Fitch Ratings ha decidido dejar de calificar a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Esta decisión surge tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre lavado de dinero.
La calificadora informó que el retiro de las calificaciones responde a “razones comerciales”. Antes de esta decisión, Fitch ya había reducido las notas a ‘CCC(mex)’ para riesgo a largo plazo y ‘C(mex)’ para corto plazo.
Fitch explicó que esta baja refleja un debilitamiento en los perfiles de negocio y financieros de las tres instituciones. Estos cambios están relacionados con el daño reputacional tras las acusaciones del Tesoro estadounidense, que vinculan a las entidades con el tráfico ilícito de opioides.
Este es el segundo recorte que Fitch realiza desde que el Tesoro emitió las órdenes contra estas entidades el 25 de junio. Desde entonces, Fitch ha notado tendencias negativas en la generación de ingresos de CIBanco, Intercam y Vector.
Las instituciones han enfrentado la salida de clientes y una disminución en sus volúmenes de operación. Además, Fitch ha observado un deterioro en la liquidez de CIBanco e Intercam.
A pesar de los esfuerzos para mantener sus operaciones, Fitch considera que la calidad crediticia de estas entidades podría seguir debilitándose. Esto se debe a la reacción de los clientes tras los anuncios del Tesoro.
La prohibición de instituciones financieras en EE.UU. Para realizar transacciones con estas entidades se aplazó hasta el 4 de septiembre de 2025. Fitch señala que, aunque estas instituciones cumplen con sus obligaciones, el riesgo de incumplimiento es muy alto en comparación con otros emisores en el país.
La Secretaría de Hacienda aclaró que no existen pruebas contundentes de actividades ilícitas por parte de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impusiera multas históricas por 185 millones de pesos a estas instituciones entre el 25 y el 30 de junio.
Las sanciones, señaló Hacienda, derivan de incumplimientos administrativos, y no de vínculos probados con lavado de dinero, como sugirió en su momento el Departamento del Tesoro de EE.UU. La dependencia federal reiteró que, de contar con evidencia de delitos financieros, se actuará con todo el peso de la ley.
El comunicado busca mantener la confianza en el sistema financiero y aclarar que las multas reportadas por la CNBV no son nuevas, sino parte del mismo proceso informado desde el 25 de junio, cuando se impusieron las primeras sanciones por 134 millones de pesos. Los 50 millones restantes corresponden a revisiones previamente notificadas.
En medio del escrutinio internacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, luego de que estas entidades fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el CJNG.
Con base en una investigación de Karina Suárez para El País, el registro oficial de la CNBV indica que en junio se aplicaron 53 multas a los dos bancos y a la casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo. En el caso de CIBanco, las sanciones ascienden a 67 millones de pesos, derivadas de fallas en la prevención de lavado de dinero y manejo irregular de grandes cantidades de dólares en efectivo.
Intercam, por su parte, fue multado con 92 millones, al no contar con registros automatizados de operaciones inusuales ni protocolos eficaces para clientes de alto riesgo. La firma respondió que las sanciones corresponden a datos de 2023 y aseguró que ha sido auditada con éxito por firmas como PwC y EY.
En cuanto a Vector, recibió 26 multas por más de 27 millones de pesos, aunque en este caso por incumplimientos a la Ley de Fondos de Inversión, y no por temas de blanqueo de capitales.
Las sanciones llegan en un contexto tenso, tras el endurecimiento de la política antidrogas de EE. UU. y los cuestionamientos del expresidente Donald Trump hacia México. Aunque las autoridades mexicanas han intentado transmitir calma, el escándalo ya provocó reacciones: intervenciones regulatorias temporales, retiros de inversionistas y la baja en la calificación crediticia de las tres instituciones por agencias como Fitch y S&P Global.
El mensaje del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido claro: habrá vigilancia estricta sobre el sistema financiero, incluso si ello implica asumir costos políticos y económicos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas multas surgen tras acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero para cárteles mexicanos.
Intercam recibió la mayor cantidad de sanciones, acumulando 26 multas por un total de más de 92 millones de pesos. CIBanco fue multado con 66 millones de pesos, mientras que Vector Casa de Bolsa enfrentó sanciones por 26 millones de pesos.
Las multas fueron impuestas entre el 25 y 30 de junio, tras las acusaciones del Departamento del Tesoro. Las instituciones fueron señaladas por no cumplir con diversas disposiciones para prevenir el lavado de dinero y por fallas operativas.
La CNBV identificó problemas en los sistemas de recepción y registro de órdenes de compra-venta de acciones. También hubo omisiones en la entrega de información a los inversionistas y en la actualización de prospectos de fondos de inversión.
Además, las tres entidades financieras no cumplieron con las políticas de comunicación con organismos autorregulatorios. Estas faltas generan preocupación entre los reguladores sobre los riesgos en el sistema financiero.
Las infracciones ocurrieron entre 2021 y 2024, y aún no han sido pagadas. Las instituciones pueden impugnar las multas mediante recursos de revisión o juicios de nulidad.
Si aceptan las infracciones, las instituciones pueden obtener un descuento del 20 por ciento si pagan en los siguientes quince días hábiles. Las sanciones se canalizan a la Tesorería de la Federación, el SAT o Banxico.
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de facilitar operaciones para grupos delictivos. Ante esto, la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones, reemplazando a sus directivos.
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. ordenó a todos los bancos estadounidenses cortar transferencias que involucren a estas instituciones. Aunque se dio una prórroga, el nuevo plazo para cumplir con estas medidas es el 4 de septiembre.
Estados Unidos ha intensificado sus solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México desde 2022, con 388 peticiones acumuladas entre 2020 y 2024, según reportes oficiales.
A través de la red Egmont, mecanismo internacional para el intercambio de inteligencia financiera, el gobierno estadounidense elevó su vigilancia sobre posibles operaciones vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en territorio mexicano. Tan solo en 2022 se realizaron 110 solicitudes, frente a las 45 de 2020.
La UIF, encabezada por Pablo Gómez, aseguró que todas las peticiones han sido respondidas conforme a los compromisos internacionales. La dependencia rechazó que se haya reservado información en los reportes que recibe del extranjero.
La presión estadounidense coincide con recientes señalamientos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunta complicidad en operaciones relacionadas con el fentanilo. Las sanciones, previstas inicialmente para julio, se pospusieron hasta el 4 de septiembre.
¡Exclusiva! Préstamos fantasma y contratos turbios: la trama de Grupo Salinas.
Salinas Pliego, García Luna y Cárdenas Palomino: El triángulo de oro del lavado de dinero.
La justicia mexicana ha comenzado a desentrañar una de las redes de corrupción más intrincadas y cínicas de las últimas décadas, que salpica y mancha a figuras de alto perfil empresarial y gubernamental.
En el centro de esta oscura maraña se encuentran la empresa Adamantium Security, vinculada al magnate Ricardo Salinas Pliego, y los exzares de la seguridad pública, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
Y lo que a primera vista parecen transacciones financieras legítimas, se han revelado como un sofisticado esquema de lavado de dinero que desvió millones de pesos de las arcas públicas hacia los bolsillos de estos funcionarios.
A través de un reportaje exclusivo para ReporterosMx, profundizamos en los mecanismos, actores e implicaciones de esta vasta y turbia operación.
Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V propiedad del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, participó en la red de corrupción y lavado de dinero orquestada por Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna.
De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019, la empresa de Salinas Pliego habría concedido dos préstamos, uno por 10 mdp y el otro por 9 mdp, a la empresa Adamantium Private Security S. de R.L de C.V, dirigida por Luis Cárdenas Palomino, y que, curiosamente también figura como una subsidiaria de Grupo Salinas.
Pero Arrendadora Internacional Azteca no habría sido la única en prestar sus servicios financieros para la red de corrupción de Cárdenas Palomino y García Luna.
A través de Nueva Elektra del Milenio S.A de C.V, las subsidiarias de Grupo Salinas realizaron depósitos a Adamatium Private Services y a la propia cuenta en Banco Azteca de Cárdenas Palomino.
Así lo revela, con datos duros, una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que, en 2023, desentrañó la participación de al menos una decena de empresas fachada que sirvieron de “lavandería” para Luna y Palomino.
Le cuento más detalles:
Entre 2013 y 2019, Cárdenas Palomino y García Luna, quienes otrora se habían encumbrado como zares de la seguridad pública en México, recibieron millones de pesos por contratos, que nunca fueron esclarecidos tanto de la Secretaría de Gobernación (Segob) como de la Tesorería de la Federación y del Gobierno del entonces Distrito Federal.
Dichos recursos eran filtrados a través de una red de empresas que, eventualmente, se encargaban de hacerle llegar el dinero tanto a Cárdenas Palomino como a Genaro García Luna y a sus familiares.
Una de las empresas resultó ser NUNVAV IN, con sede en Panamá y operaciones en México.
Una empresa medular para la trama de lavado.
NUNVAV IN era la encargada de distribuir millones de pesos a otras empresas dedicadas a la publicidad, la seguridad privada, la construcción, la consultoría e incluso la tecnología.
Sin embargo, la compleja red de empresas servía para que dos personajes ultrainfluyentes en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, llenaran sus carteras, sus bolsillos y sus cuentas bancarias a manos llenas.
Azteca da préstamos a Palomino
De acuerdo con la UIF, en 2019 Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V SA prestó un total de 19 millones de pesos a Andamantium Private Services, empresa de seguridad privada dirigida por Cárdenas Palomino y que, curiosamente, en lo legal, es propiedad del autonombrado “Tío Richie”.
Nada extraño, para una empresa que iniciaba operaciones si no fuese porque la Arrendadora de Salinas Pliego se dedica, como bien lo explica su nombre, a la renta de equipo de cómputo, telecomunicaciones, autos y bienes inmuebles.
Recordemos que Arrendadora Internacional es una subsidiaria al 99.83% de CASA, una empresa dirigida precisamente por Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
A su vez, Adamantium Private Security Services figura como una empresa del Grupo Salina dedicada a la seguridad privada, pero dirigida por Cárdenas Palomino.
Y esta información es indispensable para entender lo que sucedería después.
Entre 2017 y 2019, aquella empresa de seguridad se benefició de innumerables contratos federales, algunos por adjudicación directa y otros por licitación.
Durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, Adamantium recibió 24 contratos públicos por un total de 510 millones 470 mil pesos.
La empresa, según consta en los registros federales, prestó servicios al Gobierno de Puebla, del entonces Distrito Federal y de la propia corporación federal que dirigía Palomino, a la cual brindaba equipo de rastreo y seguridad.
Adamantium Private Security Services también recibió recursos procedentes de NUNVAV desde Estados Unidos.
El beneficiario final de 4.1 millones de pesos fue Cárdenas Palomino, el brazo derecho del hoy convicto Genaro García Luna.
Ese mismo año, 2019, Adamantium realizó un depósito de 6.2 millones de pesos a MIGALAB Construcciones, al mismo tiempo Nueva Elektra del Milenio realizó otro depósito por 3.2 millones de pesos.
Y las cosas no pararon ahí.
A su vez, MIGALAB pasó los recursos por otras dos empresas que iniciaron operaciones manejando altos volúmenes de dinero como Diseño y Publicidad Gonther, Adamantium Private Security Services o Esfaga SC.
Pero las cosas tampoco se detuvieron en esa parte.
Además de participar en el esquema de corrupción que en última instancia benefició a García Luna y Cárdenas Palomino, la arrendadora de Salinas Pliego tuvo una sospechosa participación en el caso Fertinal, una trama mediante la cual Pemex adquirió Grupo Fertinal con posible sobrepecio.
La empresa fue vendida a Pemex en 2016 por 635 millones de dólares, incluyendo deuda, precio que se infló en casi 200 millones de dólares.
La compra se cerró un día antes de que venciera la deuda de Fertinal con Banco Azteca, resultando extremadamente costosa para Pemex.
Lo que más llama la atención es que, desde su aparición en escena, en 2005, la Arrendadora de Salinas Pliego ha funcionado más como un banco, que como una empresa que alquila computadoras.
Palomino llegó a la Policía a robar
El ascenso de Luis Palomino inició en 1989 cuando ingresó al CISEN, dos años después en 1993, dirigió el primer operativo del Centro Nacional de Control de Drogas. Para 2001, cuando ingresó a la AFI, el brazo derecho de García Luna ya había tejido una poderosa red de amigos y distribuidores.
Tras su salto a la “fama” con el caso de FlorenceCassez en 2005, Palomino asumió la coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal.
Palomino operaba desde sus oficinas centrales de la extinta Policía Federal, ubicadas en el denominado “búnker de Iztapalapa”.
Desde ahí “El Oaxaco”, como apodaban a Palomino sus propios colaboradores, debido a su actitud déspota y racista, recibía informes sobre cada punto aeroportuario y retén, donde se hubiese decomisado droga.
El objetivo, por supuesto, no era la lucha contra el crimen organizado, sino la batalla por el trasiego.
Un expolicía federal que operó en 2012 en las instalaciones del AICM, pero que por temor a represalias prefiere no ser identificado, recuerda para ReporterosMx el momento en que Palomino ordenó aniquilar a tres agentes, que traficaban droga de un cártel rival el 25 de junio de 2012.
“Palomino sabía que agentes federales traficaban droga sin su autorización, así que mandó a tres policías de inteligencia a eliminarlos. Ante el Ministerio Público, la versión oficial fue que investigaban a tres agentes por corrupción y vínculos con el narco, pero al interior del aeropuerto, todos sabíamos que había sido El Jefe”, contó.
El expolicía admite no contar con documentos probatorios porque Palomino, además de ser un sujeto déspota, era en extremo cuidadoso.
“No hablaba con nadie, llegaba de sorpresa, cuando nos presentábamos a rendirle, nos ignoraba pasaba de largo y se subía a su auto”, asegura.
Pero entre los pasillos todos sabíamos que “era un wey al que le gustaba la lana, y que era muy amigo del Cártel de Sinaloa. Él decidía quien pasaba por el aeropuerto. Nosotros debíamos entregar un reporte detallado de todos los incidentes relacionados con cargamentos de droga y especificar cuánto y a quiénse le decomisaba. Él delegaba encargados y ya ellos decían este sí, este no pasa”
“Palomino llegó a la Policía Federal a robar, desde ahí empezó la decadencia de la corporación. Con él y con García Luna. Hubo muchos mandos de la PF que lo permitieron y que los apoyaron porque los deslumbró el dinero que recibían, pero nunca les interesó la seguridad ni el trabajo como policías”, narró para ReporterosMx.
Sin embargo, la fama le duró poco Cárdenas Palomino, el socio de García Luna, quien desde 2021 se encuentra preso en el Penal del Altiplano en espera de ser juzgado por su participación en el operativo Rápido y Furioso, la cual sirvió para, presuntamente, comerciar armas procedentes de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a tres instituciones financieras mexicanas por sospechas de lavado de dinero. Fitch Ratings considera este evento como un estrés significativo para el sector.
Las instituciones afectadas son Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa. Fitch advirtió sobre los riesgos de sanciones y contagio en el sistema financiero mexicano. Aunque estas entidades tienen una participación limitada en el mercado, la reacción regulatoria ha evitado una disrupción mayor.
Fitch destacó que las actividades comerciales de las instituciones afectadas podrían verse distorsionadas por congelaciones de activos y devoluciones de transacciones. Esto podría afectar la confianza en el sistema financiero en su conjunto.
La calificación de estas entidades ha disminuido, reflejando su mayor vulnerabilidad. Fitch señaló que la situación puede erosionar la viabilidad y continuidad operativa de las instituciones.
A partir del 21 de julio de 2025, las instituciones financieras estadounidenses no podrán realizar transacciones con ellas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha asumido temporalmente el control de estas entidades debido a problemas operacionales.
Los bancos grandes y otros participantes del mercado han comenzado a retirar fondos, afectando la liquidez de las instituciones. A pesar de esto, CI Banco, Intercam y Vector siguen operando.
Fitch mencionó que estos bancos representan una pequeña parte del sistema bancario mexicano. Sus modelos de negocio concentrados en el comercio mayorista de divisas los hacen más vulnerables a riesgos.
Otros bancos podrían absorber sus actividades de corretaje cambiario, dado que todos pueden operar en este segmento. No obstante, el riesgo reputacional puede llevar a la migración de clientes hacia competidores.
La CNBV ha sancionado a Intercam Banco anteriormente por deficiencias en la prevención de lavado de dinero. La situación actual sigue siendo un tema de atención para el sistema financiero mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos que haga más para frenar el tráfico de armas hacia México.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que los cárteles de la droga utilizan estas armas para aumentar su poder. También mencionó que es necesario actuar contra el lavado de dinero.
Sheinbaum afirmó que el Departamento de Estado de EE.UU. reconoció que el 70 por ciento de las armas ilegales en México provienen de su territorio.
La mandataria federal insistió en la colaboración entre México y EE.UU. Por lo que, subrayó que es vital que el gobierno estadounidense refuerce sus esfuerzos en este tema.
La lucha contra el tráfico de armas y el lavado de dinero requiere acción coordinada de ambas naciones.
Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, se declarará culpable el 9 de julio de varios cargos relacionados con el tráfico de drogas. Este evento marcará un hito en la historia del Cártel de Sinaloa.
Guzmán enfrenta cinco cargos, que incluyen tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Desde su arresto en enero de 2023 en Culiacán, México, ha estado negociando un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU.
Este acuerdo le permitirá evitar un juicio y cooperar en otras investigaciones criminales. Ovidio será el primer hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán en ser declarado culpable en una corte estadounidense.
Su captura en 2023 fue parte de un operativo del ejército mexicano. En 2019, El Ratón había sido liberado tras un violento enfrentamiento conocido como el “Culiacanazo”. Este incidente mostró la fuerza de Los Chapitos, el grupo formado por los hijos de El Chapo.
Las investigaciones de la DEA han vinculado a Ovidio con el tráfico de cocaína y heroína hacia ciudades como Chicago y Nueva York. Su caso involucra a otros capos del cártel, incluido su hermano Joaquín Guzmán, conocido como El Güero.
El 15 de julio, solo seis días después de la declaración de culpabilidad de Ovidio, su hermano también enfrentará cargos en la misma corte. Ambos hermanos están bajo la mira de la justicia por sus actividades criminales. La situación en el Cártel de Sinaloa sigue siendo tensa y llena de incertidumbre.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) notificó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezado por Martín Esparza, el cobro de más de 16 millones de pesos por un bimestre de consumo eléctrico ilegal detectado en instalaciones de El Oro, Estado de México. El hallazgo corresponde a una conexión directa sin contrato que habría alimentado una presunta granja de criptomonedas.
Según la CFE, entre febrero y abril de 2025 se consumieron casi seis millones de kilowatts-hora de manera clandestina. La paraestatal dio un plazo de tres días para pagar, o se aplicarán intereses moratorios.
Ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro señalan que el robo no es reciente, y que otras granjas similares habrían operado en inmuebles del SME en Puebla, Hidalgo y la CDMX. A pesar de las evidencias, sólo se reclama el pago de un bimestre y no se ha confirmado si se presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
La dirigencia de Esparza, recientemente reelecta por otros cinco años, ha sido señalada por el uso de estas instalaciones para actividades que podrían vincularse al lavado de dinero. Disidentes piden que no se brinde más impunidad y se investigue el llamado “huachicoleo eléctrico” como un delito federal.
