Edgar ‘N’, presunto jefe de plaza, es señalado por extorsión, lavado de dinero y manejo financiero de la célula criminal ligada a Los Mayos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles la detención de Edgar ‘N’, alias ‘El Limones’, presunto integrante de Los Cabrera, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa. La captura se llevó a cabo en Durango durante un operativo conjunto de la Marina, Defensa Nacional, SSPC y Fiscalía General de la República (FGR).
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que ‘El Limones’ era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo criminal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones irregulares y depósitos millonarios de origen injustificado, además de triangulación de dinero hacia empresas relacionadas con lavado de dinero.
Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la… pic.twitter.com/kfqEV5pI8N
‘El Limones’ se desempeñaba como jefe de plaza en la región Laguna, bajo las órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”, y también fungía como secretario de CATEM Durango. Las investigaciones señalan que participó en la compra y venta de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta, consolidando de esta manera su rol como operador financiero de la organización.
Durante la detención, realizada alrededor de las 5:46 horas en la colonia José Guadalupe Rodríguez, se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico. García Harfuch destacó que la captura constituye un golpe directo a las redes de extorsión, alineado con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La célula Los Cabrera Sarabia es aliada de la facción Los Mayos, liderada por Ismael Zambada Sicairos, ‘Mayito Flaco’, y opera principalmente en Durango y Coahuila, donde extorsiona, lava dinero y mantiene control territorial.
El exgobernador de Chihuahua permanecerá en el Penal del Altiplano mientras la FGR decide su vinculación a proceso por desvío de recursos públicos.
Un juez federal impuso prisión preventiva justificada a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, en el Penal del Altiplano, por su presunta responsabilidad en el lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos, desviados del erario a dos de sus empresas.
La jueza María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, agendó para este sábado la audiencia en la que determinará si vincula a proceso a Duarte. La medida cautelar se adoptó tras una audiencia de 14 horas y media, pese a que el exmandatario ya portaba un brazalete electrónico por otro proceso en Chihuahua.
La decisión se fundamenta en que Duarte no acreditó su arraigo en algún domicilio actual y podría obstaculizar la investigación de quedar en libertad. La audiencia inicial, que comenzó con retraso, concluyó pasada la 1:30 de la madrugada.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Duarte haber lavado el 76% de 96.6 millones de pesos desviados del erario entre junio de 2011 y noviembre de 2014, a través de ocho operaciones financieras dispersas entre personas físicas y morales. Los recursos fueron transferidos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.
La FGR presentó 120 pruebas, incluyendo dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas constitutivas y comprobantes bancarios. Además, los recursos desviados fueron triangulados a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, El Saucito de Balleza e incluso a su esposa Bertha Olga Gómez Fong.
El nombre de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua y exdiputado federal, volvió a los titulares al confirmarse su recaptura en Chihuahua. Este arresto, a cargo de la FGR bajo la dirección de Ernestina Godoy, marca el inicio de un nuevo proceso penal de fuero federal por Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
El exgobernador de Chihuahua, exdiputado federal y exmiembro del PRI, ha enfrentado una larga lista de acusaciones que van desde el peculado hasta el lavado de dinero.
El 8 de diciembre de 2025, la FGR confirmó la recaptura de César Duarte en la capital de Chihuahua, como parte de una nueva acción penal por su presunta responsabilidad en delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Y no es un capricho, como algunos comentócratas opinan. No. La detención, en realidad, obedece a una orden de aprehensión emitida por un juez federal en mayo de 2024, que solo pudo ejecutarse tras la autorización del gobierno de Estados Unidos, país que previamente lo había extraditado en 2022 por otras acusaciones.
La fiscal Ernestina Godoy, quien recientemente fue nombrada titular de la FGR, aceleró la ejecución de este expediente, dándole continuidad a una investigación que se gestó durante la gestión del polémico Alejandro Gertz Manero. En ese momento, y en cuanto recibió luz verde de Washington, la FGR de Gertz Manero ordenó su captura y su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, una cárcel en la que han estado detenidos delincuentes como Joaquín “el Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.
Ahora bien, las acusaciones contra Duarte no son nuevas ni escasas. De hecho, en su contra, se han librado 21 órdenes de aprehensión (20 locales y una federal) por diversos delitos. Le enumeró algunos de ellos:
Peculado agravado
Asociación delictuosa
Lavado de dinero
Enriquecimiento ilícito
Uso indebido de atribuciones
Financiamiento ilegal al PRI
Retención de salarios a burócratas
Robo de ganado destinado a pequeños productores
Y presunta creación de un banco con recursos públicos
Pero eso no es todo. Además, Duarte ha sido señalado como protagonista de la Operación Safiro, un esquema de desvío de recursos públicos para financiar campañas del PRI, y de contar con una ‘nómina secreta’, mediante la cual habría entregado sobornos a políticos, periodistas y líderes sindicales.
Pero hay una pregunta que debe responderse: ¿Cuál fue el origen de las investigaciones contra Duarte?
Le doy los detalles: el proceso judicial se remonta al sexenio de Javier Corral, sucesor de César Duarte como gobernador de Chihuahua.
De hecho, durante su toma de protesta en 2016, Corral, antes panista y actual simpatizante de Morena, anunció que se llevarían a cabo investigaciones por irregularidades detectadas durante la entrega-recepción.
Es importante destacar que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador también se presionó públicamente para que no se permitiera la impunidad. Le digo más: en 2022, López Obrador acusó que la administración de Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, estaba otorgando beneficios judiciales al exgobernador Duarte y obstaculizando la justicia.
Hay quien se pregunta: ¿Qué pasó con la primera detención de César Duarte? Yo se lo digo: César Duarte fue capturado por primera vez el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y su extradición se concretó el 2 de junio de 2022. Sin embargo, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos exige que el país solicitante solo procese al extraditado por los delitos expresamente incluidos en la solicitud original.
Ahora bien, tras permanecer dos años en prisión, una jueza penal ordenó el cambio de medida preventiva y Duarte fue puesto en libertad. Previo a su detención, el exmandatario priísta continuaba dicho proceso legal con un brazalete de localización.
Pero le cuento más: su administración en Chihuahua, que comprendió de 2010 a 2016, estuvo marcada por un pernicioso control sobre los medios de comunicación locales, viajes oficiales sin justificación (163 vuelos a Estados Unidos) y un manejo opaco de los recursos estatales. Duarte dejó al estado con una deuda de más de 55 mil millones de pesos.
Entre las múltiples investigaciones sobre Duarte destaca la compra de al menos seis ranchos en un periodo de apenas cinco meses, muchos de ellos presuntamente adquiridos con recursos públicos. A César Duarte se le acusa también de construir una presa en una de sus propiedades sin permisos y de adquirir bienes de lujo tanto en México como en Estados Unidos, con recursos cuya procedencia no ha podido justificar.
En total, las autoridades han asegurado 16 ranchos vinculados a Duarte y su familia.
Uno de los casos más polémicos durante su administración fue el asesinato de Marisela Escobedo, quien fue asesinada en 2010 frente al Palacio de Gobierno mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija.
Ese es César Duarte, el exgobernador priista a quien algunos desbrujulados intentan defender.
Tras casi una década de señalamientos, el exgobernador de Chihuahua enfrenta nuevas acusaciones de operaciones con recursos ilícitos y desvío multimillonario de fondos públicos.
El exgobernador de Chihuahua, César “N”, fue trasladado la noche del 8 de diciembre al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en el Estado de México, resguardado por autoridades federales. Este martes 9 de diciembre, será presentado ante un juez de control en una audiencia de imputación, donde se definirá si enfrenta vinculación a proceso por lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte es investigado por presunta participación en un esquema de desvío de recursos estatales y uso irregular del Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos ilícitos. La nueva orden de aprehensión, emitida el 16 de mayo de 2024, fue finalmente ejecutada este lunes en Chihuahua capital.
El historial legal de Duarte es extensa: gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido en Miami en julio de 2020, extraditado a México en junio de 2022 y enfrentó procesos por peculado y asociación delictuosa. Tras una libertad condicional bajo arraigo domiciliario, hoy regresa a prisión, dejando de lado medidas cautelares previas.
Investigaciones periodísticas y fiscales documentan la creación de fideicomisos privados, sociedades financieras y el Banco Progreso Chihuahua, con presuntos movimientos de hasta 80 mil millones de pesos en recursos públicos, además de contratos millonarios a familiares. También se señalan adquisiciones de ranchos y presas sin permisos, afectando comunidades locales en Balleza.
Con su reingreso al Altiplano, la audiencia definirá si Duarte enfrenta la causa penal en reclusión y cómo avanzarán los expedientes abiertos por peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero, convirtiéndose nuevamente en uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.
Paul Campo, un exagente de la DEA, fue detenido por su probable colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo blanqueo de activos y tráfico de narcóticos.
El exagente de la DEA, Paul Campo fue arrestado por su supuesta participación en el lavado de millones de dólares para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según informes del Departamento de Justicia de EUA, Campo y su amigo Robert Sensi ofrecieron apoyo al cártel en actividades ilegales.
Las acusaciones incluyen conspiración de narcoterrorismo y lavado de dinero. Terrance C. Cole, administrador de la DEA, destacó que este caso envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, incluso quienes alguna vez la defendieron.
Campo y Sensi intentaron lavar cerca de 12 millones de dólares a través de criptomonedas. Además, supuestamente facilitaron el tráfico de aproximadamente 220 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Según el fiscal federal Jay Clayton, esta actividad traiciona la misión de la DEA y pone en riesgo la seguridad pública.
Durante su carrera, Campo se desempeñó como subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras de la DEA, donde acumuló 25 años de experiencia. Su arresto ilustra cómo algunos pueden desviar su compromiso con la ley hacia actividades corruptas.
Campo y Sensi también planearon adquirir drones y armas, como riflesAR-15 y lanzagranadas, usando su conocimiento previo en finanzas. La DEA reforzará su lucha contra el CJNG y aquellos que apoyan sus operaciones delictivas. La confianza pública debe ser respetada, y estos hombres enfrentarán las consecuencias de sus acciones.
El gobierno federal busca evitar la impunidad en los casos de factureras y delitos de cuello blanco cometidos durante el sexenio de Peña Nieto.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México mantiene activa la solicitud de extradición contra Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario señalado por lavado de dinero, defraudación fiscal y operaciones ilegales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, permanece detenido en el extranjero y su proceso continúa bajo seguimiento del gobierno federal.
Sheinbaum explicó que, durante una reunión de seguridad, solicitó información al representante de la Fiscalía General de la República. “Se está pidiendo la extradición; está detenido, fue la información que nos dieron”, aseguró. También adelantó que la nueva titular en funciones de la FGR, Ernestina Godoy, deberá revisar el expediente para garantizar que el proceso avance sin influencia política ni retrasos.
La mandataria insistió en que su administración mantiene como prioridad la cero impunidad en casos vinculados tanto a la delincuencia organizada como a delitos financieros de alto impacto. En ese sentido, también fue cuestionada sobre el empresario Raúl Manuel Beyruti Sánchez, conocido como “El Rey del Outsourcing”, quien ha sido relacionado con una red de lavado de dinero y continúa bajo investigación.
Sheinbaum señaló que Beyruti, pese a tener una orden de aprehensión, logró realizar movimientos empresariales hace un par de años, algo que deberá ser esclarecido por la Fiscalía. “Ahora que está el nuevo equipo en la FGR, tiene que revisarse este y otros casos. Lo importante es que se acabe el flagelo de las factureras y que quienes sigan participando en estos esquemas reciban sanciones”, afirmó.
Con estas declaraciones, el gobierno federal reafirma su postura de avanzar en expedientes emblemáticos de corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero, que durante años se mantuvieron sin resolución.
Las sanciones superan los 18 millones de pesos y se suman a las acciones recientes del organismo contra otras instituciones financieras por fallas en prevención de lavado de dinero.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó un total de 26 multas a Banco Base y Banco Mifel por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero, informó la autoridad supervisora del sistema financiero.
En conjunto, las sanciones superan los 18 millones de pesos. Banco Mifel, dirigido por Daniel Becker, recibió 20 multas por más de 8 millones de pesos, derivadas de irregularidades ocurridas en 2021, como la omisión de información financiera actualizada y la falta de cargos completos de sus directivos.
Por su parte, Banco Base, liderado por Lorenzo Barrera Segovia, fue sancionado con 6 multas que también superan los 8 millones de pesos. Los incumplimientos datan de 2020 e incluyen la omisión de reportes de transferencias internacionales y deficiencias en los sistemas de procesamiento de información.
La CNBV indicó que estas multas son apelables, pero hasta el momento ninguna de las instituciones ha presentado recursos de defensa ni efectuado el pago de las sanciones.
Estas medidas se suman a otras acciones recientes del organismo, cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntas facilidades a operaciones de lavado de dinero.
Además, la CNBV aplicó 14 sanciones a Finsus, una Sociedad Financiera Popular que busca licencia para operar como banco, por irregularidades del año 2020 en prevención de lavado de dinero, con un monto superior a 8 millones de pesos.
México y Estados Unidos coordinan sanciones financieras y arrestos para desmantelar la red internacional de tráfico de drogas dirigida por el ex snowboarder olímpico.
El gobierno mexicano trabaja junto al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para bloquear los activos de Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense y uno de los diez más buscados por el FBI, señalado por liderar una red internacional de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato de testigos federales.
Considerado “un criminal extremadamente violento”, Wedding habría operado desde México, coordinando importación de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, mientras ordenaba múltiples asesinatos. La OFAC sancionó también a nueve personas y empresas vinculadas, entre ellas familiares y colaboradores directos, así como empresas fachada en México, Canadá, Italia y Reino Unido utilizadas para lavado de dinero y blanqueo de activos con criptomonedas.
La Fiscal General de EUA, Pam Bondi, señaló que Wedding trabaja en estrecha relación con el Cártel de Sinaloa y que no descansarán hasta desmantelar su organización. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, precisó que el ex snowboarder utilizaba la violencia y sobornos para mantener su red operativa.
Entre los sancionados figuran su esposa Miryam Andrea Castillo Moreno, su pareja Daniela Alejandra Acuña Macías, y colaboradores clave como Édgar Aaron Vázquez Alvarado, ex policía con vínculos en México, y Deepak Balwant Paradkar, abogado canadiense. Además, la red incluye al joyero canadiense Rolan Sokolovski y al ex militar italiano Gianluca Tiepolo, encargados de lavar dinero y administrar bienes de lujo y criptomonedas.
La recompensa por información que conduzca a la detención de Wedding se elevó a 15 millones de dólares, y las autoridades enfatizan que el cerco financiero y judicial continuará hasta lograr su captura y la desarticulación completa de su red transnacional.
El presunto operador del CJNG y del Cártel de Sinaloa enfrenta múltiples cargos en EUA por narcotráfico y lavado de dinero.
Zhi Dong Zhang, apodado “Brother Wang”, ha sido extraditado a Estados Unidos tras su detención en Cuba. Este individuo, vinculado a las poderosas organizaciones criminales del Cártel de Sinaloa y el CJNG, se presentó recientemente ante un tribunal federal en Brooklyn.
Las autoridades han acusado a Zhang de varios delitos graves. Entre ellos se encuentran la distribución y conspiración para la importación y distribución de cocaína y metanfetamina, así como el lavado de dinero. Según el Fiscal General Adjunto de EUA, Todd W. Blanche, Zhang lideró una red internacional dedicada a introducir grandes cantidades de drogas en el país.
La acusación formal revela que Zhang operaba principalmente en México desde 2016. Para llevar a cabo sus actividades, utilizaba una red de coordinadores que transportaban cocaína y fentanilo a varios lugares en Estados Unidos. Durante los meses de enero y febrero de 2022, habría coordinado la entrega de 11 kilogramos de cocaína y 1 kilogramo de fentanilo en Atlanta.
Una vez que la droga llegaba a su destino, se usaban casas de seguridad en Georgia y California para recoger las ganancias. Este ingenioso esquema de lavado de dinero involucró a más de 150 empresas y aproximadamente 170 cuentas bancarias, acumulando cerca de 20 millones de dólares.
La captura de Zhang se considera un golpe significativo contra el narcotráfico. Ricky J. Patel, de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional, destacó que las acciones de Zhang han contribuido a una crisis de sobredosis y a la violencia en comunidades de EUA y otras partes del mundo.
La extradición se llevó a cabo después de que un tribunal mexicano emitiera una orden de arresto a solicitud de las autoridades de Nueva York y Georgia. Actualmente, Zhang enfrenta la posibilidad de una cadena perpetua si es hallado culpable de los cargos que se le imputan.
La historia de Zhi Dong Zhang no solo refleja los peligros del narcotráfico, sino también los esfuerzos de las autoridades para combatir estas organizaciones que afectan la seguridad y el bienestar de la sociedad.
En un operativo conjunto, se identifican y bloquean a diez personas y nueve empresas involucradas en el tráfico de drogas y lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EUA, llevó a cabo una importante operación para desmantelar una organización criminal. Este grupo, que opera a nivel transnacional, se dedica al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos.
La acción resultó en el bloqueo de diez personas y nueve empresas, aunque las autoridades no han revelado sus identidades. Sin embargo, se ha vinculado este operativo con una red criminal encabezada por el ex atleta olímpico canadiense, Ryan Wedding.
La información recabada muestra que esta organización utiliza estructuras complejas para encubrir el origen de sus recursos obtenidos de actividades ilícitas. Se detectaron empresas que simulan operaciones comerciales, además de la compra de bienes raíces y la dispersión internacional de fondos.
Las investigaciones revelaron conexiones en varios países, incluidos Canadá, EUA, Colombia, Italia y Reino Unido. Se identificaron transferencias internacionales y empresas que operan en actividades delictivas.
La UIF ha documentado movimientos financieros irregulares y la triangulación de recursos a través de empresas fachada. Estos esquemas están diseñados para ocultar y gestionar activos ilegales. Las acciones de la UIF buscan proteger la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero.
Este operativo subraya el compromiso de México y EUA en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Las autoridades mexicanas reafirmaron su objetivo de evitar que los recursos ilícitos ingresen al sistema financiero, tanto nacional como internacional.
La UIF, creada en 2004, es el organismo responsable de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Recibe y analiza reportes de operaciones financieras sospechosas, contribuyendo así a la detección y denuncia de actividades delictivas. Este esfuerzo conjunto marca un importante avance en la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones financieras.
