Colectivos de al menos 14 estados del país anunciaron una movilización simultánea el 1 de agosto para exigir transparencia en el convenio, su cancelación y rechazar cualquier intento de privatización del agua.
Organizaciones civiles, colectivos ambientalistas, feministas y grupos en solidaridad con Palestina convocaron a una movilización nacional el próximo 1 de agosto para manifestarse en contra del convenio de cooperación hídrica entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Los convocantes demandan transparentar el contenido del acuerdo, cancelar su vigencia y deslindar responsabilidades de los funcionarios que participaron en su firma.
La protesta, denominada “Marcha en defensa del agua”, se llevará a cabo de manera simultánea en Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad de México, Tijuana, Hermosillo, Tampico, Durango, Aguascalientes, Querétaro, Pachuca, Guanajuato, Nayarit, Tlaxcala y Mérida. En Chihuahua, la concentración será en la Glorieta de Pancho Villa, mientras que en Ciudad Juárez se prevé una manifestación frente al Monumento a Benito Juárez.
Entre las principales exigencias de las organizaciones se encuentran el fin de la cooperación con Israel en materia hídrica, el rechazo a una eventual privatización del agua y la transparencia total sobre los alcances del convenio. Además, los colectivos expresaron su rechazo a la ofensiva militar israelí en Gaza y Cisjordania, vinculando ambas causas en la jornada de protesta.
El acuerdo fue firmado el 23 de febrero de 2023 entre la agencia israelí Mashav y la JCAS de Chihuahua, con vigencia hasta 2027. Integrantes del colectivo Salvemos los Cerros sostienen que el documento no fue registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), por lo que consideran que podría incumplir disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados.
Por su parte, el Gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos, ha defendido el convenio al señalar que su propósito es intercambiar conocimientos y tecnología para mejorar la gestión del agua en escenarios de crisis. En la misma línea, el director de la JCAS, Mario Mata Carrasco, aseguró que el mecanismo no transfiere derechos sobre el agua, no implica concesiones ni genera obligaciones jurídicas vinculantes, sino que se limita a la cooperación técnica entre ambas partes.
