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Fernando Gómez Mont construyó su carrera defendiendo a banqueros y funcionarios acusados de fraude, impulsó una reforma penal que dejó libres a varios de ellos, llegó a la Secretaría de Gobernación en 2008 arrastrando señalamientos de conflicto de interés. Casinos ilegales, redes familiares en el poder y clientes polémicos marcan su historia hasta hoy, cuando defiende al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo en el caso de huachicol fiscal. 

Fernando Gómez Mont Urueta nació en la Ciudad de México en 1963. Es hijo de Felipe Gómez Mont, uno de los fundadores del PAN, estudió en la Escuela Libre de Derecho, donde coincidió como compañero de generación con Felipe Calderón.

Militó en el Partido Acción Nacional durante dos décadas, fue diputado federal, entre 2008 y 2010, secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, cargo que asumió tras la muerte de Juan Camilo Mouriño en un accidente aéreo.

Antes de llegar a la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont construyó su carrera representando a personajes señalados por delitos de “cuello blanco”; defendió a Carlos Cabal Peniche en su proceso de extradición, a Gerardo de Prevoisin, acusado de desviar fondos de Aeroméxico al PRI, a Tomás Peñalosa, extesorero del IMSS encarcelado por fraude y a Jorge Lankenau, del Grupo Financiero Ábaco. También asesoró en su momento a Raúl Salinas de Gortari.

Como presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Fernando Gómez Mont impulsó una reforma al Código de Procedimientos Penales, la cual fue aprobada con votos del PRIAN, permitiendo que responsables de delitos financieros y patrimoniales, como el fraude, pudieran obtener libertad bajo caución.

Juristas en derecho como el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela señalaron que esa reforma había servido de puerta de impunidad a banqueros y funcionarios que cometieron grandes fraudes contra la economía nacional.

A mediados de los años noventa, Fernando Gómez Mont mientras fungía como asesor del entonces procurador general Antonio Lozano Gracia, participaba en la revisión de iniciativas contra el crimen organizado, mantenía en paralelo su despacho privado de abogados, en el que representaba a figuras señaladas por delitos financieros.

Dirigentes panistas, entre ellos el diputado Salvador Beltrán del Río y el coordinador parlamentario Ricardo García Cervantes, advirtieron públicamente que la doble función de Fernando Gómez Mont, dañaba la imagen del PAN por su cercanía simultánea con clientes, gobierno y partido. El propio Felipe Calderón atendió la queja en privado sin informar al Comité Ejecutivo Nacional.

Fernando Gómez Mont también integró la comisión ciudadana que revisó las investigaciones sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en la que respaldó las conclusiones del primer fiscal del caso, línea de investigación que después fue cuestionada.

Su llegada a la Secretaría de Gobernación puso bajo la lupa una tupida red de nepotismo en posiciones de poder: su hermana, Esperanza Gómez Mont, estuvo al frente de la delegación Benito Juárez y luego del Registro Nacional de Vehículos; otra hermana, Lourdes Gómez Mont, es esposa de Fabián Aguinaco, hijo del expresidente de la Suprema Corte Vicente Aguinaco Alemán; y su hermano, Miguel Gómez Mont, dirigió el Fondo Nacional de Turismo. Su despacho de abogados fue socio de Julio Esponda, amigo cercano de Calderón.

Como secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont recibió en 2009, de manos del entonces diputado perredista Jesús Zambrano, un listado de 46 casinos que operaban de forma irregular en el país, entre ellos el Casino Royale de Monterrey, escenario en 2011 de un incendio provocado que dejó 52 muertos.

Años después, reportes periodísticos señalaron que Julio Esponda, su socio de despacho, había sido acusado de recibir dinero relacionado con la operación de casinos ilegales.

Fernando Gómez Mont renunció a la Secretaría de Gobernación y al PAN en 2010. Desde entonces ha vuelto a ejercer como litigante de altos perfiles, en años recientes ha representado, al empresario del futbol Guillermo “Billy” Álvarez, acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y administración fraudulenta, recientemente, representa al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel en el caso conocido como “huachicol fiscal”, reavivando las críticas que lo señalan de mantener, relación de cercanía con figuras señaladas por presuntos delitos graves.

Además, su sobrina, la conductora de televisión Inés Gómez-Mont, es buscada por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuenta con una ficha roja de Interpol desde 2023.