Una vez más, el Poder Judicial se puso del lado de los delincuentes al liberar, al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio “H”, quien está acusado de lavado de dinero y peculado, luego de pagar una fianza de 500 mil pesos.
Genaro Antonio Valerio Pinillos, juez Primero de Distrito del estado de Tamaulipas, otorgó al expresidente priista un cambio de medida cautelar, permitiéndole llevar a cabo su proceso de extradición a Estados Unidos en libertad pese a que la FGR afirmó que su liberación respaldaba medidas inadmisibles.
Teniendo en cuenta que probablemente participó en el delito de lavado de dinero al crear junto con su cuñado una serie de empresas ficticias donde de manera fraudulenta obtenían contratos públicos del estado de Tamaulipas y que abrió múltiples cuentas en Estados Unidos donde depositó un total de$300 millones, por estos hechos la Corte Federal del Distrito Sur de Texas lo requiere.
Como había adelantado su defensa, a las 3:00 horas de este sábado, el indiciado salió del penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, donde estuvo recluido desde el 2017, a pesar de los esfuerzos y advertencia de la Fiscalía General de la República en el sentido de que Eugenio “H” puede fugarse.
Este es otro claro ejemplo de las decisiones judiciales que han beneficiado a personajes políticos de dudosa reputación.
En la conferencia matutina de este jueves 10 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió a los medios de comunicación la carta que realizó que va dirigida al juez de la derecha, Martin Adolfo Santos Pérez, mismo que interpuso una censura para el primer mandatario luego de que este le informará al pueblo sobre los actos corruptos de la panista Xóchitl Gálvez.
El pasado 8 de agosto, Andrés Manuel después de enterarse de esta censura, le contestó al magistrado y afirmó que lo iba a denunciar pues tiene un extenso antecedente de actitudes injustas, sectarias y “politiqueras”, en donde ha defendido la corrupción y la delincuencia. También confirmó que enviaría un escrito al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La carta que redacto el tabasqueño para Santos Pérez indicaba que no existen dudas de que su actuar es de un juez de consigna, refiriéndose a su resolución promovida por los abogados de la oposición, tales como; Claudio X. González y su “pandilla”, quienes abogaban a favor de Xóchitl Gálvez.
Asímismo, López Obrador le indicó que le ha ordenado una censura de la información que debería ser pública ya que son documentos y datos que recibe por parte de la ciudadania, la carta también menciona que así como quiere callar al Presidente, ha callado a algunas instituciones para que no revelen información de los opositores.
El primer mandatario recordó que el juez lo acusó de emitir un “discurso de odio” en contra de Gálvez y su familia por indicar la información de los miles de millones de pesos que la panista se ha embolsado con sus empresas con la ayuda de los gobiernos de la oposición.
También redactó en la carta que Martín Adolfo se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de la derecha en donde el pueblo es el único afectado. Le recordó al juez que fue él quien le concedió una suspensión al narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, para evitar su extradición a Estados Unidos.
AMLO de igual forma, le recordó que fue él quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, por el cártel inmobiliario.
“Advierte, “malicia efectiva” de mi parte, pero, el de la malicia efectiva es usted, que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo.”
Expresó AMLO
En la carta expresa una serie de actuaciones injustas del juez, como que ordenó modificar el plan nacional de vacunación de COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, igualmente fue quien permitió que se atentara contra la salud pública dando autorización de que las tabacaleras vendieran cigarros electrónicos, entre otros actos para ir en contra del Presidente y a favor de la derecha con la única intención de dañar al pueblo.
Concluyó el escrito mencionando que esa carta será enviada al CJF para que investiguen su actuar deshonesto.
José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, obtuvo un amparo para efectos de que un juez de procesos penales del Estado de México se pronuncie nuevamente sobre su solicitud de cambio de la prisión preventiva oficiosa que se le impuso en la causa penal por delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Velázquez solicitó el cambio de medida cautelar alegando problemas de salud diversos, asimismo que la prisión provisional no puede ser superior a dos años y pidió llevar su proceso en prisión domiciliaria portando brazalete electrónico, lo que le fue negado por el secretario en funciones de juez del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en resolución del 12 de mayo de 2023 en la que señaló que existe un riesgo de sustracción de la justicia del imputado.
Por lo anterior, el experredista reclamó vía amparo la resolución mencionada al titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Everardo Maya Arias, quien determinó que se transgredieron los derechos humanos de Abarca Velázquez y sus garantías de protección; en relación con el derecho a no ser privado de su libertad arbitrariamente; al control judicial de la privación de la libertad; a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación.
Maya Arias ordenó al secretario en funciones de juez citar a las partes procesales a nueva audiencia y dictar una nueva resolución en la que “inicialmente deberá considerar que la sola existencia las sentencias emitidas en los casos TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS VS. MÉXICO, constituye una variación objetiva a las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le había sido impuesta al quejoso”.
El pasado lunes 31 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que el empresario Ricardo Salinas Pliego, cuenta con una significativa deuda fiscal correspondiente a la cantidad de 18 mil millones de pesos, encontrándose en litigio por adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ante esto, la Revista Polemón publicó un artículo en donde se indica que Salinas Pliego cuenta con un “juez amigo”, se trata de Miguel Ángel Robles, titular del juzgado 63 de lo Civilquien ha favorecido en más de una ocasión al empresario para darle tiempo a sus deudas, e incluso, evitar que paguen sus impuestos correspondientes.
De acuerdo con Polemón, el 27 de septiembre del 2022, el juez Robles emitió una orden para evitar que TV Azteca pagara 487 millones de dólares por una deuda con tenedores en Estados Unidos, con quienes dejó de cumplir con sus pagos desde febrero de 2021.
La orden indicaba que los tenedores tenían prohibido realizar acciones legales en contra del empresario por cobrar lo que les debe con el pretexto de la Pandemia de Covid-19, ya que la televisora aseguró que no contaba con la capacidad de pago ya que la emergencia sanitaria generó afectaciones en sus ingresos, posteriormente la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el término de la pandemia.
Una vez declarada la pandemia los bonistas estadounidenses pidieron una reestructura para que liquidara la deuda correspondiente.
Otro ejemplo de la ayuda que le ha brindado el juez Robles al empresario fue en el año 2010, fue cuando admitió una demanda con la empresa “Iusacell”, misma que pertenecía a Salinas Pliego, para detener los títulos de concesión a la entonces empresa competidora, “Nextel”.
De nueva cuenta hubo una denuncia para Robles por invasión de atribuciones. En los dos casos, el juez recibió una demanda civil de la empresa y fue entonces qué dictó medidas cautelares alegando mantener la situación mientras se resolvían los juicios.
Este viernes , un juez federal determinó que la sentencia de sobreseimiento con la que se absolvió a la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles por la investigación sobre la famosa “Estafa Maestra”, fue ejecutada debidamente por la autoridad que llevó el caso, con lo que desechó las quejas de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“El Juez tercero de Distrito Augusto Octavio Mejía Ojeda calificó que la sentencia de sobreseimiento del juez Roberto Omar Paredes fue debidamente ejecutada en el caso de la Estafa Maestra que había en contra de Rosario Robles”
La propia Rosario Robles declaró a través de las redes sociales que la decisión de destitución del juez Roberto Omar Paredes se cumplió debidamente, expresando su calificación el juez Tercero de Distrito Augusto Octavio Meja Ojeda.
Asimismo, Robles ratificó que el juez que llevó el caso actuó conforme al derecho y al mandato del 9 Tribunal de Amparo.
Rosario Robles fue acusada de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión pues como secretaria de Desarrollo Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, habría conocido desvíos millonarios por más de 5,073 millones de pesos, sin informar de ello a su superior jerárquico, el jefe del Ejecutivo federal. Tras pasar poco más de tres años en el penal de Santa Martha Acatitla, en agosto de 2022, la ex funcionaria fue liberada.
Las apelaciones de las dos dependencias iban en el sentido de que las acusaciones contra Rosario Robles representaban un delito; sin embargo, su defensa demostró lo contrario. En febrero pasado, la FGR anunció que promovería recursos para revertir la decisión de sobreseer el caso.
Apenas el mes pasado, la propia Rosario Robles dio a conocer que un juez federal había anulado una orden de aprehensión en su contra señalada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
¿Qué es la Estafa Maestra?
La llamada “Estafa Maestra” se dio a conocer luego de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en que se señaló a Rosario Robles, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como parte de un esquema de desvío de recursos millonarios donde se utilizaron universidades y empresas fantasma como fachada.
Este viernes 16 de junio, un juez de distrito concedió un nuevo amparo al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en el cual se ordena dejar insubsistente el auto de formal prisión que se dictó en su contra, al igual que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por el delito de delincuencia organizada, dentro de la causa penal 15/2022.
Cabe destacar que el exservidor público y su esposa solicitaron una impugnación a la resolución el 21 de septiembre de 2022, donde el juez de control comenzó el proceso penal por dicho ilícito por su presunta relación con el grupo criminal denominado Guerreros Unidos.
Sin embargo, el juez resolvió que el fallo no se encuentra debidamente fundado y motivado, razón por la cual otorgó la protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el auto de formal prisión y emita otra resolución en la cual deberá de manera fundada y motivada las circunstancias de ejecución del ilícito, las razones por las que estimó que se acreditaron los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso.
Asimismo, se precisó que el amparo es para “efectos de vicios formales por lo que no vincula a emitir un auto de libertad, sino a realizar un nuevo estudio de la situación jurídica de los quejosos con libertad de jurisdicción”.
Un juez federal ha concedido a José Alfredo Álvarez Cuevas, exdirector de Planeación Estratégica de la Cooperativa Cruz Azul, un amparo contra la orden de captura girada en su contra desde el mes de junio de 2022, donde se le investiga porn su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad de declaraciones y fraude.
Álvarez Cuevas, hermano de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul es señalado por los jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscritos a la Unidad de Gestión Judicial 12 del Tribunal Superior de Justicia local.
Este martes el juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió que “La justicia de la Unión Ampara y Protege” a José Alfredo Álvarez Cuevas contra los actos consistentes en la emisión de la orden de aprehensión librada en la carpeta de investigación judicial 012/1413/2022-OA, así como su ejecución.
El hermano mayor de “Billy” Álvarez es señalado de fraude por 67 millones 665 mil pesos, que no fueron entregados en sueldos a los trabajadores de la cooperativa.
Otras de las acusaciones que le imputa la Fiscalía de la Ciudad de México, menciona que Álvarez supuestamente pagó 2 millones de pesos a una mujer en 2017 para que denunciara a socios de la cementera.
Ángel Martín Junquera Sepúlveda, ex asesor de la cooperativa mencionó a la FGJ de la CDMX que los hermanos Álvarez Cuevas “promovían bajo amenazas” la contratación millonaria de diversos proveedores, que finalmente resultaban ser empresas fachadas a través de las cuales desviaron dinero de la cementera.
El Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca ya inició un procedimiento de tipo administrativo contra el juez Teódulo Pacheco Pacheco, quien dictó el cambio de medida cautelar al ex diputado priiista y empresario Juan Vera Carrizal, principal imputado en el ataque de ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho Sánchez, precisó que en estos momentos ya está a revisión la actuación del juez Teódulo Pacheco por parte del Consejo de la Judicatura, derivado de un recurso de apelación donde ya se integró un procedimiento administrativo de responsabilidad y se comprobará si incurrió en una irregularidad en sus funciones.
Sobre cuáles son las sanciones que podrían aplicarse y por qué, puede tratarse desde de amonestaciones de carácter privado, amonestaciones de carácter público, hasta el cese del propio funcionario, en caso de demostrarse de que se trata de una actuación deliberadamente dolosa.
Cabe destacar que partir del caso Maria Elena Rios, todas las actuaciones de jueces y magistrados están bajo la lupa y a revisión. En este contexto, se han cesado a diez secretarios judiciales y de acuerdos, también se han aplicado sanciones y suspensiones en contra dos jueces y ahora se esta iniciado un proceso de investigación en contra de una jueza.
Referente a los reclamos de colectivos feministas que cuestionan la actuación de jueces y magistrados por el caso María Elena Ríos, y han dejado en entredicho al Poder Judicial de Oaxaca, Pinacho Sánchez dijo que tales voces son subjetivas, porque en el proceso se están cumpliendo con todas las formalidades y se respetan los derechos que tiene cada una de las partes.
Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia
“Nosotros debemos mantener una situación de imparcialidad no podemos de ningún modo desconocer las posibilidades jurídicas que la propia ley le concede a las partes”, afirmó el presidente del TSJ.
Este lunes un Juez de Control dejó en libertad a Luis Alberto “N” alías “El Tío Beto”, que fue detenido hace algunos días en la Ciudad de México, al ser considerado como uno de los principales extorsionadores de “La Unión Tepito”.
Fuentes judiciales mencionan que el juez determinó como ilegal la detención del presunto criminal, ya que este fue arrestado durante un cateo realizado por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la capital.
Tras el veredicto a su favor “El Tío Beto”, recuperó su libertad tras haber sido señalado por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, ya que fue capturado en posesión de narcóticos.
Fue el pasado jueves cuando detuvieron a Luis Alberto “N”, el cual se presume trabaja bajo las órdenes de Lusi Fernando “N”, alías “El Barbas”, integrante de la misma célula delictiva y que presuntamente sigue operando a pesar de estar preso.
Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la CDMX detalló que los detectives efectuaron una orden de cateo en un inmueble de la colonia Aculco, alcaldía Iztapalapa, por la probable comisión del delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Asimismo, Lara dijo que “El Tío Beto” también estaría presuntamente relacionado con el ilícito de secuestro y a métodos de tortura.
“De acuerdo con diversas líneas de investigación, iniciadas desde hace varios meses en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia y personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, Luis Alberto “N”, alias “El Tío Beto”, también estaría posiblemente relacionado al secuestro y a métodos de tortura para sus víctimas, en su mayoría comerciantes, para obligarlos a pagar cuotas por derecho de piso”, detalló el funcionario.
Obligó una jueza federal a Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, abstenerse de difundir información y realizar declaraciones contra Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI.
Blanca Lobo Domínguez, jueza décimo segundo de distrito en materia administrativa, concedió una suspensión definitiva al dirigente tricolor, la cual también ordena a las autoridades campechanas que realicen las gestiones necesarias para que se elimine de internet y redes sociales la información donde la mandataria exhibió al priista.
Moreno Cárdenas impugnó que el 4 de octubre de 2022, en el programa denominado “El Martes del Jaguar”, Sansores San Román difundió imágenes con su nombre, fotografía y un audio en el que puso su fotografía simulando un chat de WhatsApp.
Las conversaciones exhiben que el priista presuntamente regala automóviles a sus empleados por seguir sus órdenes, al igual que temas de brigadeo en las elecciones 2021.
Tras esto, la juzgadora estimó que con el otorgamiento de la suspensión solicitada no se causa una afectación mayor a la sociedad o a disposiciones de orden público.
Además, aclaró que esto no implica que se prive a la sociedad de acceder a información sobre el quejoso de diversa naturaleza a la reclamada o que se difunda o provenga de agentes de información diversos y que se encuentre ya en Internet o en redes sociales.
