Etiqueta: juicio político

  • La SCJN valida “juicio político” en contra de Samuel García, gobernador de Nuevo León, aunque determina que no puede ser removido de su cargo hasta que haya una sentencia 

    La SCJN valida “juicio político” en contra de Samuel García, gobernador de Nuevo León, aunque determina que no puede ser removido de su cargo hasta que haya una sentencia 

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el “juicio político” en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aunque determinó que no puede ser removido de su cargo hasta que haya una sentencia del Tribunal de Justica de la entidad.

    La promoción del “juicio político” en contra del mandatario naranja fue iniciada por los partidos de oposición en el Congreso Local, ya que García Sepúlveda  no presentó la Ley de Egresos 2023, en tiempo y forma.

    Durante la sesión de este martes, por unanimidad los ministros y ministras de la Corte validaron el “juicio político” que dictó la Comisión de Anticorrupción del Congreso en enero de 2023.

    Además, siete de los diez ministros y ministras presentes de la SCJN votaron a favor de declarar inconstitucional la porción normativa del artículo 203 de la Ley de Juicio Político, en la que se establece que la persona acusada debe ser separada del cargo, una vez iniciado el proceso.

    Asimismo, hasta el termino de esta redacción el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no ha emitido un posicionamiento o declaratoria respecto a la determinación de loa miembros de la Corte.

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  • Periodista afirma que Lilly Téllez podría ir a juicio político por defender a un invasor y agresor de la soberanía mexicana; en redes lanzan petición para enjuiciar a la panista “traidora a la patria”

    Periodista afirma que Lilly Téllez podría ir a juicio político por defender a un invasor y agresor de la soberanía mexicana; en redes lanzan petición para enjuiciar a la panista “traidora a la patria”

    La tarde de ayer, la senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez, generó indignación en un amplio sector de mexicanos luego de haber ofrecido disculpas a Ecuador, aún cuando la nación gobernada por Daniel Noboa, invadió la soberanía de México al entrar por la fuerza a la embajada. 

    Tras estas desafortunadas declaraciones de la conservadora que aspiraba a la presidencia, el periodista Manuel Hernández Borbolla, ha compartido en sus redes que la Senadora podría ir a un juicio político en la Cámara Alta por defender a un invasor y agresor a la soberanía.  

    “Estos son temas delicados, pero los fachos, tan idiotas, creen que lo pueden usar como si nada para sus grillas caseras”. 

    Sin embargo la molestía popular ha escalado al punto de que se ha creado una petición en la plataforma Change.org para que la legisladora conservadora sea juzgada por defender a una nación que violó la soberanía nacional.  

    “Solicitar al Senado de la República Mexicana se inicie el proceso de Juicio Político contra la senadora del PRIAN, Lilly Téllez, por actuar en contra de los intereses de la patria, luego de arrodillarse ante el Gobierno de Ecuador y pedir disculpas al presidente Daniel Noboa, pese a que este país y su gobierno, invadieron nuestra Embajada en Quito, violando la Convención de Viena y el Derecho Internacional, así como la soberanía de nuestro gran país”. 

    Al momento de esta nota, la petición creada este mismo 10 de abril, ya cuanta con mil 720 firmas para que Téllez sea juzgada por traición a la patria, mientras que en redes ya la califican como una entreguista.

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  • Por estar al servicio de particulares y no del pueblo, AMLO consideró adecuado que se haya solicitado un juicio político contra el ministro Pérez Dayán

    Por estar al servicio de particulares y no del pueblo, AMLO consideró adecuado que se haya solicitado un juicio político contra el ministro Pérez Dayán

    El Presidente López Obrador expresó este miércoles que está justificada la solicitud de juicio político propuesta por legisladores de la Cuarta Transformación en contra de Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y responsable de que se echara atrás la Reforma Eléctrica.

    “Sí y yo creo que se justifica, porque pues, cómo un interés particular, el influyentismo, el que una institución del Estado, en vez de servirle al pueblo esté al servicio de particulares. ¿Cuándo se había visto que un ministro, fueron dos ministros, cancelaran una ley? ¿Cuándo? Pero no es cualquier ley, es la que les afecta a los traficantes de influencias”.

    Mencionó

    “Pero no es cualquier ley, es la que le afecta a los traficantes de influencia, pues sí tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la CFE, que es una empresa pública, pueda desarrollarse, cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a los consumidores a precios justos”.

    Agregó

    AMLO fue claro y dijo que las empresas privadas quieren medrar al pueblo, ya que está demostrado que no les importa la gente, mientras que la función del Gobierno debe ser el proteger las empresas públicas en beneficio de los mexicanos.

    “Pero no es cualquier ley, es la que le afecta a los traficantes de influencia, pues sí tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la CFE, que es una empresa pública, pueda desarrollarse, cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a los consumidores a precios justos (…) “No les importó que hayan votado diputados o senadores y hayan aprobado la ley, que es su función de los legisladores, y estos se sitúan por encima de la Constitución y de las leyes y cancelan la ley eléctrica”.

    Puntualizó

    Hace unos días el grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados anunció que  presentará un juicio político contra el ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán al haberse extralimitado en sus funciones, invadiendo atribuciones del Poder Legislativo.

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  • Gobierno de México solicita juicio político contra juez de Tamaulipas por presuntamente favorecer al crimen organizado   

    Gobierno de México solicita juicio político contra juez de Tamaulipas por presuntamente favorecer al crimen organizado   

    La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa Alcalde, presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra un juez de Tamaulipas y que es señalado de tener nexos con el crimen organizado.

    A través de sus redes sociales, Alcalde Luján señaló que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, por actuaciones irregulares y por favorecer a grupos criminales.

    Lo anterior a efecto de que dicha soberanía analice y, en su caso, presente acusación al Senado de la República para proceder con su destitución por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas.

    Indicó Luisa Alcalde.

    La dependencia federal indicó que como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad y una serie de elementos que hacen presumir que Contreras Matínez incurrió en probables actuaciones que permitieron la liberación de integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país.

    En ese sentido, la Segob destaca como un hecho relevante la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con el tráfico de fentanilo.

    Asimismo, Segob señala que el juez federal se desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir su actuación.

    La solicitud de juicio político que fue ingresada a la Cámara de Diputados es para que se de inicio con una investigación sobre la actuación del juez y en caso de ser procedente, se turnará al Senado de la República, para que determine si hay elementos para su destitución o no.

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  • Cámara de Representantes aprueba investigación de juicio político en contra de Joe Biden

    Cámara de Representantes aprueba investigación de juicio político en contra de Joe Biden

    La Cámara baja de Estados Unidos, con mayoría republicana, votó este miércoles a favor de formalizar la investigación de juicio político en contra del presidente, Joe Biden.

    Aunque la investigación fue iniciada por el expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien desde septiembre de manera unilateral ordenó a tres comités legislativos realizar dichas indagatorias.

    Con la investigación validada por el pleno con 221 votos a favor y 212 en contra, se dota de plena autoridad al proceso y eso le permite a los comités encargados en la indagatoria acceder a información, documentación y testimonios.

    Foto: Mark Wilson/Getty Images.

    El presidente Joe Biden es acusado de tráfico de influencias al favorecer a su hijo Hunter Biden como a otros familiares y socios, en negocios en el estranjero aprovechando sus conexiones políticas.

    De acuerdo con Mike Johnson, actual presidente de la Cámara de Representantes, en estos últimos dos meses de investigación los comités han concluido que, entre 2014 y 2019, la familia Biden recibió más de $15 millones de dólares de empresas y gobiernos extranjeros de Ucrania, Rusia, Kazajistán, Rumanía y China 

    En caso de que los comités encuentren alguna irregularidad en contra de Joe Biden, éstos deberán de redactar una carta de “impeachment” que volvería a ser sometida a votación por el pleno de la Cámara de Representantes.

    Y si esta es aprobada será turnada a la Cámara de Senadores para realizar el juicio político en contra de Biden, para su destitución se necesitan las dos terceras partes de la Cámara Alta.

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  • SCJN desecha controversia contra juicio político de Samuel García

    SCJN desecha controversia contra juicio político de Samuel García

    El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, recibió un nuevo fallo contrario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en esta ocasión en relación a su pretensión para que los ministros avalaran la suspensión que obtuvo del Tribunal de Justicia Administrativa, en contra del juicio político que el congreso local le inició en enero pasado.

    Esta suspensión fue restringida días después por el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, por lo que el gobernador promovió ante la SCJN la controversia constitucional 483/2023, denunciando una presunta invasión de competencias entre ambos tribunales.

    Sin embargo, el ministro Javier Laynez Potisek señaló que no hay base constitucional para sostener la controversia presentada por Samuel García.

    “Lo anterior deja ver con claridad, que el estudio que propone la parte accionante tiene que ver exclusivamente con la legalidad de la resolución impugnada pues no pretende combatir una invasión de competencias entre el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa o de algún acto vinculado directamente con la denuncia de juicio político que dio origen a los pronunciamientos combatidos, sino que se duele de que el Poder Judicial de la entidad emitió una decisión en que invalidó una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que le resultaba ‘favorable’”, señala el acuerdo publicado por el ministro.

    Cabe señalar que este juicio político en contra del gobernador de Nuevo León se encuentra detenido gracias a una suspensión definitiva otorgada por un juez de amparo, en marzo pasado.

    El pasado viernes, Laynez Potisek presentó otra resolución contraria a las intenciones del líder estatal, al establecer que Luis Enrique Orozco debería ser reconocido como gobernador interino de Nuevo León, debido a que fue nombrado por el congreso estatal, dominado por los partidos de oposición a la administración de Samuel García.

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  • Rubalcava presenta juicio político para anular designación de Taboada como precandidato a la Jefatura de la CDMX por el frente conservador

    Rubalcava presenta juicio político para anular designación de Taboada como precandidato a la Jefatura de la CDMX por el frente conservador

    Adrián Rubalcava, el priista alcalde de Cuajimalpa, presentó ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México un juicio político en contra de la alianza opositora por haber sido excluido de su proceso interno rumbo a las elecciones de 2024 y por la designación directa de Santiago Taboada como precandidato único a la Jefatura de Gobierno.

    En una conferencia de prensa, señaló que el pasado martes 21 de noviembre el Tribunal Electoral Local recibió la impugnación conforme a los plazos establecidos para presentar una inconformidad.

    Sus demandas incluyen la reposición del proceso de la alianza opositora para que se le permita contender en igualdad de circunstancias contra el alcalde e integrante del Cártel Inmobiliario, el panista Santiago Taboada.

    “Porque la convocatoria con claridad se marcó que iba a ser un método de selección a través de foros y encuestas y que si bien era cierto, se podía llevar a cabo un método de acuerdos, tenia que ser entre candidatos, no pueden las dirigencias emitir un acuerdo cuando no participan los que fueron registrados”, apuntó.

    Asimismo, recordó que el 15 de noviembre cumplió con su registro ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como precandidato y aspirante a la Jefatura de Gobierno, mismo que no se respetó.

    “El presidente del PRI (Alejandro Moreno) me acompañó durante mi registro, recibieron mi documentación y ante los medios de comunicación quedó constatado que cumplí con los requisitos, por esta razón debieron haberme permitido competir”, externó.

    Tras estas palabras acusó a las dirigencias de los partidos opositores de generar una simulación en el proceso para definir a la o el abanderado a la Jefatura de Gobierno.

    “El Tribunal debe proceder a la suspensión de la precampaña (de Santiago Taboada) para no se sigan dañando mis derechos electorales en tanto resuelva el tribunal, en caso de que no se suspendan se seguirán violentando mis derechos”, advirtió.

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  • Por atentar contra el pueblo e invadir atribuciones de otro poder, diputados de la 4T piden juicio político contra ministros de la SCJN (FOTO)

    Por atentar contra el pueblo e invadir atribuciones de otro poder, diputados de la 4T piden juicio político contra ministros de la SCJN (FOTO)

    Un grupo de legisladores y legisladoras de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron una solicitud de juicio político en contra de algunos ministros de la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los que señalan de haber no solo traicionado al pueblo de México, sino de ganar más que el líder del Ejecutivo y echar atrás la reforma electoral, violando con ello las atribuciones del Poder Legislativo. 

    Entre los ministros del Poder Judicial señalados están Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán. 

    “Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 110 y 114, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, venimos a formular la denuncia de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia”.

    Precisa el documento

    El diputado Alejandro Robles Gómez acusó que los ministros han abusado y faltado a la Ley Federal de Remuneraciones: “esta demanda de juicio político porque no es capricho presidencial, sino es una definición de la voluntad del pueblo de México, para dar esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros que han decidido ampararse”.

    “¡Nunca más jueces, jueces, magistrados y magistradas que se pongan en contra de la voluntad del pueblo!”, agregaron los diputados en sus redes sociales. 

    El magistrado Alberto Pérez Dayán es señalado de ser uno de los principales aliados de la oligarquía, así como de votar en contra de los intereses del pueblo o de los más necesitados.

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  • Ecuador: Guillermo Lasso ordena la disolución del parlamento y llama a elecciones anticipadas, en medio de un juicio político a su persona

    Ecuador: Guillermo Lasso ordena la disolución del parlamento y llama a elecciones anticipadas, en medio de un juicio político a su persona

    El presidente de Ecuador de derecha, Guillermo Lasso, acusado de corrupción por el Congreso y amenazado por destitución y quien también enfrenta un juicio político, ordenó la disolver del Parlamento por lo que llamó a alecciones anticipadas, lo que puede ocasionar una grave crisis constitucional en el país.

    Para llevar a cabo su plan, Lasso firmó el decreto “muerte cruzada”, el cual es un mecanismo constitucional que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar y como consecuencia habrá elecciones parlamentarias y presidenciales en 6 meses.

    El presidente aludió a una “grave crisis política” y conmoción interna” como motivo firmar este documento. “Así se da una salida constitucional a la crisis”, dijo.

    ¿Por qué Lasso enfrenta un juicio político?

    El presidente de Ecuador enfrenta un juicio político por presunta participación en el delito de peculado. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.

    Lasso rechazó los señalamientos: “La democracia, la Presidencia de la República como institución, mi Gobierno y yo estamos bajo el ataque de una oposición que no quiere reconocer los logros de mi Gobierno en apenas 22 meses de gestión”, dijo.

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  • Navarro a juicio político

    Navarro a juicio político

    Al momento que se escriben estás líneas, se lleva acabo la audiencia de juicio político contra el secretario general de gobierno de Nuevo León Javier Navarro Velasco, el día dos de mayo de 2023, 16:10 hrs.

    Dicha audiencia es para el desahogo de pruebas y alegatos tras no publicar 56 decretos aprobados por el Congreso del Estado de Nuevo León, en el Periódico Oficial del Estado (POE) y forma parte del expediente 16177/LXXVI.

    A este punto, la mayoría de estos decretos ya han sido publicados, algunos vetados y otros pendientes de resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    Ante esto, nuevamente se está ante un escenario que no beneficia a los ciudadanos en general, pues se acrecentan los desacuerdos entre el gobierno del estado y el Congreso.

    Si se recuerda, el mes pasado, el Congreso de Nuevo León se aprobó reformas al Código Penal (CPNL) para considerarse delito faltar al mandato constitucional y no publicar los decretos aprobados en el POE, por lo que se sancionaría con uno a tres años de prisión a los servidores públicos que se negarán a hacerlo.

    Dicha reforma se equipara al delito de desobediencia, al cual se le añade un nuevo párrafo al artículo 180 del CPNL y se fundamenta en los plazos del artículo 90 de la Constitución de Nuevo León (CPENL) es decir, cinco días hábiles.

    Asimismo, hay que recordar que el Congreso de Nuevo León ya ha tenido la intención de llevar a juicio político al gobernador, Samuel García, por el mismo motivo al que hoy compareció el secretario general, Javier Navarro. 

    Sin embargo, Samuel García logró una suspensión a su favor, por lo cual su adiencia no se ha determinado.

    Ahora bien, acorde a la ley, el caso debería sobreseerse, ya que la acusación ya no tiene base, pues de los 56 decretos, 41 de ellos ya han sido publicados, 6 fueron vetados y los 9 restantes se encuentran en juicios. Por tanto, el juicio político contra Javier Navarro, como se dice jurídicamente, se quedó sin materia.

    Por tanto, el Congreso de Nuevo León queda, nuevamente, mal parado tras una acción con la cual pretende meter presión al poder ejecutivo.

    No hace mucho, en marzo, los diputados hicieron una huelga tras la suspensión de un tribunal federal que consideró que algunas reformas del Congreso (decreto 340) violaban el principio de retroactividad de la ley. 

    Al parecer, no han podido sacarse esa pequeña piedra del zapato e insisten en crear mecanismos que les permitan llevar a juicio al gobernador y sus funcionarios.

    Tanto es así que en el portal web del Congreso de Nuevo León, aparece un banner grande mediante el que se informa que hubo reformas a la constitución de Nuevo León, las cuales entraron en vigor el 9 de marzo, es decir, a pesar de existir una suspensión de un tribunal federal, el Congreso de Nuevo León insiste en defender que sus reformas son vigentes.

    Al final del día, nada de esto parece beneficiar los asuntos y problemas que se viven en el estado de Nuevo León. Mientras diputados y gobernador se pelean, los índices de inseguridad (actos violentos) crecen, la contaminación del aire va en aumento y ya dirá verano cómo va con el agua.