El país vive un momento decisivo en materia de seguridad pública. La reciente aprobación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de reforma a la Ley de la Guardia Nacional, representa uno de los cambios más profundos en la arquitectura institucional del Estado mexicano. Se trata de una decisión que, en medio de legítimas preocupaciones y voces encontradas, debe ser comprendida en su real dimensión: no como un intento de militarización autoritaria, sino como una apuesta por la consolidación operativa de una corporación clave para la paz del país, bajo nuevos lineamientos jurídicos, disciplinarios y de profesionalización.
En efecto, como lo expresó el líder de Morena en la cámara de diputados, Ricardo Monreal, este proyecto no implica la pérdida del mando civil sobre la seguridad pública nacional. Por el contrario, redefine las atribuciones, estructuras y facultades de instituciones que siguen subordinadas —legal y constitucionalmente— a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aunque se concreta el traspaso administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), no se rompe con la conducción civil del Estado, sino que se refuerzan capacidades institucionales que venían siendo reclamadas por años desde los territorios.
El cambio, aunque profundo, responde a una realidad que no podemos ignorar. México enfrenta desafíos enormes ante el crimen organizado, la violencia de alto impacto y las estructuras delictivas que, en muchos casos, han rebasado las capacidades de los cuerpos civiles de seguridad. La Guardia Nacional, en sus primeros años de operación, se ha visto limitada por falta de formación, equipamiento y cohesión jerárquica. La nueva ley busca cerrar esa brecha, dotando a sus integrantes de disciplina castrense, herramientas de inteligencia e integración real al sistema de seguridad nacional.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la incorporación formal de la Guardia Nacional al marco normativo militar: el comandante deberá ser un general de división, los elementos estarán sujetos al fuero militar, y podrán ser transferidos, capacitados o evaluados según los criterios de la SEDENA. Se autoriza también el uso de herramientas como operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones con aval judicial, y acceso a datos georreferenciados. Todo esto, si bien puede generar inquietud, tiene una lógica operativa sólida en el combate al crimen, siempre y cuando se respete un principio fundamental: la actuación bajo supervisión judicial y con pleno respeto a los derechos humanos.
Ahora bien, apoyar esta reforma no significa cerrar los ojos a los riesgos que conlleva. Sería ingenuo negar que una transferencia tan significativa de atribuciones a las Fuerzas Armadas requiere de controles democráticos, transparencia institucional y mecanismos de rendición de cuentas eficaces. La historia de América Latina nos ha enseñado que la presencia del Ejército en tareas de seguridad debe estar siempre limitada en el tiempo, en el espacio y en su alcance. Por ello, es indispensable que el Congreso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los organismos civiles y la ciudadanía sigan atentos al desarrollo e implementación de esta ley.
Hay también aspectos que han causado controversia y que requieren explicación. Uno de ellos es la posibilidad de que los elementos de la Guardia Nacional puedan solicitar una “licencia especial” para contender en procesos electorales. La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al precisar que esta posibilidad no es nueva: se encuentra ya reconocida en la Constitución desde hace más de un siglo. Lo que hace esta reforma es extender los derechos políticos ya existentes para las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Guardia Nacional, sin que ello implique una politización de sus funciones. Eso sí: deberán separarse de su cargo con antelación y sin goce de haberes, para garantizar la equidad electoral.
En este nuevo escenario, la apuesta del gobierno es fortalecer a la Guardia Nacional como un cuerpo capaz, disciplinado y confiable, que colabore con estados y municipios mediante convenios firmados, que realice tareas de proximidad, que investigue delitos bajo supervisión del Ministerio Público, y que actúe en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia. Pero también, debe quedar claro, no se trata de una fuerza autónoma ni ajena al control constitucional.
El debate sobre la militarización no debe cerrarse, pero tampoco puede convertirse en una consigna automática. La pregunta real es: ¿qué modelo de seguridad necesitamos para proteger a las comunidades más vulnerables? ¿Queremos seguir improvisando, o vamos a construir un cuerpo permanente, formado, evaluado y eficaz? Si lo segundo es lo que queremos, entonces la nueva Ley de la Guardia Nacional ofrece un camino viable, aunque no exento de riesgos que deben ser monitoreados.
La reforma aprobada representa una oportunidad histórica para fortalecer al Estado frente al crimen, pero también impone un compromiso ineludible con la democracia y los derechos humanos. La Guardia Nacional debe ser firme ante el delito, pero sensible ante la ciudadanía; disciplinada, pero sujeta a la ley; eficiente, pero siempre bajo vigilancia civil. No se trata de entregar un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas, sino de construir una institución confiable y humana, que garantice seguridad sin renunciar a la dignidad. La fuerza por sí sola no basta: el respeto a los derechos humanos será la verdadera medida de su éxito. “No hay seguridad sin orden. Pero tampoco hay paz duradera sin libertad, sin justicia y sin respeto por la dignidad humana.” Ese es el equilibrio que debemos exigir y defender en esta nueva etapa para México.
- La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
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