La jueza federal Raquel Ivett Duarte Cedillo, con sede en Toluca, Estado de México, otorgó la libertad condicional a ocho militares acusados de estar presuntamente involucrados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Derivado del cumplimiento de una sentencia de amparo ordenada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, se benefició con el cambio de medida cautelar a ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Con esta determinación, Gustavo Rodríguez, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares, Roberto de los Santos, Eloy Estrada, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo, podrán enfrentar su proceso en libertad, de la misma forma como ocurrió con el general Rafael Hernández, a quien también se le modificó la medida cautelar.
Asimismo, los militares deben de presentarse a firmar periódicamente, tienen prohibido salir del país, con la entrega de su pasaporte, prohibido acercarse a las víctimas o testigos y al estado de Guerrero, así como otorgar una garantía económica de 50 mil pesos.
Por su parte, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) condenó el cambio de la medida cautelar otorgada por la jueza.
Acusó que el Poder Judicial recurre a los llamados “sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes, en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”.
Sin embargo, Arturo Medina Padilla, presidente de la COVAJ sostuvo que el cambio de medida cautelar “no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas”, para quienes, aseguró, “continuarán sujetos a proceso”.
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