Etiqueta: Planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente

  • Investigador de la UNAM avala planta de fertilizantes en Topolobampo

    Investigador de la UNAM avala planta de fertilizantes en Topolobampo

    El especialista Federico Páez Osuna descartó riesgos de contaminación marina y explicó que la instalación de GPO no verterá residuos de amoníaco a la bahía.

    El proyecto de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo cuenta con viabilidad ambiental, según el investigador emérito Federico Páez Osuna. El especialista de la UNAM aseguró que la instalación no pone en riesgo la bahía ni las especies marinas de la zona.

    Páez Osuna, adscrito al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, unidad Mazatlán, aclaró uno de los principales temores difundidos entre la población. Explicó que la planta no descargará residuos de amoníaco hacia el mar, contrario a lo que muchos aseguran.

    El investigador detalló que la instalación producirá, empacará y comercializará fertilizantes. Por eso, el amoníaco formará parte del proceso industrial y nunca se convertirá en un desecho vertido al ecosistema marino.

    “La planta no va a estar tirando ahí el amoniaco. No va a tener residuos al mar”, afirmó el especialista. Enseguida cuestionó de forma directa la existencia real de ese supuesto riesgo ambiental.

    El agua de enfriamiento, el único retorno al mar

    Según explicó Páez Osuna, el único flujo de agua que regresará al ecosistema provendrá del sistema de enfriamiento de la planta. Ese efecto térmico y de salinidad quedará confinado a una superficie de entre dos y tres hectáreas.

    El proyecto además contempla torres de enfriamiento y procesos de tratamiento adicionales. Estas medidas buscan reducir todavía más cualquier posible impacto sobre el entorno marino de la bahía.

    El investigador comparó el consumo hídrico de la planta con otras actividades productivas de la región. Aseguró que la instalación usará menos agua que una termoeléctrica convencional y un volumen similar al de una granja camaronícola de 130 a 150 hectáreas.

    A nivel internacional, Páez Osuna recordó que existen alrededor de 320 plantas de amoníaco operando actualmente. Treinta y dos de ellas funcionan en Estados Unidos, sin generar conflictos sociales por afectaciones ambientales comprobadas.

    El especialista destacó también las ventajas estratégicas de Topolobampo para este tipo de industria. La disponibilidad de gas natural y la infraestructura portuaria favorecen directamente la competitividad del proyecto en la región.

    Finalmente, Páez Osuna pidió que el debate público se apoye en información científica verificable. Confía en que la planta conviva con la actividad pesquera local, tal como ha sucedido con otras industrias instaladas históricamente en la bahía.

  • Pescadores de Sinaloa pierden su lugar en la cooperativa por aceptar trabajo en planta de GPO

    Pescadores de Sinaloa pierden su lugar en la cooperativa por aceptar trabajo en planta de GPO

    Alrededor de 40 socios del campo pesquero Paredones denuncian expulsiones y hostigamiento dentro de la cooperativa Eustaquio Urías, todo por haber aceptado empleo en la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente.

    Un grupo de pescadores sinaloenses enfrenta una situación que pocos esperaban: perder su lugar en la cooperativa que durante años les dio sustento, no por incumplir sus obligaciones, sino por aceptar un trabajo en tierra firme. Los afectados aseguran que la dirigencia de la cooperativa Eustaquio Urías los expulsó del padrón por integrarse laboralmente a la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en Topolobampo.

    “Nos están corriendo sin escucharnos, nada más por trabajar en la planta. Nosotros lo único que buscamos es sacar adelante a nuestras familias”, relató uno de los denunciantes bajo anonimato.

    Los testimonios describen un ambiente de presión interna donde la participación en protestas contra la empresa se convirtió en una exigencia no escrita. Quien no asistía a las movilizaciones comenzaba a quedar fuera. “Si no estás de acuerdo o no participas, te van sacando”, confirmó otro pescador.

    Hasta ahora, al menos cuatro demandas laborales por despidos injustificados documentan el conflicto. Los afectados calculan que cerca de 40 socios viven una situación similar.

    Del mar a la planta: una decisión económica

    La historia de estos trabajadores no nació de una postura política, sino de una necesidad concreta. La pesca, explican, ya no alcanza. Las temporadas malas se acumulan y los ingresos no son constantes. Frente a eso, la planta ofreció algo que el mar no garantizaba: un salario quincenal y prestaciones.

    La pesca ya no alcanza. Hay temporadas buenas, pero no es constante. Uno tiene que buscar cómo sostener a la familia”, explicaron.

    Algunos de los pescadores van más lejos y reconocen que el deterioro de la bahía no es solo culpa de la industria. “También nosotros mismos hemos dañado la bahía. Hay gente que no respeta las vedas y eso afecta a todos”, señaló uno de los testimonios.

    Señalados en su propia comunidad

    La exclusión de la cooperativa fue solo el primer golpe. Fuera de ella, el ambiente tampoco es sencillo. Los pescadores afectados afirman que enfrentan insultos y señalamientos en sus propias comunidades por haber aceptado el trabajo industrial.

    “Nos señalan, nos gritan cosas por trabajar ahí. Nos llaman traidores”, relataron.

    Por eso, todos los testimonios se recabaron bajo anonimato. El miedo a represalias es real y concreto. “No podemos dar nombres. Hay miedo. Somos gente de ahí mismo y esto se puede voltear en contra”, advirtieron.

    La empresa cumple; la cooperativa, no

    En medio del conflicto, los trabajadores destacan un contraste que les resulta irónico: mientras los bloqueos y protestas frenaron el acceso a las instalaciones, la empresa mantuvo el pago puntual de sus salarios. “La empresa se ha portado a la altura. Nos han pagado en tiempo y forma, incluso con los bloqueos”, afirmaron.

    Esa estabilidad refuerza su decisión de mantenerse en el empleo, aunque el costo social siga siendo alto.

    Una comunidad dividida

    Lo que comenzó como un debate ambiental sobre la viabilidad de una planta industrial derivó en una fractura dentro del propio sector pesquero. La postura de la dirigencia de la cooperativa —alineada con los colectivos opositores al proyecto— marcó una línea dentro de la organización: o estás en contra de GPO, o quedas fuera.

    “Esto ya no es solo pesca, es una cuestión de posturas. Si no piensas igual, te excluyen”, resumió uno de los afectados.

    Para estos trabajadores, el fondo del asunto es más sencillo que cualquier debate político o ambiental. “No todos pensamos igual, pero eso no debería ser motivo para quitarnos nuestro lugar”, concluyeron.

  • Frenar planta de GPO alejaría inversiones de Sinaloa, advierte líder empresarial

    Frenar planta de GPO alejaría inversiones de Sinaloa, advierte líder empresarial

    El presidente de ADECEM exige respetar los permisos ya otorgados a Gas y Petroquímica de Occidente, cuya planta de fertilizantes en Topolobampo lleva 80% de avance.

    Julio César Silvas Inzunza no se anduvo con rodeos. El presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM) lanzó este martes una advertencia directa: detener la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo mandaría una señal peligrosa a quienes piensan invertir en Sinaloa.

    “Todo inversionista, en cualquier parte del mundo, lo primero que busca es certeza jurídica. Cuando esa certeza no existe, o se le violenta, pues obviamente ahuyenta la inversión”, dijo el líder empresarial.

    La planta concentra hoy la atención de grupos ambientalistas que presionan para frenarla. Frente a eso, Silvas Inzunza recordó que GPO tramitó y obtuvo todos los permisos, licencias y concesiones que exige la ley federal. Incluso la Semarnat, señaló, ha enviado personal a la zona para supervisar el cumplimiento de la normativa.

    Para el dirigente, cancelar un proyecto con 80% de avance y con respaldo legal no tiene justificación. En todo caso, propone sentarse a buscar soluciones técnicas concretas.

    “Si el problema es la descarga de aguas, pues se resuelve con un tubo. Hay que ver la manera de que el proyecto avance, no la forma de detenerlo y acabar con esa inversión”, planteó.

    Más allá del debate ambiental, Silvas Inzunza puso el acento en lo que esta planta significa para los agricultores sinaloenses. Producir fertilizantes localmente bajaría sus costos de forma considerable, ya que hoy los precios son muy elevados. A eso se suman los empleos directos y el impulso al desarrollo inmobiliario que genera la obra.

    El líder empresarial también ubicó el proyecto en un contexto más amplio: la planta de GPO forma parte del polígono del Plan México, una estrategia federal orientada a detonar desarrollo económico en la región. Por eso, insistió, no se trata de un proyecto aislado, sino de un ancla que arrastra beneficios para toda la zona.

    “Tenemos que garantizar que hay un Estado de derecho”, cerró Silvas Inzunza.