¿Por qué la verdadera justicia solo puede ser de izquierda?

Después de muchos años dedicada al derecho penal y hoy desde mi responsabilidad como jueza penal federal, he llegado a una convicción que, estoy segura, provocará debate: los expedientes penales también cuentan la historia de un país. No hablan de partidos políticos ni de campañas electorales, pero sí revelan cómo viven las personas, cuáles fueron sus oportunidades y, muchas veces, qué tan cerca o qué tan lejos estuvo el Estado cuando más lo necesitaban.

Detrás de una carpeta de investigación existen víctimas que esperan justicia, personas imputadas que enfrentan el poder punitivo del Estado y familias enteras cuya vida cambia a partir de una resolución judicial. Con el paso de los años he aprendido que un expediente rara vez trata únicamente sobre un delito. También refleja desigualdad, abandono, abuso de poder o, en el otro extremo, privilegios que permiten enfrentar el sistema de justicia en condiciones muy distintas. Esa realidad alimenta lo que muchas personas identifican como un derecho selectivo, uno de los mayores desafíos para la credibilidad de nuestras instituciones.

La Constitución establece que todas las personas somos iguales ante la ley. Como jueza, ese principio guía cada una de mis decisiones y no admite excepciones. Sin embargo, la propia Constitución también reconoce que la igualdad no puede quedarse en una declaración escrita. Al proteger la dignidad humana, los derechos sociales y el principio de igualdad sustantiva, nos recuerda que la justicia no consiste únicamente en aplicar una norma, sino en garantizar que todas las personas puedan ejercer realmente los derechos que esa norma reconoce.

Esa diferencia entre igualdad formal e igualdad real se aprecia todos los días en materia penal. No enfrenta un proceso en las mismas condiciones quien puede contratar una defensa altamente especializada, ofrecer peritajes privados y sostener un litigio durante años, que quien depende exclusivamente de una defensoría pública con una enorme carga de trabajo o incluso llega a una audiencia sin comprender plenamente el procedimiento que enfrenta. La ley es la misma para ambos; las condiciones para ejercer sus derechos, no.

Quienes trabajamos todos los días en un juzgado penal terminamos advirtiendo una realidad incómoda: el delito no surge en el vacío. Con frecuencia aparece en contextos marcados por la pobreza, la desintegración familiar, el abandono escolar, las adicciones o la ausencia de oportunidades. Reconocer esa realidad no significa justificar la conducta delictiva ni desconocer el derecho de las víctimas a obtener justicia. Quien comete un delito debe responder conforme a la ley. Pero si el Estado únicamente interviene cuando el delito ya ocurrió y no analiza las condiciones que favorecieron su aparición, difícilmente podrá construir una justicia completa. Cuando la ciudadanía percibe que la justicia responde dependiendo del poder económico o político de quienes son investigados, la confianza en el Estado de derecho se debilita.

La experiencia dentro de un juzgado deja una enseñanza difícil de ignorar: la pobreza no constituye un delito, pero la desigualdad aparece una y otra vez en los expedientes. Esto no significa que las personas con menos recursos sean más propensas a delinquir, ni que quienes cuentan con mayores posibilidades económicas estén al margen de la ley. Significa que las condiciones sociales también influyen en la manera en que las personas llegan al sistema de justicia y en los recursos con los que cuentan para enfrentarlo.

Por eso considero insuficiente entender la justicia únicamente como la aplicación idéntica de una norma. Nadie elige el lugar donde nace, la educación que recibe, el entorno en el que crece o las oportunidades que tendrá para desarrollar su proyecto de vida. Ignorar esas diferencias puede conducir a una igualdad meramente formal, incapaz de responder a las profundas brechas que todavía existen en nuestro país.

En materia penal, esta visión constitucional se refleja en principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a una defensa adecuada y la proporcionalidad de las penas. Ninguno de ellos existe para favorecer la impunidad. Existen para recordar que el poder del Estado también debe tener límites y que la justicia pierde legitimidad cuando olvida la dignidad de las personas.

En estos primeros meses impartiendo justicia, estoy convencida de que un juez no sólo debe conocer la ley; también debe comprender la realidad sobre la que esa ley actúa. La imparcialidad no consiste en ignorar el contexto, sino en aplicar el derecho con objetividad, teniendo siempre presente que detrás de cada expediente hay personas, no estadísticas.

Una justicia auténticamente transformadora busca reducir desigualdades, ampliar el acceso a los derechos y colocar la dignidad humana en el centro de toda decisión pública. Si esos principios han sido históricamente identificados con una visión progresista o de izquierda, no es porque pertenezcan exclusivamente a una ideología, sino porque expresan una convicción profundamente constitucional: que el derecho debe servir para proteger a las personas y construir una sociedad más igualitaria, no únicamente para administrar las diferencias existentes.

En el ámbito penal, la presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y el juicio justo no fueron creados para proteger delincuentes; fueron establecidos para impedir que el Estado utilice su poder de manera arbitraria contra cualquier persona. El respeto a estas garantías no protege al delito: protege a la ciudadanía frente al abuso de autoridad.

Como jueza penal federal jamás dictaré una sentencia basada en ideologías. Mis decisiones se fundamentan y se fundamentarán siempre en la Constitución, los tratados internacionales y la ley. Pero mi trabajo también me ha enseñado que para impartir justicia es necesario mantener los ojos abiertos frente a la realidad social. Ignorar la desigualdad no vuelve imparcial a un juez; simplemente limita su capacidad para comprender el contexto en el que aplica el derecho.

La verdadera justicia no consiste en aplicar la ley de manera automática sin observar las consecuencias humanas de las decisiones. Consiste en construir un país donde la libertad no sea un privilegio, donde la igualdad deje de ser una aspiración y donde la dignidad humana tenga más valor que el dinero o las influencias.

La justicia deja de ser justa cuando se limita a tratar como iguales a quienes la vida ha colocado en condiciones profundamente desiguales. La verdadera justicia no puede ser una simple operación mecánica de aplicar normas; debe tener la capacidad de mirar la realidad, reconocer las brechas existentes y actuar para que los derechos dejen de ser privilegios reservados para unos cuantos.

Porque una sociedad no se mide únicamente por la fuerza con la que castiga a quien infringe la ley, sino por la capacidad que tiene para proteger a quienes históricamente han quedado atrás, para limitar los abusos del poder y para garantizar que la dignidad humana esté por encima del dinero, los privilegios o las influencias.

Como jueza penal federal sé que la justicia no puede tener partido, pero también sé que la Constitución mexicana nació de una profunda convicción social: que el Estado no puede ser indiferente frente a la desigualdad. Que la libertad sin igualdad real puede convertirse en una promesa vacía. Que los derechos sólo tienen sentido cuando alcanzan a todas las personas, especialmente a quienes durante décadas han tenido menos oportunidades para hacerlos valer.

Por eso, cuando hablamos de una justicia verdaderamente transformadora, hablamos de una justicia que no administra las desigualdades, sino que busca superarlas; que no protege privilegios, sino derechos; que no observa la injusticia desde la distancia, sino que trabaja para corregirla.

Por ello sostengo que la verdadera justicia siempre camina hacia la izquierda: porque en su esencia más profunda no busca conservar las diferencias que existen, sino construir las condiciones para que todas las personas puedan vivir con la misma dignidad.