Varios medios nacionales han documentado el caso del esquema de compra de votos mediante códigos QR en Coahuila, sin embargo, TV Azteca, Fórmula y Latinus optaron por minimizar o ignorar una de las denuncias más explosivas surgidas tras la jornada electoral.
La jornada electoral del 7 de junio en Coahuila dejó dos historias paralelas: la del PRI proclamándose ganador de las 16 diputaciones locales en disputa, y la de denuncia de un sofisticado sistema de compra de votos mediante códigos QR, bautizado como “QRgate”. La segunda historia, documentada con videos, audios y una denuncia formal ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), generó cobertura amplia en varios medios nacionales. Pero tres ausencias resultan llamativas.
TV Azteca cubrió la elección, pero encuadró el proceso desde el ángulo de la derrota de Morena y la estrategia fallida de Andy López Beltrán, sin hacer del presunto operativo de coacción su eje informativo. Fórmula, por su parte, no registró cobertura propia identificable sobre el “QRgate” en sus plataformas digitales. Latinus, que sí cubrió el PREP y los resultados preliminares, tampoco desarrolló la denuncia como historia independiente.
El contraste con otros medios es notable, pues mientras que otros portales dedicaron notas específicas al mecanismo denunciado: códigos QR personalizados repartidos a ciudadanos que debían fotografiar su boleta marcada a favor del PRI para recibir entre 200 y 500 pesos. Morena presentó ante el IEC evidencia que incluía audios, videos y, según la dirigencia nacional, incluso la base de datos interna del sistema, filtrada por militantes priistas inconformes.
Esta omisión no es neutral, pues en un escándalo de esta magnitud, decidir qué encuadre se le da a la elección de Coahuila es, en sí mismo, una toma de posición editorial. Que tres medios de alcance nacional hayan optado por minimizar o ignorar las acusaciones de fraude sistémico dice tanto de sus líneas informativas como lo que sí publicaron.
Mientras Morena documentó presuntas operaciones de compra y coacción del voto mediante códigos QR y pagos en efectivo, el gobernador de Coahuila aseguró que la jornada electoral transcurrió en paz y sin problemas graves.
Apenas unas horas después de una elección marcada por denuncias de presunta compra de votos, uso de códigos QR para verificar sufragios y detenciones de simpatizantes de Morena, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, salió a celebrar los resultados favorables para la alianza PRI-UDC, asegurando que en la entidad se vivió una “gran fiesta democrática”.
Desde el Palacio de Gobierno de Saltillo, el mandatario presumió que el proceso electoral se desarrolló con tranquilidad y destacó una participación superior al 50 por ciento. Según Jiménez, en las casillas “todo fluyó correctamente” y únicamente se registraron incidentes menores. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con las denuncias presentadas por Morena ante las autoridades electorales, donde se acusa a operadores vinculados al PRI de haber desplegado mecanismos para condicionar y comprar el voto.
Lejos de referirse a esos señalamientos, el gobernador optó por festejar el resultado electoral y afirmar que “ganaron los buenos gobiernos”. Una frase que no pasó desapercibida en redes sociales, donde usuarios cuestionaron si también forman parte de esos “buenos gobiernos” las estructuras señaladas por presuntamente repartir dinero, utilizar listas de votantes y operar esquemas de validación mediante códigos QR para garantizar sufragios a favor del tricolor.
Jiménez también aseguró que el triunfo es resultado del respaldo ciudadano a su administración y llamó a las fuerzas políticas a “cerrar filas”. No obstante, la oposición insiste en que primero deben esclarecerse las denuncias sobre posibles irregularidades registradas durante la jornada electoral. Morena ha señalado que las pruebas recabadas ya fueron entregadas a las autoridades competentes y que incluso solicitará investigaciones financieras para rastrear el origen de los recursos presuntamente utilizados.
Mientras el gobernador intenta vender la narrativa de una elección ejemplar, las instituciones electorales tendrán la última palabra sobre los señalamientos que pesan sobre el proceso. Por ahora, lo único claro es que el PRI ya se declaró ganador y que Manolo Jiménez decidió celebrar antes de que concluyan todas las revisiones y posibles impugnaciones derivadas de las denuncias presentadas.
La disputa política en Coahuila está lejos de terminar. Aunque desde el gobierno estatal hablan de paz, unidad y amor por la tierra coahuilense, las acusaciones de presunta compra de votos y coacción electoral amenazan con empañar el triunfo que el priismo busca presentar como una victoria incuestionable.
Ariadna Montiel señala a operadores vinculados al PRI por presunta compra del sufragio, mientras autoridades electorales revisan denuncias y el PRI rechaza las acusaciones.
La dirigencia nacional de Morena denunció presuntas irregularidades durante la elección en Coahuila, donde se renovó el Congreso local, entre ellas una supuesta red de compra y coacción del voto mediante códigos QR y pagos en efectivo. La presidenta del partido, Ariadna Montiel, afirmó que existen evidencias que ya fueron entregadas a las autoridades electorales.
De acuerdo con las acusaciones, operadores políticos presuntamente vinculados al PRI habrían utilizado códigos QR para verificar el sentido del voto de ciudadanos, quienes posteriormente recibirían incentivos económicos tras comprobar su participación en favor de determinada opción política.
Montiel explicó que, según lo documentado por Morena, en distintos puntos del estado se habrían detectado listas de votantes, sobres con dinero en efectivo y material relacionado con la presunta operación electoral, lo que formaría parte de las pruebas presentadas ante los organismos correspondientes.
📰 El Partido Morena comparte el siguiente comunicado de prensa:
“QRgate”: Morena denuncia que el PRI planeó comprar todos sus votos en la elección de Coahuila 2026
Morena exhibió las pruebas de un sistema masivo de compra y coacción del voto operado por el PRI a través de… pic.twitter.com/RSLIuWKczh
La dirigente sostuvo además que ya se interpusieron denuncias ante el Instituto Electoral y autoridades competentes, y que se solicitará una investigación sobre el origen de los recursos utilizados, al considerar que podría tratarse de financiamiento irregular en el proceso.
Asimismo, señaló que Morena no busca declarar la invalidez por cuenta propia, sino que serán las instituciones electorales y tribunales quienes determinen si existieron violaciones a la ley que impacten los resultados de la jornada en Coahuila.
En paralelo, Montiel denunció la detención de militantes y simpatizantes durante la elección, asegurando que hubo más de 200 casos de presuntas irregularidades y vigilancia a integrantes del partido, hechos que también fueron integrados a las denuncias presentadas.
Mientras tanto, el PRI se declaró vencedor en los 16 distritos locales, con base en resultados preliminares, y aseguró que la elección se desarrolló en condiciones de normalidad.
Un video filtrado exhibe el mecanismo utilizado por operadores priistas para verificar el voto mediante fotografías y posteriormente entregar pagos a través de códigos QR.
Las viejas prácticas electorales que marcaron algunos de los capítulos más cuestionados de la política mexicana parecen haber encontrado una versión digital.
Durante la jornada electoral en Coahuila, Morena y el Partido del Trabajo denunciaron un presunto esquema de compra de votos operado por el PRI, en el que ciudadanos reciben un código QR para cobrar dinero después de demostrar que emitieron su sufragio por determinado partido.
La acusación cobró fuerza luego de la difusión de un video filtrado, al que Los Reporteros MX tuvo acceso, en el que una presunta operadora priista explica el funcionamiento del sistema.
El modus operandi consiste en que los votantes tienen que acudir a las urnas, tomar una fotografía de su boleta marcada, junto con el código QR, y posteriormente presentar la evidencia para acceder al pago prometido.
El mecanismo ya ha sido comparado por usuarios en redes sociales con el escándalo de las tarjetas Monex que marcó la elección presidencial de 2012, por lo que algunos lo han bautizado como el “Monex 2.0”.
De acuerdo con representantes de Morena, las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y también serán impulsadas por la dirigencia estatal del partido. La representación morenista informó además que interpuso una queja formal por presunta compra de votos mediante códigos QR, solicitando una investigación inmediata para esclarecer los hechos.
🚨#ULTIMAHORA | EL PRI ESTÁ COMPRANDO VOTOS EN COAHUILA A TRAVÉS DE CODIGOS QR.@ReporterosMX_ tuvo acceso a esta información gracias a una operadora del PRI que explica el modus operandi del partido de @alitomorenoc para la compra de votos. ¡COMPARTAN! pic.twitter.com/p5kNkltkZI
Las denuncias se suman a un ambiente de tensión reportado durante la elección. Morena y el PT acusaron presuntos actos de intimidación, hostigamiento y detenciones arbitrarias contra simpatizantes y operadores políticos en municipios como Frontera, Monclova y Múzquiz. El dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, señaló que algunas corporaciones policiacas estarían actuando como una “policía electoral”, mientras que líderes petistas denunciaron uso excesivo de la fuerza contra sus militantes.
Por su parte, el INE informó que la jornada electoral transcurrió sin interrupciones generalizadas en la votación y confirmó que el 100 por ciento de las casillas fueron instaladas. Sin embargo, la autoridad reconoció incidencias menores relacionadas con cambios de domicilio de algunas casillas y problemas logísticos durante las primeras horas de la elección.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a poner bajo los reflectores al PRI y a las prácticas que durante décadas alimentaron la desconfianza ciudadana en los procesos electorales. Si las acusaciones se confirman, Coahuila podría convertirse en el escenario de una nueva versión tecnológica de los viejos métodos de compra del voto que tantos daños hicieron a la democracia mexicana.
Morena, PT y otros partidos alertaron sobre irregularidades durante la jornada electoral, incluyendo detenciones arbitrarias, presión a votantes y presuntos mecanismos de coacción del sufragio.
Los viejos métodos del PRI parecen resistirse a desaparecer. En plena jornada electoral de este domingo, presuntos operadores priistas fueron captados en Torreón, Coahuila, repartiendo dinero en efectivo y códigos QR a ciudadanos, en un hecho que ha sido señalado como un posible esquema de compra y coacción del voto. Las imágenes difundidas en redes sociales reavivaron las acusaciones de que el tricolor continúa recurriendo a las prácticas que marcaron décadas de elecciones cuestionadas en México.
La denuncia se suma a una serie de incidentes reportados durante las primeras horas de la elección en Coahuila. De acuerdo con información presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), se registraron al menos 30 incidencias relacionadas con el desarrollo de la votación, restricciones al sufragio, presiones a electores y conflictos dentro de algunas casillas.
Uno de los señalamientos más graves fue presentado por Morena, que informó haber interpuesto una denuncia ante la autoridad electoral por la presunta compra de votos mediante el uso de códigos QR. Por su parte, representantes del Partido del Trabajo (PT) denunciaron que el “mapacheo electoral está a todo lo que da”, además de acusar detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza contra representantes partidistas y ciudadanos en algunos municipios del estado.
🚨 #ALERTA En Torreón, Coahuila, mapaches electorales del PRI fueron captados repartiendo dinero y códigos QR a cambio del voto 👇 pic.twitter.com/u8vGPgOcZ0
Las irregularidades también incluyeron reportes de votantes que no aparecían en la lista nominal, suspensión temporal de votaciones por discusiones dentro de las casillas y denuncias por presuntas limitaciones al derecho al voto en municipios como Saltillo, Nueva Rosita, Parras de la Fuente y Múzquiz. Organizaciones observadoras incluso documentaron casos donde representantes de partidos enfrentaron obstáculos para ejercer su sufragio.
Aunque el gobernador Manolo Jiménez aseguró que la jornada transcurría en paz, los reportes contrastan con el discurso oficial. Para muchos ciudadanos, las imágenes de operadores repartiendo dinero y códigos QR evocan las peores épocas del viejo régimen priista, cuando el voto era tratado como una mercancía y no como un derecho democrático.
Mientras avanzan las investigaciones y las denuncias ante las autoridades electorales, crece la exigencia de garantizar elecciones limpias y transparentes. Lo ocurrido en Torreón vuelve a poner bajo la lupa las prácticas de quienes, pese a presentarse como una oposición renovada, siguen siendo señalados por recurrir a las mismas mañas que durante años desprestigiaron la democracia mexicana.
Mientras el gobierno legítimamente electo conduce la política exterior y de seguridad, figuras del PRI y PAN acudieron a una exclusiva cena donde se promovió un polémico “Tratado de Lucha Contra el Crimen” con Estados Unidos.
Una nueva reunión de personajes del PRIAN con grupos empresariales y políticos vinculados a Estados Unidos volvió a encender el debate sobre la soberanía nacional.
Durante una exclusiva cena organizada por la American Society (AMSOC) y copatrocinada por el usurero Ricardo Salinas Pliego, el presidente de la organización, Larry Rubin, propuso la creación de un supuesto “Tratado de Lucha Contra el Crimen” (TLCC) entre México y la Unión Americana.
El evento, realizado en el marco del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, reunió a varios de los rostros más conocidos de la oposición mexicana: Alejandro Moreno, Jorge Romero, Ricardo Anaya, Lilly Téllez, Kenia López Rabadán, Mariana Gómez del Campo, Rosario Robles y Sergio Meyer, entre otros. Sin embargo, llamó la atención la ausencia del embajador estadounidense Ronald Johnson, cuya asistencia había sido confirmada previamente por los organizadores.
Durante su intervención, Rubin sostuvo que México y Estados Unidos deben elevar la cooperación en materia de seguridad para combatir al crimen organizado y el lavado de dinero. No obstante, la propuesta generó cuestionamientos, ya que ninguno de los políticos presentes forma parte del gobierno federal ni tiene facultades para definir la estrategia de seguridad nacional o la política exterior del país.
La escena pareció más un aquelarre de personajes rechazados una y otra vez en las urnas que una reunión con representación legítima de los intereses nacionales. Resulta inevitable preguntarse: ¿a quién representan realmente cuando hablan de acuerdos que involucran la seguridad y la soberanía de México? Muchos de los asistentes forman parte de los mismos grupos políticos que gobernaron durante décadas y que dejaron un país marcado por la corrupción, la violencia y los privilegios para las élites.
Mientras el pueblo mexicano eligió democráticamente un proyecto de transformación respaldado por millones de votos, algunos liderazgos del PRIAN continúan buscando reflectores en eventos privados y exclusivos. La cooperación internacional es necesaria, pero debe construirse desde las instituciones mexicanas y bajo el respeto absoluto a la soberanía nacional, no desde cenas patrocinadas por personajes que históricamente han confrontado al gobierno popular.
La realidad es contundente: las decisiones sobre la seguridad del país corresponden al gobierno elegido por las y los mexicanos, no a políticos de oposición que pretenden recuperar protagonismo desde foros extranjeros. La soberanía de México no está en venta ni se negocia en banquetes de élite; se defiende con el respaldo del pueblo.
El partido acusó que las autoridades coahuilenses actuaron contra quienes denunciaron posibles delitos electorales, en lugar de investigar las acusaciones relacionadas con una supuesta operación de compra de sufragios.
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena condenó la detención de 20 militantes de ese partido y del Partido del Trabajo (PT) en el municipio de Frontera, Coahuila, al considerar que se trató de una acción arbitraria e ilegal derivada de la denuncia pública de un presunto centro de compra de votos que operaría de cara a la jornada electoral del próximo 7 de junio.
A través de un comunicado, la dirigencia nacional morenista aseguró que sus simpatizantes fueron privados de la libertad después de señalar la existencia de un inmueble donde, presuntamente, se realizaban actividades destinadas a influir de manera ilegal en la voluntad de los electores. Según Morena, en lugar de investigar las denuncias y esclarecer los hechos, las autoridades estatales decidieron actuar contra quienes exhibieron posibles irregularidades.
El partido sostuvo que este episodio envía una señal preocupante para la democracia y para el ejercicio de la denuncia ciudadana. Asimismo, señaló que los hechos ocurren en un contexto donde históricamente han existido cuestionamientos sobre el desarrollo de los procesos electorales en Coahuila, entidad gobernada actualmente por el PRI. Para Morena, utilizar las instituciones para intimidar a quienes denuncian posibles delitos electorales afecta la confianza pública en las autoridades encargadas de garantizar elecciones libres y transparentes.
📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:
Morena condena la represión y la compra de votos en Coahuila
• Militantes de Morena y del PT fueron detenidos arbitrariamente por las autoridades del estado, gobernado por el PRI.
La dirigencia nacional también advirtió que presentará denuncias formales ante las instancias competentes para que se investigue tanto la presunta compra de votos como las detenciones de sus militantes. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades electorales y ministeriales para que actúen con imparcialidad y realicen una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados.
Finalmente, Morena envió un mensaje a la ciudadanía de Frontera y del resto del estado, exhortándola a no ceder ante presiones o actos de intimidación. El partido reiteró que el voto es libre y secreto y sostuvo que ninguna detención arbitraria debe utilizarse para inhibir la participación ciudadana ni para limitar la voluntad democrática de la población. “Denunciar posibles delitos electorales no es un delito”, enfatizó la organización política.
Varios exmandatarios estatales enfrentaron investigaciones, procesos judiciales e incluso condenas por lavado de dinero, protección a cárteles y delincuencia organizada.
La relación entre política y crimen organizado ha marcado algunos de los capítulos más oscuros de la historia reciente de México. A lo largo de las últimas décadas, diversos gobernadores y exgobernadores han sido investigados, acusados o condenados por autoridades nacionales y extranjeras por presuntos vínculos con organizaciones criminales, lavado de dinero y corrupción.
Aunque cada caso tiene particularidades jurídicas distintas, los expedientes construidos por autoridades de México y Estados Unidos revelan un patrón recurrente: el uso del poder político para facilitar operaciones criminales o encubrir recursos de procedencia ilícita.
1. Tomás Yarrington: del Gobierno de Tamaulipas a una condena en Estados Unidos
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue detenido en Italia en 2017 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero en 2021.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que recibió sobornos de organizaciones criminales, entre ellas el Cártel del Golfo, a cambio de facilitar operaciones de narcotráfico. Tras cumplir una condena en territorio estadounidense, fue deportado a México en 2025 y recluido en el penal del Altiplano, donde enfrenta procesos por delitos contra la salud vinculados al narcotráfico.
2. Eugenio Hernández: acusado de lavado de dinero y presuntos sobornos de Los Zetas
Otro exgobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández Flores, fue detenido en 2017 por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Las investigaciones estadounidenses lo señalaron por presuntamente recibir sobornos de Los Zetas y participar en esquemas de lavado de dinero. Aunque obtuvo beneficios judiciales en México, durante años enfrentó solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos.
3. Mario Villanueva: el exgobernador de Quintana Roo condenado por lavado
El exmandatario de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, fue una de las figuras políticas más emblemáticas vinculadas a investigaciones por narcotráfico durante la década de los noventa.
La entonces Procuraduría General de la República lo acusó de favorecer rutas para el tráfico de drogas entre Colombia y Estados Unidos. Posteriormente fue condenado por lavado de dinero y pasó años encarcelado tanto en México como en territorio estadounidense.
4. Jorge Torres López: lavado de dinero y sobornos en Coahuila
El exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, fue detenido en 2019 con fines de extradición.
Según autoridades estadounidenses, admitió haber realizado operaciones financieras para ocultar recursos obtenidos mediante sobornos relacionados con contratos de obra pública. Finalmente fue condenado por delitos de lavado de dinero en tribunales federales de Texas.
5. Francisco García Cabeza de Vaca: investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha sido uno de los políticos más señalados en los últimos años por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía General de la República (FGR) lo relacionaron con posibles operaciones de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.
Además, testimonios judiciales y expedientes citados por autoridades mexicanas y estadounidenses lo vincularon con presuntos financiamientos del Cártel del Golfo y de Los Zetas. Sin embargo, Cabeza de Vaca ha rechazado sistemáticamente todas las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política.
6. Manlio Fabio Beltrones: señalamientos por presuntos nexos con “El Señor de los Cielos”
A diferencia de otros casos, el exgobernador de Sonora y exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, nunca ha sido condenado ni procesado por delitos relacionados con narcotráfico.
No obstante, documentos de inteligencia y reportes periodísticos publicados por medios internacionales señalaron presuntos vínculos con Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, uno de los narcotraficantes más poderosos de los años noventa.
Las acusaciones se sustentaron en informes atribuidos a agencias estadounidenses como la DEA. Beltrones ha negado de manera reiterada cualquier relación con grupos criminales y ha rechazado las versiones difundidas en su contra.
Tamaulipas, el estado que más gobernadores ha visto caer por escándalos de narcotráfico
Un elemento que destaca en esta lista es la presencia recurrente de exgobernadores de Tamaulipas. Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Francisco García Cabeza de Vaca han sido objeto de investigaciones y acusaciones relacionadas con presuntos vínculos criminales, convirtiendo a la entidad en uno de los casos más emblemáticos de la infiltración del narcotráfico en las estructuras políticas.
Aunque los resultados judiciales han sido distintos en cada expediente, los casos evidencian cómo la presunta relación entre funcionarios públicos y grupos criminales ha sido una preocupación constante para las autoridades mexicanas y estadounidenses durante las últimas décadas.
El diputado panista, Federico Döring, se añadió a la lista de colecta pública impulsada por Carlos Alazraki para mantener vivo el canal digital, un proyecto que enfrenta cuestionamientos por su financiamiento y su escasa audiencia.
La situación del canal de Youtube Atypical TeVe, exhibe su falta de audiencia y patrocinadores, y en esta ocasión fue el diputado blanquiazul Federico Döring quien apareció pidiendo aportaciones económicas para el “proyecto” de Carlos Alazraki, bajo el argumento que se trata de un medio “independiente” que no recibe recursos gubernamentales.
Mientras miles de ciudadanos esperan que sus representantes se enfoquen en legislar y atender los problemas del país, Döring dedica parte de su tiempo a solicitar donativos para un pseudo programa de internet, ¿qué hace un diputado promoviendo colectas para sostener un espacio de entretenimiento?
Esta no es la primera vez que Atypical recurre a esta estrategia, ya que hace unos meses el propio Alazraki pidió públicamente apoyo económico a sus seguidores para cubrir gastos operativos, ¿cómo es que hasta la fecha aún siguen transmitiendo?
La insistencia reforzó la percepción de que el proyecto enfrenta dificultades para mantenerse por sí mismo, sin dejar de lado a los invitados que presenta, no son muy del agrado de la ciudadanía, entre ellos se encuentran Margarita Zavala y Alito Moreno Cárdenas, personajes que han sido un chiste para los mexicanos.
Si el respaldo fuera tan amplio como aseguran sus conductores, difícilmente tendrían que recurrir una y otra vez a las donaciones públicas para sostener sus transmisiones. La escena muestra figuras del panismo, priísmo y de la oposición digital que mantiene un lenguaje vulgar que intenta mantener un espacio que ha perdido relevancia.
Con diputados convertidos en recolectores y conductores pidiendo recursos en vivo, Atypical TeVe enfrenta más cuestionamientos sobre su verdadero alcance de una audiencia que, al parecer, no alcanza para sostener el proyecto.
La frase lanzada desde la tribuna encendió el debate en la Comisión Permanente, luego de que legisladores del PAN y PRI dieran la espalda durante la declaratoria de constitucionalidad de reformas impulsadas por la Cuarta Transformación.
La tensión se apoderó de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cuando legisladores de Morena y sus aliados arremetieron contra las bancadas del PAN y PRI, luego de que estos decidieran dar la espalda al pleno durante la declaratoria de constitucionalidad de la reforma judicial y de la modificación que busca anular elecciones en casos de injerencia extranjera. Desde la mayoría legislativa, la acción fue calificada como una muestra de rechazo a la soberanía nacional y al mandato popular.
La diputada morenista Beatriz Navarro Pérez lanzó una de las expresiones que más resonó en el recinto. “Así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda, da las nalgas”, señaló al criticar la postura de la oposición. La legisladora acusó a PAN y PRI de actuar en favor de intereses extranjeros y aseguró que históricamente han dado la espalda a las causas populares y a las decisiones democráticas del pueblo mexicano.
El debate subió de tono cuando el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tomó la palabra para cuestionar la reciente reunión de liderazgos panistas en Chihuahua en respaldo a la gobernadora Maru Campos. El senador morenista señaló la presencia de figuras como Vicente Fox, Felipe Calderón y Jorge Romero, a quienes acusó de representar una visión entreguista y de promover intereses ajenos a los de la nación. Sus declaraciones provocaron protestas inmediatas de legisladores de oposición.
Lejos de moderar el discurso, Noroña defendió las reformas aprobadas y reiteró que México no permitirá presiones externas rumbo al proceso electoral de 2027. “En México manda el pueblo de México”, sostuvo, al tiempo que acusó a la oposición de incomodarse ante la postura firme de la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional y de la no intervención extranjera.
La respuesta llegó por voz de la senadora priista Carolina Viggiano, quien respondió con ironía a los señalamientos del legislador morenista y lo acusó de recurrir constantemente a la descalificación. Sin embargo, el intercambio dejó en evidencia el creciente choque entre la mayoría legislativa y los partidos opositores, en medio de un debate que gira en torno a la reforma judicial, la soberanía nacional y el papel de actores extranjeros en la política mexicana.
