Tras los resultados de 2024, el blanquiazul reconoce que aliarse con el PRI le costó caro y ahora intenta deslindarse de su propio error político.
Luego de la dura realidad que dejaron las elecciones de 2024, el PAN terminó por aceptar lo evidente: su alianza con el PRI fue un fracaso que le costó la mitad de sus votos. Así lo admitió su vocero, Jorge Triana, quien prácticamente reconoció que el partido alejó a su propia base electoral.
De acuerdo con el panista, los análisis internos arrojaron que miles de simpatizantes decidieron no votar por el PAN simplemente por ir de la mano con el PRI, un partido que históricamente ha sido su supuesto antagonista, pero que terminó siendo su lastre.
Ahora, con los resultados encima, el discurso cambió. Triana aseguró que no repetirán la alianza, apelando a que “la ciudadanía manda”, aunque el mensaje suena más a corrección forzada que a convicción, luego de ignorar ese mismo reclamo durante el proceso electoral.
En medio de este giro, el dirigente priista Alejandro Moreno insiste en mantener la coalición opositora, pero desde el PAN ya le respondieron que los reclamos y presiones no sustituyen la falta de credibilidad, evidenciando la fractura entre quienes hace poco se presentaban como bloque.
Por si fuera poco, el PAN promete ahora candidatos “limpios” y competitivos, como si ese filtro no fuera una obligación básica desde siempre, mientras también plantea abrir espacios a ciudadanos… siempre y cuando piensen exactamente como el partido.
Así, el blanquiazul intenta reinventarse tras un golpe que él mismo se propinó, confirmando que su alianza con el PRI no sólo no sumó, sino que terminó por hundirlo electoralmente.
Una grabación revela que autoridades de Coyoacán organizaron un acarreo de personas a un evento del PAN, a cambio de beneficios y dispositivos electrónicos.
Un escándalo se desata en Coyoacán tras la difusión de una grabación que revela el uso de estrategias de acarreo por parte del gobierno local, encabezado por Giovani Gutiérrez. La voz en el audio, que corresponde a la subdirectora territorial Churubusco-Taxqueña, Irma Lourdes Velázquez, llama a un colaborador para organizar el traslado de asistentes a un evento del Partido Acción Nacional (PAN) en la Alameda Sur.
En la conversación, Velázquez menciona la importancia de la presencia de simpatizantes y detalla cómo los asistentes recibirían playeras que los identifican como parte del “Grupo PAN de Coyoacán.” La subdirectora también hace referencia a la competencia política con Clara Brugada, quien ha expresado su intención de afianzar su control en Coyoacán.
Ayer, varios microbuses, algunos con logotipos del PAN, llegaron a las cercanías de la Alameda Sur, donde descendieron grupos de personas con banderines a favor del partido. Este movimiento generó severo tráfico en las calles aledañas.
Vecinos de Coapa, ¿alguien sabe cuál Ruta es la PAN Grupo Coyoacán Gio?
— Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) March 21, 2026
Por otro lado, el diputado Paulo García mostró fotografías que documentan la entrega de pantallas y laptops antes del evento. También hizo pública una grabación en la que se menciona que, a cambio de estos dispositivos, los asistentes debían comprometerse a acudir al evento. Además, ofrecieron incentivos como dos días de descanso a los participantes. A pesar de esto, García apuntó que hubo amenazas para que solo asistieran personas “de confianza”, dejando claro que quienes no cumplieran con la exigencia podían ser despedidos.
En entrevista, el legislador de Morena expresó sus preocupaciones sobre el origen de los fondos utilizados para financiar estas estrategias de acarreo. Indicó que presentará un punto de acuerdo para pedir la intervención de la Fiscalía General de Justicia y la Contraloría General en la situación.
“Es vital investigar de dónde provienen estos recursos. Es triste que se utilicen coacciones para llenar eventos políticos. Esto muestra que el PAN carece de propuestas que motiven al electorado”, concluyó García.
La polémica generación de acarreo revela no solo la fragilidad del partido, sino también dudas sobre el uso adecuado de recursos públicos en el ámbito político.
Nuevas cifras del INE revelan una fuerte disminución en la militancia del PRI mientras Morena crece de manera notable. El panorama político se reconfigura en México.
Las últimas cifras del Instituto Nacional Electoral (INE) muestran un cambio drástico en la militancia de los partidos políticos en México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha visto caer su número de simpatizantes de 1 millón 411 mil 889 en 2023 a solo 844 mil 255. Esta reducción marca una de las mayores caídas en su historia reciente.
Por otro lado, Morena ha experimentado un crecimiento notable. En un año, sus militantes aumentaron a 12 millones 18 mil 76, lo que representa un incremento de 9.7 millones. El PAN, aunque también ha crecido ligeramente, se encuentra estancado con 365 mil 456 miembros, apenas por encima del límite mínimo requerido para conservar su registro.
El Partido del Trabajo, por su parte, refleja un leve aumento al pasar de 389 mil 631 a 468 mil 516 afiliados. Mientras tanto, el Partido Verde, aliado con Morena, ha casi duplicado sus cifras, logrando 1 millón 94 mil 421 simpatizantes.
Movimiento Ciudadano, en cambio, ha visto una caída continua en su militancia, reduciéndose de 384 mil a 339 mil 781 miembros. Todos estos números son preliminares, ya que el INE está revisando las inscripciones.
Adicionalmente, hay un grupo de organizaciones en proceso de registro. Cuatro de ellas han llegado a la fase final. “Que Siga la Democracia” se posiciona como la más destacada, con 354 mil 828 inscripciones. Otros grupos, como “Construyendo Sociedades de Paz” y “México Tiene Vida”, también han acumulado cifras significativas.
A pesar de las acusaciones de algunos grupos sobre el presunto robo de militantes por parte de Morena, fuentes del INE informaron que investigarán los documentos presentados para confirmar la validez de las inscripciones.
Este nuevo panorama electoral resalta la necesidad de que los partidos se adapten y escuchen a su base, dado el movimiento radical en la lealtad de los votantes en México. Los próximos meses serán críticos para el futuro de la política mexicana.
Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, cuestionó el nuevo método del PAN para elegir candidatos para las elecciones de 2027. Las encuestas, antes criticadas, ahora son parte de su estrategia.
La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, arremetió contra el Partido Acción Nacional (PAN) por su reciente decisión de emplear encuestas para elegir a sus candidatos para 2027. Alcalde recordó que este método era objeto de críticas por parte de los opositores al gobierno.
En su cuenta de X, la dirigente calificó la decisión del PAN como un “notición”. Resaltó que el blanquiazul, tras años de “dedazos”, ahora se suma a una estrategia que habían rechazado anteriormente. “Ya veremos el desenlace”, agregó, mostrando su escepticismo.
Las críticas llegaron en un momento en que el PAN también anunciaba su reunión del Consejo Nacional. Este evento, que se llevó a cabo el sábado, tenía como propósito definir su estrategia electoral a futuro. A medio día, el partido empezó a difundir mensajes sobre un “anuncio clave” relacionado con su rumbo electoral.
Jorge Romero, dirigente del PAN, compartió en redes sociales que estaban trabajando en unidad para defender a México y promover un cambio positivo. La reunión reunió a destacados miembros del partido, quienes se mostraron comprometidos con sus ideales.
Además, el PAN enfatizó que esta sesión es parte de una nueva etapa de renovación política, enfocada en sus principios de defensa y libertad. Se espera que este proceso incluya a ciudadanos interesados en registrarse como aspirantes a cargos públicos.
La decisión del PAN de recurrir a las encuestas crea un panorama interesante en la arena política. La cercanía de las elecciones de 2027 intensifica el debate entre partidos, mientras los ciudadanos observan cómo se desarrollan estas estrategias.
Bajo el discurso de “participación ciudadana”, Alma de México exhibe vínculos con perfiles panistas, opacidad en su origen y respaldo mediático que ponen en duda su autenticidad como iniciativa independiente.
En un nuevo intento por construir un supuesto “proyecto” que incluya a la ciudadanía en la toma de decisiones, surge Alma de México.
Se presenta como “una iniciativa de participación cívica” que busca que el futuro del país se defina con la participación activa de la gente. Sin embargo, todo apunta a que podría tratarse de un intento cuestionable por desacreditar al gobierno actual, ahora bajo el argumento de que los señalamientos provienen de la sociedad civil.
Pero déjeme contarle su historia con datos duros.
La Fundación Impulsa Tu Desarrollo Integral A.C., nombre legal que aparece en la página de esta iniciativa, cuenta con registro desde hace más de una década. Sin embargo, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el único antecedente público data de 2016, cuando obtuvo autorización de operación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin que existan registros relevantes de actividad posterior.
Aunque ahora intentan presentarse como algo “nuevo”, lo cierto es que su trayectoria ha permanecido prácticamente en la opacidad hasta fechas recientes. Fue Gerardo Priego Tapia quien, a través de TV Azteca —propiedad del evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego—, lanzó el proyecto como una supuesta plataforma para impulsar liderazgos y empoderar a la ciudadanía. Pero, ¿quién está realmente detrás?
Priego Tapia fue diputado federal entre 2006 y 2009 por el Partido Acción Nacional, además de haber presidido ese partido en Campeche. En 2007 buscó la dirigencia nacional del PAN, pero desistió al reconocer que no tenía posibilidades frente a Germán Martínez Cázares.
Ahora bien, al revisar la página oficial de la organización, es posible identificar a algunos perfiles que integran esta supuesta alianza “ciudadana”. Entre ellos destaca Lázaro Víctor Oropeza Ríos, quien en 2022 participó como delegado a la Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional en Nezahualcóyotl. Su nombre aparece en registros del Instituto Nacional Electoral y en publicaciones del propio PAN. En el portal de Alma de México se le presenta como presidente de Ayuda en Acción de México A.C. en el Estado de México, aunque su trayectoria partidista deja poco margen para sostener una narrativa verdaderamente apartidista.
Otro caso es el de Omeheira López, a quien describen como fundadora del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A.C. No obstante, los registros muestran que fue diputada federal del PAN entre 2006 y 2009 y actualmente busca integrarse al Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas. Incluso, en entrevistas recientes ha llamado a una “reconciliación interna” del partido, lo que evidencia que su vínculo político sigue vigente.
Su trayectoria también revela cercanía con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, con quien ocupó cargos estratégicos como la Dirección del DIF estatal y una magistratura en el Poder Judicial local. A ello se suma su relación con Francisco García Juárez, exdirector de Comunicación Social durante ese mismo gobierno, consolidando un entorno de vínculos políticos claros.
Así, el discurso de una organización que presume fortalecer la participación ciudadana choca con los perfiles que la impulsan. Resulta difícil sostener una narrativa de apertura social cuando sus referentes políticos han privilegiado históricamente intereses de grupo por encima de la ciudadanía, evidenciando una contradicción de fondo entre lo que dicen representar y lo que realmente proyectan.
Además, resulta llamativo que ni siquiera los propios integrantes de la organización aparezcan en la presentación oficial de su sitio, optando en cambio por imágenes generadas con inteligencia artificial para proyectar una supuesta cercanía con la ciudadanía, una conexión que, en los hechos, nunca han demostrado tener.
No es casual que un nuevo proyecto con claros tintes panistas, disfrazado de iniciativa ciudadana, busque sumar perfiles que en realidad arrastran trayectorias partidistas. Tampoco pasa desapercibido que la plataforma haya sido impulsada desde la televisora de Ricardo Salinas Pliego, lo que abre más dudas que certezas sobre su verdadera naturaleza.
La pregunta es inevitable: ¿se trata de un ejercicio genuino de participación social o de una estrategia política encubierta para reposicionarse ante la ciudadanía? Porque cuando el “ciudadanismo” viene respaldado por intereses mediáticos y figuras con pasado partidista, la narrativa pierde credibilidad y se acerca más a un montaje que a un movimiento auténtico.
La designación anticipada del candidato priista rumbo a 2027 evidencia la competencia por liderazgos entre ambos partidos.
Eldirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó la campaña “Somos los Defensores de México”, donde prácticamente oficializó a Adrián de la Garza Santos como su candidato rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027. La definición anticipada del candidato priista no solo cierra filas dentro del partido, sino que también complica el margen de maniobra del PAN, que había mostrado interés en el perfil del alcalde regiomontano.
Desde el ámbito local, el dirigente del PRI en la entidad, José Luis Garza Ochoa, respaldó abiertamente la decisión al destacar la trayectoria de De la Garza dentro del partido. Sin embargo, el anuncio también exhibe las tensiones implícitas entre PRI y PAN, ya que ambos partidos respaldaron su candidatura por Monterrey. Ahora, intentan marcar distancia en un escenario donde compiten por los mismos perfiles y electorado.
La postura del PAN, encabezado por Jorge Romero Herrera, refleja esa ambigüedad: aunque elogió a De la Garza como “buen alcalde”, insistió en que su partido competirá en solitario y sin alianzas. Incluso, había dejado entrever su interés porque Garza fuera su candidato.
El reconocimiento público a un perfil impulsado por el PRI deja entrever la dificultad del blanquiazul para deslindarse completamente, pues como se ha evidenciado en décadas anteriores, pese a que en un principio lo negaron, se trata de partidos con una relación política, el famoso PRIAN. Con este caso, se sigue viendo una unión pragmática más que una verdadera ruptura entre ambas fuerzas.
En paralelo, el PRI informó que su estructura territorial estará integrada por 6 mil 432 defensores para mil 802 alcaldías, mil 547 defensores para 300 distritos y 50 defensores para 17 estados, como parte de su estrategia nacional. La red será encabezada por Rosario Robles Berlanga, lo que revive cuestionamientos sobre el reciclaje de liderazgos en un contexto donde la oposición busca redefinir su credibilidad.
El dirigente del PRI, “Alito” Moreno, propone una megacoalición opositora para hacer frente a Morena en las elecciones de 2027, abriendo la puerta a PT y Partido Verde.
En un encuentro reciente con la prensa, el líder nacional del PRI, Alito Moreno, reiteró su llamado a crear un gran bloque opositor de cara a las elecciones de 2027. Destacó que esta unión es crucial para detener el autoritarismo desde el Congreso.
Moreno subrayó que el PRI necesita una megacoalición para enfrentar a Morena, considerando que los partidos como el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) están priorizando el fortalecimiento de sus propias estructuras. Esta situación refleja la crisis que atraviesa el PRI, que solo gobierna en Coahuila y Durango tras haber perdido mayor parte de su influencia.
El dirigente priista recordó la alianza de 2021 entre el PRI, PAN y PRD, que logró captar 20 millones de votos en las elecciones federales. Aseguró que al sumar a MC, la cifra pudo haber alcanzado los 22 millones, lo que podría haber cambiado el resultado electoral a favor de la oposición.
Moreno no solo quiere involucrar a los partidos tradicionales, sino que también extiende su oferta al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde (PVEM). Mencionó que muchos militantes de estas agrupaciones están descontentos con Morena, especialmente tras la discusión sobre la reforma electoral.
Aseguró que su propuesta busca más que salvar a los partidos políticos de perder su registro; busca defender la democracia y las libertades de los mexicanos. Moreno enfatizó que las alianzas electorales son esenciales para proteger a las familias y el futuro del país.
Con el panorama electoral en mente, Alito Moreno apela a la unidad y colaboración entre las fuerzas opositoras. La tarea no es fácil, pero considera que esta estrategia es necesaria para regresar a una ruta de democracia y respeto a las libertades. La pregunta ahora es si los otros partidos responderán a este llamado.
Mientras el ciudadano promedio tiene que lidiar con la inflación y la precariedad en servicios públicos, en el Congreso de la Ciudad de México se vive una realidad paralela. El recinto ubicado en Donceles y Allende se ha impuesto como el cuarto más costoso del país, con un gasto per cápita por legislador de 28.5 millones de pesos anuales.
Lamentablemente, el 80% del presupuesto de las bancadas se evapora en sueldos, bonificaciones y legisladores que no han logrado la aprobación de una sola iniciativa. Este sistema, que opera como una suerte de “becas legislativas”, se ha blindado mediante la reelección consecutiva, permitiendo que figuras como Víctor Hugo Lobo o Tania Larios conviertan las curules en patrimonios personales de largo plazo.
Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum envía a la Cámara de Diputados el Plan B de la Reforma Electoral, el cual, adelantó, contempla la reducción del gasto de los congresos locales y municipios.
De acuerdo con el Gobierno federal, de aprobarse, el Plan B de la Reforma Electoral permitiría un ahorro de 4 mil millones de pesos que serían destinados a infraestructura y programas sociales.
Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista podrían sumarse a la propuesta por lo que el Plan B podría ser aprobado en las próximas semanas.
Se trata de un proyecto que busca eliminar los excesos y reducir los privilegios de la clase política en aras de impulsar el desarrollo social de la población. Y es que algunos Congresos, como el de la Ciudad de México, tienen gastos desmesurados.
Entre los más costosos para el país destacan:
Baja California con un costo de 34 mdp por cada legislador.
Colima con 5.1 millones de pesos por legislador.
Morelos con 31 millones de pesos por congresista.
Ciudad de México con 28.5 millones de pesos por legislador.
Jalisco con 26.73 millones.
En el caso de la capital, los 66 legisladores que componen el Congreso capitalino cuestan al erario alrededor de 300 millones de pesos anuales.
En 2025, por ejemplo, la institución tuvo un presupuesto de 291 mil 525 millones de pesos y para este 2026 se autorizó un ejercicio de 313 mil 385 millones de pesos, lo cual se traduce en un incremento de 7.5 por ciento.
Por otra parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México asignó un presupuesto de 587 millones 712 mil 191 pesos para la financiación de partidos políticos, con una asignación de 17 millones 631 mil 365 pesos con 76 centavos en actividades específicas.
Lo que más llama la atención es que tras la aprobación de la reelección consecutiva, en el Congreso capitalino existen legisladores que han perpetuado por años sus privilegios, bonificaciones y salarios, y que también han aprobado incrementos anuales a dichas remuneraciones.
Y ese es precisamente el caso del perredista Víctor Hugo Lobo Román, la panista América Rangel y la priísta Tania Larios Pérez.
La reelección de estos legisladores, desgraciadamente, fomenta una “clase política profesional” que se distancia de sus representados. Y, en esos casos, el poder no circula; se acumula. Esto genera un cierre social donde el acceso a la toma de decisiones está mediado por el costo del mantenimiento de la estructura, no por la meritocracia o la representación efectiva.
Con 24 legisladores, Morena tiene asignado un presupuesto de 143 mil 670 millones de pesos; mientras que el PAN, que ostenta 15 representantes, mantiene 132 mil 891 millones de pesos; el PVEM 76 mil 159,943.77; el PT 63 mil 530,008.76; Movimiento Ciudadano 65 mil 957,260.12 y el PRI, con solo dos representantes, gasta 64 mil 928 millones de pesos.
Y esto es lo que ha encendido las alarmas: que partidos con mínima representación, como el PRI, que únicamente tiene dos diputados: Tania Nanette Larios Pérez (coordinadora) y Omar Alejandro García Loria (vicecoordinador), ejerzan presupuestos de 64,928 millones de pesos.
Infelizmente, observamos una burocracia colmada de lujos que ha dejado de servir al Estado para servirse a sí misma. Y es que, cuando el 80% de los recursos se destina a la manutención de la élite (sueldos y bonos) y no a la producción legislativa, la institución pierde su función social y se convierte en un mecanismo de extracción de rentas públicas.
La Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca limitar ese gasto, al tiempo que fomenta la transparencia y racionalidad del gasto público.
De aprobarse el Plan B, los gastos podrían reducirse considerablemente en las próximas elecciones intermedias. Y eso es justo lo que el pueblo demanda.
Habitantes acusan falta de estudios, consulta ciudadana y transparencia en el proyecto impulsado por la alcaldía encabezada por Luis Mendoza, que limitará el acceso vehicular a residentes.
Vecinos de la calle Uxmal, en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron opacidad, falta de planeación y ausencia de consulta ciudadana en una obra impulsada por el gobierno del alcalde Luis Mendoza Acevedo, que mantiene cerrada la vialidad desde hace seis meses y que ahora pretende controlar el acceso mediante un código QR.
De acuerdo con los habitantes del tramo ubicado entre Municipio Libre y Miguel Laurent, la obra inició desde octubre sin que la alcaldía presentara estudios técnicos, presupuesto, duración del proyecto o detalles del plan urbano. Los vecinos aseguran que, pese a varias reuniones con funcionarios de la alcaldía, nadie ha podido explicar con claridad en qué consisten los trabajos.
Según versiones de trabajadores de la obra, el proyecto contempla un acceso peatonal en la zona cercana al edificio sede de la alcaldía y al deportivo Benito Juárez, mientras que los vehículos ingresarían por la rampa del estacionamiento subterráneo para salir posteriormente hacia Miguel Laurent. Sin embargo, no existe información pública oficial que confirme estos cambios viales.
Foto: Josefina Quintero
Además, los residentes señalaron que la calle será convertida en doble sentido en un tramo, pero con acceso exclusivo para habitantes mediante un sistema de código QR, lo que impediría el tránsito habitual desde Emiliano Zapata hacia el norte. Esta medida, advierten, podría generar mayor congestión vial y complicaciones para servicios de emergencia y transporte.
La situación se agrava —afirman— por la presencia de vehículos siniestrados, patrullas y ambulancias estacionadas en la zona, muchos de ellos bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin que la alcaldía haya explicado qué ocurrirá con estas unidades si la calle queda restringida.
Los vecinos también criticaron que ni el director de Participación Ciudadana ni el equipo de arquitectos presentado en las reuniones pudieron detallar el proyecto, lo que evidencia —dijeron— la improvisación del gobierno de Luis Mendoza. Para los habitantes, la obra se ha convertido en un ejemplo de falta de transparencia y mala gestión urbana, pues afecta directamente a al menos 11 predios habitacionales sin que exista información pública clara.
Una investigación de Los Repoteros MX reveló que Raúl Torres aseguró residir 16 años en Estados Unidos para competir por la diputación migrante de la CDMX, pero existen múltiples evidencias de que durante ese periodo hacía política en la capital del país.
En 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) declaró ganador de la primera diputación migrante de la capital al panista Raúl Torres Guerrero, con 4 mil 883 votos de ciudadanos residentes en el extranjero. Sin embargo, años después han surgido evidencias que ponen en duda la legitimidad de su candidatura, ya que el legislador habría mentido sobre su residencia en Estados Unidos, requisito fundamental para ocupar ese cargo.
La elección, en la que participaron 8 mil 906 capitalinos residentes en 46 países, colocó a Torres por encima de otras candidaturas, entre ellas la de Morena. No obstante, el caso ha vuelto a la discusión pública debido a documentos, publicaciones y registros que contradicen su versión de haber vivido más de una década en la Unión Americana.
Durante su campaña y después de ganar la diputación migrante, Torres aseguró haber residido hasta 16 años en Estados Unidos. Sin embargo, una investigación del repirtero, Luis Piña, para Los Reporteros MX, documentó que entre 2012 y 2018 participaba activamente en la política del PAN en la Ciudad de México, especialmente en la alcaldía Venustiano Carranza. En ese periodo aparecen fotografías, publicaciones y registros de su presencia en eventos partidistas, procesos internos y campañas electorales.
Entre las evidencias destacan publicaciones del propio legislador en redes sociales donde asiste a congresos regionales del PAN, vota en procesos internos del partido y participa en campañas de figuras como Xóchitl Gálvez, Mauricio Tabe y Ricardo Anaya. Incluso en 2018 fue candidato a concejal en la capital, lo que contradice su versión de vivir permanentemente en el extranjero.
No fue sino hasta finales de 2019 cuando Torres publicó por primera vez que se encontraba en Nueva York. Aun así, el IECM validó su candidatura migrante sin cuestionar ni verificar plenamente el requisito de residencia, lo que ha generado críticas sobre la actuación del organismo electoral capitalino y su responsabilidad en la legitimidad del proceso.
El caso evidencia una grave falla institucional, ya que el instituto encargado de garantizar la legalidad electoral terminó otorgando una representación migrante a un político cuya residencia en el extranjero está seriamente cuestionada, dejando dudas sobre los mecanismos de verificación aplicados por la autoridad electoral.
