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Etiqueta: opinión

  • El divo de todes

    El divo de todes

    El año 2016 fue en particular tortuoso para mí. Concursé por una plaza de confianza en el IMSS que supuestamente era de técnico teatral, aunque en realidad era empleado como cargador y chalán de diversas actividades en las que francamente no tenía experiencia alguna. Eso, sumado al trato vejatorio por parte de las autoridades de prestaciones sociales de la época, me dio un año laboral terrorífico que me orilló a volver a mi base. Asimismo, recuerdo que ese año inició con el fallecimiento de David Bowie, y mientras me movía por la ciudad para dar clases de inglés escuchaba algunas de sus canciones, con el fin de paliar otro dolor: el que mi hermana Lucía permaneciera internada y al poco tiempo falleciera por una hepatitis fulminante.

    Para finales de agosto de ese mismo año, tuve que pedir permiso en el IMSS para abocarme a la traducción de 580 hojas de embalaje que se requerían como prueba en un litigio corporativo. La presión era tal, que experimenté vómito, diarrea y hasta llanto. Durante el inclemente proceso de captura de datos, comenzó a llegarme desde radio, televisión e internet, la información sobre el deceso de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Aunque yo lo respetaba desde la distancia, y dada mi condición de mexicano, había escuchado su obra de una u otra forma toda mi vida, tampoco me consideraba seguidor suyo.

    La cobertura mediática fue muy intensa a partir de ese 28 de agosto y hasta días después. Logré salir del atolladero laboral con algunas secuelas, pero el tiempo lo fue curando todo. Y durante los años venideros fui descubriendo no solo más canciones suyas, sino también el alcance de su personalidad, su carisma y, sobre todo, su lucha, tácita, pero férrea, en contra del machismo y la homofobia, de la que indudablemente salió triunfador.

    Apenas dos días después de la muerte de Juan Gabriel, Nicolás Alvarado, un intelectual ya olvidado que creció al amparo del poder, publicó un artículo desafortunado sobre el fallecido. Vertía en él su menosprecio con sesgo de clase, que en el fondo fue el espíritu con el cual la élite intelectual de décadas pasadas trataba de guiar a la obnubilada población hacia la alta cultura. Se comenzaba entonces a gestar cada vez más el movimiento de despertar de conciencias catalizado por las redes. Alvarado fue de los primeros personajes públicos en experimentar lo que se denomina ‘funa’. Se le había otorgado la dirección de TV UNAM, y fue tal el repudio popular manifestado a través de redes, que terminó dimitiendo del prestigioso cargo. Juanga era demasiado grande.

    Juan Gabriel es tendencia en redes frecuentadas por jóvenes, porque se erige en estos tiempos como un pionero tácito de la lucha contra la homofobia, la discriminación y los prejuicios. Los estudiosos de la sociología descubren en él a una figura poderosa e inusitada que representa la caótica y al mismo tiempo festiva identidad mexicana, que es dual como muchas deidades primigenias; de ánimo desbordante y al mismo tiempo una subyacente melancolía. Los estudiosos de la música descubren a un intérprete pulcro y perfeccionista, y a un compositor ecléctico que con efectividad podría desenvolverse en la balada, el boogie, la ranchera, el R&B o incluso el rock.

    Capitalizó como una enorme ventaja el no ajustarse al arquetipo del cantante macho que para la industria siempre había sido una garantía.

    He visto a hombres machistas disfrutando su música sin ambages, a gente de todas las clases sociales cantando a todo pulmón alguna pieza que les despierta intensas emociones. Hasta que te conocí se convirtió en el épico himno de nuestra pueril ilusión mundialista en este 2026. He aplaudido y cantado de principio a fin su concierto del Palacio de Bellas Artes en una sala de cine junto a un elenco que incluía a fans de rock argentino, de metal y de pop. El nodo central es Juanga.

    Es muy interesante darnos cuenta cómo nuestra sociedad va experimentando un proceso tal de evolución en el que ya no resulta vergonzante el gusto por manifestaciones de la cultura popular y ancestral, que durante mucho tiempo fueron sobreexplotadas por el poder mediático. El legado de Alberto Aguilera sigue vigente. A veces sus canciones me recuerdan a ese doloroso 2016 en que perdí a una hermana, pero también redescubrí a una gran figura con quien compartir mis penas.

    X: @miguelmartinfe
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  • Veracruz: luto, política y preguntas sin respuesta

    Veracruz: luto, política y preguntas sin respuesta

    Un fin de semana muy agitado y particularmente triste para Veracruz nos deja pérdidas, preguntas todavía sin respuesta y movimientos políticos que vale la pena observar con mucha atención.

    La noticia que sacudió primero al estado y después al ámbito político nacional fue la muerte del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García, quien fue localizado sin vida el viernes 4 de septiembre en el municipio de Puente Nacional, Veracruz. Escobar era diputado federal de Morena por el Distrito 16, con cabecera en Córdoba, y antes había sido diputado local y secretario de Educación de Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

    Su muerte, por supuesto, no puede ni debe prestarse a conclusiones anticipadas.

    La Fiscalía General de la República atrajo la investigación debido precisamente al carácter federal del legislador, y hasta este momento será esa institución la que tendrá que establecer, mediante peritajes, necropsia y demás diligencias ministeriales, qué ocurrió y si estamos frente a un hecho criminal, un suicidio o cualquier otra hipótesis que pueda surgir de las investigaciones.

    La propia presidenta Claudia Sheinbaum pidió que sea la FGR la que informe sobre el caso, mientras que la gobernadora Rocío Nahle ha insistido en que existen distintas líneas de investigación y que hay que esperar los resultados oficiales.

    Y eso es precisamente lo que debemos hacer.

    Pero esperar no significa dejar de preguntar.

    Porque si las investigaciones llegaran a determinar que Zenyazen Escobar fue víctima de un crimen, estaríamos ante un hecho particularmente grave. Primero, y antes que cualquier cargo público, porque estamos hablando de la pérdida de una vida humana; pero además porque se trataba de un diputado federal en funciones, un personaje con una trayectoria importante dentro del grupo político que ha gobernado Veracruz durante los últimos años y alguien que conocía perfectamente la operación territorial y electoral de Morena.

    Zenyazen no era un desconocido dentro de ese movimiento. Había transitado del magisterio y la lucha sindical al Congreso local, posteriormente a la Secretaría de Educación y finalmente a la Cámara de Diputados. El Sistema de Información Legislativa lo registraba como diputado de mayoría relativa por el Distrito 16 de Veracruz desde agosto de 2024.

    Por eso la FGR tiene frente a sí una responsabilidad enorme: investigar sin especulaciones, pero también sin dejar ningún cabo suelto.

    La gobernadora Rocío Nahle acudió a despedir al legislador y expresó personalmente sus condolencias a la familia. En las exequias también apareció el exgobernador Cuitláhuac García, quien evidentemente se mostró afectado por la pérdida de quien durante años fue uno de sus colaboradores más cercanos.

    Y con mucha razón.

    Más allá de cargos y diferencias políticas, existía entre ambos una relación personal y política construida durante años. Fueron compañeros de proyecto, participaron en la consolidación de Morena en Veracruz y Zenyazen formó parte del primer círculo político del gobierno de Cuitláhuac.

    Aquí es donde entra esa mente conspirativa que de vez en cuando aparece en esta columna, pero precisamente por eso debemos marcar claramente la diferencia entre una pregunta y una acusación.

    Si algo debería preocupar en este momento es la seguridad de quienes han sido operadores políticos importantes, no solamente de Morena sino de cualquier partido. Los operadores territoriales, sociales y financieros conocen estructuras, campañas, recursos, acuerdos y personajes. En cualquier escenario de confrontación política o criminal son figuras particularmente sensibles.

    No estoy afirmando que la muerte de Zenyazen tenga relación con ello. Hasta hoy no existe información oficial que permita sostenerlo.

    Pero sí digo algo: hay que tener cuidado.

    Mucho cuidado.

    México no puede normalizar que un diputado federal aparezca muerto y que después simplemente pasemos a la siguiente noticia. Si fue un delito, queremos saber quién lo cometió y por qué. Si la investigación determina otra causa, también queremos conocerla. Lo importante es que exista una explicación técnica, transparente y convincente.

    Porque mientras no exista, las preguntas van a seguir ahí.

    Y mientras Morena enfrenta este momento doloroso, del otro lado del tablero político comenzaron también movimientos interesantes.

    En Veracruz se produjo una peculiar aproximación entre personajes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para hablar de la posibilidad de construir un frente opositor rumbo a 2027. Alejandro Moreno ha planteado públicamente la posibilidad de una alianza amplia y en los últimos días se han producido encuentros entre personajes de estos partidos.

    El problema es que todavía no terminaban de sentarse cuando comenzaron a aparecer las diferencias.

    Movimiento Ciudadano tiene razones para sentirse en una posición distinta a la de hace algunos años. No puede afirmarse que sea ya la segunda fuerza política nacional, porque los números no dicen eso, pero tampoco puede tratarársele como un partido testimonial.

    En la elección presidencial de 2024, Jorge Álvarez Máynez consiguió para MC más de 6.2 millones de votos, equivalentes a poco más del 10 por ciento de la votación. En la elección de diputados federales, Movimiento Ciudadano alcanzó aproximadamente 10.9 por ciento de los votos emitidos para las listas de representación proporcional, quedando muy cerca del PRI y consolidando una base electoral propia.

    Eso cambia las negociaciones.

    MC gobierna además dos entidades económicamente importantes, Nuevo León y Jalisco, y ha construido una identidad política que busca diferenciarse tanto de Morena como de la vieja alianza PRI-PAN. Por eso resulta lógico que Dante Delgado y los dirigentes naranjas no quieran llegar a una eventual coalición simplemente para ocupar el tercer asiento de una mesa.

    Hay votos que negociar, candidaturas que repartir y, sobre todo, una elección intermedia de 2027 que será determinante para medir el verdadero desgaste o fortaleza del movimiento encabezado por Morena.

    En Nuevo León existe además un ingrediente que ningún estratega político debería despreciar: las redes sociales.

    Mariana Rodríguez ha demostrado una capacidad extraordinaria para generar exposición pública y conectar con segmentos de población que la política tradicional difícilmente alcanza. Se podrá estar de acuerdo o no con Samuel García y con su administración, pero negar el peso político y comunicacional de Mariana sería simplemente no entender cómo funcionan hoy las campañas.

    Y precisamente por eso hay que tener cuidado con la forma en que se desarrolla la competencia política.

    La confrontación es parte de la democracia. La crítica también. Se vale cuestionar gobiernos, candidatos, decisiones y resultados. Lo que no debería normalizarse es convertir la discusión política en insultos personales, y mucho menos cuando éstos se dirigen contra una mujer.

    Hay muchas maneras de defender una posición política sin perder el respeto.

    Las elecciones de 2027 todavía parecen lejanas, pero en política año y medio pasa volando. Los partidos ya están moviendo sus piezas y Morena sabe perfectamente que conservar la mayoría legislativa será una de sus grandes prioridades. PRI, PAN y MC, por su parte, tendrán que decidir si juntos realmente suman o si sus diferencias terminan convirtiendo cualquier alianza en una fotografía de ocasión.

    Y cuando parecía que Veracruz ya había recibido suficientes noticias tristes durante el fin de semana, este domingo 6 de septiembre partió también una verdadera referencia de la radiodifusión veracruzana: don Félix Malpica Valverde.

    Su fallecimiento ocurrió durante la madrugada después de permanecer hospitalizado en un delicado estado de salud.

    Hablar de Félix Malpica es hablar de una época fundamental de la radio en Veracruz.

    Durante más de cinco décadas estuvo vinculado a la industria radiofónica y fue una de las figuras fundamentales de Grupo FM Multimedios, empresa que participó en el desarrollo y expansión de la frecuencia modulada en nuestro estado. Su trayectoria estuvo ligada no solamente a la administración de estaciones, sino a la transformación de la forma de hacer radio en Veracruz.

    Fue empresario, comunicador, innovador y, sobre todo, un enamorado de su puerto.

    Bohemio, jarocho y orgulloso de Veracruz, Félix disfrutaba su ciudad y formó parte de una generación de empresarios que entendieron que los medios de comunicación también podían convertirse en instituciones de la vida cotidiana de una comunidad.

    Durante décadas, políticos, empresarios, periodistas y personajes de la sociedad veracruzana pasaron frente a los micrófonos de los proyectos radiofónicos en los que participó.

    Pero quienes lo conocieron saben que detrás del empresario existía también el hombre que disfrutaba Veracruz, sus amigos, su música, su conversación y esa forma tan particular que tenemos los jarochos de sentirnos orgullosos de nuestro puerto.

    Desde esta columna enviamos nuestro más sentido pésame a toda la familia Malpica y muy especialmente a sus hijos, familiares, amigos y colaboradores.

    Descanse en paz don Félix Malpica Valverde.

    Se nos fue un personaje importante de la radio veracruzana.

    Y así termina un fin de semana extraño: uno que nos deja dos despedidas, muchas preguntas y un tablero político que comienza a moverse rumbo a 2027.

    Sobre Zenyazen, que investigue la FGR y que informe.

    Sobre la oposición, que se ponga de acuerdo si realmente pretende competir.

    Y sobre quienes hoy participan activamente en la política nacional y veracruzana, sean del color que sean, que se cuiden.

    Porque la competencia política debe darse en las urnas, en las ideas y en el debate.

    Nunca en la violencia.

  • Democracia de vitrina: el imperio nos vendió el insulto y nos quitó la soberanía

    Democracia de vitrina: el imperio nos vendió el insulto y nos quitó la soberanía

    Durante décadas nos repitieron que la grandeza de las democracias liberales consistía en poder insultar libremente a un presidente, publicar una caricatura ofensiva o cambiar de gobernante cada seis años mediante el voto. Ese fue el trofeo que se nos entregó a cambio de renunciar a preguntas más incómodas: quién decide realmente qué se produce, qué se exporta, qué deuda se contrae y bajo qué condiciones un país puede o no nacionalizar sus recursos. La libertad de insultar al poder visible se convirtió en la coartada perfecta para no cuestionar al poder invisible: los consorcios financieros, los organismos multilaterales diseñados en Bretton Woods, las calificadoras crediticias y los oligarcas locales que funcionan como franquicia regional de intereses extranjeros.

    El mecanismo tiene dos capas que se refuerzan entre sí. La primera es institucional: los verdaderos límites de la soberanía nacional no se negocian en el Congreso ni se deciden en las urnas, sino en tribunales de arbitraje internacional, en cláusulas de tratados de libre comercio y en las condiciones que imponen los organismos financieros a cambio de préstamos.

    La segunda capa es mediática: la construcción del sentido común. Cuando un gobierno intenta recuperar el control sobre un recurso estratégico o simplemente redistribuir la riqueza, aparece de inmediato una batería de columnistas, encuestas fabricadas y campañas de desprestigio financiadas por quienes tienen algo que perder. No hace falta un golpe militar cuando existe un batallón de voceros dispuestos a repetir, con distintos acentos, el mismo libreto.

    México ha vivido en carne propia esta historia, pero también ha sido, en distintos momentos, ejemplo de resistencia frente a ella. La expropiación petrolera de 1938 sigue siendo uno de los actos de soberanía más significativos del siglo XX en la región, no porque haya sido perfecta, sino porque demostró que un país del llamado Sur Global podía desafiar a las compañías extranjeras y sobrevivir al boicot que le siguió. Esa memoria incomoda a quienes prefieren una nación dócil, convencida de que su lugar en el mundo es el de proveedor de mano de obra barata y materias primas.

    Recuperar esa memoria no es nostalgia: es una herramienta política para el presente, cuando vuelven a plantearse debates sobre litio, agua, energía y control de fronteras.

    El error de muchos análisis liberales es tratar la democracia como un fin en sí mismo, medible únicamente por la existencia de elecciones limpias y libertad de prensa formal, sin preguntarse quién controla los márgenes reales de decisión. Una elección puede ser impecable en su procedimiento y, sin embargo, no alterar en nada la estructura de dependencia económica que determina el rumbo del país. La verdadera pregunta no es si se puede votar, sino si el resultado de ese voto puede modificar la relación de un país con el capital transnacional. Cuando la respuesta es no, el ejercicio democrático se vuelve un ritual de legitimación más que un instrumento de transformación.

  • “El hombre se educa para el bien”

    “El hombre se educa para el bien”

    En el capítulo uno de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes se aborda el tema de la educación para el bien y el respeto común y dice textualmente: “Esta educación y las doctrinas en que ella se inspira constituyen la moral o ética. (La palabra “moral” procede del latín; la palabra “ética” procede del griego).

    Todas las religiones contienen un cuerpo de preceptos morales, que coinciden en lo esencial. Pero el bien no sólo es obligatorio para el creyente, sino para todos los hombres en general. El bien no sólo se funda en una recompensa esperada. Se funda también en razones que pertenecen a este mundo.

    La conducta moral, esto es, movida por el bien, nos permite vivir en paz con nosotros mismos y en armonía con los demás. Por eso es importante.

    El bien es una cuestión de amor y de respeto. Es amor y respeto a lo que es bueno para todos y aversión a lo perjudicial. No todo está permitido. Lo excluido es aquello que está mal, que causa mal. El bien es benéfico, y el mal es maléfico.

    El bien no debe confundirse con nuestro interés particular en este o en el otro momento de nuestra vida. No debe confundírselo con nuestro provecho, nuestro gusto o nuestro deseo. El bien es un ideal de justicia y de virtud que puede imponemos el sacrificio de nuestros anhelos, y aun de nuestra felicidad o de nuestra vida. Pues es algo como una felicidad más amplia o que abarcase a toda la especie humana, ante la cual valen menos las felicidades personales de cada uno de nosotros.

    Algunos han pensado que el bien se conoce sólo a través de la razón, y que, en consecuencia, no se puede ser bueno si, al mismo tiempo, no se es sabio. Según ellos, el malo lo es por ignorancia. Necesita educación.

    Otros consideran que el bien se conoce por el camino del sentimiento y, como la caridad, es un impulso del buen corazón, compatible aun con la ignorancia. Según ellos, el malo lo es por mala inclinación. Necesita redención.

    La verdad es que ambos puntos de vista son verdaderos en parte, y uno a otro se completan. Todo depende del acto bueno de que se trate. Para dar de beber al sediento basta tener buen corazón, ¡y agua! Para ser un buen ciudadano o para sacar adelante una familia hay que tener, además, algunos conocimientos.

    Aquí, como en todo, la naturaleza y la educación se completan. Por fortuna, el malo por naturaleza es educable en muchos casos y, por decirlo así, aprende a ser bueno. Por eso el filósofo griego Aristóteles aconsejaba la “ejercitación en la virtud para hacer virtuosos”.”

  • Hígado / La nueva ZMVM I

    Hígado / La nueva ZMVM I

    Escribo este análisis con mi amigo Pedro Rivera Cabreara,
    geógrafo (UNAM) y geomata especialista en MDM (INEGI).

    La Declaratoria de Modificación de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace apenas unos días, el 25 de agosto de 2026. El documento formaliza la nueva delimitación de la ZMVM, que ahora integra oficialmente a 84 municipios y demarcaciones territoriales: las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno más de Morelos. Así que ahora la zona metropolitana mexicana más extensa ocupa una superficie de 9.2 mil kilómetros cuadrados.

    Hígado

    El polígono de la nueva ZMVM presenta una configuración irregular, compleja y de dilatada extensión territorial. Su morfología es predominantemente alargada en el sentido norte-sur, con expansiones lobuladas muy marcadas hacia el poniente que integran el sistema de valles occidentales, adoptando una silueta asimétrica y ramificada. Visto como una unidad morfológica (Gestalt), el polígono de la nueva ZMVM guarda una curiosa correspondencia visual con un hígado humano (visto desde su cara diafragmática). Podríamos describir las analogías entre la morfología metropolitana y la topografía hepática de la siguiente manera:

    • El lóbulo derecho. El cuerpo central y oriental —que comprende el vaso histórico del Valle de México, las demarcaciones centrales de la CDMX y los municipios mexiquenses de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco— constituye el volumen macizo, denso y predominante del territorio, equivalente al voluminoso lóbulo derecho del hígado.
    • El lóbulo izquierdo. La extensión poniente, una marcada protuberancia hacia el oeste, hacia el Valle de Toluca, Lerma, Zinacantepec y Otzolotepec, se proyecta lateralmente con una forma alargada y aplanada, análoga al lóbulo izquierdo hepático.
    • El proceso caudado o la vena cava. La prolongación angosta y vertical hacia el vértice norte (en dirección a Jilotepec y Soyaniquilpan) actúa visualmente como el segmento superior o la zona de los grandes vasos que emergen del órgano.
    • El borde inferior y la fosa cística. Los contornos lobulados e irregulares del sur (la zona de los volcanes y los límites con Morelos) replican las escotaduras y muescas del borde inferior del hígado, donde la silueta se repliega orgánicamente.

    La ZMVM no es un simple rectángulo ni una mancha amorfa; la expansión territorial ha dibujado sobre el mapa una víscera metropolitana: un sistema circulatorio y metabólico complejo, con lóbulos muy definidos que ahora metabolizan una escala regional masiva.

    Ejes

    El extremo más septentrional de la ZMVM, al noroeste del polígono, se encuentra a las faldas del Cerro del Capulín, en su ladera este, en el extremo norte del municipio de Tula de Allende, Hidalgo, a unos 19 kilómetros en línea recta de la Zona Arqueológica de Tula.

    En la antípoda, el extremo meridional de la ZMVM se halla frente a Puebla…, no frente al estado de Puebla, claro, sino frente a la calle de Puebla, localizada ya en el municipio de Yecapixtla, Morelos. El vértice sur del polígono es un punto trino, ubicado a unos metros del IMSS Bienestar de San Juan Tlacotompa; ahí se topan los municipios morelenses de Ocuituco y Yecapixtla con el municipio mexiquense de Ecatzingo.

    Ahora, resulta que el punto más oriental de la ZMVM corresponde con el punto más oriental de todo el Estado de México. Se ubica en el municipio de Axapusco, haciendo frontera con los municipios hidalguenses de Tepeapulco y Tlanalapa.

    Finalmente, el punto extremo poniente de la ZMVM está a unos metros de una pequeña abarrotería, Loma Alta, localizada en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México. El punto cae en una parcela, muy cerca de la colonia Emiliano Zapata, ubicada ya fuera del polígono, en el municipio también mexiquense de Jiquipilco.

    Centroide en el Cerro Gordo

    Si uniésemos los puntos más extremos Este-Oeste y Norte-Sur de la ZMVM por dos líneas diagonales imaginarias, la primera tendría una distancia de 110.85 kilómetros, mientras que la segunda sería la más grande: casi 155 kilómetros. Al generar el centro geométrico del polígono que delimita la ZMVM, el cruce de ambas líneas, este se ubica al suroeste del municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

    Ahora, el centro de masa del polígono (donde se puede considerar concentrada toda la masa del objeto para efectos de análisis físico, mecánico o dinámico) se ubica en la ladera noroeste del Cerro Gordo, en el municipio mexiquense de Ecatepec de Morelos.

    @gcastroibarra

  • México tiene memoria

    México tiene memoria

    No demerito el esfuerzo, la consistencia ni la determinación que ha mostrado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, hoy senador de la República y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, por recuperar votos y tratar de colocar nuevamente al PRI en una posición relevante dentro de la política mexicana. Se puede estar de acuerdo o no con él, pero sería injusto negar que está dando una batalla frontal. Ha documentado señalamientos de corrupción, ha llevado acusaciones contra el gobierno mexicano a instancias internacionales y ha elevado considerablemente el tono de su confrontación política. En agosto de 2026 informó que acudió ante la Organización de las Naciones Unidas para denunciar lo que considera violaciones de derechos y libertades en México, además de otras acciones emprendidas en Estados Unidos. Alejandro Moreno parece haberse decidido a jugar políticamente el todo por el todo y, cuando declara que incluso su propia seguridad está en riesgo, pretende dejar claro que no piensa retroceder. Como dirigente de oposición podrá ser cuestionado por muchas cosas, pero difícilmente puede decirse que esté escondido o que haya bajado la guardia.

    El problema para Alejandro Moreno es que su adversario más difícil quizá no sea Claudia Sheinbaum, Morena o el gobierno federal. Su adversario más complicado es algo que ningún dirigente puede derrotar desde una tribuna: la memoria de los mexicanos. Porque México tiene memoria, y ése es probablemente el mayor problema que enfrenta el PRI cuando intenta convencer a la sociedad de que representa nuevamente una alternativa de gobierno. Durante décadas el PRI no solamente gobernó México: prácticamente se confundió con el propio Estado. Controló la Presidencia de la República, la inmensa mayoría de las gubernaturas, congresos, organizaciones sindicales y buena parte de la estructura institucional del país. Por eso resulta imposible pedirle hoy al ciudadano que juzgue al partido únicamente por lo que dice su actual dirigente. Cuando el PRI pide otra oportunidad, inevitablemente aparecen los recuerdos de lo que ocurrió cuando tuvo prácticamente todo el poder.

    Las generaciones más jóvenes quizá conozcan las grandes crisis económicas mexicanas solamente por lo que les cuentan sus padres o sus abuelos, pero millones de mexicanos todavía recuerdan perfectamente lo ocurrido. En agosto de 1982 México informó a sus acreedores que ya no podía cumplir plenamente con el servicio de su deuda externa, episodio que el Fondo Monetario Internacional identifica como el comienzo de la gran crisis latinoamericana de deuda. José López Portillo terminó su gobierno en medio de devaluaciones, inflación, fuga de capitales y una economía profundamente deteriorada, y Miguel de la Madrid recibió un país que durante años padecería las consecuencias. Después vendrían nuevas turbulencias hasta llegar a diciembre de 1994 y la crisis de 1995, cuando el PIB mexicano se contrajo alrededor de 6.2%. Para quienes vivieron aquellos años no se trata de una gráfica económica: hubo familias que perdieron casas, negocios, automóviles, ahorros y patrimonios construidos durante décadas; las tasas de interés se dispararon, el poder adquisitivo se desplomó y miles de hogares quedaron atrapados en deudas que parecían imposibles de pagar. Esa generación difícilmente puede escuchar hablar del antiguo modelo mexicano sin recordar lo que le costó sobrevivirlo.

    Después llegó otro capítulo todavía más doloroso: la violencia. Y aquí debemos ser históricamente justos, porque sería absurdo responsabilizar exclusivamente al PRI de toda la violencia mexicana. La llamada guerra contra el narcotráfico se intensificó durante el gobierno de Felipe Calderón, del PAN, y fue precisamente durante esos años cuando organizaciones como Los Zetas alcanzaron niveles aterradores de poder en distintas regiones del país. Los mexicanos conocimos palabras que nunca debieron normalizarse: levantones, cuotas, casas de seguridad, decapitados, fosas clandestinas. Comerciantes que pagaban extorsiones para poder abrir sus negocios, familias que evitaban viajar de noche, balaceras en plena ciudad y ciudadanos que simplemente desaparecían. Morena ni siquiera existía todavía como partido político nacional; obtuvo su registro hasta 2014. Por eso resulta poco serio pretender que la violencia mexicana nació en 2018. Lo que hoy padecemos tiene raíces mucho más antiguas, construidas durante décadas de impunidad, corrupción institucional, expansión del crimen organizado y complicidades políticas de distintos colores.

    Los veracruzanos sabemos perfectamente de qué estoy hablando. Quienes vivimos aquellos años recordamos lo que significaba escuchar historias de secuestros, extorsiones, desapariciones y enfrentamientos. Y después llegó uno de los símbolos nacionales de la corrupción política: Javier Duarte de Ochoa, gobernador priista de Veracruz entre 2010 y 2016. Duarte terminó declarándose culpable en un proceso federal y en 2018 fue condenado a nueve años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Su nombre dejó de representar únicamente a un exgobernador para convertirse en un símbolo de una época. ¿Cómo pedirle entonces a un veracruzano que simplemente olvide? Veracruz también recuerda los años de Fidel Herrera y la transformación que sufrió la seguridad del estado durante aquella época. Podemos discutir responsabilidades específicas y debemos evitar adjudicar delitos sin sentencia, pero lo que nadie puede borrar es la percepción y la experiencia de una sociedad que vio deteriorarse dramáticamente su entorno.

    Y Veracruz ofrece además otro ejemplo de las decisiones que durante años fueron presentadas bajo el lenguaje de la modernización. En 2015 se entregó por treinta años la operación del sistema de agua de Veracruz y Medellín a una empresa mixta en la que participaron capitales privados, entre ellos Odebrecht Ambiental y Aguas de Barcelona. La documentación del propio ORFIS acredita aquella estructura. Se nos dijo durante décadas que privatizar significaba modernizar, invertir y hacer más eficientes los servicios. La pregunta, después de años de controversias por tarifas, servicio e infraestructura, sigue siendo válida: ¿realmente mejoró la vida del ciudadano? Porque privatizar por sí mismo nunca fue garantía de eficiencia; cuando una concesión pública carece de suficiente competencia, vigilancia y rendición de cuentas, lo único que puede cambiar es quién cobra la factura.

    Lo mismo puede preguntarse sobre el modelo energético que durante años privilegió la participación de grandes compañías extranjeras. Iberdrola llegó a convertirse en uno de los actores privados más importantes del sector eléctrico mexicano y desarrolló numerosas centrales, particularmente de ciclo combinado. Sus defensores argumentarán, con razón, que la inversión privada aportó capacidad de generación, capital y tecnología. Pero el ciudadano común tiene derecho a hacer una pregunta mucho más sencilla: ¿esa transformación se reflejó proporcionalmente en tarifas eléctricas más bajas para las familias? Si el argumento era que abrir sectores estratégicos al capital privado necesariamente produciría mejores servicios y menores costos, entonces los resultados también deben evaluarse desde el recibo que llega a la casa y no solamente desde los estados financieros de las empresas.

    Pero el problema histórico del PRI es todavía más profundo porque la memoria mexicana tiene nombres y apellidos: Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Mario Marín, Tomás Yarrington, Humberto Moreira y otros personajes que, con situaciones jurídicas diferentes que deben distinguirse con rigor, terminaron asociados públicamente con escándalos, investigaciones o procesos que dañaron profundamente la imagen del partido. Tomás Yarrington, exgobernador priista de Tamaulipas, fue condenado en Estados Unidos en 2023 a nueve años de prisión después de declararse culpable de aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y utilizar parte de esos recursos para adquirir propiedades en Estados Unidos. César Duarte fue extraditado desde Estados Unidos a México en 2022 para enfrentar acusaciones relacionadas con peculado y asociación delictuosa. Mario Marín continúa vinculado judicialmente al caso de la periodista Lydia Cacho. Roberto Borge pasó años privado de la libertad y, aunque en 2026 fue absuelto del cargo de delincuencia organizada dato que también debe decirse continuó enfrentando otro proceso bajo prisión domiciliaria. Humberto Moreira fue durante años objeto de fuertes cuestionamientos relacionados con la deuda de Coahuila, aunque sería irresponsable convertir acusaciones políticas en condenas que jurídicamente no existen.

    Ésa es precisamente la diferencia entre memoria y propaganda. No necesitamos inventarle nada al pasado para entender por qué el PRI tiene dificultades para reconstruirse. Los tamaulipecos recuerdan a Yarrington; los chihuahuenses, a César Duarte; los poblanos, a Mario Marín; los quintanarroenses, a Roberto Borge; los veracruzanos, a Javier Duarte. Cada entidad conserva sus propias historias, y ésas pesan mucho más que cualquier espectacular de campaña. Alejandro Moreno puede recorrer el país denunciando los errores de Morena y seguramente encontrará muchos que señalar, pero antes de pedirle al ciudadano que vuelva a confiar en el PRI necesita responder una pregunta muchísimo más complicada: ¿qué hizo el PRI para garantizar que aquello no vuelva a ocurrir?

    Ahora bien, tampoco podemos convertir esta reflexión en propaganda para Morena. México no se transformó mágicamente en un país perfecto en diciembre de 2018. Sigue existiendo corrupción, siguen existiendo homicidios, extorsiones y desapariciones, existen regiones donde el crimen organizado conserva un poder intolerable, hay deficiencias graves en servicios de salud y existen decisiones del gobierno que merecen ser cuestionadas. La oposición tiene no solamente el derecho, sino la obligación de investigar y denunciar. México necesita contrapesos, instituciones fuertes, periodistas incómodos y partidos capaces de fiscalizar al poder. Si Alejandro Moreno presenta pruebas de corrupción, deben investigarse independientemente de quién resulte involucrado. Y si funcionarios de Morena cometen delitos, deberán responder exactamente igual que los funcionarios del PRI o del PAN. La memoria no puede ser selectiva.

    Pero tampoco puede ignorarse que el México actual presenta indicadores sociales que ayudan a explicar por qué una parte importante de la población continúa respaldando el proyecto político iniciado en 2018. El salario mínimo general pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte llegó a 440.87 pesos diarios. La CONASAMI calcula una recuperación acumulada muy importante del poder adquisitivo durante ese periodo. Asimismo, la medición de pobreza multidimensional reportó una reducción de 41.9% de la población en 2018 a 29.6% en 2024, equivalente a aproximadamente 13.4 millones de personas menos en condición de pobreza. Habrá quienes atribuyan esa reducción a los programas sociales, quienes destaquen el aumento salarial y quienes señalen otros factores económicos; probablemente exista una combinación de todos ellos. Lo importante es reconocer que para millones de mexicanos esos cambios son tangibles y tienen un peso político enorme.

    También existe una apuesta evidente por la infraestructura pública. El país ha vuelto a hablar de trenes de pasajeros, carreteras, hospitales, puertos, energía y grandes proyectos de inversión gubernamental. La administración de Claudia Sheinbaum anunció un programa de infraestructura pública y mixta de varios billones de pesos hacia 2030, así como decenas de proyectos hospitalarios y más de dos mil kilómetros de infraestructura ferroviaria proyectada. Naturalmente habrá que evaluar cuánto cuestan esas obras, si se terminan a tiempo, si funcionan, si los contratos fueron transparentes y si producen el beneficio prometido. Ésa es precisamente la tarea de una oposición responsable. Pero políticamente existe una diferencia importante: mientras durante décadas se dijo que el Estado debía retirarse de numerosos espacios económicos, hoy existe nuevamente una visión donde el Estado pretende ser un participante activo en infraestructura y desarrollo.

    Por eso, sinceramente, cuando observo al gobierno actual no veo aquella caricatura simplista que durante años algunos sectores han intentado vender de un México convertido inevitablemente en una economía socialista. Veo un país donde continúan operando bancos privados, constructoras privadas, industrias, comercios, desarrolladores inmobiliarios, inversión extranjera y grandes corporaciones, pero al mismo tiempo existe una política de incremento salarial, programas sociales y mayor participación gubernamental en determinados sectores estratégicos. Se puede estar de acuerdo o no con ese modelo, pero reducir toda discusión a “comunismo contra democracia” empobrece enormemente el debate.

    Y aquí es donde PRI y PAN enfrentan posiblemente su mayor problema hacia el futuro. No basta con decirle a México que Morena está equivocado. Tienen que explicar qué ofrecen ellos que sea mejor y, sobre todo, por qué el ciudadano debería creerles. El PRI obtuvo aproximadamente 11% de la votación en la elección federal de diputados de 2024, mientras Morena superó el 40%. Es una diferencia brutal para un partido que alguna vez gobernó prácticamente todo el territorio nacional. Ese resultado demuestra que la crisis del PRI no existe únicamente en las encuestas o en los comentarios de redes sociales: está escrita en las urnas.

    Alejandro Moreno puede denunciar, confrontar, viajar a Washington, acudir ante organismos internacionales y levantar la voz desde el Senado. Puede reconstruir estructuras territoriales y buscar candidatos competitivos. Puede incluso lograr que el PRI recupere algunos espacios. Pero su verdadera batalla no es contra Claudia Sheinbaum. Su batalla es contra las imágenes que aparecen en la mente de millones de mexicanos cuando escuchan las tres letras de su partido. Contra el padre que perdió un negocio durante una crisis, contra la familia que vio multiplicarse una deuda hipotecaria, contra el comerciante que pagó derecho de piso, contra el ciudadano que vivió los años más violentos de Tamaulipas o Veracruz, contra quienes vieron gobernadores salir de sus palacios de gobierno para terminar enfrentando tribunales y prisiones.

    Eso no significa que Morena tenga garantizado eternamente el respaldo popular. Sería un enorme error que sus dirigentes lo creyeran. Morena también está construyendo desde ahora la memoria con la que será juzgado mañana. Cada caso de corrupción que no investigue, cada acto de impunidad que tolere, cada familia víctima de violencia que no pueda proteger, cada hospital que no funcione, cada obra que desperdicie recursos públicos y cada abuso de poder que permita terminarán algún día formando parte de su propio expediente histórico. Ningún partido tiene derecho de propiedad sobre México y ningún gobierno puede escapar indefinidamente del juicio de sus ciudadanos.

    Por eso reconozco el esfuerzo de Alejandro Moreno. México necesita oposición y necesita dirigentes dispuestos a enfrentar al poder. Pero una cosa es reconocer su batalla y otra muy distinta pensar que los mexicanos están dispuestos a regresar automáticamente a lo que existía antes. El PRI y el PAN necesitan ofrecer algo más profundo que nostalgia, alianzas electorales o rechazo a Morena. Necesitan construir una propuesta para el México que viene y demostrar, con hechos y no únicamente con discursos, que entendieron las razones por las que millones de ciudadanos les dieron la espalda.

    Porque los gobiernos cambian, los presidentes terminan sus sexenios, los gobernadores dejan los palacios, los dirigentes nacionales eventualmente entregan sus cargos y hasta los partidos que parecían eternos pueden desaparecer. Lo que permanece es lo vivido por la gente. Alejandro Moreno puede librar muchas batallas políticas y quizá ganar algunas de ellas, pero la más difícil no se libra en el Senado, en Washington, en Nueva York ni frente a Claudia Sheinbaum. Se libra dentro de la memoria colectiva de un país que ha vivido demasiado como para olvidar fácilmente.

    Y México tiene memoria.

  • DOS AÑOS DE UNA PRESIDENTA, OCHO AÑOS DE UN MÉXICO QUE CAMBIA

    DOS AÑOS DE UNA PRESIDENTA, OCHO AÑOS DE UN MÉXICO QUE CAMBIA

    Hay gobiernos que simplemente administran el calendario y hay momentos políticos que terminan por definir una época. México vive uno de esos instantes decisivos: por primera vez en más de dos siglos de historia independiente, una mujer encabeza el Poder Ejecutivo Federal. El dato sacude nuestra memoria histórica, pero su verdadero valor rebasa la anécdota biográfica o la fecha electoral; habla de un país que transformó la manera en que entiende el poder y, sobre todo, a quienes les pertenece ejercerlo. Para las mujeres que consagramos nuestra vida a la función pública y al servicio de la nación, este parteaguas marca una ruta sin retorno.

    La llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República no fue un hecho aislado ni un regalo de quienes durante años concentraron las decisiones del país. Es parte de un cambio que comenzó hace ocho años y que puso en el centro otras prioridades y una idea distinta de gobierno: escuchar y atender a las mayorías. Durante décadas, los espacios donde se tomaban las decisiones más importantes estuvieron alejados de muchas mexicanas y mexicanos. Hoy, que una niña mexicana pueda crecer sabiendo que la Presidencia de la República también puede ser ocupada por una mujer, rompe con una idea que durante generaciones parecía inamovible. No se trata solamente de quién ocupa la banda presidencial, sino de que las nuevas generaciones sepan que ningún cargo, por importante que sea, tiene dueño y que las mujeres también pueden llegar a los lugares donde se decide el rumbo de México.

    Reconocer con orgullo que hoy una mujer ocupa la Presidencia de México no significa darle un cheque en blanco ni dejar de señalar lo que debe hacerse mejor. La igualdad no necesita elogios por el simple hecho de ser mujer; necesita mujeres capaces de gobernar con firmeza, tomar decisiones difíciles, rendir cuentas y responder ante quienes les dieron su confianza, sin olvidar jamás la verdad, la honestidad, el respeto y la lealtad al pueblo de México.

    A una Presidenta no se le demuestra lealtad con silencios ni con aplausos incondicionales, sino acompañando el proyecto de país, señalando lo que debe corregirse y exigiendo resultados. Al final, su legado no dependerá solamente de haber abierto una puerta que durante mucho tiempo estuvo cerrada para las mujeres, sino de lo que logre hacer desde ella: defender la soberanía de México, cuidar el dinero público y conseguir que las decisiones del gobierno se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias.

    Para entender si ese cambio existe, hay que mirar más allá de los discursos y revisar los resultados. De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, entre 2018 y 2024 alrededor de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, mientras la población en situación de pobreza pasó de 41.9 a 29.5 por ciento. También 13 millones de mexicanos se incorporaron a la clase media. Estas son cifras que pueden parecer lejanas detrás de una pantalla, pero estas se traducen en familias que hoy tienen mayores posibilidades de cubrir sus necesidades y construir un patrimonio.

    El salario mínimo pasó de 248.93 pesos en 2024 a 315 pesos en 2026 y acumula, según el informe, un incremento real de 153% desde 2019. A ello se suma una red de programas de bienestar que en 2026 alcanza a 42 millones de personas y un sistema de becas que beneficia a 19.5 millones de estudiantes de escuelas públicas. Pero para millones de familias, esto representa un ingreso adicional, una oportunidad educativa o la posibilidad de que un hijo permanezca en la escuela.

    En cuanto hace a un aspecto económico, México registró una inversión extranjera directa de 41 mil millones de dólares en 2025, alcanzó 22.8 millones de empleos formales en julio de 2026 y mantuvo niveles de desempleo históricamente bajos. Las exportaciones llegaron a cerca de 665 mil millones de dólares en 2025 y el Plan México contempla 14 Polos de Desarrollo Económico para impulsar inversión, industria y empleo. El reto ahora es que ese crecimiento no se quede en los indicadores macroeconómicos y termine reflejándose en mejores salarios, más oportunidades y mayor bienestar para las comunidades.

    En el sector salud también existen avances, ya que durante estos dos primeros años se pusieron en operación 32 hospitales, además de nuevas obras y ampliaciones que buscan aumentar la capacidad de atención. De igual forma en cuanto hace a vivienda, se reportan 518 mil casas contratadas, así como la reestructuración de créditos que durante años resultaron prácticamente impagables para millones de familias. Estas son medidas que se toman para que el Estado vuelva a ser capaz de responder cuando una familia necesita atención médica, una vivienda o una oportunidad para salir adelante.

    Pero ningún proyecto de transformación puede considerarse completo si la gente no puede vivir tranquila. Por eso en el tema de seguridad, el Gobierno reporta una reducción de 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y julio de 2026, además de miles de personas detenidas y armas aseguradas. Y claro que son resultados importantes, pero no suficientes para un México, donde todavía hay regiones sometidas por la violencia y muchas familias que viven con temor. La seguridad no se mide únicamente en estadísticas: se mide cuando una madre puede dejar salir a su hija, cuando un comerciante puede abrir su negocio, cuando una persona puede regresar a casa sin preguntarse si llegará con vida, cuando la gente camina tranquila sin temor a ser violentada.

    Como jueza lo constato todos los días: la legitimidad de un régimen no se defiende con discursos ni con buenas voluntades, sino con hechos y resoluciones que transformen la vida diaria de la gente común. Detrás de cada expediente, de cada audiencia, de cada resolución, hay familias mexicanas que no piden favores ni dádivas, sino estricto debido proceso, respuesta pronta de sus autoridades y castigo efectivo a los culpables.

    El verdadero patriotismo dentro de la función pública exige que las garantías consagradas en el texto constitucional dejen de ser postulados teóricos y se conviertan en realidades materiales que protejan al débil frente al abusivo.

    Por eso, reconocer lo avanzado no significa cerrar los ojos frente a lo que falta. La violencia que persiste en distintas regiones, la impunidad, los delitos cometidos contra las mujeres y la necesidad de fortalecer nuestro sistema de justicia siguen siendo deudas que no pueden esperar. Una transformación verdadera necesita instituciones fuertes, operadores honestos y decisiones técnicamente sólidas. Necesita también ciudadanos que no renuncien a su derecho de exigir cuentas, incluso cuando coincidan con el rumbo del gobierno.

    Una mujer en Palacio Nacional adquiere su máxima dimensión histórica cuando ese liderazgo se traduce en ministerios públicos eficaces, en una disminución real de la violencia contra las mujeres, en acceso equitativo a la salud y la educación y en oportunidades que permitan a las familias vivir con dignidad. Porque el mayor triunfo de este tiempo histórico no radica únicamente en contar con una primera Presidenta, sino en lograr que, después de su sexenio, el ejercicio del poder en manos de una mujer se asuma como una normalidad democrática indiscutible.

    Sí, son dos años de una Presidencia firme, ocho años de una transformación que modificó la conversación pública y una patria que todavía tiene deudas históricas por saldar. Apoyar lo que ha funcionado no obliga a callar frente a lo que debe corregirse. Al contrario: exigir mejores resultados también es una forma de defender a México.

    Porque la verdadera transformación no termina cuando cambia quien ocupa la Presidencia. Apenas comienza cuando los ciudadanos pueden mirar a su gobierno y decir, mi vida ha cambiado para bien. Ya que como bien sentenció la jurista Ruth Bader Ginsburg: “Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones”.

  • Resistencia Alessandra

    Resistencia Alessandra

    Cada vez que la derecha organiza un evento sin gente no sólo se trata de un Movimiento sin bases, sino de un distractor que entretiene tanto a autoridades como a la gente mientras la derecha planea algo contundente y agresivo contra el gobierno de la 4T.

    Con un discurso eminentemente fascista la alcaldesa de Cuauhtémoc, convoca a la gente a algo que pareciera una convocatoria contra un imaginario “narcogobierno”, de ahí que lo demás pareciera simple, frágil, débil, pero efectivo a la hora de llamar la atención.

    Entre frases como “México no le pertenece a ningún gobierno y México no le pertenece a una sola persona; “México es de todos”, o “”Cada reunión deberá terminar en una acción, cada compromiso tendrá un responsable”.

    Es decir, el inicio de una revuelta, como proyecto paralelo, según su discurso, aunque en el momento del encuentro distractor sólo haya 20 personas. Dos eventos con el mismo fin, uno inofensivo pero escandaloso; el otro, peligroso y discreto, que podría ser el nombramiento del sustituto de Cerimedo, o la designación del líder del golpe de estado suave, o quién será el candidato a la presidencia de la república de la derecha, o el nuevo Mecenas, o simplemente, quién encabezará a la oposición sin candidaturas ni liderazgo. Es decir, de manera soterrada pero en una articulación de fuerzas diferente más allá del aburrido rompecabezas de declaraciones sin coherencia ni congruencia que todavía no termina de armar el conservadurismo.

    Rojo de la Vega, encabezó la celebración a un año de la marcha La Resistencia y convocó a la organización social para defender el voto y vencer a lo que llamó “narcogobierno”.

    Este 31 de agosto de 2025, siempre un día antes del informe de la Presidenta, algunos ciudadanos recorrieron calles de la alcaldía Cuauhtémoc en una movilización convocada por la alcaldesa. Desde las 11 de la mañana, contingentes a pie y en motocicletas, avanzaron desde la Diana Cazadora, hasta llegar al Parque México, donde se pronunció un discurso de rancio conservadurismo.

    Los asistentes portaron pancartas con frases como “México no se vende” y “No vamos a ser Cuba”.

    No ubo mucha asistencia ni recorrido amplio, ni difusión extensa, simplemente un acto con acarreados y desinformados temerosos de que México se convierta en Cuba o Venezuela. Esta vez el tema fue el narcogobierno, y seguramente habrá un nuevo objetivo y una nueva consigna el próximo año, cuando Alessandra esté a punto de dejar el cargo, ante la derrota electoral.

    La proximidad de las elecciones y la falta de proyectos propios obligaron a la alcaldesa a rascar en el pasado lo que considera añejas glorias y lánguidas batallas. Debe activar simpatías si quiere competir para reelegirse, pero, al mismo tiempo, hacerle el juego a una ultraderecha, donde es peón, cada vez más desesperada porque el poder se aleja cada día más.

    La oradora única, a un año de su primera pasarela, amenazó con más encuentros para capacitarse y proponer acciones en esta organización. Es decir, toda una revolución de relanzamiento a su candidatura y distraer a medios y la población de lo que se hace en lo oscurito para tomar el poder, a sangre y fuego.

  • De sancionar a restaurar: la nueva ley Ambiental (LGEEPA)

    De sancionar a restaurar: la nueva ley Ambiental (LGEEPA)

    Hay daños ambientales que ninguna multa puede deshacer. Un río contaminado no se limpia con una transferencia bancaria. Un acuífero afectado no recupera su calidad porque una empresa pague una sanción. Y un ecosistema destruido puede tardar décadas en volver a funcionar, si es que alguna vez lo consigue. Esa realidad explica el cambio más importante detrás de la nueva legislación ambiental que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa: pasar de castigar después del daño a prevenirlo y, cuando ocurra, obligar a repararlo.

    La iniciativa, presentada a finales de agosto, busca sustituir el marco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1988, y será discutida por el Congreso en el periodo ordinario que comienza en septiembre. La LGEEPA construyó buena parte de la arquitectura ambiental moderna de México: impacto ambiental, ordenamiento ecológico, áreas naturales protegidas, inspección y sanciones. Pero después de casi cuatro décadas, sus instrumentos enfrentan problemas ambientales mucho más complejos.

    Uno de ellos está en los incentivos. Cuando reparar el daño resulta más costoso que pagar una sanción, la multa corre el riesgo de convertirse en un costo más de operación. La nueva propuesta intenta romper esa lógica: que contaminar y pagar dejen de ser, en la práctica, operaciones equivalentes.

    La Manifestación de Impacto Ambiental, conocida como MIA, seguirá siendo una pieza central. Antes de desarrollar determinadas obras, un proyecto debe identificar qué impactos podría provocar y cómo pretende prevenirlos o mitigarlos. La nueva lógica busca mirar además los efectos acumulativos, regionales y de largo plazo e incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica para introducir las variables ambientales desde la planeación y no cuando prácticamente todo está decidido.

    Eso puede parecer técnico hasta que una autoridad ambiental ordena detener una operación.

    Las facultades de inspección, seguridad y sanción permiten que un incumplimiento serio tenga consecuencias inmediatas: medidas urgentes, clausuras temporales o definitivas e incluso suspensión o revocación de autorizaciones. En hidrocarburos, minería, infraestructura o industria, eso puede significar detener una instalación completa. La regulación ambiental no es un requisito periférico: puede determinar si una inversión continúa operando.

    Ahí aparece el cambio de fondo. La reparación gana terreno frente a la sanción económica. Siempre que sea posible, deberá privilegiarse recuperar el ecosistema afectado; la compensación quedaría como mecanismo excepcional cuando reparar directamente resulte imposible o desproporcionado. El principio parece sencillo, pero modifica el cálculo económico: pagar por contaminar no debería ser una alternativa frente a reparar.

    También adquieren relevancia los convenios de reparación o compensación. Una empresa podría comprometer acciones concretas antes de concluir el procedimiento sancionador, pero no bastaría con promesas. Las medidas deberán acreditar resultados medibles y equivalencia ecológica, además de mantener indicadores de seguimiento que, en determinados casos, se extenderían por al menos diez años. Restaurar deja así de ser solamente una obligación jurídica para convertirse en un compromiso técnico, financiero y operativo de largo plazo.

    Por eso los regulados deberían comenzar a prepararse antes de que concluya la discusión legislativa. Revisar sistemas de gestión ambiental, actualizar riesgos, fortalecer seguros y garantías, verificar compensaciones existentes y documentar mejor las medidas preventivas no tendría que esperar a la entrada en vigor. Quienes se anticipen enfrentarán una transición menos complicada; quienes sigan viendo el cumplimiento ambiental como un expediente por completar probablemente descubrirán que el nuevo estándar exige mucho más.

    El reto para el Estado será igual de grande. Evaluar impactos acumulativos, determinar responsabilidades, valorar daños y supervisar restauraciones durante años requiere especialistas, presupuesto y coordinación entre Semarnat, PROFEPA, ASEA, estados y municipios. Una legislación ambiciosa sin instituciones capaces de aplicarla puede terminar convertida en una colección de buenas intenciones. La discusión, entonces, no debería reducirse a multas más altas o nuevos trámites. Lo que está en juego es el sistema de incentivos con el que México protegerá su patrimonio natural durante las próximas décadas.

    Durante años medimos la fortaleza ambiental del Estado por cuántas inspecciones realizaba, cuántas multas imponía o cuántas instalaciones clausuraba. Quizá sea momento de medir algo más importante: cuántos daños consiguió evitar y cuánto de lo destruido logró recuperar. Porque una política ambiental moderna no demuestra su fuerza cuando encuentra a quién cobrar después del daño. La demuestra cuando consigue que prevenir sea más conveniente que destruir y restaurar sea más importante que pagar.

  • En la izquierda luchamos por la riqueza

    En la izquierda luchamos por la riqueza

    Hay algo profundamente revelador en algunas de las campañas mediáticas que, una y otra vez, buscan convertir a los hijos de Andrés Manuel López Obrador en protagonistas de una especie de novela negra nacional.

    A Andy lo persiguen con una intensidad que pocas veces se observa cuando se trata de otros apellidos de la política mexicana. Fotografías, viajes, restaurantes, ropa, amistades, propiedades, visas y hasta detalles de su vida personal terminan convertidos en titulares que parecen tener un objetivo más político que periodístico: construir la idea de que todo aquel que provenga de la izquierda debe vivir en la austeridad absoluta o, de lo contrario, será acusado de hipócrita.

    Y aquí hay que hacer una precisión fundamental: si existe una conducta ilegal, corrupción o tráfico de influencias, que se investigue y se sancione. Nadie debería estar por encima de la ley por ser hijo de un expresidente, militante de Morena o integrante de cualquier otro partido.

    Pero una cosa es investigar y otra muy distinta es construir una narrativa donde el pecado parece ser simplemente tener dinero. Porque ahí aparece uno de los argumentos más tramposos de la derecha: decir que quienes somos de izquierda queremos que la gente sea pobre.

    No. La izquierda no romantiza la pobreza. La izquierda quiere acabar con ella. La diferencia es enorme.

    Romantizar la pobreza sería decirle a una familia que debe conformarse con no tener agua potable, con una vivienda precaria, con un salario que no alcanza, con una escuela sin condiciones o con servicios de salud deficientes porque “así vive el pueblo”.

    Eso no es izquierda. Eso sería crueldad. Lo que históricamente hemos planteado desde la izquierda es exactamente lo contrario: que todas las personas tengan derecho a vivir bien. Que una familia trabajadora pueda comprar una casa digna. Que una joven pueda estudiar en una buena universidad. Que un campesino pueda vivir de su tierra. Que un trabajador tenga un salario suficiente.

    Que una persona pueda viajar, conocer el mundo, comer bien, vestir bien y tener acceso a la tecnología sin que todo eso sea patrimonio exclusivo de quienes nacieron en una familia privilegiada. Queremos riqueza.

    Pero aquí está la diferencia fundamental: queremos una sociedad rica, no una sociedad con unos cuantos multimillonarios rodeados de millones de personas empobrecidas. Queremos que la prosperidad se democratice.

    Y por eso resulta tan curioso cuando algunos sectores conservadores intentan presentar cualquier aspiración material de la izquierda como una contradicción. ¿Acaso alguien que defiende la justicia social debe pedir perdón por querer vivir bien? ¿Acaso defender a los trabajadores significa que los trabajadores tienen que permanecer pobres para demostrar que son auténticos? ¿Acaso luchar contra la desigualdad significa que nadie puede aspirar a tener una casa bonita, un buen automóvil, viajar o construir un patrimonio?

    Por supuesto que no. El problema nunca ha sido que una persona tenga dinero. El problema es cómo se obtiene ese dinero, si existe corrupción, si hay abuso del poder, si se utilizan recursos públicos para beneficio privado o si las reglas son distintas para unos y para otros. Y eso debe aplicarse a todos.

    Lo mismo para un hijo de López Obrador que para un hijo de cualquier empresario, gobernador, expresidente o dirigente político. Porque si de verdad queremos combatir la corrupción, necesitamos reglas universales, no campañas selectivas.

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