La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente los crímenes ocurridos en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y denunció las graves omisiones de las autoridades municipales y estatales en la protección, investigación y debida diligencia de los delitos cometidos en dicho lugar.
El organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra subrayó que, si bien este tipo de violencia ha sido comparado con los campos de exterminio nazis, las circunstancias son distintas, aunque comparten la deshumanización de los perpetradores. Explicó que en Europa el exterminio fue una política de Estado basada en la limpieza racial, mientras que en México, estas prácticas fueron empleadas por el propio gobierno durante la Guerra Sucia y la llamada Guerra contra el Narco entre 2006 y 2016.
Actualmente, enfatizó la CNDH, estas atrocidades son cometidas principalmente por organizaciones delictivas, operando bajo una economía criminal documentada desde los años 90.
Omisiones y negligencia de las autoridades locales
El organismo defensor de derechos humanos señaló la grave responsabilidad de las autoridades municipales y estatales, acusándolas de omisión en la protección, investigación y aplicación de la justicia. Subrayó que en el rancho Izaguirre se encontraron restos humanos, hornos y otros elementos que indican que el sitio fue utilizado para trata de personas, asesinatos y desapariciones forzadas.
“Las omisiones en el aseguramiento del lugar, la cadena de custodia y la falta de seguimiento a denuncias previas reflejan una negligencia reiterada por parte de las autoridades responsables”, denunció la CNDH, agregando que esta inacción ha permitido la operación impune de grupos criminales y ha perpetuado los ciclos de violencia y explotación.
La CNDH informó que trabaja en la elaboración de un informe especial sobre fosas clandestinas, con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición. También reiteró su respaldo a los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en favor de quienes ya había emitido medidas cautelares.
Asimismo, anunció la atracción del caso del rancho Izaguirre debido a la presunta violación de derechos humanos y la repercusión que este tiene en el derecho a defender derechos humanos de los integrantes del colectivo.
La Comisión urgió a las autoridades a garantizar una investigación seria y castigo para los responsables, pero también llamó a fortalecer las estrategias que permitan brindar mejores oportunidades a los jóvenes para que no sean reclutados por el crimen organizado.
Finalmente, señaló que la sociedad exige respuestas contundentes ante estos crímenes, especialmente en un momento en el que algunos medios de comunicación y sectores con intereses particulares buscan promover la desinformación en lugar de la transparencia.
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