezas es el «terror» de los imperios que se las roban. Esta frase, breve y filosa, condensa una verdad histórica que las potencias dominantes se han esforzado por enterrar bajo capas de propaganda: la palabra «terrorismo» no describe un fenómeno objetivo, sino una etiqueta política que se aplica selectivamente a quienes resisten el despojo. Quien bombardea ciudades desde un portaaviones es «defensa»; quien defiende su territorio con lo que tiene a la mano es «terror». Esa asimetría del lenguaje no es casual: es un arma más en el arsenal del poder.

    Basta repasar el siglo veinte para confirmarlo. Los movimientos de liberación de Argelia, Vietnam, Cuba o Nicaragua fueron llamados terroristas por las metrópolis que saqueaban sus recursos, mientras los ejércitos coloniales que masacraban poblaciones civiles eran presentados como garantes del orden. La historia, escrita casi siempre por los vencedores o por quienes controlan los grandes medios, invirtió los papeles: convirtió a las víctimas en victimarios y a los saqueadores en civilizadores. Ese mismo libreto se repite hoy en Medio Oriente, en África y en buena parte de América Latina, donde cualquier intento de nacionalizar el petróleo, el litio o el agua es recibido con sanciones, golpes de Estado mediáticos o intervenciones militares disfrazadas de ayuda humanitaria.

    México conoce este guion de memoria. Desde la expropiación petrolera de 1938 hasta los intentos recientes por recuperar el control sobre el litio y la energía, el país ha sido blanco de campañas de desprestigio cada vez que se atreve a pensar sus recursos naturales como patrimonio nacional y no como mercancía a disposición de capitales extranjeros. Cuando un gobierno mexicano habla de soberanía energética, de no intervención o de autodeterminación de los pueblos, inmediatamente aparecen voces —muchas financiadas o amplificadas desde fuera— que tildan esas posturas de populismo peligroso o de amenaza a la estabilidad regional. Es el mismo mecanismo: deslegitimar mediante el lenguaje lo que no se puede combatir mediante argumentos.

    La unidad de los pueblos del sur global es, en efecto, lo que más temen los imperios contemporáneos, sean estos formales o informales, militares o financieros. Un bloque latinoamericano que coordine su política exterior, que defienda conjuntamente sus materias primas y que se niegue a alinearse automáticamente con los intereses de Washington o de las corporaciones transnacionales representa una amenaza real al modelo extractivista que ha empobrecido a la región durante dos siglos. Por eso se promueve la fragmentación, se financian oposiciones internas, se cultivan medios afines y se inventan crisis humanitarias o de seguridad que justifiquen la injerencia. El terrorismo de Estado, ejercido mediante bloqueos económicos que matan de hambre a poblaciones enteras —como ocurre con Cuba o Venezuela—, rara vez recibe ese nombre en los grandes titulares.

    México, sin embargo, ha mostrado en años recientes una vocación distinta: la defensa explícita del principio de no intervención, la negativa a sumarse a cercos diplomáticos contra naciones hermanas y una política exterior que reivindica la dignidad de los pueblos frente a la lógica de bloques impuesta desde el norte. Esa postura no es ingenuidad ni capricho ideológico; es una lectura lúcida de la historia. Quien ha sufrido invasiones, intervenciones y despojos territoriales sabe que la retórica de la «comunidad internacional» suele ser el disfraz elegante de intereses muy concretos.

    Reconocer esto no significa justificar la violencia indiscriminada contra civiles, venga de donde venga; significa exigir honestidad en el uso de las palabras. Llamar terrorista a un pueblo que se organiza para no entregar su tierra, su petróleo o su agua, mientras se llama paz a la ocupación militar de sus territorios, es una forma de violencia simbólica que prepara el terreno para la violencia real. La verdadera tarea antiimperialista del presente no es solo resistir las bombas, sino disputar el lenguaje con el que se nombra el mundo. México, por historia y por convicción, tiene mucho que aportar a esa batalla: la de devolverle a las palabras su sentido original y a los pueblos el derecho a definir, sin tutelas externas, qué es defensa y qué es despojo.

  • El voto del miedo: cómo el imperio fabrica pobres que eligen su propia cadena

    El voto del miedo: cómo el imperio fabrica pobres que eligen su propia cadena

    La gente no siempre vota según sus intereses materiales, sino según una imagen idealizada de cómo querría vivir. Esa observación, atribuida en parte a Jorge Alemán y su noción del “individuo antropológicamente neoliberal”, es certera, pero incompleta si no se le añade una pregunta incómoda: ¿Quién fabricó esa imagen idealizada y con qué fines?

    La respuesta, vista desde una perspectiva antiimperialista, es clara. El “sueño” que empuja a un trabajador empobrecido a votar por quien promete recortar derechos laborales no nació en su cabeza de forma espontánea. Fue sembrado durante décadas por un aparato cultural, mediático y financiero cuyo centro de gravedad sigue estando en Washington, en los think tanks de Wall Street, en las cadenas de televisión y plataformas digitales que difunden la fantasía del “emprendedor exitoso” como horizonte único de dignidad humana. El neoliberalismo no es solamente una política económica: es una pedagogía del deseo. Y esa pedagogía se exportó desde el norte global hacia el sur, con América Latina como uno de sus laboratorios favoritos desde Pinochet hasta hoy.

    Cuando un campesino o un obrero vota por la ultraderecha, no está traicionando sus intereses por ignorancia, como gusta repetir cierta izquierda liberal con desprecio de clase. Está respondiendo, de manera racional dentro de un marco irracional, a un bombardeo simbólico que durante generaciones le enseñó que la pobreza es culpa individual, que el Estado es el enemigo, que la seguridad social es un privilegio inmerecido y que la única libertad real es la del consumidor. Ese bombardeo no es neutral ni doméstico: es geopolítico. Forma parte de una estrategia de dominación que necesita gobiernos débiles, desregulados y dependientes en el sur para sostener el nivel de vida y la hegemonía financiera del norte.

    El miedo y la incertidumbre tampoco son accidentes históricos. Son productos fabricados activamente: la inseguridad se agrava cuando se desmantelan los Estados de bienestar bajo presión del FMI; la incertidumbre se profundiza cuando los capitales especulativos atacan monedas nacionales que intentan apartarse del libreto neoliberal. El “declive cognitivo del ciudadano medio” que se señala no es una falla biológica de la humanidad, sino el resultado lógico de sistemas educativos desfinanciados, medios concentrados en pocas manos y algoritmos diseñados para maximizar indignación y polarización antes que pensamiento crítico.

    En este contexto, México ocupa un lugar que merece ser destacado en lugar de diluido en generalidades continentales. Mientras buena parte de la región oscila entre el ajuste ortodoxo y la promesa vacía de la mano dura, el proyecto político mexicano de la última década ha intentado, con contradicciones pero con dirección clara, disputar precisamente esa pedagogía del deseo. Programas de transferencia directa, rescate del salario mínimo, nacionalismo energético y una retórica presidencial que no teme nombrar al “neoliberalismo” como adversario histórico configuran un experimento que incomoda a Washington más por su ejemplo que por su tamaño. No se trata de idealizar sin crítica: persisten la violencia, la precariedad y la dependencia estructural del mercado estadounidense. Pero la diferencia de tono y de prioridades frente a la ortodoxia regional es innegable, y explica buena parte de la hostilidad mediática que México recibe desde ciertos centros de poder internacional.

    Comprender por qué la gente pobre vota contra sus intereses materiales exige, entonces, abandonar la explicación psicologista y abrazar una explicación histórico-política. No hay individuos antropológicamente neoliberales por naturaleza; hay sujetos producidos por un sistema imperial que necesita su consentimiento para reproducirse sin necesidad de cuarteles. La batalla por el sentido común, por consiguiente, no se gana señalando con el dedo a quien vota “mal”, sino desmontando la maquinaria que produce ese voto: control sobre medios y plataformas, soberanía económica frente a organismos financieros internacionales, y políticas sociales que cambien materialmente la vida de quien hoy solo puede aspirar a soñarla.

    México, con sus límites y sus contradicciones, ofrece hoy uno de los pocos intentos serios en la región de plantar esa disputa desde el Estado mismo. No es una solución acabada ni un modelo exportable sin matices, pero sí es un recordatorio de que la alternativa al fatalismo neoliberal no es solo posible: ya está, parcialmente, en marcha.

  • El saqueo tiene nombre: neoliberalismo, y México ya aprendió a decirle no

    El saqueo tiene nombre: neoliberalismo, y México ya aprendió a decirle no

    Durante décadas, América Latina fue el laboratorio de experimentos económicos diseñados en Washington y ejecutados por tecnócratas locales que confundieron la modernidad con la obediencia. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y una constelación de think tanks financiados por el capital transnacional impusieron una receta única: privatizar lo público, desregular los mercados, abrir las fronteras al capital extranjero y reducir al Estado a su mínima expresión. El resultado no fue el desarrollo prometido. Fue el empobrecimiento sistemático de mayorías enteras, la destrucción de capacidades industriales nacionales y la consolidación de oligarquías que acumularon riqueza mientras sus países se hundían en la precariedad.

    El argumento de que el neoliberalismo fue simplemente una política “equivocada” es, en el mejor de los casos, ingenuo. En el peor, es cómplice. Las políticas de libre mercado, desregulación y privatización no fallaron: cumplieron exactamente su función.

    Transfirieron riqueza desde las clases trabajadoras y los Estados nacionales hacia corporaciones transnacionales y élites financieras. La desigualdad no fue un efecto colateral del modelo; fue su producto más consistente. Argentina es hoy el ejemplo más doloroso y visible de este ciclo perverso: un país que vuelve una y otra vez a los brazos del FMI como quien regresa al mismo abuso, convencido de que esta vez será diferente.

    México vivió durante casi cuatro décadas su propia versión de este infierno administrado. Desde la crisis de 1982 y los primeros acuerdos con el FMI hasta la firma del TLCAN en 1994, el país desmanteló su aparato productivo nacional, vendió empresas estratégicas a precios de remate, precarizó el empleo y subordinó su política económica a los dictados de organismos que respondían a intereses ajenos al bienestar del pueblo mexicano. Las consecuencias fueron devastadoras: migración masiva, salarios congelados por generaciones, dependencia alimentaria y tecnológica, y una economía incapaz de generar prosperidad para la mayoría.

    Lo que la Cuarta Transformación representó, más allá de sus contradicciones y límites, fue una ruptura simbólica y material con esa lógica. La recuperación de PEMEX como eje de soberanía energética, la política de austeridad republicana que priorizó el gasto social sobre el pago a consultores y burócratas del sector privado, el aumento sostenido del salario mínimo y los programas de transferencia directa a los sectores históricamente excluidos, fueron señales de que otro modelo era posible. No se trató de magia ni de ideología abstracta: se trató de decisiones políticas concretas que pusieron al Estado nuevamente en el centro del desarrollo nacional.

    La soberanía energética no es un capricho ideológico; es una condición estructural del desarrollo. Un país que no controla sus recursos naturales estratégicos es un país que no controla su destino. La sustitución de importaciones, muchas veces caricaturizada por los economistas del establishment como un anacronismo del siglo XX, es en realidad una estrategia de construcción de capacidades productivas nacionales que ningún país desarrollado abandonó verdaderamente. Estados Unidos protege su agricultura, su industria tecnológica y su sector financiero con una ferocidad que ningún país latinoamericano se permitiría sin ser acusado de populismo.

    La inversión pública estratégica, la banca de desarrollo al servicio del aparato productivo nacional, la salud y la educación como derechos universales y no como mercancías, y la vivienda digna como política de Estado: estas no son demandas radicales. Son las condiciones mínimas de una sociedad que aspira a la justicia. Son, también, las condiciones que el capital internacional ha resistido sistemáticamente en América Latina porque implican redistribuir el poder económico.

    México, con una presidenta que llegó al poder respaldada por una mayoría histórica, tiene ante sí la oportunidad y la responsabilidad de profundizar esa ruptura. No porque el camino sea fácil, sino porque la alternativa, volver a entregar las llaves de la economía a quienes ya demostraron para quién trabajan, es inaceptable. La región latinoamericana no es pobre por fatalidad geográfica ni por alguna deficiencia cultural. Es pobre porque durante décadas sus recursos, su trabajo y su futuro fueron transferidos hacia el norte global bajo el eufemismo de la “integración económica”. Nombrar ese proceso con precisión no es demagogia. Es el primer paso para revertirlo.