Este martes se registró una protesta en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan, en contra del juez que absolvió al presunto violador de una menor de solo cuatro años de edad.
La protesta es en contra del juez Juan Manuel Alejandro Martínez, quien decidió no dar cárcel al presunto abusador de una menor de edad, debido a que ella no pudo dar fecha, hora y lugar de los hechos.
Luego de que se hiciera viral el video del juez argumentando la razón para no sentenciar al violador, en redes sociales activistas de todo el país exigieron que se hiciera justicia.
Colectivos que apoyan a la familia en Periférico Norte señalan que, si la ley no la protegió, ellos no la dejarán sola.
🔴 Manifestantes bloquean Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, hacia la #CDMX, luego de que un juez exoneró a un hombre señalado por el delito de abuso sexual, en agravio de una niña de 4 años de edad. 📹@Pajaropoliticopic.twitter.com/Bay1eLIAoV
El Juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, fue exhibido en redes sociales luego de que determinara la absolución de un hombre que es acusado de abusar sexualmente de una menor de edad, por considerar que la información presentada no está debidamente justificada.
Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. Dónde está la corroboración de esta información, entonces es que ante la insuficiencia aprobatoria, desde luego de justificar el delito de abuso sexual […] se emite fallo absolutorio.
Y es que el juzgador señaló que la niña de 4 años de edad no aclaró el lugar, la hora y el día que fue violentada por el hombre. Ante ello, la madre de la menor reclamó al juez, que su hija no tendría porque saber esa información.
Su señoría ¿Cómo va a saber mi hija del tiempo exacto? […] la capacidad de una niña de 4 años de edad ¿Cómo la va a saber ella? No es su responsabilidad sabe la dirección de la casa del tío.
Sostuvo la madre.
Frente a los respetuosos pero contundentes reclamos de la madre sobre el proceso que ha vivido su hija, que pasado por terapia y peritajes, el juzgador se limitó a justificar que su determinación solo se pronuncia por la insuficiencia aprobatoria de la Fiscalía mexiquense por justificar dicha información, ya que “esos aspectos son torales y medulares”.
Hace algunas horas el Juez de Control del Reclusorio Norte, Aquiles Villaseñor, anuló las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero que pesaban sobre el ex abogado de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto, dejando sin efecto el proceso judicial en su contra.
Con esta decisión del Poder Judicial se llevó a la inmediata orden de liberación de Collado Mocelo, que ya disfrutaba de la libertad condicional debido a presuntos problemas de salud.
La determinación del juez Villaseñor se basó en un incidente de sobreseimiento presentado por la defensa de Collado, apoyándose en la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal que, en diciembre pasado, absolvió a José Antonio Rico Rico, coacusado en el mismo caso.
En la audiencia, que se realizó por videollamada, se concluyó que que las acusaciones contra Collado por el presunto lavado de 24 millones de pesos no constituían delito, resultando en su absolución total.
Cabe mencionar que Juan Collado es uno de los abogados preferidos de la derecha y se le relaciona con algunos de los personajes más poderosos de la época neoliberal, además de que se rodea de otros perfiles de “alto nivel”.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa Alcalde, presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra un juez de Tamaulipas y que es señalado de tener nexos con el crimen organizado.
A través de sus redes sociales, Alcalde Luján señaló que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, por actuaciones irregulares y por favorecer a grupos criminales.
Lo anterior a efecto de que dicha soberanía analice y, en su caso, presente acusación al Senado de la República para proceder con su destitución por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas.
Indicó Luisa Alcalde.
Por instrucciones del Presidente @lopezobrador_, presentamos ante la Cámara de Diputados una denuncia de Juicio Político en contra de Crescencio Contreras Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Tamaulipas.
La dependencia federal indicó que como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad y una serie de elementos que hacen presumir que Contreras Matínez incurrió en probables actuaciones que permitieron la liberación de integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país.
En ese sentido, la Segob destaca como un hecho relevante la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con el tráfico de fentanilo.
Asimismo, Segob señala que el juez federal se desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir su actuación.
La solicitud de juicio político que fue ingresada a la Cámara de Diputados es para que se de inicio con una investigación sobre la actuación del juez y en caso de ser procedente, se turnará al Senado de la República, para que determine si hay elementos para su destitución o no.
El ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Simón Pedro de León Mojarro obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que un juez de control le dictó el pasado octubre por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos, conocido como “estafa maestra”.
“Se concede la suspensión provisional, para el efecto que el procedimiento continué hasta que termine de celebrarse la audiencia intermedia”, señaló el acuerdo del juez que le otorgó la medida cautelar y quien agendó agendó la audiencia incidental para el próximo cuatro de diciembre, donde determinará si le concede la suspensión definitiva.
El 24 de noviembre, Pedro de León Mojarro promovió un amparo. Hoy en día se encuentra en el Reclusorio Sur.
De León Mojarro fue detenido en la colonia Lomas de Chapultepec y posteriormente trasladado al Reclusorio Sur donde compareció ante el juez Juan José Hernández Leyva, quien consideró que esta vez la Fiscalía General de la República (FGR) sí presentó elementos de prueba suficientes para decretar la vinculación a proceso y establecer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del ex funcionario por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos.
En 2019, un juez de control del Reclusorio Norte desestimó vincular a proceso a De León Mojarro por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, porque no encontró elementos de prueba suficientes para hacerlo.
En este entonces, la FGR lo acusó de ocasionar un daño de 124 millones 100 mil pesos a Hacienda, al suscribir de manera indebida firmado entre Sedesol y la Universidad Autónoma de Morelos. Sin embargo, en 2020 se giró una nueva orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue imputado por un delito en el caso Agronitrogenados. Este jueves 31 de agosto por la tarde, la defensa de Lozoya anunció que un juez había suspendido el caso para que Lozoya ya no tuviera que pagar la reparación de los daños.
La decisión la tomó Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el penal Norte. Este argumentó que Alejandro Ancira Elizondo, ex dueño de Altos Hornos de México, ya comenzó a pagar la reparación de daños por un monto de al menos 216 millones de dólares.
Cabe recordar que Alejandro Ancira, quien fue detenido en Mallorca en 2019 y luego trasladado a una prisión en México en 2021 acusado de lavado de dinero por la venta inflada de una planta de Agronitrogenados a Pemex, donde Emilio Lozoya supuestamente aceptó un soborno de 3,55 millones de dólares para realizar el negocio.
Si bien el coste real de la operación se acercó a los 58 millones de dólares, se llevó a cabo con un monto de 278 millones de dólares. Ancira logró llegar a un acuerdo tras su extradición a México y se oficializó para poder salir de prisión y contribuir a la reparación de los daños.
“La postura de Emilio Lozoya ha sido la misma que desde hace tres años, que es la de colaborar con el estado mexicano para llegar a un acuerdo reparatorio en este caso. Después las cosas se fueron complicando y no se había materializado ese acuerdo, sin embargo, el día de hoy, pues de la causa se tomó una decisión acorde a los derechos humanos”, dijo Miguel Ontiveros, abogado defensor de Lozoya a la salida de esta audiencia.
Sólo queda pendiente el caso Odebrecht, y aunque las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre una cifra de reparación de daños, la defensa de Emilio Lozoya dijo que intentarán llegar a un entendimiento nuevamente para que el exdirector de Pemex pueda salir de prisión.
Una vez más, el Poder Judicial se puso del lado de los delincuentes al liberar, al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio “H”, quien está acusado de lavado de dinero y peculado, luego de pagar una fianza de 500 mil pesos.
Genaro Antonio Valerio Pinillos, juez Primero de Distrito del estado de Tamaulipas, otorgó al expresidente priista un cambio de medida cautelar, permitiéndole llevar a cabo su proceso de extradición a Estados Unidos en libertad pese a que la FGR afirmó que su liberación respaldaba medidas inadmisibles.
Teniendo en cuenta que probablemente participó en el delito de lavado de dinero al crear junto con su cuñado una serie de empresas ficticias donde de manera fraudulenta obtenían contratos públicos del estado de Tamaulipas y que abrió múltiples cuentas en Estados Unidos donde depositó un total de$300 millones, por estos hechos la Corte Federal del Distrito Sur de Texas lo requiere.
Como había adelantado su defensa, a las 3:00 horas de este sábado, el indiciado salió del penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, donde estuvo recluido desde el 2017, a pesar de los esfuerzos y advertencia de la Fiscalía General de la República en el sentido de que Eugenio “H” puede fugarse.
Este es otro claro ejemplo de las decisiones judiciales que han beneficiado a personajes políticos de dudosa reputación.
En la conferencia matutina de este jueves 10 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió a los medios de comunicación la carta que realizó que va dirigida al juez de la derecha, Martin Adolfo Santos Pérez, mismo que interpuso una censura para el primer mandatario luego de que este le informará al pueblo sobre los actos corruptos de la panista Xóchitl Gálvez.
El pasado 8 de agosto, Andrés Manuel después de enterarse de esta censura, le contestó al magistrado y afirmó que lo iba a denunciar pues tiene un extenso antecedente de actitudes injustas, sectarias y “politiqueras”, en donde ha defendido la corrupción y la delincuencia. También confirmó que enviaría un escrito al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La carta que redacto el tabasqueño para Santos Pérez indicaba que no existen dudas de que su actuar es de un juez de consigna, refiriéndose a su resolución promovida por los abogados de la oposición, tales como; Claudio X. González y su “pandilla”, quienes abogaban a favor de Xóchitl Gálvez.
Asímismo, López Obrador le indicó que le ha ordenado una censura de la información que debería ser pública ya que son documentos y datos que recibe por parte de la ciudadania, la carta también menciona que así como quiere callar al Presidente, ha callado a algunas instituciones para que no revelen información de los opositores.
El primer mandatario recordó que el juez lo acusó de emitir un “discurso de odio” en contra de Gálvez y su familia por indicar la información de los miles de millones de pesos que la panista se ha embolsado con sus empresas con la ayuda de los gobiernos de la oposición.
También redactó en la carta que Martín Adolfo se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de la derecha en donde el pueblo es el único afectado. Le recordó al juez que fue él quien le concedió una suspensión al narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, para evitar su extradición a Estados Unidos.
AMLO de igual forma, le recordó que fue él quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, por el cártel inmobiliario.
“Advierte, “malicia efectiva” de mi parte, pero, el de la malicia efectiva es usted, que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo.”
Expresó AMLO
En la carta expresa una serie de actuaciones injustas del juez, como que ordenó modificar el plan nacional de vacunación de COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, igualmente fue quien permitió que se atentara contra la salud pública dando autorización de que las tabacaleras vendieran cigarros electrónicos, entre otros actos para ir en contra del Presidente y a favor de la derecha con la única intención de dañar al pueblo.
Concluyó el escrito mencionando que esa carta será enviada al CJF para que investiguen su actuar deshonesto.
José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, obtuvo un amparo para efectos de que un juez de procesos penales del Estado de México se pronuncie nuevamente sobre su solicitud de cambio de la prisión preventiva oficiosa que se le impuso en la causa penal por delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Velázquez solicitó el cambio de medida cautelar alegando problemas de salud diversos, asimismo que la prisión provisional no puede ser superior a dos años y pidió llevar su proceso en prisión domiciliaria portando brazalete electrónico, lo que le fue negado por el secretario en funciones de juez del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en resolución del 12 de mayo de 2023 en la que señaló que existe un riesgo de sustracción de la justicia del imputado.
Por lo anterior, el experredista reclamó vía amparo la resolución mencionada al titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Everardo Maya Arias, quien determinó que se transgredieron los derechos humanos de Abarca Velázquez y sus garantías de protección; en relación con el derecho a no ser privado de su libertad arbitrariamente; al control judicial de la privación de la libertad; a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación.
Maya Arias ordenó al secretario en funciones de juez citar a las partes procesales a nueva audiencia y dictar una nueva resolución en la que “inicialmente deberá considerar que la sola existencia las sentencias emitidas en los casos TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS VS. MÉXICO, constituye una variación objetiva a las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le había sido impuesta al quejoso”.
El pasado lunes 31 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que el empresario Ricardo Salinas Pliego, cuenta con una significativa deuda fiscal correspondiente a la cantidad de 18 mil millones de pesos, encontrándose en litigio por adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ante esto, la Revista Polemón publicó un artículo en donde se indica que Salinas Pliego cuenta con un “juez amigo”, se trata de Miguel Ángel Robles, titular del juzgado 63 de lo Civilquien ha favorecido en más de una ocasión al empresario para darle tiempo a sus deudas, e incluso, evitar que paguen sus impuestos correspondientes.
De acuerdo con Polemón, el 27 de septiembre del 2022, el juez Robles emitió una orden para evitar que TV Azteca pagara 487 millones de dólares por una deuda con tenedores en Estados Unidos, con quienes dejó de cumplir con sus pagos desde febrero de 2021.
La orden indicaba que los tenedores tenían prohibido realizar acciones legales en contra del empresario por cobrar lo que les debe con el pretexto de la Pandemia de Covid-19, ya que la televisora aseguró que no contaba con la capacidad de pago ya que la emergencia sanitaria generó afectaciones en sus ingresos, posteriormente la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el término de la pandemia.
Una vez declarada la pandemia los bonistas estadounidenses pidieron una reestructura para que liquidara la deuda correspondiente.
Otro ejemplo de la ayuda que le ha brindado el juez Robles al empresario fue en el año 2010, fue cuando admitió una demanda con la empresa “Iusacell”, misma que pertenecía a Salinas Pliego, para detener los títulos de concesión a la entonces empresa competidora, “Nextel”.
De nueva cuenta hubo una denuncia para Robles por invasión de atribuciones. En los dos casos, el juez recibió una demanda civil de la empresa y fue entonces qué dictó medidas cautelares alegando mantener la situación mientras se resolvían los juicios.
