La Suprema Corte concedió una suspensión que impide ejecutar una eventual separación del cargo o inhabilitación del gobernador de Nuevo León, aunque el procedimiento impulsado por el Congreso local continuará.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García, para impedir que sea destituido o inhabilitado como resultado del juicio político promovido en su contra por la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal. Sin embargo, el máximo tribunal dejó claro que el procedimiento no queda suspendido y podrá continuar hasta su resolución.
En su determinación, la SCJN precisó que la medida cautelar únicamente evita que se ejecute cualquier sanción derivada del juicio político mientras se resuelve el fondo de la controversia constitucional presentada por el mandatario. De esta forma, el Congreso de Nuevo León podrá seguir con el trámite, pero no podrá hacer efectiva una eventual destitución o inhabilitación.
La Corte argumentó que permitir la separación inmediata del gobernador podría provocar un daño de difícil reparación, ya que el tiempo en que un funcionario de elección popular deja de ejercer su cargo no puede recuperarse. Además, sostuvo que la suspensión busca garantizar la continuidad del gobierno estatal y preservar el funcionamiento de las instituciones mientras se resuelve el litigio.
La controversia constitucional fue promovida tras una denuncia presentada por Morena, en la que se señalan presuntas violaciones a la Constitución e irregularidades durante el desarrollo del juicio político. Por su parte, el Gobierno de Nuevo León afirmó que la decisión de la Corte responde a la falta de pruebas suficientes y a que parte del procedimiento se sustentó en notas periodísticas y denuncias que aún no han sido resueltas.
Desde el Congreso local, el asesor jurídico Ricardo Tamez sostuvo que la resolución de la SCJN no cancela el juicio político, sino que únicamente impide ejecutar una posible sanción contra Samuel García. Recordó además que el gobernador ya había obtenido previamente un amparo para frenar temporalmente la votación del procedimiento, iniciado el pasado 12 de junio, por lo que ahora corresponderá a las autoridades continuar el proceso conforme a los límites fijados por el máximo tribunal.
