La salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena fue usada por Alejandro “Alito” Moreno para reiterar acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado, en medio de divisiones internas del oficialismo y señalamientos sobre el oportunismo político del dirigente priista.
La salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario de Morena y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado abrió una nueva confrontación política, luego de que el presidente nacional de PRI, Alejandro “Alito” Moreno, retomara señalamientos sobre presuntos vínculos del ex secretario de Gobernación con el crimen organizado.
Tras el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, el senador priista mantuvo que el movimiento interno confirma una división dentro de Morena, así como una falta de coordinación en el gobierno federal.
Moreno insistió en que los cambios en la bancada refuerzan lo que, según él, se ha advertido en distintos espacios nacionales e internacionales. Sin embargo, sus declaraciones se mantienen en el terreno del discurso político, sin presentar elementos verificables que respalden sus acusaciones.
Esta postura contrasta con los cuestionamientos que él mismo ha enfrentado por evitar investigaciones de fondo sobre su gestión y por el desgaste institucional del partido que encabeza.
Mientras Morena enfrenta tensiones internas reales tras la salida de Augusto López, la oposición encabezada por Alito Moreno apuesta nuevamente por una narrativa confrontativa, en la que las acusaciones se utilizan como herramienta política, aun cuando la credibilidad continúa siendo un factor en disputa.
Alejandro Moreno, líder del PRI, considera una traición el respaldo de Movimiento Ciudadano a la reforma electoral. Asegura que esto amenaza la democracia en México.
Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, calificó de “traición” el apoyo de Movimiento Ciudadano (MC) a la reforma electoral propuesta por el gobierno. En su opinión, este respaldo significa una falta de compromiso con la democracia.
Durante una conferencia de prensa, Moreno aseguró que el grupo mayoritario ya cuenta con los votos necesarios para llevar a cabo la reforma gracias a la alianza con MC. Se refirió al fundador de este partido, Dante Delgado, como un “traidor” por sus decisiones políticas.
Moreno afirmó que Delgado actúa por “cálculo político” y se convierte en cómplice de negociaciones oscuras. Criticó su participación en situaciones como el caso Segalmex, donde según él, se negoció la corrupción. Considera que reconocer dicha alianza dañará su reputación histórica.
El líder del PRI no se mostró interesado en convocar manifestaciones. Atribuyó la falta de movilización a la inseguridad que enfrenta la población. En cambio, propuso que el PRI use su voz en tribuna y motive a la población a votar en 2027.
Sobre la reforma electoral, Moreno sostuvo que busca transformar México en un país con un solo partido hegemónico. Enfatizó que el PRI no permitirá este modelo, ya que atenta contra la democracia consolidada en el país.
Además, el dirigente del PRI se refirió al papel de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Expresó su apoyo a la colaboración internacional para combatir la delincuencia organizada en México, argumentando que el gobierno actual se encuentra presionado por las autoridades estadounidenses.
Moreno subrayó que es esencial preservar los derechos y libertades en el país. También cuestionó la idea de que la reforma busque reducir costos políticos, afirmando que una “democracia cara” es preferible a una dictadura gratuita.
La familia de Cecilia Monzón denunció que el feminicida confeso recibe privilegios en el Cereso de San Miguel, mientras autoridades admiten que su traslado a un penal federal está en trámite.
La exigencia de justicia plena para Cecilia Monzón volvió al centro del debate público luego de que su hermana, la abogada Helena Monzón, denunciara que Javier López Zavala, ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla y responsable de su feminicidio, recibe trato preferencial dentro del Cereso de San Miguel, en la capital poblana.
A través de redes sociales, Helena Monzón afirmó haber sido testigo directo de actitudes de sumisión y privilegio hacia el ex funcionario estatal por parte de al menos un custodio. “Si se atreven a rendirle pleitesía frente a mí, el problema es grave”, denunció, al advertir que estas condiciones vulneran el proceso de justicia y revictimizan a la familia.
Ante estos señalamientos, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, reconoció que el gobierno estatal prioriza el traslado de internos conflictivos a penales federales, entre ellos López Zavala. Confirmó que ya se solicitó formalmente su envío al penal de El Altiplano, en el Estado de México.
El funcionario admitió que el ex priísta ha sido un reo problemático, en un contexto donde incluso se documentaron fiestas con alcohol y presencia de mujeres dentro del Cereso a finales de 2025, hechos que derivaron en traslados de otros internos y evidenciaron redes de corrupción interna.
No obstante, la SSP precisó que el traslado de López Zavala se concretaría una vez concluido su proceso judicial. El pasado 23 de diciembre, fue declarado culpable del feminicidio de Cecilia Monzón, junto con su sobrino Jair Mauricio Domínguez y el sicario Silvestre Vargas. Este jueves, el Tribunal de Enjuiciamiento dará lectura a la sentencia y pena.
La investigación acreditó que López Zavala planeó el crimen, proporcionó recursos y ordenó el asesinato de su ex pareja el 21 de mayo de 2022, motivado por un conflicto legal por manutención y por el intento de silenciarla tras denunciar violencia familiar. Para la familia Monzón, sin castigo ejemplar y sin fin a los privilegios, no hay justicia completa.
La justicia federal determinó que el exgobernador de Tamaulipas no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, dejando sin efecto la solicitud de Estados Unidos.
Un Tribunal Colegiado concedió un amparo definitivo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, con el que impide su extradición a Estados Unidos, donde era requerido por asociación delictuosa y lavado de dinero. La resolución deja sin efectos una sentencia previa y cierra un litigio que se prolongó por más de seis años.
El fallo, emitido en Ciudad Victoria, retoma el criterio establecido en 2018 por un juez federal, quien ya había considerado constitucionalmente improcedente la extradición. Los magistrados concluyeron que la entrega del exmandatario violaba el artículo 109 de la Constitución, al acreditarse que ya fue procesado en México por los mismos hechos que sustentaban la petición internacional.
Durante la sesión pública, el Tribunal subrayó la aplicación del principio non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. Al existir causas penales previas en territorio nacional por conductas coincidentes, la autoridad judicial determinó que la extradición transgrediría derechos fundamentales del quejoso.
Con esta sentencia, el Estado mexicano queda legalmente impedido para entregar a Hernández Flores a autoridades estadounidenses por este expediente. La resolución es inatacable y deja firme la protección constitucional, eliminando el último riesgo jurídico a nivel internacional para el exgobernador, quien actualmente se encuentra en libertad.
Hernández Flores, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010, enfrentó el proceso de extradición desde su detención en 2017, tras acusaciones de la DEA por el presunto lavado de 30 millones de dólares. Aunque en 2018 se autorizó su entrega durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta nunca se concretó, permaneciendo preso hasta 2023.
El fallo definitivo pone punto final a un caso emblemático que atravesó diversas instancias del Poder Judicial de la Federación y marca un precedente sobre los límites constitucionales de la extradición.
El diputado priista Guillermo Valencia volvió a mostrar el viejo estilo del PRI: decidió “celebrar” las fiestas decembrinas regalando mochilas rojas cargadas con caguamas, churros y salsa Valentina a sus compañeros legisladores.
El Congreso de Michoacán vivió una escena digna del PRI de antaño, cuando Guillermo “Memo” Valencia, diputado local del Partido Revolucionario Institucional, decidió “celebrar” las fiestas decembrinas regalando mochilas rojas cargadas con caguamas, churros y salsa Valentina a sus compañeros legisladores. Sí, el mismo PRI que gobernó décadas con despensas hoy presume mochilas cerveceras… pero ahora dentro del Congreso.
El gesto, lejos de pasar desapercibido, provocó burlas, risas y comentarios festivos entre diputados, quienes recibieron el obsequio. Las mochilas, claramente identificadas con el logo del PRI y el nombre de Michoacán, fueron repartidas como si el recinto legislativo se hubiera transformado en posada sindical, más que en un espacio de debate público.
En un video difundido por el propio Valencia en redes sociales, se observa cómo cada “memochila” incluía tres caguamas, una bolsa de churros salados y una salsa Valentina, todo cuidadosamente acomodado y protegido. El legislador explicó, en tono burlón, que el paquete estaba pensado para “llegar bien preparados a las posadas”, confirmando que, para el PRI, la política sigue teniendo aroma a botana y cerveza.
Valencia incluso celebró que las mochilas “pintaron de rojo el Congreso”, una metáfora perfecta de un partido que insiste en llamar la atención con ocurrencias.
Como cereza del pastel, el diputado aseguró que las caguamas no estaban “quemadas”, sino “bien muertas”, reafirmando el tono ligero que tanto gusta al tricolor.
Así, el PRI demuestra que, aunque cambien los tiempos, las mañas, el folclor y el espectáculo barato siguen siendo su sello, incluso dentro del Poder Legislativo.
El dirigente priista apuesta por “perfiles experimentados”, mientras el partido intenta sobrevivir tras derrotas consecutivas.
Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, confirmó que su partido no apoyará candidaturas ciudadanas en las elecciones presidenciales de 2030. Según Moreno, la estrategia de postular “experimentos” externos fracasó en 2018 y 2024, cuando el PRI sufrió derrotas contundentes pese a contar con votantes fieles.
En el lanzamiento del nuevo Consejo Político Nacional, Moreno insistió en que el tricolor debe centrarse en perfiles con trayectoria política, capacidad de operación electoral y experiencia en el gobierno, en lugar de “ocurrencias” o figuras mediáticas que prometen ganar por imagen personal. Y sí, como era de esperarse, Alito se destapó como candidato, dejando en el aire la gran pregunta: para 2030, ¿aún existirá el PRI o será solo un recuerdo de sus años dorados?
Alito Moreno se destapa como candidato presidencial del PRI para el 2030. Lo gracioso es que cree que el PRI existirá para 2030. pic.twitter.com/OWCK31gdVL
El dirigente priista recordó que el partido ya apostó por candidatos externos en dos ocasiones, primero con José Antonio Meade en 2018 y luego en 2024, pero los resultados fueron adversos y dejaron al PRI debilitado frente a Morena, que hoy domina el escenario político nacional. Moreno defendió la experiencia de su partido, pero la crítica es clara: mientras el PRI insiste en “reciclar” líderes, la relevancia del partido se diluye con cada elección.
En cuanto a la estrategia electoral, Moreno dijo que evaluarán el contexto político y social antes de definir su candidato, y no descartó alianzas con otros partidos para formar un frente opositor. Sin embargo, la verdadera pregunta que genera es si la visión de Alito y el PRI tiene algún sentido cuando Morena sigue consolidando su poder y el PRI parece más enfocado en sobrevivir que en competir.
Durante la toma de protesta del Consejo Político Nacional, el mensaje interno fue claro: cerrar filas, recuperar militantes y demostrar fuerza en elecciones locales, mientras Moreno intenta marcar un rumbo para 2030. Pero entre anuncios y declaraciones, lo que destaca es que Alito Moreno se lanza a la presidencia, aunque el PRI corre el riesgo de no llegar con él.
La huelga de Cananea fue un prolongado conflicto laboral que terminó el 17 de diciembre de 2025 tras más de 18 años de lucha de los trabajadores de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, contra la empresa Grupo México.
Encabezado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), liderado por Napoleón Gómez Urrutia, este movimiento se convirtió en uno de los conflictos laborales más largos de la historia moderna de México y un símbolo de la lucha por los derechos laborales frente a intereses empresariales y decisiones políticas de distintos gobiernos.
¿Cómo comenzó?
La huelga estalló el 30 de julio de 2007, cuando los trabajadores decidieron suspender labores en la mina al denunciar violaciones sistemáticas al contrato colectivo de trabajo, condiciones de inseguridad y falta de respuesta por parte de la empresa.
Desde el inicio, el movimiento se politizó, pues hubo intervención tanto de autoridades federales como de actores políticos, lo que hizo que el conflicto trascendiera de lo estrictamente laboral y se transformara en una confrontación entre los trabajadores organizados y el poder corporativo y estatal.
Factores detonantes
Las causas principales incluyeron:
Incumplimiento del contrato colectivo: desacuerdos persistentes sobre salarios, prestaciones y condiciones de trabajo.
Condiciones inseguras: denuncias continuas sobre la falta de medidas adecuadas de seguridad e higiene en la mina.
Presión política y legal: el enfrentamiento entre el sindicato y el Estado contribuyó a cargar políticamente el conflicto.
Falta de acción empresarial y estatal: los intentos por parte de Grupo México y gobiernos anteriores por resolver la huelga fueron insuficientes, lo que prolongó el paro por años.
¿Cuánto tiempo duró?
La huelga se prolongó desde el 30 de julio de 2007 hasta el 17 de diciembre de 2025, es decir, más de 18 años de paralización, resistencia y negociación.
La noche del 17 de diciembre de 2025, en asamblea general, los trabajadores aprobaron por unanimidad los términos de un acuerdo definitivo como parte de un “Plan de Solución Integral” negociado con autoridades federales y del estado de Sonora, marcando así el fin oficial del conflicto.
Sucesos más importantes que marcaron la huelga
Represión del PAN
Durante la administración del panista Felipe Calderón, en 2010 la Policía Federal ingresó a la mina para retomar control y reanudar operaciones, lo que fue visto por los trabajadores como una forma de represión y alineación con intereses empresariales sobre los derechos sindicales.
Este hecho se convirtió en uno de los momentos más recordados del conflicto, pues reflejó la participación directa del gobierno federal del PAN en la estrategia para contener y debilitar a los huelguistas.
Además, la prolongación de la huelga a lo largo de los sexenios del PAN —incluyendo figuras como Guillermo Padrés Elías, entonces gobernador de Sonora— contribuyó a que el conflicto adquiriera una dimensión política regional y nacional.
Acciones y participación de políticos vinculados al PRI
Aunque el PRI no fue actor directo en las negociaciones generales, miembros priistas y representantes legislativos de Sonora jugaron un papel en foros legislativos y políticos al abordar el tema desde instancias de gobierno y propuestas para darle seguimiento a la situación de los trabajadores, la mina y su impacto económico y social.
El caso de Cananea fue usado por algunos priistas en espacios públicos y legislativos para cuestionar políticas laborales y de negociación de los gobiernos federales, así como para promover soluciones legislativas sobre derechos laborales.
Acuerdo final y cierre del conflicto
El fin de la huelga se formalizó con la aprobación de un Plan de Solución Integral, el cual incluye beneficios económicos, acceso al IMSS, pensiones y otras compensaciones para los trabajadores y familias afectadas, negociado con la participación del gobierno federal (encabezado por Claudia Sheinbaum) y el gobierno estatal de Sonora.
Los trabajadores expresaron agradecimiento a las autoridades por su intervención en esta etapa y subrayaron el significado histórico del acuerdo, poniendo fin a una lucha que duró casi dos décadas.
Importancia histórica
La huelga de Cananea del siglo XXI fue un conflicto laboral excepcional por su duración, resistencia y dimensión política, ya que puso en evidencia:
La fragilidad de los derechos laborales frente a intereses económicos poderosos
La intervención de gobiernos federales y estatales, particularmente bajo administraciones del PAN y al involucrar a políticos priistas en ámbitos legislativos
La necesidad de repensar condiciones laborales, seguridad social y justicia para trabajadores mineros
El firme papel del sindicalismo organizado en México desde una perspectiva histórica y contemporánea
La exigencia de Alejandro Moreno alinea al PRI con EUA en su postura contra Maduro, mientras el partido lidia con su propio pasado autoritario.
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, ha solicitado que México se convierta en el mejor aliado de Estados Unidos en América Latina. Insiste en fortalecer la postura contra lo que describe como dictaduras, especialmente la de Nicolás Maduro en Venezuela. Este llamado, en medio de un clima político tenso, desconcierta cuando se considera la historia reciente del PRI.
Durante décadas, el PRI ha estado en el centro de numerosas acusaciones de autoritarismo. Su legado incluye testimonios de fraude electoral, represión política y violaciones a los derechos humanos. El partido, que gobernó de manera casi ininterrumpida por 71 años, ha estado marcado por prácticas que contradicen los principios democráticos que ahora promueve.
Moreno denuncia al régimen venezolano por su falta de respeto a la democracia. Asegura que no se puede ser cómplice de un gobierno que roba elecciones. Esta crítica suena hipócrita cuando se recuerda cómo el PRI ha gestionado su poder en el pasado. Las exigencias de una postura firme se contradicen con la inacción histórica de su propio partido frente a sus propios abusos de poder.
El dirigente del PRI llama a no mantener una postura neutral frente a regímenes autoritarios. Sin embargo, es vital recordar que el partido ha promovido su propia versión de autoritarismo por años. Los mismos fundamentos que hoy descalifica en otros países son los que han sustentado su poder en México.
Moreno enfatiza que callar ante las dictaduras es traicionar los principios de democracia y derechos humanos. Sin embargo, la historia del PRI está llena de silencios cómplices ante situaciones similares. Su llamado a la comunidad internacional carece de credibilidad cuando su propio partido ha sido parte del problema.
A pesar de las sombras del pasado, el PRI intenta posicionarse como defensor de la democracia, pidiendo acciones concretas para restablecer el orden en Venezuela. Pero la falta de especificidad en estos “medios necesarios” deja dudas sobre la sinceridad de su propuesta. El partido aún no ha explicado cómo, tras décadas de un gobierno que aterró a sus opositores, planea abogar por otros.
La declaración final de Moreno, pidiendo a México ser un aliado firme de Estados Unidos, es una invitación a reevaluar la relación del país con su historia. Abandonar la ambigüedad requiere más que solo palabras. Ante la lucha por la democracia en la región, el líder del PRI necesita confrontar su legado y actuar con coherencia. El llamado a la libertad en Venezuela, si no se apoya con acciones y un cambio interno genuino, podría ser solo un eco de viejas ambiciones.
El nombre de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua y exdiputado federal, volvió a los titulares al confirmarse su recaptura en Chihuahua. Este arresto, a cargo de la FGR bajo la dirección de Ernestina Godoy, marca el inicio de un nuevo proceso penal de fuero federal por Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
El exgobernador de Chihuahua, exdiputado federal y exmiembro del PRI, ha enfrentado una larga lista de acusaciones que van desde el peculado hasta el lavado de dinero.
El 8 de diciembre de 2025, la FGR confirmó la recaptura de César Duarte en la capital de Chihuahua, como parte de una nueva acción penal por su presunta responsabilidad en delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Y no es un capricho, como algunos comentócratas opinan. No. La detención, en realidad, obedece a una orden de aprehensión emitida por un juez federal en mayo de 2024, que solo pudo ejecutarse tras la autorización del gobierno de Estados Unidos, país que previamente lo había extraditado en 2022 por otras acusaciones.
La fiscal Ernestina Godoy, quien recientemente fue nombrada titular de la FGR, aceleró la ejecución de este expediente, dándole continuidad a una investigación que se gestó durante la gestión del polémico Alejandro Gertz Manero. En ese momento, y en cuanto recibió luz verde de Washington, la FGR de Gertz Manero ordenó su captura y su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, una cárcel en la que han estado detenidos delincuentes como Joaquín “el Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.
Ahora bien, las acusaciones contra Duarte no son nuevas ni escasas. De hecho, en su contra, se han librado 21 órdenes de aprehensión (20 locales y una federal) por diversos delitos. Le enumeró algunos de ellos:
Peculado agravado
Asociación delictuosa
Lavado de dinero
Enriquecimiento ilícito
Uso indebido de atribuciones
Financiamiento ilegal al PRI
Retención de salarios a burócratas
Robo de ganado destinado a pequeños productores
Y presunta creación de un banco con recursos públicos
Pero eso no es todo. Además, Duarte ha sido señalado como protagonista de la Operación Safiro, un esquema de desvío de recursos públicos para financiar campañas del PRI, y de contar con una ‘nómina secreta’, mediante la cual habría entregado sobornos a políticos, periodistas y líderes sindicales.
Pero hay una pregunta que debe responderse: ¿Cuál fue el origen de las investigaciones contra Duarte?
Le doy los detalles: el proceso judicial se remonta al sexenio de Javier Corral, sucesor de César Duarte como gobernador de Chihuahua.
De hecho, durante su toma de protesta en 2016, Corral, antes panista y actual simpatizante de Morena, anunció que se llevarían a cabo investigaciones por irregularidades detectadas durante la entrega-recepción.
Es importante destacar que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador también se presionó públicamente para que no se permitiera la impunidad. Le digo más: en 2022, López Obrador acusó que la administración de Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, estaba otorgando beneficios judiciales al exgobernador Duarte y obstaculizando la justicia.
Hay quien se pregunta: ¿Qué pasó con la primera detención de César Duarte? Yo se lo digo: César Duarte fue capturado por primera vez el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y su extradición se concretó el 2 de junio de 2022. Sin embargo, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos exige que el país solicitante solo procese al extraditado por los delitos expresamente incluidos en la solicitud original.
Ahora bien, tras permanecer dos años en prisión, una jueza penal ordenó el cambio de medida preventiva y Duarte fue puesto en libertad. Previo a su detención, el exmandatario priísta continuaba dicho proceso legal con un brazalete de localización.
Pero le cuento más: su administración en Chihuahua, que comprendió de 2010 a 2016, estuvo marcada por un pernicioso control sobre los medios de comunicación locales, viajes oficiales sin justificación (163 vuelos a Estados Unidos) y un manejo opaco de los recursos estatales. Duarte dejó al estado con una deuda de más de 55 mil millones de pesos.
Entre las múltiples investigaciones sobre Duarte destaca la compra de al menos seis ranchos en un periodo de apenas cinco meses, muchos de ellos presuntamente adquiridos con recursos públicos. A César Duarte se le acusa también de construir una presa en una de sus propiedades sin permisos y de adquirir bienes de lujo tanto en México como en Estados Unidos, con recursos cuya procedencia no ha podido justificar.
En total, las autoridades han asegurado 16 ranchos vinculados a Duarte y su familia.
Uno de los casos más polémicos durante su administración fue el asesinato de Marisela Escobedo, quien fue asesinada en 2010 frente al Palacio de Gobierno mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija.
Ese es César Duarte, el exgobernador priista a quien algunos desbrujulados intentan defender.
Con fuerte presencia en ciudades clave, Morena refuerza su posición para las próximas elecciones, dejando a la oposición con desafíos crecientes.
Morena lidera las encuestas en 11 entidades de la República de cara a las elecciones de 2027. Este dominio refuerza la continuidad de la Cuarta Transformación. Ciudades estratégicas como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida y Tijuana muestran preferencia por el partido guinda.
La combinación de programas sociales eficaces, estructuras territoriales sólidas y liderazgos locales robustos han impulsado la popularidad de Morena. La oposición, formada por PAN, PRI y MC, enfrenta retos para mantener su presencia en algunos de sus bastiones tradicionales.
Este panorama electoral dibuja un camino claro para Morena. La política del partido se centra en mantener una conexión cercana con el pueblo. La creciente preferencia ciudadana en estos centros urbanos refuerza la legitimidad y fortaleza institucional del partido.
La opinión pública y la credibilidad democrática serán cruciales en la contienda electoral que se avecina. Morena, con su actual ventaja, se prepara para consolidar su liderazgo en las principales capitales de México, mientras la oposición busca recuperar terreno.
