La designación anticipada del candidato priista rumbo a 2027 evidencia la competencia por liderazgos entre ambos partidos.
Eldirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó la campaña “Somos los Defensores de México”, donde prácticamente oficializó a Adrián de la Garza Santos como su candidato rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027. La definición anticipada del candidato priista no solo cierra filas dentro del partido, sino que también complica el margen de maniobra del PAN, que había mostrado interés en el perfil del alcalde regiomontano.
Desde el ámbito local, el dirigente del PRI en la entidad, José Luis Garza Ochoa, respaldó abiertamente la decisión al destacar la trayectoria de De la Garza dentro del partido. Sin embargo, el anuncio también exhibe las tensiones implícitas entre PRI y PAN, ya que ambos partidos respaldaron su candidatura por Monterrey. Ahora, intentan marcar distancia en un escenario donde compiten por los mismos perfiles y electorado.
La postura del PAN, encabezado por Jorge Romero Herrera, refleja esa ambigüedad: aunque elogió a De la Garza como “buen alcalde”, insistió en que su partido competirá en solitario y sin alianzas. Incluso, había dejado entrever su interés porque Garza fuera su candidato.
El reconocimiento público a un perfil impulsado por el PRI deja entrever la dificultad del blanquiazul para deslindarse completamente, pues como se ha evidenciado en décadas anteriores, pese a que en un principio lo negaron, se trata de partidos con una relación política, el famoso PRIAN. Con este caso, se sigue viendo una unión pragmática más que una verdadera ruptura entre ambas fuerzas.
En paralelo, el PRI informó que su estructura territorial estará integrada por 6 mil 432 defensores para mil 802 alcaldías, mil 547 defensores para 300 distritos y 50 defensores para 17 estados, como parte de su estrategia nacional. La red será encabezada por Rosario Robles Berlanga, lo que revive cuestionamientos sobre el reciclaje de liderazgos en un contexto donde la oposición busca redefinir su credibilidad.
El dirigente del PRI, “Alito” Moreno, propone una megacoalición opositora para hacer frente a Morena en las elecciones de 2027, abriendo la puerta a PT y Partido Verde.
En un encuentro reciente con la prensa, el líder nacional del PRI, Alito Moreno, reiteró su llamado a crear un gran bloque opositor de cara a las elecciones de 2027. Destacó que esta unión es crucial para detener el autoritarismo desde el Congreso.
Moreno subrayó que el PRI necesita una megacoalición para enfrentar a Morena, considerando que los partidos como el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) están priorizando el fortalecimiento de sus propias estructuras. Esta situación refleja la crisis que atraviesa el PRI, que solo gobierna en Coahuila y Durango tras haber perdido mayor parte de su influencia.
El dirigente priista recordó la alianza de 2021 entre el PRI, PAN y PRD, que logró captar 20 millones de votos en las elecciones federales. Aseguró que al sumar a MC, la cifra pudo haber alcanzado los 22 millones, lo que podría haber cambiado el resultado electoral a favor de la oposición.
Moreno no solo quiere involucrar a los partidos tradicionales, sino que también extiende su oferta al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde (PVEM). Mencionó que muchos militantes de estas agrupaciones están descontentos con Morena, especialmente tras la discusión sobre la reforma electoral.
Aseguró que su propuesta busca más que salvar a los partidos políticos de perder su registro; busca defender la democracia y las libertades de los mexicanos. Moreno enfatizó que las alianzas electorales son esenciales para proteger a las familias y el futuro del país.
Con el panorama electoral en mente, Alito Moreno apela a la unidad y colaboración entre las fuerzas opositoras. La tarea no es fácil, pero considera que esta estrategia es necesaria para regresar a una ruta de democracia y respeto a las libertades. La pregunta ahora es si los otros partidos responderán a este llamado.
Reportes oficiales revelan contradicciones, salarios inflados y hasta “cargos sin sueldo” que levantan sospechas sobre la transparencia en los partidos.
Los partidos políticos en México vuelven a quedar en evidencia por la falta de claridad en los sueldos de sus dirigentes nacionales, con reportes plagados de omisiones, cifras contradictorias y datos incompletos en la Plataforma Nacional de Transparencia. En medio del debate por obligar a transparentar estos ingresos, la opacidad parece ser la constante.
En Movimiento Ciudadano, su líder Jorge Álvarez Máynez reporta distintos montos según el apartado: más de 154 mil pesos en prestaciones, 132 mil como remuneración total y menos de 95 mil sin impuestos. Un enredo de cifras que abre dudas sobre cuánto gana realmente. A esto se suma que Dante Delgado percibe ingresos similares en otro cargo, evidenciando duplicidades difíciles de justificar.
El caso del Partido Acción Nacional no se queda atrás. Su dirigente Jorge Romero reporta actualmente alrededor de 120 mil pesos, pero meses antes había declarado casi 187 mil. ¿Ajuste repentino o cifras a conveniencia? La falta de consistencia alimenta la desconfianza sobre la rendición de cuentas interna.
Más llamativo aún es lo que ocurre en el Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo, donde aseguran que sus dirigentes trabajan de forma “honorífica”, es decir, sin recibir un solo peso. Una narrativa que, lejos de generar confianza, despierta sospechas: ¿realmente no hay ingresos o simplemente no se transparentan?
Por si fuera poco, en el Partido Verde Ecologista de México ni siquiera se reporta el salario de su dirigencia nacional, mientras que otros cargos presentan cifras incongruentes, incluso con montos “sin impuestos” mayores a los totales. Un desorden que confirma que la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente.
En este escenario, la propuesta de obligar a los partidos a transparentar sueldos y prestaciones no solo resulta necesaria, sino urgente. Porque mientras los ciudadanos exigen claridad, las dirigencias partidistas parecen seguir operando con números a modo y cuentas poco claras.
Con información de Néstor Jiménez para La Jornada.
La Fiscalía General del Estado de Colima detuvo a José de Jesús “N” por un presunto fraude de 20.5 millones de pesos ligado a un proyecto inmobiliario en Manzanillo.
Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Colima lograron la detención de José de Jesús “N”, exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano durante el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, por su presunta responsabilidad en un fraude por 20.5 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan a diciembre de 2023, cuando el exfuncionario, en presunta complicidad con otra persona, engañó a una víctima para invertir en un fraccionamiento ubicado en el municipio de Manzanillo. Sin embargo, el proyecto presentaba irregularidades legales que fueron ocultadas deliberadamente.
La carpeta de investigación detalla que esta operación permitió a los implicados obtener un beneficio económico indebido, provocando un severo daño patrimonial al inversionista. Tras reunir pruebas, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, que derivó en la captura del exservidor público.
El acusado fue puesto a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica en los próximos días. El caso ha generado atención debido a su vínculo con la pasada administración estatal y al monto millonario del presunto desfalco.
En su posicionamiento, la Fiscalía estatal subrayó que no habrá impunidad, especialmente en casos que involucren a exfuncionarios, y reiteró su compromiso de investigar, judicializar y sancionar actos de corrupción, sin importar el nivel o periodo de gobierno al que pertenezcan los responsables.
Mientras el ciudadano promedio tiene que lidiar con la inflación y la precariedad en servicios públicos, en el Congreso de la Ciudad de México se vive una realidad paralela. El recinto ubicado en Donceles y Allende se ha impuesto como el cuarto más costoso del país, con un gasto per cápita por legislador de 28.5 millones de pesos anuales.
Lamentablemente, el 80% del presupuesto de las bancadas se evapora en sueldos, bonificaciones y legisladores que no han logrado la aprobación de una sola iniciativa. Este sistema, que opera como una suerte de “becas legislativas”, se ha blindado mediante la reelección consecutiva, permitiendo que figuras como Víctor Hugo Lobo o Tania Larios conviertan las curules en patrimonios personales de largo plazo.
Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum envía a la Cámara de Diputados el Plan B de la Reforma Electoral, el cual, adelantó, contempla la reducción del gasto de los congresos locales y municipios.
De acuerdo con el Gobierno federal, de aprobarse, el Plan B de la Reforma Electoral permitiría un ahorro de 4 mil millones de pesos que serían destinados a infraestructura y programas sociales.
Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista podrían sumarse a la propuesta por lo que el Plan B podría ser aprobado en las próximas semanas.
Se trata de un proyecto que busca eliminar los excesos y reducir los privilegios de la clase política en aras de impulsar el desarrollo social de la población. Y es que algunos Congresos, como el de la Ciudad de México, tienen gastos desmesurados.
Entre los más costosos para el país destacan:
Baja California con un costo de 34 mdp por cada legislador.
Colima con 5.1 millones de pesos por legislador.
Morelos con 31 millones de pesos por congresista.
Ciudad de México con 28.5 millones de pesos por legislador.
Jalisco con 26.73 millones.
En el caso de la capital, los 66 legisladores que componen el Congreso capitalino cuestan al erario alrededor de 300 millones de pesos anuales.
En 2025, por ejemplo, la institución tuvo un presupuesto de 291 mil 525 millones de pesos y para este 2026 se autorizó un ejercicio de 313 mil 385 millones de pesos, lo cual se traduce en un incremento de 7.5 por ciento.
Por otra parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México asignó un presupuesto de 587 millones 712 mil 191 pesos para la financiación de partidos políticos, con una asignación de 17 millones 631 mil 365 pesos con 76 centavos en actividades específicas.
Lo que más llama la atención es que tras la aprobación de la reelección consecutiva, en el Congreso capitalino existen legisladores que han perpetuado por años sus privilegios, bonificaciones y salarios, y que también han aprobado incrementos anuales a dichas remuneraciones.
Y ese es precisamente el caso del perredista Víctor Hugo Lobo Román, la panista América Rangel y la priísta Tania Larios Pérez.
La reelección de estos legisladores, desgraciadamente, fomenta una “clase política profesional” que se distancia de sus representados. Y, en esos casos, el poder no circula; se acumula. Esto genera un cierre social donde el acceso a la toma de decisiones está mediado por el costo del mantenimiento de la estructura, no por la meritocracia o la representación efectiva.
Con 24 legisladores, Morena tiene asignado un presupuesto de 143 mil 670 millones de pesos; mientras que el PAN, que ostenta 15 representantes, mantiene 132 mil 891 millones de pesos; el PVEM 76 mil 159,943.77; el PT 63 mil 530,008.76; Movimiento Ciudadano 65 mil 957,260.12 y el PRI, con solo dos representantes, gasta 64 mil 928 millones de pesos.
Y esto es lo que ha encendido las alarmas: que partidos con mínima representación, como el PRI, que únicamente tiene dos diputados: Tania Nanette Larios Pérez (coordinadora) y Omar Alejandro García Loria (vicecoordinador), ejerzan presupuestos de 64,928 millones de pesos.
Infelizmente, observamos una burocracia colmada de lujos que ha dejado de servir al Estado para servirse a sí misma. Y es que, cuando el 80% de los recursos se destina a la manutención de la élite (sueldos y bonos) y no a la producción legislativa, la institución pierde su función social y se convierte en un mecanismo de extracción de rentas públicas.
La Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca limitar ese gasto, al tiempo que fomenta la transparencia y racionalidad del gasto público.
De aprobarse el Plan B, los gastos podrían reducirse considerablemente en las próximas elecciones intermedias. Y eso es justo lo que el pueblo demanda.
En el equipo de trabajo de la diputada priísta predominan los hombres, quienes perciben 12.8% más que las mujeres por la misma función “asesores en materia” legislativa; la mayoría son contratados por este concepto, pero algunos son enviados al módulo ciudadano de la diputada, donde realizan labores de propaganda en favor del PRI
Por Martha Rojas
Pese a que en el Congreso de la CDMX, la diputada Tania Larios ha impulsado reformas en materia de género, la paridad sigue siendo una meta lejana al interior del equipo de la priísta, quien paga 1.3 veces más a los hombres que a las mujeres.
Como Los Reporteros MX ha documentado, la legisladora cuenta con un equipo de nueve asesores, de los cuales cinco son hombres y cuatro mujeres. La disparidad no sólo llama la atención porque los masculinos dominan el equipo, sino también porque ganan más que ellas realizando las mismas funciones.
Por ejemplo, mientras la expanista, Ana Paola Arellano, gana 10 mil 416 por sus servicios profesionales, José Amaya Sandoval percibe 20 mil 940 pesos, realizando la misma labor que, según datos del Congreso, se denomina Servicios de Asesoría en Materia Legislativa.
Es el mismo caso para Brenda Maximiliano Uribe, quien gana asesorando 20 mil 940 pesos, mientras que su homólogo panista, José Alberto Palestina Moreno, se embolsa 41 mil 772 pesos.
En total, los cinco hombres perciben en conjunto 160 mil 904 pesos mensuales, mientras que las mujeres sólo 112 mil 188 pesos.
Así que en la oficina de la diputada príista, las mujeres que representan el 44% de la plantilla, perciben 12.8% menos que los hombres.
Además, la diputada se ha permitido contratar personal eventual para realizar las asesorías como el joven priísta Diego Mejía Horta, quien formó parte del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, y que gana 32 mil pesos quincenales y unos 60 al mes.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, el Congreso de la CDMX es uno de los más costosos del país. Al año, los contribuyentes desembolsan 25 millones de pesos para sufragarlo.
Además de su dieta, los diputados reciben apoyos para módulos de atención ciudadana, como en el que trabaja Diego Mejía, cuya operación cuesta cerca de 1.2 millones de pesos al año y cuya funcionalidad es dudosa.
Durante la III Legislatura, precisamente en la que se desempeñó Larios, se aprobaron las reglas de operación de 66 módulos legislativos, con un presupuesto mensual de 107 mil pesos.
Sin embargo, pareciera que la diputada Tania Larios no escatima en dichos recursos pues en 2025 contrató a más de cuatro personas con sueldos que van de los 12 mil hasta los 60 mil pesos mensuales, como en el caso del joven Diego, para montar su módulo.
El Congreso había destinado una renta de 30 mil pesos, más otros 10 mil 180 por gastos de operación y hasta 60 mil para la contratación de personal. Sin embargo, en el caso de Tania, los sueldos representarían el total de los recursos presupuestados para la operatividad del módulo.
Además de la disparidad salarial que existe en el equipo de la diputada, llama la atención el estruendoso gasto público que realiza en la contratación de las juventudes priístas y exmilitantes panistas. El sueldo de Diego, por sí solo sería el total del presupuesto asignado al módulo, sin embargo, para esquivar este pequeño obstáculo, la panista sólo reporta un trabajador, y los demás, como en el caso de Diego, los mete en su lista de gastos de asesores.
Al final, el trabajo de sus asesores se vuelca a hacer propaganda en favor del PRI y en acompañar a la diputada en sus eventos públicos.
La menor de dos años contaba con Alerta Amber activa a nivel nacional; tras la detención de la exlegisladora, la niña fue localizada y quedó bajo resguardo de autoridades.
Autoridades detuvieron en Puebla a Gabriela “A.”, exdiputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer en Tuxpan, Veracruz, quien era buscada por presuntamente retener ilegalmente a su nieta de dos años, caso que derivó en la activación de una Alerta Amber de alcance nacional.
La detención se realizó tras varios meses de búsqueda, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuviera una orden de aprehensión dentro de la carpeta de investigación NUC 603/2025, por el delito de retención de menores, el cual puede ser sancionado con hasta seis años de prisión según el Código Penal estatal.
De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la menor, la niña —identificada en el expediente como “N”— fue entregada el 10 de mayo de 2025 a su abuela paterna en la Plaza Altama, para una visita familiar. Sin embargo, tras ese encuentro la menor no regresó a su hogar, lo que desató una denuncia formal y posteriormente la activación del mecanismo de búsqueda.
Las investigaciones señalan que la exlegisladora se negó a devolver a la niña y posteriormente desapareció del domicilio donde se encontraba, dejando de responder llamadas y mensajes de la madre. Además, la fiscalía sostiene que habría proporcionado información falsa sobre domicilios ante autoridades judiciales, lo que dificultó su localización durante meses.
Fuentes cercanas al caso indican que durante ese periodo la exfuncionaria promovió diversos recursos legales y juicios de amparo, presuntamente para evitar la ejecución de la orden de aprehensión mientras permanecía prófuga.
Tras su captura, la exdiputada permanece bajo custodia en los separos del C5 en Puebla, en espera de ser trasladada a Tamaulipas para enfrentar el proceso penal correspondiente. Por su parte, la menor fue localizada y quedó bajo resguardo del Sistema Nacional DIF, institución que determinará su situación legal mientras continúan las diligencias judiciales.
Con información de David Castellanos Terán para La Jornada.
Claudia Ivette Rodríguez, dirigente del PRI, fue asesinada en su tienda en Guerrero. Su muerte conmociona a la comunidad y a sus compañeros de partido.
Claudia Ivette Rodríguez, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ometepec, Guerrero, fue atacada a balazos el pasado 11 de marzo. El crimen ocurrió dentro de su tienda, situada a la orilla de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la comunidad de Milpillas. Claudia también había sido comisaria en la localidad.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, denunció este “cobarde asesinato” en sus redes sociales. Expresó su pésame a la familia y amigos de Claudia, mostrando la tristeza y solidaridad del partido en este difícil momento.
Testigos informaron que varios hombres entraron a su establecimiento y dispararon contra ella antes de escapar. Las autoridades aún no han proporcionado más detalles sobre el hecho. La Fiscalía estatal ya se encuentra en la escena del crimen para investigar lo sucedido y realizar el levantamiento del cuerpo.
La comunidad y los compañeros de partido de Claudia Ivette Rodríguez están consternados por su muerte. Este trágico evento deja una profunda herida en Ometepec, un lugar que la líder política había trabajado arduamente por mejorar.
La presidenta afirmó que la ciudadanía ya vio quién votó contra reducir privilegios en el sistema electoral y reiteró que su gobierno no negociará principios ni abandonará el proyecto de transformación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó un mensaje contundente tras el rechazo de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, al señalar que la ciudadanía ya pudo observar qué partidos y legisladores votaron en contra de reducir privilegios en el sistema político. “No hay que traicionar al pueblo”, expresó durante su conferencia desde Palacio Nacional.
La mandataria sostuvo que en la votación quedó claro que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron la iniciativa, además de algunos legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Sin embargo, destacó que el 99 por ciento de los diputados de Morena respaldaron la propuesta, lo que —dijo— demuestra que dentro del movimiento existe convicción por avanzar en la transformación del país.
Sheinbaum subrayó que la falta de aprobación de la reforma no representa una derrota, ya que el objetivo principal era cumplir con el compromiso de impulsar cambios para terminar con privilegios en el sistema electoral. “La gente sabe que no estamos dispuestos a negociar todo”, afirmó.
Al ser cuestionada sobre legisladores de Morena que votaron en contra o se abstuvieron, la presidenta sostuvo que existe libertad dentro del movimiento, pero dejó claro que la ciudadanía tomará su propia opinión sobre esas decisiones. También señaló que será el propio partido quien determine las acciones correspondientes en el futuro.
La mandataria recordó que su trayectoria política ha estado ligada a la lucha por la democracia, la justicia social y el combate al régimen de corrupción y privilegios, por lo que insistió en que su gobierno no puede apartarse de los principios del movimiento que llevó a la Cuarta Transformación al poder.
Finalmente, reiteró que el objetivo de la reforma —y de las nuevas propuestas que se presentarán— es reducir los gastos excesivos en la política y destinar los recursos públicos a necesidades sociales, como infraestructura, agua potable, salud, educación y programas de bienestar.
Tania Larios ha construido una carrera política sobre mentiras y exámenes robados. La legisladora priísta no tiene cédula profesional y ella misma confiesa haber copiado en exámenes.
La polémica política, de entrada, presume una ficha curricular donde asegura contar con una licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales (UIC).
Sin embargo, el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP —la plataforma digital pública que permite verificar la validez de cédulas profesionales y títulos académicos en México— arroja un resultado nulo.
Es decir: no existe ningún rastro de que la legisladora priísta haya cursado realmente una licenciatura.
O dicho de otro modo: Tania Larios no tiene cédula profesional, ni título profesional, de acuerdo con la Dirección General de Profesiones (DGP).
Cabe mencionar que, en el marco jurídico mexicano, ostentarse con un grado académico inexistente para ocupar cargos de decisión no es solo una falta ética, sino una potencial simulación administrativa.
Pero la evidencia no termina en la ausencia de una cédula. Al rastrear la etapa formativa de Tania Larios, se puede observar que la política priísta no solo ha mentido en el tema de su cédula y título profesional, sino que ha hecho de la trampa un artilugio normalizado.
Y es que, en una serie de publicaciones en redes sociales, se puede observar que, el 20 de febrero de 2013, una usuaria llamada Andy Leyva le pasa las respuestas de un examen a Tania Larios, mientras la futura legisladora respondía, en medio de risas: “Esto es secreto de estado”.
Esto quiere decir que, desde que era estudiante, Tania Larios acostumbraba a vulnerar los sistemas de evaluación académica. Y mentía.
Y, en esta parte, la ética y la sociología son muy claras al explicar que si una persona aprende que la trampa es un mecanismo de ascenso válido, sin duda podría trasladar esas mismas artimañas a las instituciones del Estado.
Y eso es precisamente lo que Tania Larios parece haber hecho.
Lamentablemente, cuando el éxito o el ascenso político se desacoplan de los medios legítimos (esfuerzo y preparación académica), asoma una estructura de incentivos donde la trampa y la astucia sustituyen a la competencia.
Y ojo: no se trata de una simple gracejada estudiantil. En realidad, sorprende —y preocupa— que una persona que miente y copia sin pudor esté dictando leyes en el Congreso de la CDMX. Y es que, cuando el engaño se normaliza, la democracia se enferma.
Tania Larios no tiene título ni cédula y, al parecer, tampoco vergüenza. Y si el origen de una carrera política es la mentira, el destino final es la corrupción.
