Un juez dictó prisión preventiva contra los padres Lucio David “N” y Diana Jaciel “N” que abandonaron al bebé el pasado 11 de febrero en el municipio de Tultitlán en el Estado de México.
En días previos la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al caso de un bebé abandonado en Tultitlán, Estado de México como un caso aislado que son originados por causas más profundas generando este tipo de actos.
Fue el 11 de febrero cuando el bebé fue dejado en calles de la colonia Fuentes del Valle por Lucio; sin embargo, las imágenes del crimen se hicieron virales hasta el 12 de febrero, fecha en la que la mamá dio sus primeras declaraciones y responsabilizó al padre de lo ocurrido.
Los padres permanecen recluidos en el penal de Cuautitlán en donde llevarán su proceso después del desahogo de pruebas y se determinó que no alcanzarán fianza.
Este domingo 16 de febrero se llevó a cabo la primera audiencia en donde se resolvió dictar prisión preventiva a los jóvenes después de que fueran a disposición de la autoridades del Edomex.
El juez fijo el próximo 20 de febrero se determinará si son vinculados a procesos por la probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio del bebé.
El desfalco millonario que marcó la administración de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas en Campeche sigue saliendo a la luz. En un nuevo golpe contra la corrupción del pasado, fueron detenidos José Domingo “N”, exsecretario de Desarrollo Económico, y Pablo “N”, exdirector del Fideicomiso del 2 por ciento Sobre Nómina, ambos señalados por su presunta responsabilidad en el desvío de 25 millones de pesos.
El anuncio lo hizo la gobernadora Layda Sansores San Román durante la emisión número 138 de su programa “Martes del Jaguar”, donde confirmó que las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en el marco de la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.
Las pesquisas han revelado que el esquema de corrupción en el sexenio de Moreno Cárdenas se basó en la malversación de recursos destinados al desarrollo económico estatal. En lugar de canalizar los fondos para fortalecer el sector productivo, los funcionarios implicados habrían utilizado el dinero público para otros fines, los cuales aún están bajo investigación.
Desde su llegada al gobierno estatal, Layda Sansores ha denunciado las irregularidades heredadas de la administración priista, impulsando una estrategia de combate frontal contra la corrupción. Durante su programa, la mandataria dejó claro que el compromiso con la justicia es firme:
“No permitiremos que la corrupción siga impune. Cada peso robado al pueblo será investigado, y los responsables deberán enfrentar la justicia”, sentenció.
Este nuevo escándalo se suma a la larga lista de acusaciones que persiguen a Alejandro Moreno, actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ha sido señalado por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y abuso de poder.
El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, anunció la solicitud formal de desafuero contra el exgobernador y actual diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a fin de que pueda ser procesado penalmente por el delito de violación en grado de tentativa.
En una entrevista telefónica con la periodista Azucena Uresti, el fiscal confirmó que la denuncia fue interpuesta en octubre de 2024 por Fabiola “N”, media hermana del exfutbolista, quien lo acusa de haber intentado agredirla sexualmente en diciembre de 2023. La querella fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, instancia que ha integrado la carpeta de investigación en los últimos meses.
Carmona Gándara explicó que el desafuero es un procedimiento constitucional necesario para que el Ministerio Público pueda proceder penalmente contra un servidor público federal. La solicitud fue turnada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que deberá analizar el caso a través de la Sección Instructora y determinar si se retira la inmunidad al exmandatario.
El fiscal aseguró que la investigación se ha llevado conforme a derecho y confió en que no haya represalias políticas en contra del Ministerio Público ni de su persona. Subrayó que su deber es actuar contra quienes atenten contra la integridad de las mujeres, independientemente de su posición política o poder.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que Marilyn N. fue vinculada a proceso por el delito de amenazas, lo que se suma a la vinculación previa por usurpación de funciones, impuesta en noviembre de 2024.
De acuerdo con la Carpeta de Investigación, el 18 de noviembre de 2023, la imputada amenazó a un vecino luego de reclamarle por supuestamente hacer ruido, apuntándole a la cabeza con un arma de fuego. Posteriormente, repitió la misma acción en agravio de otra persona, también residente del Fraccionamiento Residencial Bugambilias, en la ciudad de Puebla, lo que derivó en una denuncia en su contra.
Las pruebas presentadas por la FGE de Puebla fueron suficientes para que el Juez de Control determinara su probable responsabilidad en el ilícito, por lo que se le vinculó a proceso bajo el cargo de amenazas continuadas, con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Cabe recordar que, en noviembre de 2024, Marilyn N. fue vinculada a proceso por usurpación de profesión, luego de que se hiciera pasar como psiquiatra.
En el marco de la investigación por el feminicidio de Karla Patricia Cortés Cervantes, ocurrido en diciembre del año pasado en la colonia Plenitud de la alcaldía Azcapotzalco, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención del presunto autor material del crimen.
El comunicado detalla que la captura se realizó en el municipio de León, Guanajuato, gracias a un operativo conjunto entre la Policía de Investigación (PDI) de la CDMX y la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato. Tras labores de de inteligencia, el señalado fue localizado en un fraccionamiento, donde se le notificó la orden de aprehensión y se le leyeron sus derechos constitucionales.
En seguimiento a una indagatoria por la privación de la vida de una mujer, agentes de la @PDI_FGJCDMX cumplimentaron, en el estado de Guanajuato, una orden de aprehensión contra un hombre, por su probable participación en los delitos de feminicidio y robo calificado, registrados… pic.twitter.com/GW7OkQX0k3
El ahora detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México, donde quedó a disposición del juez que lo requirió. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio apuntan a su probable participación tanto en el asesinato de Karla Patricia como en el delito de robo calificado.
La Fiscalía de la capital reafirmó su compromiso de garantizar justicia para las mujeres víctimas de violencia, trabajando bajo una perspectiva de género y un enfoque especializado. Asimismo, recordó que el detenido será tratado bajo el principio de presunción de inocencia hasta que se emita una sentencia definitiva por parte de las autoridades competentes.
Durante la conferencia matutina del 13 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su firme compromiso con la recuperación de los cuerpos de los mineros que fallecieron en el accidente de Pasta de Conchos en 2006. Sheinbaum afirmó que no se cerrará el caso hasta que se logre recuperar a todos los trabajadores atrapados en la mina.
“No se va a cerrar el caso hasta que no encontremos a todos (los mineros), sigue el trabajo (de recuperación). La coordinadora de Asuntos Intergubernamentales de la Presidencia, Leticia Ramírez, estuvo hace poco en una reunión con las familias de los mineros, le pedí que atendiera el tema de manera personal… Estamos trabajando en esos temas”, aseguró la mandataria.
En su intervención, Sheinbaum mencionó que Leticia Ramírez, coordinadora de Asuntos Intergubernamentales, ha estado en contacto reciente con las familias afectadas para abordar sus inquietudes. También solicitó la colaboración de Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, para asegurar que las operaciones de rescate avancen adecuadamente.
El trágico accidente en Pasta de Conchos, que tuvo lugar el 19 de febrero de 2006 en Coahuila, es recordado como uno de los más devastadores en la historia minera del país, con un saldo de 65 trabajadores fallecidos tras una explosión provocada por la acumulación de metano. La presidenta enfatizó la necesidad de seguir trabajando para brindar justicia y cierre a las familias que aún esperan recuperar a sus seres queridos.
Un operativo encabezado por la Policía de Investigación, bajo la coordinación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (FGJE), culminó en la detención de José Guadalupe “N”, conocido como “Pepe Lupe”, expresidente municipal de Tancanhuitz, acusado de estar presuntamente implicado en el asesinato del alcalde Jesús Eduardo Franco Lárraga, ocurrido el pasado domingo 15 de diciembre.
La captura se llevó a cabo en la colonia Residencial del Parque, en la capital del estado. Según las autoridades, José Guadalupe “N” es hermano de Manuel “N”, quien también fue detenido recientemente como presunto involucrado en el homicidio. Ambos desempeñaron el cargo de presidente municipal en Tancanhuitz en los periodos 2009-2012 y 2012-2015, respectivamente.
Durante el operativo, la policía realizó un cateo en una propiedad de José Guadalupe “N”, donde se encontraron armas de grueso calibre, un leopardo y evidencia que podría estar relacionada con el asesinato del alcalde Franco Lárraga. El atentado también cobró la vida de dos escoltas y del secretario particular del edil.
Aunque las autoridades han mantenido hermetismo sobre los cargos específicos que enfrentarán los detenidos, se prevé que en las próximas horas se celebre la audiencia inicial para determinar su situación jurídica.
Mientras tanto, la Fiscalía no descarta la posibilidad de más detenciones y se encuentra analizando líneas de investigación adicionales. La región de la Huasteca potosina sigue bajo fuerte vigilancia policial para garantizar la seguridad y esclarecer los hechos que han conmocionado al estado.
En un importante avance hacia la justicia, un Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, ratificó la sentencia de 90 años de prisión dictada contra cinco militares responsables del asesinato de Jorge Mercado, de 23 años, y Javier Arredondo, de 24, estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey.
Una sentencia ratificada por ejecución extrajudicial
El fallo fue emitido el pasado 5 de diciembre, cuando el Tribunal resolvió que los argumentos presentados por la defensa de los acusados carecían de fundamento, confirmando así la decisión tomada en octubre de 2022 por el juez José Reynoso Castillo.
Los magistrados calificaron la resolución del juez como acertada y destacaron que los elementos castrenses incurrieron en un caso claro de homicidio calificado con agravante de ventaja. En el fallo se subrayó que los actos perpetrados por los militares fueron una ejecución extrajudicial, conforme a los criterios establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Los militares actuaron, en resumen, con todo el poder del Estado, frente a dos civiles que esperaban de ellos la protección, respeto y garantía de sus derechos humanos”, señala la sentencia ratificada por el Tribunal.
Una lucha contra la impunidad
El colectivo “Todxs Somos Jorge y Javier” celebró el fallo a través de un comunicado difundido en redes sociales. En él, reconocieron la importancia de esta resolución para avanzar en la lucha contra la impunidad militar en México.
“Reconocemos este gran paso a favor de la verdad y la #JusticiaCompleta, y contra la impunidad militar, logrado gracias a las valientes y amorosas familias de Jorge y Javier, quienes por años han luchado por limpiar sus nombres y por la no repetición”, expresó el colectivo.
Un caso que marcó a México
El asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo ocurrió cerca de la medianoche del19 de marzo de 2010, en medio de un enfrentamiento entre militares y un grupo criminal en la avenida Eugenio Garza Sada, frente al campus del Tec de Monterrey.
Después del tiroteo, los militares ingresaron a las instalaciones del Tec y dispararon contra los dos estudiantes, además de golpearlos y colocarles armas para simular que eran sicarios. Inicialmente, el Ejército y la Procuraduría de Nuevo León declararon que los jóvenes eran parte de un grupo delictivo, afirmando que estaban “armados hasta los dientes”.
Sin embargo, esta versión fue refutada por autoridades del Tec y las familias de las víctimas. En 2017, tras años de investigaciones, se comprobó que los estudiantes fueron ejecutados directamente por los militares, desmintiendo también la versión de que habían muerto por fuego cruzado.
Un mensaje para las fuerzas armadas
La ratificación de la sentencia representa un hito en la lucha por justicia para Jorge y Javier, así como un mensaje claro sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas en el respeto a los derechos humanos. Este caso, que dejó una huella profunda en la sociedad mexicana, sigue siendo un recordatorio de la importancia de combatir la impunidad.
Un juez federal ha ordenado la liberación de Javier Bello Orbe, excomandante de la Policía Ministerial de Guerrero, quien fue señalado por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, señala en diario Reforma.
De acuerdo con información publicada por mencionado impreso, Raquel Duarte Cedillo, juez segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, emitió esta resolución el pasado 11 de diciembre, argumentando la falta de pruebas que sustentaran su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
Este fallo permitió que Bello Orbe abandonara el penal del Altiplano, donde estuvo recluido por apenas seis días. Según el criterio de la juez Duarte Cedillo, las pruebas presentadas no fueron suficientes para demostrar su implicación en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En el fallo señalaría que: “La suscrita resolutora considera que en el caso particular no se encuentra acreditada su probable participación, con las constancias que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito”.
La liberación de Javier Bello Orbe genera nuevas interrogantes sobre el avance de las investigaciones del caso Ayotzinapa, el crimen de Estado perpetrado en la administración del priista Enrique Peña Nieto y que posteriormente trato de ser ocultada por las mimas autoridades.
La resolución también pone en el centro del debate el desempeño de las instituciones judiciales y su capacidad para impartir justicia en casos de alta relevancia social.
La mañana de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum, fuel a su estilo firme, bateó a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que en días próximos ofrecerá su segundo y último informe al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la cual será renovada el año entrante gracias a la Reforma al Poder Judicial impulsada por el pueblo mexicano.
En su lugar la mandataria mexicana informó que enviará a un representante. Al ser cuestionada sobre su ausencia, Sheinbaum respondió: “No voy a ir, vamos a enviar a una persona”.
Este anuncio que no extraña, se debe a la distancia que hay entre la titular del Ejecutivo federal, que desde que asumió el poder, ha enfrentado y cuestionado la corrupción y malas prácticas que Norma Piña promueve dentro del que debería ser el máximo tribunal impartido de justicia para el pueblo.
Sumado a esto, en octubre, Sheinbaum rechazó una orden judicial que buscaba eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, uno de los débiles golpes políticos que Piña intentó asestar en contra de la voluntad de millones de mexicanos y que finalmente no dio resultados.
Sumado a esto, grupos de personas juzgadoras inconformes con la Reforma al Poder Judicial, hicieron varios intentos por tirar la ya promulgada reforma judicial, generando duros intercambios en las mañaneras del pueblo, donde Sheinbaum Pardo dejó ver los intentos de sabotaje a la democracia lanzados desde el PJ.
La ministra Norma Piña presentó su renuncia a finales de octubre de este año y permanecerá en el cargo hasta el 31 de agosto de 2025, mientras que su último informe se desarrolla en el ocaso de su estancia en la Suprema Corte y con un amplio rechazo popular.
