Etiqueta: Human Rights Watch

  • EUA admite: bombardear lanchas no frena la cocaína

    EUA admite: bombardear lanchas no frena la cocaína

    Una evaluación interna de la DEA, revelada por The Washington Post, confirma que 67 ataques y 221 muertos no cambiaron ni el precio ni la disponibilidad de la droga en territorio estadounidense.

    La Administración para el Control de Drogas reconoció, en un informe que aún no se hace público, que su ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico oriental fracasó en su objetivo principal. El documento, filtrado a The Washington Post este lunes, muestra que los bombardeos contra embarcaciones no redujeron el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.

    La operación, llamada Lanza del Sur, arrancó en septiembre de 2025. Desde entonces suma 67 ataques y 221 personas muertas. Pese a ese saldo, el suministro de droga se mantuvo intacto, según las propias cifras de la DEA.

    Funcionarios del Pentágono confirmaron la misma conclusión ante legisladores durante una reunión reservada. El precio del kilogramo en Florida bajó hasta ubicarse entre 13 mil y 15 mil dólares. Esa caída revela que la droga sigue llegando sin dificultad.

    Oferta, precio y pureza son las tres variables que Washington usa para medir el éxito de cualquier estrategia antidrogas. Ninguna se movió en la dirección que prometió la Casa Blanca. Donald Trump había asegurado en varias ocasiones que su ofensiva golpeó con fuerza al narcotráfico marítimo.

    Las rutas se trasladaron al aire

    Los grupos criminales cambiaron de método ante la presión naval. Las lanchas rápidas prácticamente desaparecieron de aguas internacionales. En su lugar, los cargamentos ahora viajan en embarcaciones más grandes que navegan pegadas a la costa, donde el riesgo de un ataque baja.

    Al mismo tiempo, creció el uso de aviones que despegan desde pistas clandestinas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Estos vuelos avanzan hacia el este, sobrevuelan Guyana y Surinam, y evitan así el despliegue naval estadounidense.

    Un funcionario de la DEA, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó la lógica del fenómeno al periódico. Comparó la situación con un globo: cuando se aprieta por un lado, el aire se desplaza hacia el otro. Las redes criminales, agregó, detectan los puntos débiles y los explotan de inmediato.

    El Pentágono defiende la estrategia

    El vocero del Pentágono, Sean Parnell, insistió en que Lanza del Sur cumple su función. Argumentó que las organizaciones criminales llevan décadas ajustando sus tácticas frente a cualquier presión externa. Definió el impacto de la campaña como una “fricción sistémica” sobre el narcotráfico.

    La ofensiva también sirvió para presionar a Nicolás Maduro. Fuerzas estadounidenses lo detuvieron en Caracas y lo trasladaron a un centro de reclusión en Nueva York a comienzos de enero. Seis meses después de esa captura, los ataques contra embarcaciones continúan sin pausa.

    Naciones Unidas denuncia ejecuciones extrajudiciales

    Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos calificaron los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales. Entre las víctimas hay pescadores y contrabandistas de combustible. Washington nunca presentó ante un tribunal pruebas de que esas tripulaciones cometieran delitos.

    Human Rights Watch alertó la semana pasada a los gobiernos latinoamericanos sobre las graves consecuencias de sumarse a este tipo de operativos. La organización recordó que eliminar las garantías judiciales no reduce al crimen organizado.

    Esa advertencia llega justo cuando la estructura militar liderada por Estados Unidos sigue creciendo. El 7 de marzo, en el complejo Trump National Doral de Miami, el mandatario reunió a 12 jefes de Estado de la región. Ahí firmaron la Carta de Doral y crearon la Coalición de las Américas contra los Cárteles. Representantes de 17 países se sumaron con el compromiso de usar fuerza militar letal contra el narcotráfico. México no forma parte del bloque.

    Trinidad y Tobago, ubicado a pocos kilómetros de la costa venezolana, albergó maniobras de la Marina estadounidense. En Puerto Rico volvió a funcionar parte del aeropuerto de Roosevelt Roads, cerrado desde 2004. El jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, viajó a Ecuador el 14 de julio para coordinar la cooperación contra el narcotráfico.

    Colombia se unirá a la coalición el 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia. Su antecesor, Gustavo Petro, había denunciado en marzo un ataque estadounidense en territorio colombiano y exigió respeto a la soberanía nacional.

  • Israel multiplica asentamientos mientras crece la crisis de vivienda en Cisjordania

    Israel multiplica asentamientos mientras crece la crisis de vivienda en Cisjordania

    Nuevas cifras confirman una expansión acelerada de asentamientos israelíes y cientos de viviendas palestinas destruidas en los últimos meses.

    Cisjordania atraviesa una de las etapas más duras de su historia reciente. Israel aprobó la construcción de 763 nuevas unidades habitacionales para colonos en la localidad de Eli, según confirmó teleSUR el pasado 26 de julio. La decisión llegó tras una declaración conjunta del primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz.

    Ambos funcionarios pidieron además el envío de más tropas a la zona. Solicitaron también la demolición de viviendas en la aldea de Tell y la recolección de armas entre la población palestina. Bezalel Smotrich, otro alto funcionario israelí, fue más allá en sus declaraciones. Afirmó que localidades como Iraq Burin y Beit Furik deben transformarse hasta parecerse a los campamentos de refugiados de Nablus y Tulkarm, ya devastados por demoliciones previas.

    Los datos sobre destrucción de viviendas resultan igual de alarmantes. Human Rights Watch documentó, mediante imágenes satelitales, al menos 850 viviendas demolidas o gravemente dañadas en los campamentos de Nur Shams, Tulkarem y Yenín. La organización explicó que esta destrucción busca crear zonas de amortiguamiento. El objetivo, según sus investigadores, es rediseñar permanentemente el trazado urbano de estos campamentos y reforzar el control israelí sobre la región.

    La Comisión Palestina de Resistencia al Muro y los Asentamientos ofrece otro dato preocupante. Durante la primera mitad de 2026, los colonos israelíes cometieron 3.488 ataques contra palestinos y sus propiedades. Analistas consultados por medios internacionales advierten que esta triplicación de asentamientos podría preparar el terreno para una anexión formal del territorio ocupado. Esa medida violaría abiertamente el derecho internacional vigente.

    Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene una postura pasiva ante estos hechos. Organismos globales han calificado los asentamientos como ilegales desde hace décadas, pero las condenas rara vez se traducen en acciones concretas. La situación en Cisjordania continúa deteriorándose sin que existan señales claras de una respuesta diplomática efectiva.

  • Abusos, violencia, condiciones inhumanas y muertes en el mayor centro de detención migrante de EUA

    Abusos, violencia, condiciones inhumanas y muertes en el mayor centro de detención migrante de EUA

    Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunciaron abusos, violencia, condiciones inhumanas y muertes en el mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos, donde exigen una investigación y el cierre de las instalaciones.

    Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunciaron presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Camp East Montana, el mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos, ubicado en Fort Bliss, Texas. De acuerdo con un informe conjunto, los migrantes enfrentan golpizas, negligencia médica, aislamiento prolongado y condiciones insalubres, por lo que ambas organizaciones exigieron el cierre inmediato del recinto y una investigación independiente.

    El informe documenta el caso del migrante cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, quien murió tras ser inmovilizado por varios guardias. Según testigos citados por HRW, sus últimas palabras fueron: “No puedo respirar, que Dios me bendiga”. La autopsia concluyó que falleció por asfixia provocada por la compresión del cuello y el torso, y el médico forense clasificó el caso como homicidio. HRW calificó la muerte como una posible “ejecución extrajudicial” conforme al derecho internacional.

    Las organizaciones entrevistaron a 71 personas detenidas en el centro, provenientes de 12 países de América Latina y el Caribe. La mayoría aseguró haber sufrido agresiones físicas o presenciado palizas por parte de los guardias, además de denunciar que quienes solicitan atención médica, alimentos o reclaman sus derechos suelen ser objeto de represalias. También describieron instalaciones hacinadas, baños en malas condiciones, falta de productos de higiene y demoras de semanas o meses para recibir atención médica.

    El reporte sostiene además que los detenidos reciben alimentos insuficientes o en mal estado, lo que habría provocado pérdidas significativas de peso entre algunos migrantes. HRW y la ACLU advirtieron que las condiciones en Camp East Montana constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y reiteraron su llamado a las autoridades estadounidenses para cerrar el centro, investigar los abusos denunciados y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes.

  • La ONU acusa a Israel de genocidio por atacar a niños palestinos

    La ONU acusa a Israel de genocidio por atacar a niños palestinos

    Un informe presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos documenta muertes, torturas y violencia sexual contra menores en Gaza y Cisjordania. Israel rechaza el texto.

    Más de 21.200 niños han muerto en Gaza desde octubre de 2023. Así lo registra la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que también contabiliza más de 73.000 palestinos fallecidos en total. La cifra representa casi un tercio de todas las víctimas de la guerra, y sigue creciendo.

    Este martes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos presentó un informe de 22 páginas ante el Consejo de Derechos Humanos. El documento acusa a Israel de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tanto en Gaza como en Cisjordania.

    El presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar, fue directo: los niños palestinos han sido “deliberadamente” atacados y asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes. El informe identifica incluso a unidades militares específicas responsables de algunos de esos ataques.

    Atacar a los menores, concluye el documento, es “uno de los elementos clave que demuestran la intención genocida” de destruir al pueblo palestino. “Al atacar a los niños, Israel está minando la capacidad del pueblo palestino para existir y determinar su futuro”, afirmó Muralidhar.

    Las fuerzas israelíes continuaron usando municiones de alta potencia en zonas residenciales densamente pobladas, aun cuando el número de niños muertos no dejaba de aumentar. La comisión interpreta esa decisión como una señal de que los ataques fueron intencionales. Además, el informe denuncia el uso de violencia sexual contra menores como forma de “humillación colectiva”, así como detenciones arbitrarias, torturas y privación de alimentos en centros de reclusión dentro de Israel.

    Otros 265 niños murieron después de que entrara en vigor el alto el fuego de octubre de 2025. Antes de ese momento, ya habían padecido separaciones familiares, desplazamientos forzados, hambre y el colapso de los servicios de salud y educación. Casi todos los menores de Gaza, según el informe, necesitan atención psicológica.

    En Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, los investigadores documentaron un aumento de ataques de colonos israelíes contra niños palestinos. Los menores, especialmente varones, sufrieron desnudamientos forzados, golpizas y privación de alimentos durante detenciones masivas. La ONU califica esas condiciones como crímenes de lesa humanidad.

    En paralelo, la colonización israelí en Cisjordania avanza con respaldo del gobierno de Benjamin Netanyahu, que anunció a mediados de junio una inversión de 330 millones de dólares para construir nuevos asentamientos aprobados en los últimos tres años.

    Israel respondió de inmediato. El Ministerio de Exteriores calificó el informe como “una pieza de propaganda” y lo rechazó “categóricamente”. El gobierno de Netanyahu sostuvo que el texto busca “señalar y vilipendiar a Israel” en lugar de esclarecer los hechos, y acusó a la ONU de ignorar las atrocidades cometidas por grupos armados como Hamás, incluido el secuestro y asesinato de menores israelíes.

    No es la primera vez que organismos internacionales señalan a Israel por genocidio. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Forensic Architecture y la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio ya habían llegado a esa conclusión. En el plano judicial, Sudáfrica presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2023. Islandia y Países Bajos se sumaron a esa causa en marzo de 2026. (Con información de Reuters y EFE)

  • Informe de HRW alerta retroceso en derechos humanos en América Latina por políticas de Trump

    Informe de HRW alerta retroceso en derechos humanos en América Latina por políticas de Trump

    Human Rights Watch advirtió que el nuevo mandato de Donald Trump ha profundizado el deterioro de los derechos humanos en América Latina, con políticas migratorias más duras, militarización y recortes a apoyos internacionales que han sido replicados por varios gobiernos de la región.

    Human Rights Watch alertó que la retórica y las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han tenido un impacto negativo en la situación de derechos humanos en América Latina y el Caribe, donde distintos gobiernos han endurecido políticas de seguridad y migración bajo el amparo de Washington.

    En su Informe Mundial 2026, la organización documentó abusos contra personas migrantes, detenciones arbitrarias, militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza, así como recortes a la ayuda exterior destinada a organizaciones civiles y medios independientes.

    HRW señaló que países como El Salvador, Perú y Ecuador han aprobado marcos legales que facilitan el cierre de organizaciones sociales y medios de comunicación, debilitando los contrapesos democráticos y restringiendo el espacio cívico en la región.

    El informe también cuestionó la doble vara de la política exterior de EUA, que condena violaciones sistemáticas en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero minimiza abusos graves cometidos por gobiernos aliados.

    Pese a este panorama, la organización subrayó que periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles continúan siendo un pilar clave para la democracia en América Latina, aunque operan en un entorno cada vez más hostil y con mayores riesgos.

  • Human Rights Watch reporta nuevo récord de ejecuciones en Arabia Saudí

    Human Rights Watch reporta nuevo récord de ejecuciones en Arabia Saudí

    Este martes Human Right Watch reportó más de 350 ejecuciones a las autoridades, un nuevo récord al cierre del 2025. La mayoría corresponde a personas extranjeras que fueron imputadas a conductas ilícitas no mortales vinculadas con drogas.  

    Una de las causas principales en este incremento son las ejecuciones por conductas ilícitas no letales vinculados con drogas, los cuales sumaron 240, 188 de ellos fueron extranjeros, por lo que Joey Shea, investigador acerca de Arábia Saudita, ha exhortado a las autoridades encabezadas por Mohamed bin Salman, príncipe heredero, a poner fin a los homicidios. El final del 2025 paralizó un posicionamiento catastrófico por segundo año consecutivo en Arabia Saudita, debido al aumento récord de homicidios.

    Al inicio del combate al control de drogas, representantes del gobierno reforzaron vigilancia en fronteras y carreteras para incautar y capturar decenas de traficantes así como millones de estupefacientes. Arabia Saudita  ha destacado por su economía al ser uno de los mercados más fuertes para la fenetilina, sustancia ilícita que fue la mayor exportación de Siria.

    HRW hizo un recordatorio sobre la Carta Árabe de Derechos Humanos que fue aprobada por Arabia Saudí, la cual exíge a los países que implementan la pena de muerte a llevarla acabo solamente en caso de “delitos de mayor impacto”. Bajo estas circunstancias, Human Rights Watch denunció los homicidios de varias personas que cometieron actos delictivos cuando eran menores. Por su parte, Turki al Jasser, periodista destacada por revelar la corrupción en la familia real saudí, manifestó su inquietud ante el hecho de que el Gobierno saudí utilice la pena de muerte para silenciar la crítica pacífica.

    Arabia Saudita pretende expandir su economía además de los hidrocarburos, por lo que la Amnistía Internacional ha comenzado a recolectar cifras sobre los homicidios desde 1990. Por su parte, las autoridades saudís, respaldan el hecho de que la pena de muerte sea requerida y obligatoria para el control social.

  • La realidad del régimen de Bukele en El Salvador: denuncian arresto masivo de ciudadanos inocentes y se manifiestan contra minería rapaz

    La realidad del régimen de Bukele en El Salvador: denuncian arresto masivo de ciudadanos inocentes y se manifiestan contra minería rapaz

    El presidente Nayib Bukele ha presumido orgulloso haber reducido a un mínimo histórico la tasa de homicidios en El Salvador, hasta dejarlo en 1.9 por cada 100 mil habitantes en 2024. No obstante observadores internacionales como las organizaciones Human Rights Watch o Amnistía Internacional han identificado “detenciones indiscriminadas” y denunciado 350 muertes en los centros de reclusión del estado.

    Es por ello que este domingo más de 2 mil salvadoreñas y salvadoreños salieron a las calles de San Salvador, para manifestarse contra el régimen de Bukele y demandar la libertad de sus familiares presos injustamente tras la “guerra antipandillas” implementada por el presidente de aquel país desde el año 2022.

    Fue el 27 de marzo del 2022, cuando tras una escalada en el número de homicidios, Bukele decidió ampararse en un régimen de excepción y emprender una “guerra” contra las pandillas que operan en El Salvador. Esto lo llevó a ordenar detenciones sin la necesidad de una orden judicial, lo cual implicó también una falta de investigación rigurosa y el apego al respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. 84 mil 260 personas fueron encarceladas como resultado de esta infame estrategia.

    Aunque el 12 de noviembre pasado, Bukele aseguró haber dejado en libertad a 8 mil inocentes, el fiscal general Rodolfo Delgado, aclaró que se encuentran en libertad condicional mientras avanzan sus procesos, con lo cual no hay garantía jurídica de su liberación definitiva, a pesar de no haber cometido crimen alguno.

    El régimen (de excepción) ya no es para combatir a las pandillas, el régimen es para someter al pueblo para que no se manifieste por sus reivindicaciones”, declaró Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), en una entrevista con la agencia AFP.

    En las protestas, la ciudadanía exhibió fotos de quienes han sido víctimas de las detenciones injustas por parte del inhumano gobierno de Nayib Bukele. Uno es el caso de la familia Avelar que ha perdido toda comunicación con el padre de familia y uno de los hijos, aprehendidos arbitrariamente. Marcos Avelar, de 57 años de edad, fue arrestado el 29 de julio de 2022; y su hijo Manuel Ernesto Avelar, de 24 años de edad, fue arrestado el 13 de marzo de 2023.

    Pido la libertad para mi esposo y mi hijo, porque los han capturado injustamente, pues ellos no deben nada, no son unos delincuentes, ni son criminales”, denunció Sebastiana Avelar, una de las amas de casa que participó en la manifestación de hoy.

    La mujer de 54 años de edad, dijo sentirse desesperada pues no sabe el estado en el que se encuentran su esposo y su hijo, debido a que las visitas a los penales también fueron prohibidas. Otra de las inhumanas medidas impuestas por el régimen del infame Nayib Bukele.

    Además del tema de miles de inocentes presos injustamente, los manifestantes protestaron en contra de la ley que reactivó la minería metálica en El Salvador. La gente alerta sobre las consecuencias sociales y medioambientales que podría tener la actividad extractiva en aquel país.

    Qué va a significar la minería: desplazar cantidades de gente primero, deforestar el territorio, luego utilizar grandes cantidades de agua que no tenemos”, declaró Ricardo Navarro, defensor del medio ambiente.

  • La oposición derrotada mexicana ahora pretende entrometerse en Venezuela

    La oposición derrotada mexicana ahora pretende entrometerse en Venezuela

    El próximo viernes 10 de enero tendrá lugar la investidura de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, después de que la autoridad electoral ratificó su triunfo en las urnas durante las pasadas elecciones de julio del 2024. Sin embargo la derecha conservadora latinoamericana insiste en deslegitimizar la voluntad del pueblo venezolano e intervenir en la política interior de aquel país sudamericano.

    Es el caso del grupo opositor mexicano conocido como “Sociedad Civil México”, quienes emitieron un comunicado para invitar a la población de México y el mundo, a unirse contra Nicolás Maduro.

    Advierte Sociedad Civil México sobre las supuestas violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela, citando varios informes de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch (HRW) y la Organización de Estados Americanos (OEA), todas al servicio del imperialismo y de las élites internacionales.

    Hacemos un llamado a la ciudadanía mexicana y global para unirse en este rechazo, expresando su desacuerdo con cualquier acción que legitime un régimen que no refleja los valores democráticos que compartimos”, dice el comunicado de la agrupación conservadora mexicana.

    También indican que si bien esta no es una iniciativa oficial, del Gobierno ni del Pueblo de México, es una “invitación” a la reflexión y la movilización. Todo esto como apoyo a las intenciones del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien derrotado en las urnas, salió en gira internacional para pedir apoyo político a su causa; algo que bien podríamos calificar como golpe de estado, pues González Urrutia pretende entrar en territorio venezolano y arrebatar el poder por la fuerza.

    A través del hashtag #MéxicoNoEstáConLaDictadura, invitamos a todos a alzar su voz en favor de los derechos humanos y la democracia”, finaliza el comunicado de Sociedad Civil México.