Se ha escrito y discutido sobre la importancia de una reforma al Poder Judicial, ya que las cortes y los jueces tienen su corazón en algún lado del espectro político, por lo que son incapaces de ser imparciales y se han convertido en un obstáculo para cambios radicales en el país. Así el ejemplo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara invalidas las fracciones del artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México, destinadas a sancionar actos de corrupción a personas que se consideraban en calidad de servidores públicos como directivos o administradores de asociaciones civiles que incurrieran en irregularidades financieras relacionadas con el manejo de recursos públicos.
En otras palabras, ministros como Javier Laynez Potisek tiene su corazón en el lado de la corrupción, para dejarles el camino libre a empresas del sector inmobiliario, vinculadas al Partido Acción Nacional (PAN), para facilitar de manera ilícita la construcción de viviendas y oficinas, principalmente en la alcaldía Benito Juárez.
Por consiguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó sobre la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial enviada a la Cámara de Diputados el 5 de febrero, la cual fomentará la participación del pueblo en la elección de sus representantes, limpiará la corrupción y ayudará a resolver los problemas estructurales dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales. “El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar” subrayó al encabezar su conferencia matutina del pasado lunes 12 de febrero.
Así mismo, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, explicó que la modificación a la Carta Magna afianza, entre otros aspectos, la elección de ministros, magistrados, jueces, con el propósito de legitimar a través de la democracia a las y los impartidores de justicia. La iniciativa de reforma del Poder Ejecutivo consiste en la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de mejorar su eficiencia, austeridad y transparencia tratándose del máximo tribunal en el país. Los integrantes se reducirán de 11 a nueve ministras y ministros, quienes también estarán menos tiempo en el cargo al pasar de 15 a 12 años, así lo explico la titular de la Secretaría de Gobernación. Desaparecerían las dos Salas de la SCJN, que muestran ser opacas en la resolución de conflictos, por lo que la Corte sólo presionara en el pleno; sus reuniones y determinaciones deberán ser públicas. También, se eliminará la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros ministras y ministros. En caso de aprobarse la iniciativa de reforma, en 2025 se llevaría a cabo una elección extraordinaria a fin de renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en la boleta en igualdad de condiciones. Posteriormente, este proceso electoral se empatará junto con las elecciones ordinarias, intermedias y presidenciales.
Sobre el proceso electoral, se indicó que el senado será el encargado de verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de la ley y el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), organismo que sustituiría al Instituto Nacional Electoral (INE), en caso de aprobarse la reforma constitucional en materia electoral. En tanto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá al máximo tribunal. Finalmente, refirió que, en caso de ausencia definitiva de ministros, magistrados o jueces, el Senado designara por mayoría calificada a una persona interina para que ocupe el cargo hasta que se realice la siguiente elección interina.
Bernardo Bátiz Vázquez, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, justifica las acusaciones al poder Judicial de corrupción, pues las hay, no obstante, es oculta. Al mismo tiempo, manifiesta su acuerdo en la propuesta para que jueces y magistrados sean electos de manera popular. Al reconocer que durante los juicios que llevó en su carrera como litigante, no tuvo que sobornar a un juez, no obstante, sabe que hay otros que reciben presiones y dinero, señaló Bátiz.
¿Cómo surge esta idea de elegir a los jueces y magistrados de manera popular? Esta reforma al Poder Judicial no surgió de manera espontánea, esta surgió a partir de las enseñanzas de la historia, en especial las del historiador Daniel Cosío Villegas a quien el presidente López Obrador lo calificó como “el mejor historiador en toda la historia de México”. En el libro La Constitución de 1857 y sus críticos escrito por Cosío Villegas, subraya cómo los magistrados de la Suprema Corte, el fiscal y el procurador general eran electos popularmente en una elección directa de primer grado durante las primeras elecciones de la República Restaurada. Tanto Cosío Villegas como Emilio Rabasa, jurista y crítico de la Constitución de 1857, consideraron que “la elección popular es un malísimo sistema para designar a los magistrados de la Corte. El pueblo puede no resultar el mejor juez para determinar si una persona es tan buena jurista que merezca su exaltación al más alto tribunal de la República”.
No obstante, en las primeras elecciones resultaron electos seis años para magistrados como Pedro Ogazón, José María Lafragua, Ignacio Altamirano, José María Iglesias y Vicente Riva Palacio. El recuerdo de estos nombres lleva a pensar que los electores no resultaron ser malos jueces, teniendo en cuenta que todos ellos participaron por necesidad en la época de la revolución de Ayutla, el Congreso Constituyente de 1856, las guerras de Reforma y de intervención. De ahí que la Corte resultó independiente de 1867 a 1876, independiente de los otros dos poderes y de cualquier grupo de presión en que pueda pensarse, el militar, clerical o de la burguesía adinerada. Más aún, se sentía orgullosa hasta la soberbia de su independencia.
“Un buen dirigente no puede formarse si no conoce la historia, que es la maestra de la vida: la historia es la forjadora fundamental” así lo refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la finalidad de la historia en su último libro Gracias, en el que relata su trayectoria política, su paso por el gobierno, hasta los últimos días de 2023. El presidente López Obrador rescata elementos de la historia de la Suprema Corte de Justicia durante los años de la República Restaurada para proporcionar soluciones a la necesidad de tener un Poder Judicial libre de corrupción, presiones y dinero. El pueblo mexicano no es un mal juez, sabría elegir a abogados íntegros, incorruptibles, dotados de un sentido común práctico, armados de vastos conocimientos en la ciencia del Derecho, provistos de un espíritu de observación fino, sagaz y de una reflexión ordenada y lógica, como Lenia Batres Guadarrama o Arturo Zaldívar. No será una tarea sencilla a corto plazo, como bien lo dijo el presidente, pero hay que iniciar.
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