Organizaciones sociales y sindicales de Uruguay pidieron investigar al militar uruguayo-israelí por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio; la denuncia sigue sin avanzar con un fiscal asignado.
Roni Kaplan, portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), enfrenta una denuncia penal presentada en Uruguay por presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra la población palestina. La querella fue presentada el 29 de mayo por organizaciones sociales y sindicales, entre ellas el PIT-CNT, FUCVAM, FEUU, SERPAJ y Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Los denunciantes sostienen que la labor de Kaplan como portavoz militar no se limita a comunicar la postura de Israel, sino que podría contribuir a justificar o encubrir acciones atribuidas a las fuerzas israelíes en Gaza. La acusación solicita que la Fiscalía uruguaya investigue su eventual responsabilidad penal y tome declaración a otros funcionarios o exfuncionarios israelíes que se encuentren en territorio nacional.
El caso ha avanzado lentamente. A principios de agosto, organizaciones denunciantes reclamaron públicamente que la Fiscalía diera trámite a la investigación, pues más de dos meses después de presentada la denuncia todavía no se había designado un fiscal para llevarla. También pidieron aplicar mecanismos de jurisdicción universal contemplados por la legislación uruguaya.
Kaplan, quien nació en Montevideo en 1982 y reside en Israel, ha defendido públicamente su labor y rechazado las acusaciones. Tras conocerse la denuncia, aseguró que su trabajo consiste en defender a su pueblo y hacerlo “desde la verdad”. Su postura contrasta con la de las organizaciones denunciantes, que consideran que su papel como vocero debe ser examinado dentro del contexto de las operaciones militares israelíes en Gaza.
El caso también pone bajo la lupa la guerra de propaganda que acompaña al conflicto. Kaplan se ha convertido durante años en uno de los principales rostros de Israel para el público hispanohablante, defendiendo la posición de su gobierno y las acciones de las FDI. Mientras sus críticos lo acusan de funcionar como propagandista, sus defensores sostienen que simplemente cumple su función de portavoz militar. Por ahora, existe una denuncia, no una condena, y corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos para avanzar penalmente.
