Hombres armados asesinaron a Ignacio Alejandro Roaro Aguilar, secretario del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, Guanajuato, mientras jugaba basquetbol en el Parque Ecológico de la ciudad la tarde del sábado. El ataque dejó además a dos personas heridas, entre ellas presuntamente otro funcionario local.
Roaro Aguilar, integrante de la administración panista de la presidenta municipal Monserrat Mendoza Cano, fue alcalde interino en 2023 y previamente dirigió el área de Fiscalización en Celaya. La Fiscalía estatal ya investiga el homicidio.
El gobierno municipal condenó el asesinato y expresó su pesar: “Perdimos a un servidor público ejemplar, comprometido con la legalidad, el servicio y el bienestar de Apaseo el Alto”. También informó que se reforzó la seguridad con apoyo estatal y federal, y exigió justicia.
Autoridades locales aseguraron que no permitirán que la violencia debilite la vocación de servicio público.
Zitácuaro, Michoacán, enfrenta una crisis de seguridad tras una serie de ataques armados y la quema de una tienda de conveniencia. La Fiscalía de Michoacán confirmó la muerte de un menor en el trayecto al hospital, además de dos heridos por disparos.
Los informes iniciales sugieren que esta jornada de violencia es una respuesta de William Edwin Rivera Padilla, conocido como “El Barbas”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos actos se producen en reacción a los operativos del Ejército Mexicano en la región.
El primer enfrentamiento ocurrió en la salida a Toluca, donde el grupo criminal incendió la tienda. Pocos minutos después, se registraron disparos en la colonia Pueblo Nuevo, cerca de un puente peatonal. Otro ataque se confirmó cerca de la terminal de autobuses de la ciudad.
La situación obligó a comerciantes a cerrar sus negocios y buscar refugio. Clientes y transeúntes también se resguardaron en el interior de los establecimientos. La violencia ha generado pánico entre niños y adolescentes en escuelas cercanas.
Aunque se reportó la quema de un vehículo en Puente de Fierro, cercano a la salida a Morelia, este hecho aún no ha sido confirmado. La comunidad de Zitácuaro vive momentos de angustia y temor ante la creciente inseguridad.
El evento conocido como Acamoto 2025, celebrado este fin de semana en las calles de Acapulco, dejó un saldo de por lo menos siete personas muertas, entre ellas cinco motociclistas y dos mujeres, además de varios lesionados y un entorno urbano sumido en el desorden, la basura y la ausencia de autoridad.
De acuerdo con reportes oficiales, el Acamoto se realizó del viernes 16 al domingo 18 de mayo, principalmente sobre la avenida Costera Miguel Alemán, donde miles de motociclistas se congregaron en eventos no oficiales marcados por acrobacias, consumo excesivo de alcohol y cierre parcial de vialidades.
El primer incidente fatal ocurrió un día antes del arranque del evento, cuando dos motociclistas perdieron la vida en la Autopista del Sol, mientras se dirigían a Acapulco. El viernes, otras tres personas murieron en la zona urbana, una de ellas una mujer que fue impactada por una motocicleta tras una acrobacia fallida.
Asimismo, se reportó el fallecimiento de otra mujer y un hombre durante un percance vial catalogado como “accidente por desespero”, según fuentes policiacas.
Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades estatales y municipales permanecieron omisas durante gran parte del evento, permitiendo que las calles se convirtieran en un circuito de riesgo constante para transeúntes, vecinos y los propios participantes.
La Costera Miguel Alemán amaneció inundada de basura todos los días durante el evento, sin presencia visible de servicios de limpieza ni operativos de control.
Vecinos, empresarios y ciudadanos denunciaron en redes sociales la falta de prevención, regulación y vigilancia por parte del gobierno local, que desde años anteriores ha sido señalado por permitir la realización informal del Acamoto, sin estrategia clara de seguridad ni contención.
Jalisco vive una crisis de inseguridad alarmante. La reciente muerte de Karina Ruiz Ocampo, activista defensora del agua, resalta la ineptitud del gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro. La activista, desaparecida el 13 de abril, fue hallada sin vida, evidenciando la grave situación que enfrentan quienes luchan por sus derechos.
Karina Ruiz, de 47 años, lideraba la asociación “La cima nuestra prioridad”. Su trabajo consistía en exigir un suministro regular de agua en su comunidad, donde solo tienen acceso a ella 30 minutos al día. A pesar de las amenazas que recibió en redes sociales, las autoridades hicieron poco para protegerla.
El 13 de abril, un grupo armado irrumpió en su hogar y la secuestró. Su cuerpo fue encontrado el 22 de abril en la carretera Guadalajara-Tepic, en un estado avanzado de descomposición. Aún se desconocen las causas de su muerte, pero su historia refleja un patrón alarmante en Jalisco.
En las últimas semanas, otros dos activistas también fueron asesinados. María del Carmen Morales y su hijo fueron víctimas de la violencia el 23 de abril. Teresa González, buscadora de personas desaparecidas, murió tras recibir un disparo. Estos crímenes revelan un ambiente hostil para quienes buscan justicia en Jalisco.
La Fiscalía de Jalisco, en lugar de brindar protección, ha mostrado inoperancia. La omisión de las amenazas a Karina Ruiz es un claro ejemplo de su falta de eficacia. La indignación de los vecinos y amigos es palpable. Exigen respuestas y justicia.
Karina había advertido sobre su situación. Antes de desaparecer, compartió un audio señalando a posibles responsables. A pesar de ello, el gobierno se mostró indiferente. Su lucha por agua potable no debió costarle la vida.
La muerte de Karina Ruiz Ocampo es un llamado urgente. La sociedad no puede permanecer en silencio ante la violencia sistemática. Es hora de exigir acciones concretas al gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro. La vida de los activistas no debe ser un precio a pagar por defender los derechos humanos. Jalisco merece un cambio y la justicia debe prevalecer.
Durante la mañanera del pueblo de este martes 22 de abril, el Gobierno de México informó que la inseguridad disminuyó 32.9%.
Como parte del informe trimestral en materia de seguridad, el Gobierno de México, a través de la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que la incidencia delictiva general del país disminuyó 32.9% entre septiembre de 2024 y abril de 2025.
Asimismo, Figueroa aseguró que, en el delito de homicidio, se alcanzó una disminución de hasta 28.1% en el primer trimestre de 2025. Entre las entidades que reportaron más homicidios se encuentran Guanajuato (11.8%), Estado de México (8.2%), Sinaloa (6.9%), Jalisco (6.5%) y Guerrero (6.1%).
Durante su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó las detenciones más relevantes, entre las que destaca la de Joel Alonso “N”, alias “El Gangoso”, en la Ciudad de México. Este sujeto es identificado como jefe de una célula operativa de “Los Mayos”, vinculada al Cártel del Pacífico.
Harfuch reiteró que, del 1 de octubre de 2024 al 20 de abril de 2025, han sido detenidas 18 mil 712 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 144 toneladas de droga, incluyendo cerca de una tonelada y media de fentanilo y más de 2 millones de pastillas de esta sustancia. Además, se han confiscado más de 9 mil 600 armas de fuego en 17 estados del país. El Ejército y la Marina han destruido 839 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.
Ante estos resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se trata de una muestra de los frutos que ha dado la continuidad en la estrategia de seguridad, basada en la atención a las causas, la coordinación entre instituciones y autoridades, y el fortalecimiento de la inteligencia operativa en tareas policiales. La mandataria reiteró que también se trabaja en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos, pero enfatizó que este es un tema que los mexicanos resolverán: “colaboración sin subordinación”, sentenció.
En Salamanca, Guanajuato, cuatro hombres fueron asesinados a balazos en un campo de fútbol. El ataque ocurrió en la comunidad de Cárdenas. Otros dos hombres resultaron heridos.
Testigos relatan que varios hombres armados llegaron al lugar alrededor de las cinco de la tarde del lunes. Sin previo aviso, abrieron fuego contra seis personas que estaban en el campo.
Los dos hombres heridos fueron trasladados a un hospital de Salamanca. Las autoridades acordonaron la zona para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
Este trágico incidente recuerda el ataque del 16 de marzo, cuando ocho jóvenes fueron ejecutados en la comunidad de San José de Mendoza. La violencia en la región continúa generando preocupación entre los habitantes.
El periodista Ricardo Sevilla, en su reciente investigación, revela una alarmante percepción de inseguridad en Durango. Conversando con la población de la capital duranguense, se evidencia que el gobierno municipal no solo enfrenta problemas de corrupción, sino también una crítica inseguridad y pésimas condiciones de las calles.
📹 #Vídeo | Una investigación del periodista Ricardo Sevilla (@sevillacritico) revela los vínculos del alcalde prianista de Durango, José Antonio Roch,a con el crimen organizado.
Con el respaldo del actual gobierno municipal, los puntos de venta crecen mientras se pone en… pic.twitter.com/ZlViW0rLtH
Durante un recorrido en taxi, el operador compartió su perspectiva sobre la situación. Aseguró que, a pesar del discurso oficial de que Durango es un estado tranquilo, la realidad es muy diferente. “La tranquilidad es solo una fachada. La droga está presente, y todos lo saben”, afirmó.
El taxista destacó que las autoridades, incluyendo al presidente municipal y al gobernador, están al tanto del control que ejercen los narcotraficantes en la región. “El gobernador y el presidente municipal se reparten el pastel. Están bien pagados por el narco”, añadió.
Los testimonios de la ciudadanía reflejan un miedo palpable. Muchos evitan opinar por temor a represalias. “La gente no puede hablar porque tiene miedo al narco y a las autoridades”, comentó el taxista.
Además, la infraestructura de la ciudad deja mucho que desear. Las calles están llenas de baches y en mal estado. “Las calles están parcheadas, y el gobierno proyecta una imagen de una ciudad bonita, pero la realidad es otra”, explicó.
Durango necesita un buen gobierno que priorice el bienestar de la población y no esté atado al dinero del crimen. Lo que hace falta es valentía para enfrentar esta situación. Este análisis pone de manifiesto la urgente necesidad de un cambio en la administración local para mejorar las condiciones de vida en Durango.
En la colonia Luz y Esperanza, ubicada en la capital duranguense, persisten condiciones críticas de vida: escasez de agua, calles sin pavimentar, desempleo e inseguridad. Pese a las promesas de campaña de las autoridades actuales, los residentes aseguran que, tras tres años, no hay mejoras visibles. A ello se suma un temor generalizado a denunciar o opinar públicamente por miedo a represalias, tal y como lo constató el trabajo periodístico a cargo de Zeltzin Juárez.
Infraestructura abandonada y servicios básicos limitados
Las calles de la colonia exhiben graves daños: baches profundos y terracerías irregulares que, según los vecinos, dañan vehículos y complican el tránsito. “Aquí los brincos y brincos [de los autos] arruinan las suspensiones”, comentó un habitante bajo condición de anonimato. A esto se agrega la falta de agua potable, con cortes recurrentes que obligan a los residentes a racionar el líquido.
Inseguridad y silencio forzado
La violencia también acecha. Una mujer entrevistada admitió: “No me siento segura caminando aquí; sí hay peligro”. Sin embargo, la mayoría evitó dar declaraciones abiertas. “¿Usted votaría otra vez por el actual presidente municipal?”, preguntó Juárez. La respuesta más recurrente fue un incómodo “no sé” o evasivas, reflejando desconfianza hacia la gestión de Antonio “Toño” Ochoa, presidente municipal, y Esteban Villegas, gobernador de Durango, quienes en 2021 prometieron mejorar las condiciones de vida en la zona.
Promesas incumplidas y descontento social
Durante su campaña, Villegas y Ochoa prometieron impulsar obras de pavimentación, seguridad y acceso al agua. No obstante, los habitantes aseguran que las calles siguen igual, falta deempleo, escacez de agua y la delincuencia mantiene en alerta a la comunidad. “¿Dónde están las mejoras? Hace tres años prometieron, pero todo sigue igual”, cuestionó la periodista Zeltzin frente a una calle en total abandono.
Falta de transparencia y llamado anónimo
El reporte concluyó con un llamado a los ciudadanos a compartir sus testimonios de manera anónima en los comentarios del video, ante la evidente reticencia a hablar frente a cámaras. Mientras tanto, la colonia Luz y Esperanza espera respuestas concretas a problemas que, lejos de resolverse, profundizan la desilusión hacia sus autoridades.
La mañana de este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaun detalló que Guanajuato lleva varios años siendo la entidad con más homicidios dolosos, además de ser el único estado donde estas cifras siguen yendo a la alza, y es que representa el 15.2% de los homicidios ocurridos en el país del 1 al 31 de enero, además, dijo que esto no sólo se debe a “la no atención profunda al tema de seguridad”, sino “también [es] producto a un modelo de desarrollo, el PAN lleva gobernando Guanajuato muchísimos años”.
Desde que el Partido Acción Nacional (PAN) asumió el gobierno de Guanajuato en 1991, la entidad ha pasado de ser una de las más prósperas del Bajío a convertirse en el epicentro de la violencia en México. Hoy, Guanajuato ocupa los primeros lugares en homicidios, ataques contra políticos y presencia del crimen organizado, dejando al descubierto el fracaso de la estrategia panista en seguridad.
Cifras que exponen la crisis
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guanajuato registró una tasa de homicidios de 70 por cada 100,000 habitantes en 2021, una de las más altas del país. El problema no se ha detenido: en 2024, el estado sumó 4,333 homicidios, un incremento del 23% respecto a 2018, cuando Diego Sinhue Rodríguez Vallejo asumió la gubernatura.
Los ataques contra funcionarios y políticos también se han disparado. Durante 2024, se registraron 31 asesinatos de candidatos, funcionarios y servidores públicos en Guanajuato, convirtiéndolo en el segundo estado con más violencia política, solo por detrás de Guerrero. Municipios como Celaya encabezan la lista de violencia, superando incluso a Acapulco en estos crímenes.
El PAN, entre la impunidad y el colapso de la seguridad
A pesar de estos números alarmantes, los gobiernos panistas han evitado asumir responsabilidades y han apostado por una estrategia de seguridad que ha resultado ineficaz para contener el avance del crimen organizado. La situación llegó a un punto crítico en septiembre de 2024, cuando Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General del Estado durante 15 años, presentó su renuncia tras las fuertes críticas por su incapacidad para frenar la violencia.
La crisis ha sido tal, que incluso funcionarios municipales han sido secuestrados por el crimen organizado, como ocurrió en enero de 2025 con el alcalde del municipio de Doctor Mora y la contralora de Atarjea.
Pobreza y falta de oportunidades: un cóctel de violencia
Más allá de la incapacidad del PAN para garantizar la seguridad, la crisis de violencia en Guanajuato también está vinculada a problemas estructurales que sus gobiernos han ignorado. Expertos coinciden en que la falta de oportunidades educativas, los bajos salarios y la pobreza han facilitado el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos, generando un círculo vicioso de criminalidad que el PAN no ha sabido ni querido atender.
Con la llegada de la gobernadora, también panista, Libia Denisse García Muñoz Ledo, la entidas sigue siendo un campo de batalla entre grupos criminales, dejando a la población en un estado de indefensión permanente.
El modelo de seguridad panista ha fracasado
Con más de 30 años de gobiernos panistas, Guanajuato está hundido en una crisis de violencia sin precedentes. El modelo de seguridad del PAN no solo ha sido ineficaz, sino que ha permitido que el crimen organizado se fortalezca y expanda su dominio en la región.
Pese a que el estado de Yucatán ha cambiado de administración y que ahora gobierna la Cuarta Transformación, algunos organismos estatales siguen en manos de corruptos funcionarios panistas que dejó Mauricio Vila por la entidad, y ejemplo de ello es el caso que denuncia César Aticiaga Ronquillo, dueño de una empresa de grúas de plataforma que el pasado domingo 12 de enero fue detenido ilegalmente por elementos de la Fiscalía Estatal.
Aticiaga Ronquillo narró para Los Reporteros MX, que el pasado fin de semana, fue contratado para transportar una camioneta de lujo de la Ciudad de México a la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, sin embargo, llegando a la entrada de Mérida, Yucatán, un reten militar lo detuvo para una inspección de rutina, donde se confirmó que no cometía ninguna irregularidad en su habitual trabajo, pero metros más adelante, elementos de la Fiscalía Estatal lo detuvieron sin razón aparente para de inmediato amedrentarlo y robar su teléfono y la carpeta de documentos de la camioneta que transportaba.
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | César Aticiaga Ronquillo, Operador de grúa de plataforma, denuncia que elementos de la Fiscalía de #Yucatán, aún controlada por panistas, lo detuvieron ilegalmente, le robaron sus pertenencias y violentaron psicológicamente, para sustraer un vehículo de… pic.twitter.com/6b1JzAwtjW
Tras esto, policías ministeriales arribaron al lugar para subir de tono las agresiones en contra de César y exigir la camioneta transportada, pero al negarse, fue escoltado a la Fiscalía para ser encarcelado en la cárcel municipal por 36 horas: “Vi que bajaron la camioneta en la fiscalía y la mía se la llevaron. Nunca me dieron ningún papel, nunca hubo nada, solo amenazas de muerte de parte de los policías de PDI”
Mapa de la Fiscalía donde César fue violentado y en donde se vieron por última vez las camionetas
Sumado a esto, el denunciare acusa que al ser ingresado a la cárcel municipal, fue obligado a firmar una declaración a pesar de que no dio testimonio alguno a las autoridades. En la celda, fue además víctima de violencia psicológica constante sumado que se le negó hasta el día siguiente su llamada por derecho.
Policía Ministerial confesó que robaría la camioneta de lujo
La tarde del martes 14 de enero y tras ser liberado de la ilegal detención, Aticiaga Ronquillo sufrió nuevas amenazas de muerte para que abandone el estado y no regrese, dejando ahí su camioneta de trabajo más la Mercedes que transportaba.
Foto de la grúa y la unidad de lujo robada
“Un ministerial que llegó, yo creo que era el jefe, dijo ‘tú camioneta (de lujo) me gustó y me la voy a quedar, cómo ves, y aquí la vas a bajar y te vas a ir sin nada’. Eso fue lo que me comentó”, menciona el operador de la grúa, que reitera que en todo momento contó con sus papeles en orden para ejercer su trabajo.
Elemento de la policía ministerial señalado de perpetrar el robo de las unidades y la detención ilegal
En cuanto a la grúa, menciona que su medio de trabajo no está en ninguno de los corralones de Mérida, sumado a que le niegan información sobre la unidad, mientras que la lujosa camioneta tampoco ha sido ubicada, aunque se especula que sigue en la Fiscalía.
Lo obligan a firmar una declaración falsa
César Aticiaga Ronquillo detalló que al llegar a la cárcel de Mérida tras la arbitraria detención, no se le tomó declaración tras narrar lo que había vivido hace escasos minutos, siendo obligado a firmar un testimonio que en ningún momento le fue tomado y en el que se le acusa de “alboroto en vía pública”.
Presionado por la situación, donde sus pertenencias ya habían robadas por elementos de la fiscalía y sin conocer a nadie en la ciudad, César firmó la falsa declaración para aminorar las consecuencias que podría sufrir en contra de su integridad.
Fiscalía de Yucatán, en manos de la corrupción
Durante la entrevista, Aticiaga mencionó que los policías ministeriales y municipales de Mérida son la misma delincuencia en la entidad: “A mi me dio mucha tristeza porque en una celda, aun chavo le pegaron y había una mujer que esa policía estatal, y le estaban pegando y ella se reía”, mencionó.
El agredido mencionó que denunciará el caso ante la Derechos Humanos debido a las amenazas para que no vuelva a la entidad, donde continua desaparecida la camioneta con la sustenta a su familia y la unidad que transportaba y que fue robada descaradamente por los elementos de la aún panista, Fiscalía de Yucatán.
Celular que le fue robado a César aún aparece en la Fiscalía de Yucatán
“Es mi única fuente de trabajo, como me robaron todo, también ando batallando, todo el dinero que traía el policías se los echó a las bolsas. Hasta un peso”, comentó César, que por obvias razones, teme volver a la ciudad de Mérida, Yucatán.
Finalmente, César comentó que la ciudad de Mérida no es como la presentan los medios conservadores, ya que es común que elementos de la fiscalía y de las policías locales cometan ilícitos como el que denuncia, por lo que llamó a que las autoridades federales tomen cartas en el asunto, no solo en su caso, sino en las muchas irregularidades que parece haber dejado Maurico Vila y que ahora deberán ser atendidos por el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena.
