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Un siglo de intereses cruzados marcó la extracción de petróleo en Venezuela. Las leyes se hicieron para las trasnacionales. Este texto repasa hitos clave: concesiones, pleitos, la nacionalización y el legado actual. También se muestran las historias de quienes vivieron los efectos de esa dinámica.

Durante más de un siglo, las trasnacionales controlaron la riqueza petrolera de Venezuela. Un reportaje de Nathali Gómez para Rusia Today repasa quiénes se beneficiaron y cómo quedó la economía del país.

Todo empezó en 1883, cuando el gobierno de Antonio Guzmán Blanco concedió a New York & Bermudez Company una explotación de asfalto por 25 años. La empresa operó junto al lago Guanoco, el mayor lago de asfalto del mundo, de 4 km², y en 1888 amplió la concesión por 99 años y, a partir de 1891, comenzaron las exportaciones hacia Estados Unidos.

La firma vivió pleitos y se armó un frente de alianzas y traiciones, pues la New York & Bermudez acusó al presidente Cipriano Castro de favorecer a otros y financió su derrocamiento para evitar pérdidas. Tras la batalla legal, Washington dejó claro su apoyo a la empresa, que siguió operando en Venezuela hasta 1935.

Las concesiones a venezolanos a menudo terminaban en manos extranjeras, lo que abrió puertas a trámites opacos y a más licencias. En 1904 se creó una ley minera que fijaba impuestos bajos y cánones por superficie y por tonelada, Además, entre 1917 y 1928, la producción acumulada alcanzó masivos volúmenes, pero la recaudación fiscal fue mínima; el país recibió apenas una fracción de lo generado.

De 1917 a la nacionalización de 1975, se explotaron miles de millones de barriles, pero el Estado obtuvo poco más del 40% de los ingresos, frente a grandes ganancias para inversionistas extranjeros. Con el inicio de la era moderna, Standard Oil (Creole Petroleum), Gulf Oil y Shell dominaban la extracción y la infraestructura, construyendo la base de la Faja Petrolífera del Orinoco y de las refinerías.

En 1975, Venezuela dio un giro al nacionalizar el petróleo. El Estado pasó a controlar la mayor parte de la producción y de las acciones relevantes. En 2001 se promulga la Ley de Hidrocarburos, que reafirma la soberanía económica y política y la participación mayoritaria del Estado en PDVSA o en el ente que maneje la industria.

Este pasado deja un legado claro: las voces críticas señalan que la economía quedó marcada por la influencia de intereses extranjeros, y que los golpes y las presiones buscaron frenar cambios que aumentaran la participación fiscal del Estado.

Hoy, trabajadores y comunidades cercanas a Mene Grande, Anaco, Amuay y otros útiles escenarios recuerdan que la historia no es sólo números. Es la memoria de familias, empleos y territorios que conocen, de primera mano, el precio de las decisiones sobre el petróleo venezolano. (Con información de Rusia Today)