Este jueves 22 de junio, The Associated Press informó que ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa en el año 2014, fueron detenidos y se encuentran a la espera de que una jueza civil determine si se les abrirá un proceso o no.
De acuerdo a un militar, el cual pidió mantenerse en el anonimato, los ocho militares uniformados que presuntamente están involucrados en el caso se mantenían en activo y fueron detenidos el pasado miércoles a solicitud de la Fiscalía federal.
Cabe resaltar que en septiembre del año pasado, la Fiscalía federal emitió órdenes de captura contra 16 militares y poco después las retiró sin ofrecer explicación alguna.
Este procedimiento causó la renuncia del fiscal que se encontraba llevando el caso, así como fuertes condenas, tanto de los expertos internacionales que acompañaban las pesquisas como del Centro Prodh, que consideraban que era una decisión arbitraria debida a “una intromisión ilegal” en las investigaciones.
Por su parte, el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, indicó que las órdenes de captura fueron reactivas, pero solo se ha detenido a ocho miembros del Ejército mexicano, acusados por la Fiscalía de desaparición forzada.
“Hasta que se cumplan todas las órdenes y hasta que se les dicte formal prisión, sabremos si esto va en serio”, indicó el abogado. Si la Fiscalía logra enjuiciarles, se abriría una nueva posibilidad de avanzar en la justicia, agregó.
La jueza que lleva el caso deberá decidir al respecto en los próximos días.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 16 órdenes de aprehensión en contra de 16 militares quienes presuntamente están involucrados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014.
Las órdenes de aprehensión a militares por sospecha de delincuencia organizada y desaparición forzada fueron emitidas por la jueza federal Raquel Duarte Cedillo del Segundo Distrito en el Proceso Penal Federal de Toluca.
El coronel Rafael Hernández Nieto, quien dirigía el Batallón de Infantería 41 en Iguala, Guerrero, es una de las personas buscadas para ser interrogadas. Las demás son empleados de la Sedena que están asociados a los batallones del 41 y 27 de Infantería.
Según los informes, tres soldados han sido detenidos por personal de la Policía Ministerial y enviados al Campamento Militar Número 1 en la Ciudad de México, asimismo un soldado más fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes, aunque actualmente se desconocen los detalles de su captura.
Uno más fue finalmente detenido el 20 de junio cuando aún vestía su uniforme militar.
Las órdenes de aprehensión fueron emitidas inicialmente a partir del 19 de agosto de 2022, pero fueron revocadas a pedido expreso de la propia Fiscalía. El exfiscal Especializado en el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, renunció como consecuencia de la cancelación de estas órdenes.
Sin embargo, cuando se solicitó su cancelación, cuatro personas —el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el segundo teniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa— no fueron liberadas y actualmente se encuentran bajo custodia con orden formal de prisión.
El Batallón de Servicios de Protección del Ejército de Estados Unidos habría ampliado sus capacidades de vigilancia para poder incluir el control de las redes sociales en busca de amenazas, así como la identificación de actitudes negativas hacia oficiales militares de alto rango.
Para supervisar dichas acciones se utilizarían sofisticadas herramientas de vigilancia para detectar las posibles amenazas en línea, localizar personas y recopilar información de dominio público. Esta ampliación de las competencias de la unidad pone de relieve la creciente atención de las agencias de seguridad nacional a las redes sociales.
“Puede haber razones legalmente válidas para violar la vida privada de alguien buscando, recopilando y analizando información disponible públicamente, sobre todo cuando se trata de delitos graves y amenazas terroristas”, declaró a los medios de comunicación estadounidenses el director de programas de Privacy International, Ilia Siatitsa.
Sin embargo, se precisa que “expresar opiniones positivas o negativas hacia una persona de alto riesgo” no puede considerarse motivo suficiente para que las agencias gubernamentales lleven a cabo operaciones de vigilancia, llegando incluso a ‘identificar la ubicación exacta’ de las personas.
“La capacidad de expresar opiniones, criticar, hacer suposiciones o formarse juicios de valor —especialmente en relación con funcionarios públicos— es una parte esencial de la sociedad democrática”, agregó Siatitsa.
Asimismo, el documento de licitación indica que el batallón pretende adquirir herramientas que no solo puedan detectar amenazas en línea, sino también localizar la ubicación exacta de una persona utilizando diversas técnicas de vigilancia y fuentes de datos.
El documento menciona el acceso a plataformas de medios sociales como 4Chan, Reddit, YouTube y VKontakte, así como a plataformas de chat en internet como Discord y Telegram, para identificar a terroristas, extremistas y a los radicales.
La Secretaría de Defensa Nacional informó que se cumplimentaron 16 órdenes de aprehensión en contra del personal militar involucrado en los hechos registrados el 18 de mayo del presente año en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que no habrá impunidad.
A través de un comunicado, la dependencia detalló que el Juzgado Primero de Control de la Primera Región Militar fue el encargado de otorgar las órdenes por presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar, las cuales se cumplimentaron con el “absoluto respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los imputados”, se lee en el documento.
Asimismo, se informó que el 9 de junio de este año, los detenidos fueron vinculados a proceso habiéndoseles dictado por parte del juez militar la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplirán en la Prisión Militar de la Primera Región Militar, ubicada en el interior del Campo Militar Número 1-A, Ciudad de México.
Dichas acciones, son independientes a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, con la que colabora la Secretaría de Estado, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes en el orden federal.
Por último, la Sedena rectifico su compromiso con el pueblo de México de actuar en todo momento en el cumplimiento de sus misiones, con estricto apego de los derechos humanos.
AMLO confirma que militares quedarán a disposición de la FGR
El presidente Andrés Manuel López Obrador habló este miércoles sobre el video que se dio a conocer donde militares dispararon a civiles en Nuevo Laredo.
Resaltó que al parecer militares ajusticiaron a cinco civiles señalados como delincuentes en el estado de Tamaulipas, hecho captado en video y difundido por dos medios extranjeros.
Asimismo, añadió que esto no se ordenó desde arriba; “estos son casos aislados y cuando se dan se castigan” y los atribuyó que fue un exceso de violencia.
Un juez de control federal vinculó a proceso este martes 12 de abril a cuatro militares por su posible participación en el asesinato de cinco jóvenes el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El juzgador, Eduardo Javier Sáenz Torres, ordenó mantener a los militares sujetos a prisión preventiva oficiosa, por lo que deberán permanecer en el campo militar número 1, donde se encuentran recluidos desde marzo pasado luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los procesó por el delito de desobediencia.
Se trata de los militares identificados como Agustín, Juan Carlos, Bernardo y Jorge Nicolás.
¿Qué pasó?
Los hechos por los que ahora los militares enfrentan proceso penal ocurrieron en Nuevo Laredo el pasado 26 de febrero, cuando Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Ángel Suárez Castillo, este último ciudadano estadunidense, viajaban de regreso a sus casas en compañía de otros dos jóvenes.
Al transitar por la colonia Cavazos Lerma se cruzaron con un convoy de cuatro camionetas militares, el cual comenzó a seguirlos y más adelante abrieron fuego en su contra; fallecieron los primeros cinco jóvenes, otro resultó herido y el séptimo resultó ileso.
Nuestro México mágico y surrealista siempre nos vuelve a sorprender de maneras inimaginables, la realidad supera la ficción de manera frecuente. Y es que el pasado domingo salieron militares retirados y en funciones, además de familiares de los mismos a marchar en protesta por unas detenciones de miembros castrenses por una masacre que cometieron. Así es, los otrora represores de manifestaciones salen ahora a marchar y reclamar justicia pues se sienten afectados. Muy interesante esta situación que me motivó a escribir este breve texto.
La masacre
El pasado 26 de febrero mientras la derecha celebraba su raquítica victoria de su marcha, siete jóvenes desarmados eran atacados por militares en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cinco de ellos fueron asesinados sin razón alguna. Tanto el testimonio de uno de los sobrevivientes como el peritaje señalan que algunos fueron rematados en el suelo ya que se encontraban heridos y agonizando.
Los militares que al parecer desobedecieron a su superior inmediato fueron detenidos y ahora están vinculados a proceso por la supuesta desobediencia, a la espera de que se dicte algún tipo de sanción en su situación. Mientras esto sucede ya se armó toda una polémica al respecto sobre la impunidad y los derechos de militares.
Los derechos humanos
Toda persona en el mundo tiene derechos por el simple hecho de existir, esto incluye a toda la gama y diversidad de personas que habitamos el mundo entero. Esto, evidentemente, incluye a personas que hayan cometido algún tipo de delito y si, también a los militares se les deben de respetar sus derechos humanos.
Ninguna persona es menos que otra, eso lo deben de entender quienes han creado la narrativa de que los presuntos delincuentes no tienen derechos humanos y por eso deben ser eliminados. Incluso hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos que se acercan muchísimo al fascismo.
Huele a peligro
Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar que se estaba acostumbrado a que los militares tuvieran un poder que les permitiera cometer crímenes de Estado y vivir en plena impunidad. Eso se terminó, aunque marchen por sus privilegios de asesinar a cualquier persona, no se va a detener el proceso de esos militares detenidos, la transformación de la vida pública del país es una realidad, les guste o no.
Hay evidencias sólidas contra los militares señalados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reiteró hoy Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población.
“Como presidente de la Comisión por la Verdad del caso Ayotzinapa, me corresponde garantizar el acceso a la verdad y a la justicia a los estudiantes desaparecidos, a sus familiares y a la sociedad en general. Por esta razón no puedo permitir que se manipule y desinforme sobre el trabajo que desempeñamos”, dijo el funcionario, después de que la defensa de los elementos castrenses presentara una denuncia contra los que resulten responsables de “fabricar evidencia” en la investigación por la desaparición de los normalistas.
“Es la Fiscalía General de la República, quien ha sustentado las imputaciones contra los militares ante los tribunales, con base en evidencias sólidas y contundentes, lo cual ha sido confirmado por un juez al vincularlos a proceso”, señaló Encinas.
Los que hoy me acusan son parte, de quienes vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de #Ayotzinapahttps://t.co/wlrsW0w4yS
El funcionario confió en que se obtendrán sentencias condenatorias, “con lo que se dará un paso significativo contra la impunidad en este caso”.
“Desde luego, reconozco el legítimo derecho a la defensa; la presunción de inocencia y el debido proceso de los imputados, como corresponde a cualquier persona en este país de libertades. Sin embargo, es importante reafirmar que el ejercicio de las funciones de la Comisión de la Verdad no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o al debido proceso”, indicó en un video compartido en redes sociales.
Alejandro Encinas dijo que la la comisión busca y da a conocer información sobre los hechos. “No somos jueces ni fiscales, pero colaboramos con ellos”.
“Informar a la sociedad de los avances que tenemos no representa sino el cumplimiento de nuestras obligaciones. Pretender que garantizar el derecho a la verdad implica una violación a los derechos de los imputados es absurdo”, indicó.
“Quieren confundir para distraer la atención sobre su participación en estos hechos. Las comisiones de la verdad emiten opiniones no vinculantes y en su caso aportan elementos útiles para el esclarecimiento de los hechos, a diferencia de quienes buscan enturbiar el proceso fuera de tribunales, quienes litigan a través de los medios de comunicación o de quienes filtran información poniendo en riesgo la integridad de los testigos o colaboradores”, dijo Encinas.
La defensa de los militares también pidió ayer que el funcionario deje su cargo.
“Contrario a lo que se pretende desinformar, el trabajo que hemos presentado no forma parte, hasta este momento, de los casos que la Fiscalía ha judicializado”, explicó Encinas.
La Fiscalía ha sustentado sus imputaciones en muchos otros elementos de prueba, y el Poder Judicial de la Federación, ha resuelto vincular a proceso a los militares implicados, añadió.
El subsecretario señaló que “desafortunadamente, siguen arraigadas prácticas y personas del viejo régimen que deberían estar investigando con rigor e imparcialidad y que obedecen a intereses que buscan dinamitar nuestra misión y proteger a quienes durante años han buscado mantener la impunidad”.
Además, el funcionario lamentó que los abogados de los militares presuntamente involucrados en los hechos pretendan “confundir y engañar para litigar en los medios lo que no pueden demostrar en los tribunales”.
“Debo ser claro, los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Detrás de ellos están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso”, dijo.
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