Etiqueta: Maru Campos
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Senadores de Morena piden cuentas al fiscal y a la gobernadora Chihuahua
Senadores de Morena buscan que el fiscal César Jáuregui comparezca. Quieren que explique la presencia de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas donde murieron dos instructores de la embajada de Estados Unidos y dos elementos estatales. El caso genera dudas sobre coordinación con el gobierno federal y posibles riesgos a la soberanía. Por ahora, la atención se centra en el fiscal, no en la gobernadora Maru Campos.
La tragedia ocurrió el fin de semana en la sierra de Chihuahua. Cuatro personas perdieron la vida en un accidente de carretera al regresar de un operativo contra narcolaboratorios. Dos eran instructores estadounidenses vinculados a la embajada. Los otros dos pertenecían a la Agencia Estatal de Investigación.
Este hecho dejó muchas preguntas abiertas. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sorpresa porque su gobierno no tenía conocimiento previo. Ella recordó que la seguridad nacional y las relaciones con otros países corresponden al nivel federal. Por eso, pidió detalles al gobierno de Chihuahua y a la embajada estadounidense.
Senadores de Morena reaccionaron con rapidez. Javier Corral, quien fue gobernador de Chihuahua, propuso llamar al fiscal César Jáuregui ante las comisiones del Senado. Corral quiere que el funcionario aclare si se siguieron los protocolos correctos. También busca saber por qué el gobierno estatal manejó la situación sin avisar directamente a la federación.
“Necesitamos entender cómo ocurrieron los hechos”, señaló Corral en sus declaraciones. Él destacó que las versiones iniciales y posteriores del fiscal mostraron algunas diferencias. Primero se habló de participación en el operativo. Después, Jáuregui aclaró que los estadounidenses realizaban solo labores de capacitación en drones, lejos del lugar del aseguramiento.
Los senadores insisten en proteger la soberanía nacional. Ellos creen que cualquier colaboración con agentes extranjeros debe pasar por canales federales claros. De esta forma se evita que decisiones locales afecten la política exterior del país.
Aun así, Corral aclaró que, por el momento, la comparecencia se enfoca en el fiscal. “La gobernadora Maru Campos probablemente no estaba al tanto de todos los detalles operativos”, comentó. Esta postura evita involucrar directamente a la mandataria estatal en esta primera etapa.
El gobierno federal ya solicitó información completa. Tanto al estado de Chihuahua como a la embajada de Estados Unidos. Las autoridades revisan si existió alguna irregularidad en el manejo del caso.
El tema sigue en desarrollo. Los senadores podrían formalizar pronto la solicitud de comparecencia. Mientras tanto, la sociedad observa con atención. Todos esperan respuestas claras que fortalezcan la coordinación entre niveles de gobierno y respeten las reglas que protegen a México como nación soberana.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de la lucha antidrogas en la frontera. Colaborar con Estados Unidos resulta útil, pero siempre debe hacerse con transparencia y bajo las leyes del país. De esa manera se protege la vida de todos los involucrados y se mantiene el respeto mutuo entre países.
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Fiscal de Chihuahua se contradice: cambia versión sobre agentes de EUA y exhibe fallas en operativo
De un supuesto operativo conjunto a una “capacitación con drones”: el giro del fiscal deja dudas sobre coordinación, transparencia y eficacia en seguridad.
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quedó en evidencia tras modificar su propia versión sobre la presencia de agentes estadounidenses en la sierra Tarahumara. Lo que inicialmente presentó como parte de un operativo contra narcolaboratorios, ahora lo reduce a una supuesta capacitación en uso de drones, a más de 50 kilómetros del despliegue.
Un día antes, el funcionario afirmó que los agentes extranjeros estaban vinculados al operativo en el municipio de Morelos. Sin embargo, después corrigió: aseguró que se encontraban en la comunidad de Polanco, en Guachochi, y que no participaron en acciones contra el crimen organizado, contradicción que expone falta de claridad y control en la información oficial.
El accidente en el que murieron dos estadounidenses, junto con mandos locales, habría ocurrido tras coincidir en la zona. Según la nueva versión, los instructores solicitaron apoyo logístico para trasladarse a la ciudad de Chihuahua, lo que derivó en el trayecto fatal. Aun así, el cambio de narrativa deja dudas sobre la coordinación real entre autoridades locales y personal extranjero.
El fiscal también evitó precisar si los agentes pertenecían a la DEA, limitándose a señalar que trabajaban para la embajada. La omisión refuerza la percepción de opacidad en un caso que involucra seguridad nacional y cooperación internacional.
El episodio evidencia posibles fallas estructurales en la estrategia de seguridad estatal. Entre versiones cambiantes y explicaciones incompletas, el caso deja una pregunta abierta: ¿error de información o muestra de ineficacia institucional?
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Chihuahua, terreno fértil para la injerencia extranjera en gobiernos prianistas
El caso reciente revive un patrón de años: entrada de agentes extranjeros, opacidad institucional y decisiones que ponen en entredicho la soberanía nacional.
La polémica en torno a Maru Campos no surgió de la nada.
Su decisión de autorizar la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua y luego ausentarse en la Feria de San Marcos, mientras minimizaba la muerte de cinco personas como “un accidente”, encaja en una larga historia de permisividad hacia la injerencia extranjera durante gobiernos del PRIAN.
El episodio actual es revelador: mientras la Fiscalía estatal confirmó que los agentes de la Embajada de Estados Unidos en México participaban en labores de entrenamiento, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no tenía conocimiento.
Esto podría implicar una violación al Artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional, que obliga a reportar cualquier interacción con agentes extranjeros.
Pero Chihuahua ya ha sido escenario de hechos similares. En 2011, tras ataques contra personal consular en Ciudad Juárez, agentes del FBI ingresaron para investigar, marcando un precedente de intervención directa en territorio mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón. Aquella etapa consolidó una estrategia donde la seguridad nacional comenzó a depender de actores externos.
Más adelante, bajo el gobierno priista de César Duarte Jáquez, la presencia extranjera volvió a generar controversia.
La desaparición de agentes de la Interpol en Chihuahua evidenció un manejo opaco y sin rendición de cuentas, donde ni autoridades locales ni federales ofrecieron claridad sobre operaciones de inteligencia en curso.
Para 2016, la tendencia se profundizó: en Chihuahua se permitió esquemas de inspección conjunta con agentes estadounidenses en su propio territorio, incluso con autorización para portar armas en ciertos casos. Estas decisiones, impulsadas por administraciones del PRI y PAN, consolidaron un modelo de cooperación que, en los hechos, cede control operativo a intereses extranjeros.
Hoy, el caso de Maru Campos no solo revive ese historial, sino que lo agrava: autoriza la presencia de agentes, no informa a la Federación y después evade responsabilidades desde un evento social.
Los gobiernos prianistas normalizan la intervención extranjera mientras debilitan la soberanía nacional.
Chihuahua, una vez más, queda como símbolo de esa política que prioriza acuerdos externos por encima del interés público.
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Maru Campos se va a Feria de San Marcos; antes aprueba entrada de agentes de EUA a México
La gobernadora permitió el ingreso de personal extranjero para operativos, pero evitó asumir responsabilidad y redujo el caso a un “accidente”.
Por Neri Torres
La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, vuelve a dar de qué hablar: mientras autorizó la presencia de agentes estadounidenses en operativos dentro del estado, optó por irse a la Feria de San Marcos y minimizar la muerte de cinco personas, entre ellas dos instructores de la Embajada de Estados Unidos en México.
Desde Aguascalientes, y no desde su estado, Campos declaró que el hecho “fue un accidente”, descartando cualquier riesgo o irregularidad. Sin embargo, la propia Fiscalía de Chihuahua confirmó que los agentes extranjeros participaban en labores de entrenamiento tras un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos, lo que evidencia que su presencia no fue casual, sino previamente avalada.
El fiscal César Jáuregui Moreno detalló que estos ejercicios formaban parte de un esquema de cooperación internacional. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno federal no tenía conocimiento de dichas actividades, lo que abre un foco rojo sobre posibles violaciones a la normativa nacional.
Y es que el Artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional establece que “las y los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán entregar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los Agentes Extranjeros, un informe por escrito de las mismas”, cosa que ignoró la gobernadora.
Lejos de dar explicaciones, la mandataria panista prefirió deslindarse y seguir con su agenda social, en medio de un caso delicado que involucra soberanía, coordinación institucional y pérdida de vidas. Su postura ha sido duramente criticada, al proyectar más interés por eventos públicos que por rendir cuentas.
El episodio exhibe a una gobernadora que primero abre la puerta a agentes extranjeros y luego evade responsabilidades, alimentando la percepción de una gestión subordinada y alejada de los intereses nacionales. Para muchos, el calificativo de “vendepatrias” no es exageración, sino reflejo de una política sin rumbo ni compromiso.
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Sheinbaum exhibe al gobierno de Chihuahua por no informar sobre operativo con EUA
La mandataria confirmó que su gobierno no estaba enterado del vínculo operativo entre autoridades estatales y personal estadounidense; ya solicitó detalles y ofreció cooperación en la investigación.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su administración no tenía conocimiento sobre la colaboración entre el gobierno de Chihuahua y agentes de Estados Unidos, tras la muerte de dos funcionarios estadounidenses durante un operativo en la sierra Tarahumara.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria fue clara: “no estábamos enterados, fue decisión del gobierno de Chihuahua”, por lo que ya se solicitó información adicional a las autoridades estatales. Además, indicó que el gabinete de Seguridad estableció contacto con la embajada estadounidense para dar seguimiento al caso y coordinar acciones.
Los hechos ocurrieron luego de un operativo conjunto para desmantelar seis narcolaboratorios en el municipio de Morelos. En el retorno, el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco, lo que provocó la muerte de dos instructores de la embajada de EUA, así como del director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y un agente ministerial.
Sheinbaum lamentó el fallecimiento de los funcionarios y expresó su solidaridad con las familias, al tiempo que reiteró la disposición de México para colaborar en las investigaciones. El embajador estadounidense también confirmó que los agentes participaban en labores de entrenamiento y cooperación contra el crimen organizado.
Asimismo, la jefa del ejecutivo detalló que se investigará si no hubo alguna violación a la Ley de Soberanía Nacional y, en dado caso, se tomarán las medidas necesarias.
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Maru Campus y gabinete brindan mientras a unas cuadras ejecutan a adulto mayor
Por Nathael Pérez
En medio de un fin de semana violento con al menos 11 personas asesinadas, la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y su gabinete fueron captados en un lujoso restaurante celebrando, mientras a unas cuadras ejecutaban a un adulto mayor.
Mientras Chihuahua enfrentaba un fin de semana marcado por la violencia, la gobernadora Maru Campos decidió hacer una pausa… pero no para atender la crisis, sino para relajarse. Acompañada de su gabinete (César Jáuregui, Santiago de la Peña y José Granillo), fue vista en el lujoso restaurante La Calesa, en lo que ella misma justificó como un momento para “tomarse un tequilita” y relajarse debido a una exhaustiva semana de trabajo.
La declaración, lejos de calmar los ánimos, encendió la indignación ciudadana, pues parece que no recuerda que su estado se encuentra entre los primeros cinco a nivel nacional en cuanto a violencia. Su brindis junto a los principales funcionarios del estado resulta no solo insensible, sino profundamente ofensivo. Mientras la clase política se da el lujo de desconectarse para un momento de ‘relajación’, la población vive atrapada entre homicidios, miedo y una estrategia de seguridad que claramente no está funcionando.
Mientras que otros medios señalan la reunión como estratégica y con fines laborales, la realidad es que Campos y su gabinete disfrutaban aunque durante las 48 horas anteriores sucedieron 8 ejecuciones en Ciudad Juárez y 3 muertes en la capital, incluyendo el asesinato de un adulto mayor en plena zona centro, a unas cuadras de su celebración. Este panorama refleja una crisis que no admite pausas ni celebraciones: la violencia no descansa, pero el gobierno sí.
Con información de Sandra Dueñes Monárrez para Chihuahua Minuto a Minuto.
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Maru Campos gasta en propaganda de carreteras mientras sube tarifas y persisten riesgos viales
El gobierno de Maru Campos gasta miles en propaganda de carreteras mientras aumenta tarifas en casetas y persisten riesgos por vialidades deterioradas y altos índices de accidentes en Chihuahua.
Por Neri Torres
En menos de un mes, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, destinó más de 140 mil 499 pesos en publicidad digital para promover obras carreteras, de acuerdo con registros de transparencia en Meta. La narrativa oficial presume “modernización”, pero los montos revelan una estrategia enfocada en posicionar imagen más que en resolver problemas de fondo.
Los anuncios, pautados entre finales de febrero y principios de marzo, incluyen campañas de bajo y alto costo, desde 500 pesos hasta más de 70 mil por publicación. A esto se suman otros dos por 30 mil y 40 mil pesos, respectivamente, en un lapso menor a un mes, evidenciando un impulso sostenido en propaganda gubernamental.
Sin embargo, esta inversión contrasta con una decisión que golpea directamente a la ciudadanía: el aumento en las tarifas de casetas. El Gobierno estatal autorizó incrementos de entre 4% y 7.5% en peajes a partir del 13 de abril, impactando a automovilistas, transportistas y familias que dependen de estas vías.
Casetas como San Jerónimo (Samalayuca) pasaron de 93 a 100 pesos, mientras otras como Villa Ahumada, Delicias o Sacramento también registraron alzas. Aunque el argumento oficial apunta a “mantener el valor ante la inflación”, el ajuste se da en un contexto donde las y los usuarios ya enfrentan altos costos de movilidad.
La incongruencia se vuelve más evidente al revisar el estado de las carreteras. La vía Chihuahua–Juárez ha sido catalogada como una de las más peligrosas del país por la SICT, debido al deterioro del pavimento y el elevado número de accidentes.
Tan solo en 2025, se registraron 70 siniestros en tramos críticos de esta ruta, principalmente entre los kilómetros 32 y 151. A nivel estatal, Chihuahua ocupa el octavo lugar nacional en accidentes carreteros, con 456 incidentes graves, dejando 124 muertos y más de 300 lesionados.
Además del deterioro, factores como el exceso de velocidad y la falta de mantenimiento han agravado la situación. Usuarios también reportan largas filas en casetas como Villa Ahumada, con tiempos de espera que superan la hora en temporadas de alta afluencia, lo que incrementa el riesgo y la molestia social.
Así, mientras el gobierno de Campos invierte en campañas para presumir avances, la realidad en carretera refleja otra cara: vías inseguras, costos más altos y deficiencias estructurales.
La política pública parece inclinarse más hacia la promoción que hacia soluciones reales, dejando en evidencia una brecha entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de las y los chihuahuenses.
