Etiqueta: Justicia

  • Mutilación, tortura y encierro en jaulas: así operaban “Los Tolmex”, banda a la que pertenecía la ahora sentenciada, Malinali “N”

    Mutilación, tortura y encierro en jaulas: así operaban “Los Tolmex”, banda a la que pertenecía la ahora sentenciada, Malinali “N”

    El pasado viernes 14 de marzo, se dio a conocer que la hermana de la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, fue sentenciada a 89 años de prisión, y es que Malinali “N” fue encontrada culpable por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

    La ahora sentenciada fue detenida el 20 de julio de 2012 en un operativo de la extinta policía federal en el Estado de México, tras su implicación en el secuestro de Marcela Patricia Flores Domínguez y su chofer, Rodolfo Morales Hernández.

    Hermana de Xóchitl “ponía” a las víctimas

    De acuerdo con El Universal, Leonardo “El Tolmex”, líder de la banda delictiva Los Tolmex, aseguró que Malinali Gálvez tenía la función de “poner” a las víctimas, aprovechando sus relaciones con personas influyentes. Según la declaración del secuestrador, Gálvez Ruíz generaba confianza con sus objetivos y, posteriormente, permitía que los delincuentes ingresaran con armas robadas para someter a sus víctimas.

    El secuestro que la implicó ocurrió el 22 de mayo de 2012. Según la víctima, Gálvez Ruíz concertó un encuentro con ella, llevándola a una casa donde fue interceptada por cinco hombres, quienes la drogaron, esposaron y encerraron en un cuarto con rejas. Su chofer, quien también fue secuestrado, relató que fue engañado para ingresar al mismo predio, donde fue sometido a punta de pistola y retenido junto con su empleadora.

    En 2012, durante una conferencia de prensa, Armando Espinosa de Benito, entonces jefe de la división de investigación de la PF, detalló que la organización Los Tolmex estaba relacionada con al menos cuatro secuestros. Además, el Ministerio Público Federal señaló que la banda mutilaba a sus víctimas, grababa videos de tortura y los enviaba a sus familiares para exigir rescates millonarios, además de retener a los secuestrados en jaulas.

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  • Armenta rechaza negociar la ley y advierte que no cederá ante chantajes de alcaldes detenidos recientemente

    Armenta rechaza negociar la ley y advierte que no cederá ante chantajes de alcaldes detenidos recientemente

    El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dejó en claro que su administración no cederá ante presiones ni negociará el cumplimiento de la ley, luego de la toma del Congreso del estado por manifestantes que exigen la liberación de los presidentes municipales de Tlachichuca y Ciudad Serdán, ambos de apellido González Vieyra.

    “El gobierno no puede sentarse a negociar la ley, es importante que eso se entienda. Nosotros ni somos omisos, ni perseguimos, ni criminalizamos la protesta social, las libertades sociales están consagradas”, afirmó el mandatario poblano durante una mesa de trabajo.

    Asimismo, reiteró que su administración no caerá en chantajes ni otorgará concesiones a quienes busquen evadir la justicia. “La ley no se negocia, se aplica”, sostuvo. Además, subrayó que no habrá acuerdos con quienes cometan delitos: “No hay por qué el Gobierno tenga que negociar un acto consumado como delictivo, es importante que se tenga como referencia, porque después pareciera que no escuchamos las demandas”, expresó.

    Respecto a las movilizaciones estudiantiles en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Armenta señaló que su gobierno respeta el derecho a la protesta, pero enfatizó que no permitirá la injerencia de actores políticos en el movimiento. “No perseguimos a nadie, queremos que los jóvenes tengan derecho a la educación. Los felicito porque ya están dialogando, pero nada tienen que hacer ahí representantes de diputados o de organizaciones políticas”, puntualizó.

    Finalmente, el gobernador reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y de asociación, asegurando que su administración es respetuosa de los derechos y libertades sociales.

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  • Se publica acuerdo general para el desmantelamiento de la corrupta estructura judicial de Piña en la SCJN; este será el día de su último “informe”

    Se publica acuerdo general para el desmantelamiento de la corrupta estructura judicial de Piña en la SCJN; este será el día de su último “informe”

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo General 3/2025, en el que se establecen los plazos y procedimientos para la conclusión de funciones de su actual integración, en cumplimiento con la reforma judicial vigente desde el 16 de septiembre de 2024.

    El documento detalla que la última sesión del actual Pleno será el 12 de agosto de 2025, mientras que el informe final de labores de la ministra presidenta Norma Piña Hernández se presentará el 15 de agosto. Además, se creará el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, encargado de supervisar el proceso de entrega-recepción de la Corte.

    A partir del 31 de agosto de 2025, el Pleno y las Salas de la SCJN concluirán sus funciones, y la administración del Alto Tribunal dejará de estar bajo la presidencia. Como parte de la reforma, el número de ministros se reducirá y la Corte operará únicamente en Pleno.

    El acuerdo también establece que, desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto, la SCJN solo atenderá asuntos urgentes, tales como:

    • Amparos en revisión y directos en revisión cuando el quejoso esté privado de su libertad.
    • Casos en los que se involucre el interés superior de menores de edad.
    • Juicios laborales y agrarios colectivos.
    • Controversias constitucionales con solicitud de suspensión.
    • Acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.

    En cuanto a las sesiones, el Pleno de la SCJN modificará su calendario:

    • Abril y mayo: Sesionará los lunes y martes.
    • Junio a agosto: Sesionará solo los martes.
    • Las Salas continuarán sesionando cada miércoles hasta el 28 de mayo, y posteriormente cada 15 días hasta el 13 de agosto.

    Proceso de entrega-recepción y nueva SCJN

    El informe final de labores de Norma Piña Hernández deberá publicarse antes del 15 de agosto. Asimismo, se establece que la ministra presidenta podrá designar a una persona encargada del acta de entrega-recepción institucional, que se firmará el 31 de agosto y surtirá efecto el 1 de septiembre de 2025.

    El documento aclara que la persona electa como nueva presidenta o presidente de la SCJN en la elección extraordinaria de 2025 recibirá el acta de entrega-recepción y el informe detallado sobre los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales del Tribunal.

    Este proceso será supervisado por el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, que deberá integrarse en los cinco días hábiles posteriores a la publicación de los resultados de la elección extraordinaria de la Suprema Corte por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

    Dicho grupo estará conformado por las personas titulares de:

    • Secretaría General de Acuerdos.
    • Subsecretaría General de Acuerdos.
    • Secretaría General de la Presidencia.
    • Oficialía Mayor.
    • Contraloría de la Suprema Corte.

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  • Colaboradores de Silvano Aureoles enfrentan audiencia por desfalco millonario; exgobernador sigue prófugo

    Colaboradores de Silvano Aureoles enfrentan audiencia por desfalco millonario; exgobernador sigue prófugo

    Este jueves se reanudó la audiencia inicial contra cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, quienes enfrentan acusaciones por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.

    La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, determinará si se vincula a proceso a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas del gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP. Se les señala por un daño patrimonial al estado superior a 3 mil 400 millones de pesos.

    Asimismo, la jueza decidirá si los imputados permanecerán en prisión preventiva justificada, medida que les fue impuesta el pasado fin de semana durante la audiencia de imputación. En caso de que sean vinculados a proceso, se otorgará el plazo para la investigación complementaria, etapa en la que las partes recabarán más pruebas y profundizarán en los elementos de la carpeta de investigación.

    Aureoles y más exfuncionarios, prófugos de la justicia

    Mientras sus excolaboradores enfrentan la justicia, Silvano Aureoles Conejo continúa prófugo, al igual que dos exsecretarios de Seguridad Pública de Michoacán y Guillermo Loaiza Gómez, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, quien fue designado notario público por el propio Aureoles poco antes de concluir su mandato. Según las autoridades, Loaiza Gómez viajó a Argentina, aunque aún no ha sido localizado.

    Aureoles y sus exfuncionarios son señalados de una operación irregular relacionada con el arrendamiento y posterior compra de inmuebles para la instalación de siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

    De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, los inmuebles fueron arrendados por períodos mínimos de 56 meses a Inmobiliaria Dip, empresa creada en 2015 y beneficiada mediante adjudicación directa, lo que ya evidenciaba irregularidades en la gestión de los recursos públicos.

    Sobreprecios millonarios en la compra de cuarteles

    Los costos de los inmuebles ascendieron a:

    • Apatzingán: 210 millones 562 mil pesos
    • Coalcomán: 216 millones 699 mil pesos
    • Huetamo: 128 millones 277 mil pesos
    • Jiquilpan: 212 millones 999 mil pesos
    • Lázaro Cárdenas: 294 millones 616 mil pesos
    • Uruapan: 268 millones 624 mil pesos
    • Zitácuaro: 220 millones 659 mil pesos

    Sin embargo, peritajes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales revelaron que en cada operación hubo sobreprecios millonarios, destacando:

    • Lázaro Cárdenas: 163.4 millones de pesos adicionales
    • Coalcomán: 116 millones
    • Zitácuaro: 103.8 millones
    • Jiquilpan: 90.4 millones
    • Apatzingán: 76 millones
    • Uruapan: 64.2 millones
    • Huetamo: 37.4 millones

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  • La Fiscalía capitalina sigue investigando la caída de estudiante en secundaria de Iztapalapa; no descarta acoso escolar

    La Fiscalía capitalina sigue investigando la caída de estudiante en secundaria de Iztapalapa; no descarta acoso escolar

    La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que mantiene abierta la investigación por la caída de la estudiante menor de edad en la Escuela Secundaria Diurna núm. 236, ubicada en Iztapalapa, ocurrida el pasado 4 de febrero.

    La adolescente resultó lesionada tras precipitarse desde una altura aproximada de un primer piso, según datos oficiales.

    En una tarjeta informativa, la dependencia señaló que aún no se descarta la existencia de un delito vinculado directa o indirectamente con el incidente, incluidos posibles antecedentes de acoso escolar que pudieran haber influido en los hechos. “Se analizarán todas las circunstancias, incluso sucesos previos que podrían haber propiciado la caída”, detalló la institución.

    La Fiscalía de la CDMX aseguró que, desde que tuvo conocimiento del caso, su personal ha trabajado sin interrupción para recabar y analizar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido. Además, expresó su solidaridad con la estudiante y su familia, reconociendo el impacto en la salud de la menor y la angustia generada en sus padres.

    “Garantizamos una investigación integral, con estricto respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia establecida en el sistema penal acusatorio”, subrayó la fiscalía. Agregó que el objetivo es brindar certeza jurídica a los familiares y a la sociedad, mientras se promueve la construcción de entornos escolares seguros mediante el diálogo.

    La FGJCDMX reiteró su compromiso con la justicia y adelantó que mantendrá abierta la información sobre avances relevantes en el caso.

  • Consejo de la Judicatura Federal da patadas de ahogado tras acusaciones de Harfuch sobre corrupción en el sistema judicial

    Consejo de la Judicatura Federal da patadas de ahogado tras acusaciones de Harfuch sobre corrupción en el sistema judicial

    En un reciente episodio que ha suscitado controversia en el ámbito judicial y de seguridad en México, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se encuentra en la mira tras las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

    El titular de la SSPC afirmó que la posible liberación de 29 criminales extraditados a Estados Unidos podría estar vinculada a acuerdos corruptos entre algunos jueces y miembros del crimen organizado.

    El CJF, en un comunicado, rechazó las insinuaciones de García Harfuch y se mostró apertura para investigar cualquier acusación siempre que existan pruebas concretas. Sin embargo, este posicionamiento ha generado críticas que cuestionan la eficacia y diligencia del órgano encargado de supervisar la conducta de los jueces.

    Las afirmaciones de Harfuch, realizadas durante la conferencia matutina, resaltan la preocupación sobre la integridad del sistema judicial mexicano.

    El secretario de Seguridad mencionó que había información de que algunos líderes criminales podrían ser liberados debido a “acuerdos con jueces que buscaban favorecerlos”. Este tipo de acusaciones, aunque rechazadas por el CJF, siembran dudas sobre la transparencia y la ética en la administración de justicia.

    Críticos del CJF argumentan que, a pesar de su rechazo a las acusaciones, la falta de acción proactiva para investigar las afirmaciones de Harfuch puede percibirse como una falta de compromiso con la lucha contra la corrupción. La ciudadanía exige no solo declaraciones de rechazo, sino también medidas concretas que garanticen la confianza en el sistema judicial.

    Asimismo, el CJF recordó que las decisiones de los jueces pueden ser impugnadas, lo que plantea la pregunta de si estas impugnaciones son efectivas y si realmente se están utilizando los mecanismos legales disponibles para asegurar que la justicia prevalezca.

    La posibilidad de que criminales de alto perfil como Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes hayan sido objeto de acuerdos ilícitos con jueces es una sombra que persiste sobre la credibilidad del sistema judicial.

    La expectativa es que el CJF tome medidas decisivas para investigar las acusaciones y restaurar la confianza de la sociedad en un sistema que, en momentos de crisis de seguridad y corrupción, se encuentra bajo un intenso escrutinio público.

    La integridad de la justicia en México depende de la capacidad de sus instituciones para actuar con transparencia y con un firme compromiso contra la corrupción.

  • Mara Lezama respalda a Claudia Sheinbaum y reafirma su compromiso con Quintana Roo en transparencia y justicia

    Mara Lezama respalda a Claudia Sheinbaum y reafirma su compromiso con Quintana Roo en transparencia y justicia

    a gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, reafirmó su compromiso con la ciudadanía y aseguró que su gobierno trabaja con total transparencia para defender los intereses del pueblo. En el programa “La Voz del Pueblo”, la mandataria destacó que su administración no cede a presiones externas y que se mantiene firme en la decisión de revocar la concesión de Aguakan, respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

    Lezama enfatizó que su gobierno no debe ser comparado con administraciones anteriores, pues su gestión prioriza a la gente y no a intereses privados. “No nos metan en la misma cubeta. Si otros gobiernos no tuvieron el valor de defender a la población, nosotros sí lo estamos haciendo”, señaló.

    El tema del servicio de agua ha sido un punto clave en su administración, pues miles de familias quintanarroenses han expresado su inconformidad con la empresa concesionaria. Según la gobernadora, las tarifas elevadas y el servicio deficiente han sido una constante molestia para la ciudadanía. En este sentido, instó a la población a compartir su experiencia y hacer llegar sus testimonios para reforzar la postura del gobierno en defensa de los derechos de los usuarios.

    Asimismo, aclaró que el gobierno estatal no es responsable del cobro del agua, pues las tarifas son establecidas por la empresa. Sin embargo, aseguró que su administración seguirá vigilando y actuando en favor de los habitantes para evitar abusos.

    Llamado a la donación de órganos y nuevas audiencias públicas

    En otro momento de la emisión, Lezama hizo un llamado a fomentar la cultura de la donación de órganos y tejidos, destacando el trabajo del programa Salvemos Vidas, promovido por el Sistema DIF Quintana Roo. De acuerdo con la gobernadora, más de 200 personas, en su mayoría jóvenes universitarios, ya se han registrado como posibles donadores de células madre, lo que representa un avance significativo en la promoción de la solidaridad y la salud en el estado.

    Además, informó que la siguiente Audiencia Pública se realizará el 11 de marzo en Puerto Aventuras, en el municipio de Solidaridad. Invitó a los ciudadanos a registrarse con anticipación para agilizar la atención a sus peticiones y garantizar soluciones efectivas a los problemas que enfrentan.

    La mandataria también celebró la primera sentencia por Violencia Digital en Quintana Roo, lograda gracias a la reciente implementación de leyes que protegen a las víctimas de este delito. Exhortó a las mujeres a denunciar cualquier forma de violencia y aseguró que su gobierno continuará promoviendo políticas para garantizar su seguridad y bienestar.

    Finalmente, expresó su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante las campañas de desinformación que han surgido en su contra. Lezama subrayó que su administración trabaja con honestidad, sin pactos ocultos ni acuerdos en lo oscuro, siempre con la firme intención de mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses.

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  • Diputada Teresa Ealy denuncia ilegal intento de reelección del actual presidente del TSJ de la CDMX; es señalado de corrupción, nepotismo y encubrimiento

    Diputada Teresa Ealy denuncia ilegal intento de reelección del actual presidente del TSJ de la CDMX; es señalado de corrupción, nepotismo y encubrimiento

    Hace algunas horas, la diputada federal María Teresa Ealy denunció en sus redes sociales que el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, trata ilegalmente de reelegirse en el cargo, pese a que el reglamento del Poder Judicial no lo permite.

    Durante su contundente crítica, la legisladora federal mencionó que Guerra Álvarez ya maniobra una de las acciones más ruines que haya visto el Poder Judicial de la capital: “La intentona de Rafael Guerra Álvarez por aferrarse al cargo y reelegirse como presidente (…) Qué descaro, parece que no se ha dado abasto durante todo este tiempo con lo que ha afectado la justicia de nuestra ciudad”.

    Ealy agregó que este intento de reelección es una afrenta directa a la justicia, al pueblo de la CDMX y a los trabajadores del Poder Judicial, a quienes ha afectado con la eliminación de juzgados y la saturación de tribunales. “Ha sometido a las y los trabajadores a condiciones indignas, inhumanas. Les ha aumentado desmesuradamente las cargas de trabajo, les ha negado sus pagos y prestaciones y los ha abandonado a su suerte”.

    En el mismo sentido, la diputada y feminista mencionó que Rafael Guerra ha podrido el sistema judicial de la capital, ya que las mujeres que buscan justicia se han enfrentado a tribunales donde son blanco, una vez más, de violencia de género y revictimización.

    María Teresa Ealy

    “Cuántas mujeres han tocado las puertas del Tribunal Superior de Justicia buscando protección y, por el contrario, se han encontrado con indiferencia y negligencia”, mencionó María Teresa Ealy, lamentando la gran cantidad de sentencias que favorecen a los violentadores en vez de garantizar seguridad para las víctimas.

    Finalmente, como legisladora federal, Ealy alzó la voz para exigir a los integrantes del Poder Judicial y a las y los consejeros que no sigan siendo cómplices de las ilegalidades que Guerra Álvarez ha cometido desde que asumió el cargo en 2019.

    Rafael Guerra Álvarez

    “Estaré presentando, junto con diversas víctimas, colectivas, abogados, abogadas y organizaciones civiles, una propuesta de ley, así como nuestro total rechazo para la reelección de Rafael Guerra Álvarez”.

    Cabe mencionar que, en noviembre de 2024, María Teresa Ealy acusó a Guerra Álvarez de encubrir a violadores y potenciales feminicidas. Durante una sesión de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, Ealy afirmó que el magistrado ha mostrado “total desinterés por las víctimas” y solicitó su comparecencia para rendir cuentas sobre su actuación en el TSJCDMX.

    Sumado a esto, colectivos feministas han exigido la destitución de Guerra Álvarez, acusándolo de emitir fallos judiciales que denigran a las mujeres y de no actuar conforme a derecho en casos de violencia de género. Señalan que su gestión ha perpetuado una visión machista en los procesos judiciales, afectando la integridad del sistema de justicia y revictimizando a quienes buscan amparo en las instituciones.

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  • Claudia Sheinbaum informa avances en el rescate de mineros de Pasta de Conchos y El Pinabete

    Claudia Sheinbaum informa avances en el rescate de mineros de Pasta de Conchos y El Pinabete

    Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre los avances en dos operativos de rescate de mineros en México.

    En el caso de Pasta de Conchos, donde ocurrió un accidente en 2006, la mandataria recordó que en aquel entonces se suspendió la búsqueda tras afirmar que una explosión había sellado la mina. Sin embargo, en 2018 se retomó el rescate, el cual sigue en curso con el compromiso de recuperar a todos los trabajadores atrapados.

    Por otro lado, en la mina de El Pinabete, Sheinbaum confirmó que la recuperación de los cuerpos ha concluido. Los diez mineros que quedaron atrapados tras la inundación del 3 de agosto de 2022 fueron finalmente rescatados. La presidenta detalló que el agua acumulada se filtró entre las grietas, sellando el acceso y dificultando la operación.

    Desde Palacio Nacional, también anunció la construcción de un memorial en honor a los mineros fallecidos. Este proyecto se llevará a cabo este año en coordinación con las familias de las víctimas, buscando preservar su memoria y rendirles homenaje.

    Entiendo que ya fueron reconocidos y entregados los últimos restos a la familia. Con esto se cerraría el capítulo del Pinabete“, expresó Sheinbaum, marcando el cierre de un difícil proceso de recuperación.

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  • FGR desmiente cancelación de ficha roja contra Cabeza de Vaca y advierte acciones contra jueces que lo han amparado

    FGR desmiente cancelación de ficha roja contra Cabeza de Vaca y advierte acciones contra jueces que lo han amparado

    La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) haya cancelado la ficha roja emitida contra el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta una orden de aprehensión en su contra. Además, advirtió que procederá legalmente contra los jueces que le han otorgado amparos.

    De acuerdo con la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero, la Interpol notificó a México que la ficha roja solo está suspendida temporalmente, como resultado de un amparo concedido al prófugo de la justicia, aunque dicha resolución no es definitiva, pues la FGR ya interpuso una impugnación.

    “Ello es con base en un criterio general de ese organismo internacional de suspender ese tipo de notificaciones cuando el caso lleva más de seis meses en determinado estatus. Lo cual puede variar en función de resultado de los recursos que estén en curso”, explicó la FGR.

    El fallido candidato al Senado, enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en dos casos distintos. No obstante, jueces de Tamaulipas han emitido resoluciones a su favor, aunque ninguna de ellas es definitiva.

    “En ambos casos jueces de amparo con sede en Tamaulipas han dictado resoluciones -no definitivas- con el ánimo de favorecerle. En uno de esos casos le concedieron un amparo que actualmente está en revisión, y en el otro, le otorgaron una suspensión para que no se cumpla la orden de aprehensión, que igualmente se encuentra en impugnación. Ambas decisiones judiciales son totalmente irregulares, y por ello han sido impugnadas”, puntualizó la Fiscalía.

    Ante esto, la FGR anunció que iniciará investigaciones contra los jueces que han emitido estas resoluciones y tomará las acciones legales pertinentes.

    Finalmente, la institución reiteró que Interpol no ha eliminado la ficha roja por considerar improcedentes las acciones legales emprendidas por la Fiscalía contra Cabeza de Vaca, desmintiendo así las versiones que buscan beneficiar al exgobernador.

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