Etiqueta: juicio político
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Juicio político contra Maru Campos
La Cámara de Diputados recibe solicitud para juzgar a la gobernadora de Chihuahua por su actuación en un operativo contra el crimen organizado.
Fue recibida una solicitud de juicio político en contra de María Eugenia Campos por parte de la Cámara de Diputados. Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva, confirmó que el documento llegó por la mañana.
El proceso ahora depende de que se ratifique la solicitud antes del próximo 29 de mayo. Después de la ratificación, el expediente será enviado a la Subcomisión de Examen Previo para su evaluación.
La petición fue presentada por once diputados del partido Morena de Chihuahua. Este grupo político acusa a la gobernadora panista de violar las leyes al permitir la intervención de agentes extranjeros en un operativo contra el crimen organizado en la región.
En una nota adicional, Kenia López Rabadán anunció que se ha suspendido la reunión interparlamentaria con España. Esta decisión se tomó a solicitud de la Junta de Coordinación Política, ya que consideran que no es el momento adecuado para llevar a cabo dicho encuentro. López Rabadán notificó a los legisladores españoles sobre esta aplazamiento y espera que se reprogramen las fechas pronto.
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Maru Campos evita reporteros y les azota puerta durante protestas
La gobernadora de Chihuahua fue captada mientras abandonaba un evento sin responder preguntas sobre el juicio político en su contra.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue señalada en redes sociales luego de que circulara el video donde ella y sus escoltas azotan una puerta frente a reporteros que intentaban cuestionar sobre el juicio político promovido en su contra. El hecho ocurrió durante la jornada de movilizaciones de simpatizantes de Morena en la entidad.
De acuerdo con las publicaciones difundidas en plataformas digitales, la mandataria estatal evitó responder las preguntas de la prensa mientras abandonaba el lugar acompañada de personal de seguridad. En los videos compartidos, se observa el momento en que los escoltas cierran abruptamente el acceso mientras periodistas buscaban obtener declaraciones sobre el proceso político que enfrenta.
Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni la oficina de comunicación social de la mandataria han emitido un posicionamiento oficial sobre el incidente o sobre las acusaciones relacionadas con el juicio político.
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Morena va por Samuel García; lo acusan de beneficiar a su familia con recursos públicos
El senador Waldo Fernández y Morena Nuevo León pidieron que el gobernador se separe del cargo mientras avanzan investigaciones por presuntos desvíos millonarios y contratos ligados a familiares.
El cerco contra Samuel García comienza a cerrarse. Luego de que Morena impulsara acciones legales contra figuras del PRI en Nuevo León, ahora el partido guinda y el senador Waldo Fernández presentaron una denuncia para promover un juicio político contra el mandatario estatal por el presunto desvío de 147 millones de pesos en beneficio de empresas vinculadas con su círculo familiar.
La ofensiva política ocurre en medio de investigaciones federales que ya apuntan al manejo de recursos públicos dentro de la administración emecista. Además, la Fiscalía General de la República mantiene abierta una carpeta relacionada con el presunto desvío de mil 500 millones de pesos hacia el despacho jurídico del padre del gobernador, un caso que sigue creciendo mientras Samuel García intenta vender en redes sociales una imagen de modernidad y “nuevo Nuevo León”.
Desde el Congreso local, Waldo Fernández aseguró que el estado “no es el negocio de una familia” y acusó al mandatario de utilizar el presupuesto público para favorecer a allegados. El senador sostuvo que el dinero de los impuestos debe destinarse a seguridad, transporte y medicinas, no a enriquecer familiares ni despachos cercanos al poder. “Quien traiciona la confianza del pueblo tiene que pagar”, advirtió.
La dirigencia estatal de Morena, encabezada por Anabel Alcocer, también exigió que Samuel García se separe temporalmente del cargo para permitir que las investigaciones avancen sin interferencias políticas ni uso de la estructura gubernamental. Los morenistas consideran que el mandatario debe responder ante las autoridades sobre el origen y destino de los recursos señalados por la FGR.
El caso golpea nuevamente la imagen del gobernador de Movimiento Ciudadano, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones por convertir el gobierno estatal en una plataforma de promoción personal y familiar. Mientras Nuevo León enfrenta problemas de movilidad, contaminación e inseguridad, Samuel García sigue acumulando escándalos relacionados con contratos, negocios y presuntos conflictos de interés.
Morena advirtió que continuará impulsando acciones legales y políticas para esclarecer el manejo de recursos públicos en Nuevo León. La presión sobre Samuel García aumenta cada día y el discurso del “nuevo gobierno” comienza a derrumbarse frente a las acusaciones de desvíos millonarios y presunto beneficio a familiares cercanos.
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PT pide juicio político contra Maru Campos
El PT solicita la destitución de la gobernadora de Chihuahua tras acusaciones de traición a la patria. El debate sobre la soberanía nacional se vuelve central en la política mexicana.
El Partido del Trabajo (PT) ha presentado una fuerte acusación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Reginaldo Sandoval Flores, líder del grupo parlamentario del PT, demandó un juicio político en su contra. Según Sandoval, Campos negoció en secreto la soberanía de México con agentes extranjeros, específicamente de la CIA.
El clima político se ha calentado tras la solicitud de Sandoval. En un comunicado, criticó la manera en que el gobierno de Chihuahua ha manejado la información sobre la colaboración con agentes extranjeros. La gobernadora ha dado versiones contradictorias. En un inicio, su gobierno reconoció la interacción con estos agentes, pero luego trató de minimizar su impacto. Esto ha dejado en evidencia la falta de claridad sobre los hechos.
“Nos encontramos ante situaciones que afectan nuestro marco constitucional. Esto es una afrenta a nuestra soberanía”, manifestó Sandoval. Reiteró que la seguridad de México no puede ser negociada a espaldas del pueblo. De igual forma, el PT pidió explicaciones al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
El mensaje del PT llega en un momento tenso. Alberto Anaya, líder del partido, enfatizó que las operaciones en territorio mexicano deben respetar la autoridad civil. La seguridad nacional no se puede poner en juego, dijo.
En contraste, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, se manifestó en contra de la solicitud de juicio político. Él aboga por el diálogo y la conciliación en lugar de la confrontación. Monreal expresó que el país necesita unidad frente a los desafíos externos. Además, advirtió que no apoya acciones que puedan dañar las relaciones entre gobernadores y la presidencia.
El debate sobre el manejo de la soberanía y la seguridad sigue cobrando relevancia. Los próximos días serán cruciales para entender cómo se desarrollará este conflicto en la política mexicana. Las reacciones de la población y otros actores políticos serán determinantes para el futuro de la gobernadora Maru Campos y su administración.
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Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, denuncia intento de juicio político para destituirla
La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció públicamente este fin de semana un intento de juicio político en su contra, al asegurar que actores políticos y grupos de poder buscan destituirla con el objetivo de “callar su voz” y frenar el proyecto político que ella encabeza tras el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.
En un mensaje difundido desde su cuenta de Facebook, la funcionaria afirmó que ha ocurrido una ofensiva en su contra, la cual se deriva de “desesperación” de grupos que intentan recuperar el control del municipio para continuar con prácticas de extorsión, robo e intimidación. “No les bastó con callar a Carlos, ahora quieren callarme a mí”, escribió, relacionando el juicio político con un intento por desacreditar su gestión y debilitar el movimiento social que impulsaba junto a su esposo.
Quiroz García, quien asumió la alcaldía tras el homicidio de Manzo, aseguró que los responsables del crimen aún no han sido llevados ante la justicia, lo que contrasta con la rapidez con la que algunos legisladores han promovido señalamientos dirigidos a iniciar un juicio político en su contra. “No han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos, y eso el pueblo lo sabe”, expresó.
Legisladores han solicitado revisiones ante la Auditoría Superior de Michoacán relacionadas con el manejo de recursos municipales, particularmente sobre variaciones en el cobro del impuesto predial, acusaciones que la alcaldesa percibe como parte de una campaña para debilitar su autoridad.
Ante lo que considera un intento de descenso de su influencia política, Quiroz reiteró que el llamado Movimiento del Sombrero, impulsado junto a su esposo y que ahora encabeza, “no pertenece a una sola persona, sino al pueblo”. Aseguró que, aunque enfrente un juicio político, una eventual destitución o incluso prisión, el movimiento no se detendrá. “Aunque me enjuicien, aunque me destituyan, aunque me metan a la cárcel, aunque intenten callarme de cualquier forma, a este movimiento ya no lo podrán parar”, afirmó en su mensaje.
La alcaldesa también acusó a sus opositores de intentar recuperar espacios de poder para, en sus palabras, “seguir robando, extorsionando e intimidando” a la población, y aseguró que la ciudadanía ha comenzado a tomar conciencia sobre quiénes han gobernado y cómo lo han hecho.
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Comisión Anticorrupción del Congreso de NL determina que sí procede el juicio político contra el gobernador Samuel García
Por el uso indebido de recursos públicos, el gobernador Samuel García podría enfrentar un juicio político, así lo determinó la Comisión Anticorrupción del Congreso del estado de Nuevo León.
A Samuel García se le acusa de estar implicado en irregularidades presupuestarias durante el proceso electoral 2024, durante el que presuntamente habría desviado recursos públicos para apoyar a su compadre, el entonces candidato presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez.
Samuel y sus abogados tienen hasta el 20 de febrero a las 4 de la tarde para presentar un informe detallado que pueda ser utilizado en su defensa.
Fue en la Sala Superior y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde se emitieron sentencias para imponer sanciones al titular del ejecutivo de Nuevo León por violaciones electorales, luego los dirigentes estatales del PRI y del PAN, José Luis Garza y Policarpo Flores respectivamente, solicitaron que el tema se sometiera a discusión en la Comisión Anticorrupción.
La votación quedó así: 6 votos del PRI y del PAN a favor de la procedencia del juicio político, cuatro abstenciones por parte del Partido Verde y Morena, y un voto en contra obviamente de parte de MC.
Es procedente la denuncia de juicio político promovido por los CC. José Luis Garza Ochoa y Jesús Policarpo Flores Peña, en contra del C. Samuel García Sepúlveda, gobernador del estado libre y soberano de Nuevo León, por conductas que dañan gravemente los intereses públicos fundamentales”, dice un comunicado.
Samuel García acumula más de 18 faltas de esta índole. Finalmente y tras la declaración de procedencia del juicio político, los diputados locales que integran la comisión instruyeron a la Oficialía Mayor que, a través de la dirección jurídica del Congreso, cite al denunciado. Además, darán vista a la Sala Superior y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en referencia a los expedientes correspondientes.
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‘Alito’ Moreno asegura que no tiene miedo de enfrentar sus juicios políticos
El presidente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, aseguró que no tiene miedo de enfrentar el desafuero y los juicios políticos en su contra por enriquecimiento ilícito.
Esta tarde el diputado Hugo Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Unión, afirmó que de encontrarse pruebas para continuar con el jucio político de Alito Moreno, este seguirá adelante.
El dirigente del PRI enfrentaría un juicio político por supuestos delitos de lavado de dinero e enriquecimiento ilícito mientras era gobernador de Campeche. La Fiscalía del Estado de Campeche aseguró que la investigación se centra en la adquisición de una casa valuada en más de 130 millones de pesos.
Ante la declaración de Hugo Flores Alito Moreno dijo que en caso de que proceda el desafuero en su contra él lo enfrentará felizmente y con la Constitución y la ley en la mano. Asi mismo, que acudirá con instancias internacionales para demostrar el supuesto régimen autoritario de Morena.
“No me preocupa absolutamente nada, porque he actuado apegado a la ley; cumpli todo y apesar del embate del poder brutal contra un político opositor a este régimen de persecución en los últimos cinco años a mí no me doblaron, a mi no me echaron para atrás y yo jamás me voy a echar para atrás“, mencionó.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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Priorizarán análisis de desafuero y juicios políticos en la Cámara de Diputados
El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, informó que la Sección Instructora se enfocará en analizar ocho solicitudes de desafuero y juicio político.
Entre los casos a revisar destacan el del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno; el ministro en retiro Arturo Zaldívar; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluida su presidenta, Norma Piña.
Flores explicó que en el caso de ‘Alito’ Moreno, se evaluará si continúa el proceso judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito durante su mandato como gobernador de Campeche o si ya concluyó.
“Queremos revisar el cierre de instrucción, ver si era legal o no“, comentó el diputado, quien subrayó la necesidad de analizar a fondo el expediente antes de tomar una decisión,
Respecto a las solicitudes de juicio político contra los ministros de la SCJN, Flores mencionó que evaluarán la procedencia de cada caso, ya que algunos podrían ser improcedentes debido a que se basan en reportes periodísticos, lo cual, en su opinión, es insuficiente para respaldar una solicitud de juicio político.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz rechazan el “paro de labores” de la SCJN
Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, se manifestaron en su rechazo al paro de labores de los trabajadores y al que se suman ocho ministros, para protestar en contra de la Reforma Judicial.
Por medio de un pronunciamiento conjunto, Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf, sostuvieron que la figura del “paro de labores” no está prevista a nivel constitucional ni legal para los titulares de la Corte, mediante un acuerdo de los ministros.
Las suscritas nos manifestamos de manera enérgica en contra de la suspensión de labores. Es nuestra responsabilidad constitucional ejercer el cargo de ministras y prestar el servicio público de impartición de justicia.
Señalaron las juzgadoras.
En ese sentido, explicaron que el artículo 110, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es terminante en señalar que incurre en responsabilidad la persona servidora pública que deje “de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo”.
Además, recordaron que los trabajadores de confianza no pueden ni siquiera acudir a huelga, “de conformidad con múltiples criterios sostenidos por la propia SCJN, como la jurisprudencia 118/2016, de la Segunda Sala”. También mencionaron que los ministros pueden incurrir en omisiones constitucionales que pueden repercutir en un juicio político, la destitución del cargo e inhabilitación.
Asimismo, recordaron que la SCJN es la cabeza del Poder Judicial de la Federación y el máximo tribunal de nuestro país, y los servidores públicos que la integran tienen la encomienda y obligación de impartir y garantizar el acceso a la justicia de todo el pueblo mexicano.
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