El gobierno de Donald Trump prohibió las transacciones con el tribunal de La Haya y prometió paralizarlo. La corte rechazó la medida y advirtió que la historia juzgará este momento.
Estados Unidos sancionó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) y prometió frenar sus actividades. La decisión llegó pocas horas después de que el Comité Noruego premiara con el Nobel de la Paz a Navi Pillay, exjueza de ese tribunal.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Washington prohibirá las transacciones con la CPI, a la que calificó de “deshonesta”. Con esa medida, el gobierno de Donald Trump sube el tono de su campaña contra el tribunal con sede en La Haya. “O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI”, advirtió Rubio en un comunicado.
Según el funcionario, las sanciones buscan proteger al personal de seguridad y a los funcionarios electos de su país. Estados Unidos nunca se unió a la corte y no quiere que ella juzgue a sus ciudadanos. “El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses”, afirmó. Rubio añadió que las medidas cortarán los recursos del tribunal y paralizarán su capacidad de funcionar.
Rubio también aseguró que Washington esperó más de un año antes de actuar. Durante ese tiempo explicó a la corte los “gestos básicos de buena fe” que esperaba de ella. Además, evitó imponer sanciones con la esperanza de que la CPI o sus Estados miembros cambiaran de rumbo. Según él, nadie tomó “medidas significativas” para atender las preocupaciones estadounidenses.
El mensaje también llegó a los aliados. Rubio pidió a los países miembros que “dependen de los militares estadounidenses para su defensa” que controlen al tribunal. De lo contrario, advirtió, Washington seguirá trabajando para desmantelar la CPI “ladrillo por ladrillo”.
Por su parte, la corte rechazó las sanciones el mismo viernes. En su comunicado, la CPI las calificó de “un ataque contra el Estado de derecho” y contra los cimientos del orden jurídico internacional. También recordó el principio de que nadie está por encima de la ley. “La historia juzgará este momento”, sentenció.
El contraste con la jornada de Pillay resulta difícil de ignorar. La jurista, de 85 años, encabezó el tribunal para el genocidio de Ruanda y después trabajó en la CPI. Más tarde dirigió una comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza. Rubio no mencionó a Pillay ni al Nobel en su declaración.
Este no es el primer golpe de Washington contra el tribunal. La administración Trump ya había sancionado a funcionarios de la CPI, entre ellos su fiscal y varios jueces. Esas medidas respondieron a investigaciones que involucran a Estados Unidos e Israel, país que tampoco forma parte de la corte. Además, el mes pasado Trump pidió a todos los Estados miembros que abandonaran el organismo, porque consideró que está “fuera de control”.
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