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Etiqueta: Juez

  • Juez frena a Trump y protege permisos de trabajadores migrantes en EUA

    Juez frena a Trump y protege permisos de trabajadores migrantes en EUA

    La resolución impide, por ahora, que el Gobierno estadounidense retire las autorizaciones laborales a solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

    Un juez federal de Boston bloqueó temporalmente una de las medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, al impedir que su administración retire los permisos de trabajo a decenas de miles de migrantes, entre ellos solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión representa un revés para la política de endurecimiento migratorio promovida por la Casa Blanca.

    El fallo fue emitido por el juez Nathaniel Gorton, quien dio la razón a una coalición integrada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y sindicatos. Los demandantes solicitaron detener la aplicación de las nuevas restricciones impulsadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), argumentando que afectarían el derecho de miles de personas a trabajar legalmente mientras resuelven su situación migratoria.

    Con esta resolución provisional, los permisos de trabajo permanecerán vigentes mientras el caso continúa en los tribunales. El juez adelantó que decidirá antes del 5 de agosto si concede una suspensión de mayor duración. Hasta el momento, el USCIS no ha emitido una postura oficial sobre la decisión judicial.

    La controversia se originó tras la aprobación, en julio de 2025, de una ley fiscal y de gasto respaldada por la mayoría republicana en el Congreso. La legislación estableció por primera vez el cobro de tarifas para solicitar asilo y endureció los requisitos para obtener permisos laborales bajo el TPS, un programa que protege a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias.

    Durante su segundo mandato, Donald Trump ha impulsado una política migratoria de mano dura, con intentos por eliminar el TPS para ciudadanos de varios países, acelerar deportaciones, ampliar las detenciones y restringir beneficios migratorios. Aunque algunas de estas medidas han recibido el respaldo de la Corte Suprema, el fallo emitido en Boston representa un nuevo obstáculo para la estrategia del mandatario y mantiene, al menos por ahora, el derecho de miles de migrantes a trabajar legalmente en Estados Unidos.

  • Juez frena deportación de testigo clave en caso del mexicano abatido por agentes del ICE

    Juez frena deportación de testigo clave en caso del mexicano abatido por agentes del ICE

    La decisión judicial busca garantizar el testimonio de uno de los sobrevivientes del operativo en el que murió Lorenzo Araujo Salgado, un migrante mexicano que vivió 35 años en Estados Unidos.

    Un juez federal de Estados Unidos ordenó suspender la deportación de José Trinidad Rojas Pliego, uno de los testigos del caso en el que el migrante mexicano Lorenzo Araujo Salgado fue abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una parada de tránsito en Houston. La resolución permitirá que permanezca bajo custodia mientras se analiza su solicitud de hábeas corpus, con la que impugna la legalidad de su detención.

    Rojas Pliego viajaba junto a Araujo Salgado y otros dos trabajadores el pasado 7 de julio, cuando agentes del ICE interceptaron la camioneta en la que se dirigían a una obra de construcción. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el conductor intentó atropellar a un agente; sin embargo, los sobrevivientes han rechazado esa versión y aseguran que los hechos ocurrieron de manera distinta.

    En su resolución, el juez Keith Ellison determinó que el testigo deberá permanecer detenido en el Distrito Sur de Texas hasta que concluya el análisis de su recurso legal. El DHS informó que acatará la orden judicial. De acuerdo con la familia, Rojas Pliego residía desde hace varias décadas en Estados Unidos, aunque no contaba con un estatus migratorio regular.

    La muerte de Lorenzo Araujo Salgado, de 52 años, padre de tres hijos y residente en Estados Unidos desde hacía 35 años, provocó protestas y exigencias de una investigación independiente. Sus familiares afirman que estaba próximo a regularizar su situación migratoria y que no tenía antecedentes penales, lo que incrementó el cuestionamiento sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias.

    Mientras tanto, la Fiscalía del condado de Harris apoya a los tres pasajeros que sobrevivieron al operativo para solicitar una visa U, un mecanismo migratorio destinado a víctimas o testigos que colaboran en investigaciones criminales. No obstante, aún no existe certeza de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) apruebe dichas solicitudes. Paralelamente, otro de los pasajeros también promovió un recurso de hábeas corpus, mientras la familia del mexicano fallecido continúa buscando justicia y responsabilidades por el caso.

  • Juez del antiguo Poder Judicial frenó 23 órdenes de captura por huachicol fiscal

    Juez del antiguo Poder Judicial frenó 23 órdenes de captura por huachicol fiscal

    La Fiscalía General de la República solicitó 23 órdenes de aprehensión contra una presunta red de contrabando de combustibles, pero un juez federal del antiguo Poder Judicial las negó, alegando falta de pruebas suficientes.

    Un juez de distrito rechazó 23 órdenes de aprehensión pedidas por la Fiscalía General de la República contra una presunta red de huachicol fiscal. La decisión, fechada el 22 de junio, generó cuestionamientos sobre el avance del caso.

    El juez Mario Elizondo Martínez, con sede en el Estado de México, argumentó que el Ministerio Público no fundamentó adecuadamente sus pruebas. Consideró que las inferencias presentadas no acreditaban los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

    La red investigada está vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, señalado como uno de los líderes de la organización. La Fiscalía lo relaciona con el traslado ilegal de combustible desde la refinería de Deer Park, en Texas, hacia territorio mexicano.

    Tras el primer rechazo, la Fiscalía reformuló la acusación semanas después. Esta vez incluyó a Ruffo Appel y logró que otra jueza autorizara las capturas contra 25 personas en total.

    El exgobernador fue detenido y enviado a prisión preventiva en el Cefereso “El Altiplano”, junto con otros siete implicados. Actualmente permanecen pendientes 17 órdenes de aprehensión más dentro del mismo expediente.

    El caso forma parte de una de las investigaciones más grandes sobre contrabando de hidrocarburos en México. Todo comenzó en julio de 2025, cuando autoridades aseguraron 33 ferrotanques cargados con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila.

    El episodio reaviva el debate sobre los criterios judiciales al momento de resolver casos de corrupción de cuello blanco. Analistas insisten en que este tipo de decisiones exponen los retos que enfrenta el sistema de justicia mexicano.

  • Tribunal de Disciplina Judicial separa a juez federal por presuntas irregularidades en amparo de extradición

    Tribunal de Disciplina Judicial separa a juez federal por presuntas irregularidades en amparo de extradición

    El órgano disciplinario investiga posibles faltas administrativas y advirtió que no habrá impunidad para quienes vulneren la impartición de justicia.

    El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) ordenó el cambio de adscripción de un juez de Distrito en materia penal como medida cautelar, luego de detectar posibles irregularidades en la tramitación de un juicio de amparo relacionado con un proceso de extradición. La decisión forma parte de una investigación administrativa que continúa en curso.

    El procedimiento se originó en abril de 2026, cuando la Dirección General de Amparo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó una queja formal contra el juzgador por hechos que podrían constituir responsabilidades administrativas. El Pleno del TDJ precisó que la investigación se desarrolla con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

    Durante las indagatorias, el Tribunal identificó actuaciones presuntamente irregulares del juez, entre ellas la demora para aceptar la competencia del amparo, la emisión de requerimientos considerados innecesarios y la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para localizar al promovente en un centro penitenciario del extranjero con el fin de ratificar la demanda.

    Sin embargo, el órgano disciplinario señaló que la extradición del quejoso había modificado por completo las condiciones del caso, por lo que, de acuerdo con la investigación, el juzgador debió declarar la improcedencia del amparo y ordenar el sobreseimiento del juicio, al haber quedado el asunto sin materia jurídica.

    Al anunciar la medida cautelar, el presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino H. León Tovar, aseguró que “en el Poder Judicial ya no hay intocables” y afirmó que el Tribunal actuará con firmeza contra cualquier servidor público que comprometa la legalidad y la confianza ciudadana. Con esta resolución, el Tribunal de Disciplina Judicial refrenda su intención de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que los procesos judiciales se conduzcan con apego a la ley.

  • Juez del TSJ detenido por violencia familiar es liberado tras retiro de denuncia

    Juez del TSJ detenido por violencia familiar es liberado tras retiro de denuncia

    Carlos Alejandro Zetina, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fue detenido el domingo 14 de junio en estado de ebriedad por agresiones y amenazas contra un familiar, pero quedó en libertad la misma noche, reincorporándose a sus funciones. 

    Según informó la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, Carlos Alejandro Zetina fue puesto a disposición por el delito de violencia familiar tras ser detenido en flagrancia. 

    Sin embargo, su hermana, quien presentó la denuncia, decidió retirar los cargos esa misma noche, por lo que el Ministerio Público no judicializó el expediente. 

    Como consecuencia, el Tribunal de Disciplina Judicial no abrió ningún procedimiento en su contra, al considerarlo absuelto de todo cargo, de acuerdo con fuentes judiciales. 

    Además, su registro de detención, que señalaba el hecho ocurrido en la alcaldía Coyoacán, fue borrado del Registro Nacional de Detención. 

    La fiscal Bertha María Alcalde precisó que la dependencia trabaja en coordinación con el Tribunal de Disciplina Judicial y que se escuchará a la víctima para determinar si procede una investigación futura. 

    Carlos Alejandro Zetina había sido elegido juez el pasado 1 de junio, ocasión en la que afirmó haber sido el candidato más votado en la elección del Poder Judicial, e incluso declaró que encarcelaría a quienes criticaran su desempeño judicial. 

    El funcionario ya había generado controversia previamente por interpretaciones señaladas como erróneas en audiencias de control que ha presidido. 

    Familia del juez Zetina
  • Juez concede suspensión provisional contra orden de captura al alcalde de Cuautla

    Juez concede suspensión provisional contra orden de captura al alcalde de Cuautla

    Jesús Corona Damián promovió un amparo tras la orden de aprehensión en su contra, pero la justicia federal solo le concedió una suspensión provisional; continúa prófugo mientras avanzan cateos y detenciones en su administración.

    El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, intentó evitar su captura luego de que autoridades federales giraran una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y su probable participación en delitos contra la salud y delincuencia organizada. Sin embargo, un juez federal rechazó frenar la ejecución del mandato judicial y únicamente le concedió una suspensión provisional relacionada con su libertad personal.

    La orden de captura fue emitida desde el pasado 20 de mayo como parte del operativo federal “Enjambre” y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada para desarticular redes criminales infiltradas en gobiernos municipales. De acuerdo con información judicial, Corona Damián promovió el juicio de amparo 974/2026 ante un juzgado federal para impedir su detención, pero la autoridad negó suspender la orden de aprehensión.

    El fallo judicial establece que, en caso de ser detenido, el alcalde deberá ser puesto inmediatamente a disposición de un juez de control para continuar con el proceso penal. Es decir, el amparo no evita su captura ni cancela las investigaciones abiertas por delincuencia organizada. A seis días de que se ejecutó el operativo federal, el edil continúa sin ser localizado.

    La presión sobre el círculo cercano de Corona también comenzó a crecer. Este martes circularon imágenes del cateo y aseguramiento de una propiedad del alcalde ubicada en la colonia Cuatlixco, donde autoridades colocaron sellos de “inmueble asegurado” por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y de áreas encargadas de investigar terrorismo, tráfico y acopio de armas.

    Además, varias áreas del Ayuntamiento de Cuautla permanecen prácticamente paralizadas. Trabajadores municipales reportaron que desde que se conoció la orden de captura, la presidenta del DIF municipal, Diana Laura Corona Rivera —hija del alcalde— tampoco se ha presentado a laborar. A esto se suma la ausencia de funcionarios en la Oficialía Mayor y en el Sistema Operador de Agua, mientras otros exservidores públicos ya fueron detenidos por autoridades federales.

    Ante la crisis institucional, la síndica municipal Nancy Echeverría asumió temporalmente funciones de presidenta municipal y anunció nuevos nombramientos para sustituir a funcionarios detenidos o desaparecidos. El caso de Jesús Corona Damián se perfila como uno de los golpes más fuertes contra presuntas redes de complicidad entre gobiernos municipales y el crimen organizado en Morelos.

  • ‘Lady racista’ no irá a prisión; es suspendida dos meses más por juez en una nueva audiencia

    ‘Lady racista’ no irá a prisión; es suspendida dos meses más por juez en una nueva audiencia

    El juez amplió por dos meses más el proceso en libertad de Ximena Pichell, después de ser citada en una reciente audiencia por no cumplir lo que dictó este. 

    Ximena Pichel, alias “Lady Racista”, fue citada en las salas orales de la colonia Doctores para revisar sus medidas cautelares. Estuvo ahí cerca de una hora junto con su equipo de abogados, con quienes tuvo que entrar por la puerta trasera para evitar a un grupo de personas que protestaba en el lugar.

    Aunque se le llamó para revisar un presunto incumplimiento de las medidas que le dictaron el año pasado, Pichell aseguró que ha cumplido con todas las condiciones del juez. A su salida, aprovechó para ofrecer una nueva disculpa pública por las agresiones que se hicieron virales en redes sociales.

    “Una disculpa, ya la había dado, hicimos todo lo que se nos pidió. Aprendimos, no me queda más que pedirles una disculpa, no les puedo decir más”, declaró ante los medios, señalando que los temas legales se los deja a sus abogados. Además, comentó que después de la difusión del video, tanto ella como su familia están muy afectadas y están tomando terapia psicológica.

    Cabe recordar que cuando fue vinculada a proceso el año pasado, el juez determinó que podía llevar su caso en libertad, siempre y cuando cumpliera con condiciones como ir a terapia y pedirle una disculpa pública al oficial de tránsito. Al terminar este nuevo plazo de dos meses, el Ministerio Público tendrá que solicitar otra audiencia para volver a revisar su situación.

  • Revés judicial a TV Azteca. Juez de NY ordena retirar demandas en México; deuda de Salinas Pliego se dispara a más de 500 mdd

    Revés judicial a TV Azteca. Juez de NY ordena retirar demandas en México; deuda de Salinas Pliego se dispara a más de 500 mdd

    Un juez de Nueva York le ha puesto un alto a la ‘estrategia legal’ de TV Azteca en México, exigiendo que retire las demandas contra sus acreedores. El ‘Tío Richie’ deberá enfrentar su deuda, que ya escaló a más de $500 millones de dólares. ¿Ahora sí pagará?

    Un juez del Distrito Sur de Nueva York ordenó a TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, retirar de inmediato dos demandas interpuestas en México contra sus acreedores, con las que intentaba evitar el pago de una deuda millonaria. La resolución señala que, de no hacerlo, la televisora y sus representantes podrían ser sancionados por desacato, con consecuencias que van desde multas hasta procesos penales.

    El fallo, emitido por el juez Paul G. Gardephe, indica que TV Azteca debe desistir de los procedimientos iniciados en julio y septiembre de 2022 en tribunales mexicanos, donde buscaba blindarse frente a los acreedores de los bonos emitidos en 2017 por 400 millones de dólares. A la fecha, los pasivos derivados de esa emisión ya superan los 500 millones de dólares.

    El juez estadounidense recordó que el contrato de los bonos establece con claridad que cualquier disputa debe resolverse en la Corte Suprema del Estado de Nueva York o en la Corte del Distrito Sur, y no en tribunales mexicanos. La televisora, sin embargo, obtuvo medidas favorables en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo que detonó el conflicto jurisdiccional.

    La demanda en Estados Unidos fue presentada por The Bank of New York Mellon, en representación de los tenedores de bonos, a quienes Salinas Pliego ha calificado como “fondos buitre”. En ella se señala a TV Azteca y a 34 de sus filiales como responsables solidarios del pago.

    Este nuevo revés judicial se suma a los múltiples señalamientos que enfrenta el empresario, quien es considerado el tercer hombre más rico de México, por presuntos fraudes internacionales, impagos fiscales y litigios relacionados con la venta de Iusacell a AT&T. Aunque la mayor parte de sus negocios operan en territorio nacional, al menos seis subsidiarias de TV Azteca están registradas bajo leyes estadounidenses, lo que fortalece la jurisdicción de los tribunales de ese país.

    El juez Gardephe advirtió que, si la televisora no acata la orden y no retira las demandas mexicanas, será considerada en desacato judicial, lo que podría derivar en sanciones severas.

  • $9 mil bastan para frenar arresto de empresario por muerte de dos fotoperiodistas

    $9 mil bastan para frenar arresto de empresario por muerte de dos fotoperiodistas

    Con tan solo 9 mil pesos, Diego Jiménez Labora, organizador del Festival Axe Ceremonia y fundador del Grupo ECO, podría evitar ser detenido mientras avanzan las investigaciones por la muerte de dos jóvenes fotoperiodistas de la UNAM.

    Un juez suplente del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal concedió a Jiménez Labora una suspensión provisional, por lo que tendrá un máximo de cinco días hábiles para cubrir el pago requerido.

    La medida fue otorgada por el mismo secretario en funciones que anteriormente protegió a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, de una posible orden de aprehensión por presunto desvío de recursos a través de cuarteles de policía.

    El caso que involucra al empresario ocurrió el pasado 5 de abril, cuando Miguel Ángel Rojas y Citlalli Berenice Rivera, estudiantes de la FES Aragón, asistieron al festival para cubrirlo como fotoperiodistas independientes. Durante el evento, fueron aplastados por una grúa de tijera, lo que derivó en su muerte.

    Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una carpeta de investigación sobre el manejo de la tragedia, bajo la dirección de Bertha María Alcalde Luján. Sin embargo, la suspensión otorgada podría frenar temporalmente la aplicación de prisión preventiva oficiosa, que correspondería al tipo penal que se le imputaría al empresario.

    De obtener posteriormente una suspensión definitiva, el proceso judicial enfrentaría nuevos obstáculos para hacer justicia a los jóvenes fotoperiodistas.

  • Jueza se deslinda tras entrega de niño abusado a familia del agresor; menor sigue en riesgo

    Jueza se deslinda tras entrega de niño abusado a familia del agresor; menor sigue en riesgo

    La jueza Claudia Jiménez Teutli se deslindó de toda responsabilidad en la decisión que llevó a entregar, el 9 de octubre de 2023, a un niño víctima de abuso a la hermana de su agresor.

    “Pese a que en aquel momento se me pidió pronunciarme sobre la convivencia del menor con sus padres, fuí clara al establecer que esa era responsabilidad exclusiva del DIF o de los jueces en materia familiar”, declaró a través de un comunicado. 

    El caso del niño con iniciales LTM llegó  al tribunal de la jueza luego de que su abuela, Dioselina Zavala González, se dio cuenta de una mordida en la pompis izquierda del menor y denunció al padre, con quién dormía regularmente. 

    A partir de entonces, se recabaron pruebas como un informe  de una antropóloga, un dictamen forense concluyente, entre otras. Sin embargo, faltó  la grabación del testimonio del niño por parte del Ministerio Público, cosa que contribuyó a no vincular a proceso a Héctor Tenorio Rodríguez.

    La decisión de no tomar el caso en tanto no se integren las pruebas suficientes, fue validado por la magistrada Rosalinda Sánchez Campos, por lo anterior Jímenez considera que resolvió en consecuencia y apego a derecho. 

    Mientras se recaban las pruebas “suficientes”, el niño se quedará en un lugar al que su abusador, de acuerdo a su abuela, puede entrar cuando quiera porque “tiene llaves y su recámara intacta”.