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Gasolina: del abuso de los gasolinazos al control en tiempos de crisis global
Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto el precio de la gasolina en México se convirtió en un mecanismo de presión constante sobre la ciudadanía. Aumentos constantes amenazaban el bienestar social.
Actualmente, el encarecimiento del combustible en Estados Unidos, derivado por las tensiones como la guerra con Irán y riesgos en el Estrecho de Ormuz, han exhibido un panorama internacional desfavorable, sin embargo se ha logrado mantener cierta estabilidad bajo la administración de Claudia Sheinbaum.
El sexenio de Felipe Calderón implementó los llamados “gasolinazos”, con aumentos mensuales que, aunque graduales, terminaron por acumular un incremento notable. El precio de la gasolina pasó de $6.74 por litro en 2006 a $10.81 en 2012, representando un incremento de 22.9% en términos reales, justificándose con que eran ajustes necesarios. Pero la realidad fue un golpe hacia el ingreso de las familias, sin que existiera un plan claro para evitar ese daño a la economía.
Con Enrique Peña Nieto el golpe fue más duro. El alza de precios derivada de la reforma energética detonó el aumento histórico de 2017. El costo de la gasolina pasó de $10.92 en 2012 a poco más de $19, incrementado así un 40%. El incremento no sólo elevó la inflación, sino que provocó protestas y la desconfianza total de la población.
De esta manera, México terminó con precios de gasolina superiores a los de Estados Unidos. Ciudadanos en la frontera norte cruzaban al otro lado para cargar combustible, haciendo notable el peso del nuevo costo sobre el consumidor, repitiendo el patrón del sexenio anterior pero a un nivel más elevado.
Actualmente, el panorama internacional presenta un reto distinto pero igualmente complejo. A nivel global el precio de la gasolina ha incrementado debido a la inestabilidad en Medio Oriente, donde los conflictos y amenazas sobre rutas estratégicas presionan el mercado global.
A diferencia del pasado, en México el incremento responde a factores externos, pero evidencia la fragilidad de un sistema que depende casi por completo de dinámicas internacionales.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por una ruta distinta: contener los precios para así evitar incrementos drásticos. Lo cierto es que la estabilidad actual contrasta con los hechos de aumentos desmedidos del pasado.
Mientras los gobiernos de Calderón y Peña Nieto convirtieron la gasolina en un mecanismo de castigo hacia la ciudadanía, incrementando los costos y sus privilegios e intentado privatizarlo, fue en realidad una falta de interés hacia la protección del pueblo. No fue sólo una política económica fallida, sino más bien un abuso del sistema que dejó ver y exhibir a gobiernos incapaces de contener el impacto social de sus propias decisiones.
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Luis Felipe Calderón Zavala: privilegios y negocios desde la infancia
El hijo del expresidente Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón Zavala, comenzó a emprender a los 11 años con acceso a funcionarios de alto perfil, oportunidades que no están al alcance del ciudadano común.
Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, reveló que comenzó su primer negocio a los 11 años vendiendo corbatas a funcionarios de Gobierno, con el permiso de su padre. La iniciativa, según relató, buscaba que él y su hermana María “llevaran una vida normal”, aunque su acceso privilegiado a funcionarios y espacios oficiales evidencia la mezcla entre emprendimiento y ventajas familiares.Durante su juventud, Calderón Zavala aprovechó su posición para relacionarse con empresarios de alto perfil como Carlos Slim y Arturo Elías Ayub. Con estos contactos, vendió desde corbatas hasta cámaras digitales, obteniendo ganancias gracias a su acceso directo a recursos y mercados que no están al alcance del ciudadano común.
El hijo del exmandatario reconoció que sus padres controlaban su vida financiera y su exposición pública: no recibía dinero para diversión y contaba con seguridad personal, reflejo de los privilegios ligados a su apellido.
Actualmente, Calderón Zavala trabaja como asociado comercial en Liqui Moly, pero su trayectoria incluye empleos en bienes raíces, firmas de abogados y medios de comunicación, llegando a ser socio comercial de Tarimas y Empaques Industriales San José en 2024. Su historia refleja cómo la red de contactos y el apellido familiar facilitaron oportunidades laborales y empresariales desde la infancia.
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Sergio Sarmiento vuelve a la defensa de los fideicomisos con victimización
Por: Frank Alvarado
Señalar el caso de Zulema Cortez y Aguascalientes no justifica un sistema que durante años permitió el manejo discrecional de recursos públicos.
Sergio Sarmiento, comentócrata conservador, hizo uso de su columna en Reforma para retomar el tema de los fideicomisos. Un personaje que ha tenido una postura de defensa con estos, pese a que durante años de opacidad facilitaron la evasión de controles presupuestales y la falta de supervisión directa.
Sarmiento plantea la detención de una fiduciaria, Zulema Cortez, una empleada bancaria que administra el fideicomiso del contrato entre el Municipio de Aguascalientes y Next Energy, para volver a traer el tema del fideicomiso. Donde claro, se debe salvar a la persona, pero condenando a los fideicomisos.
Lo cierto es que el problema de fondo no es un caso aislado, sino un sistema que permitió durante décadas el manejo de recursos públicos sin rendición de cuentas. Diversos diagnósticos oficiales y auditorías señalaron irregularidades, subejercicios y uso discrecional de fondos, lo que derivó en una creciente desconfianza pública. En ese contexto, la decisión del gobierno federal de extinguir numerosos fideicomisos no fue un capricho político, sino una medida orientada a recuperar control institucional sobre recursos que, en muchos casos, eran opacos.
El caso de Aguascalientes, citado por Sarmiento, también refleja otro ángulo: los riesgos inherentes a esquemas donde se mezclan intereses públicos y privados sin claridad en la responsabilidad final. Si bien el columnista defiende la figura del fiduciario, omite cuestionar el entramado completo que permitió comprometer recursos en proyectos que dependían de factores políticos y regulatorios inciertos.
Además, resulta cuestionable presentar a los fideicomisos como herramientas neutrales cuando, en la práctica, han sido utilizados para dispersar responsabilidades y diluir la transparencia. La eliminación de estos instrumentos busca precisamente evitar que decisiones de alto impacto financiero se tomen fuera del escrutinio público, un avance por cerrar espacios de discrecionalidad que históricamente han favorecido abusos y malas prácticas.
Es de recordar que la constante visión de Sarmiento, además de no condenar los fideicomisos, hace uso de la victimización, cuando se trata de un sistema que prosperó durante el periodo neoliberal, siendo él uno de las cabezas informativas más consentidas del régimen del PRIAN, por lo que retomando una frase, justo como él uso una de Voltaire en su escrito, aquí decimos: “Los que están defendiendo los fideicomisos están defendiendo a la corrupción, así de claro”, como lo dijo el entonces presidente López Obrador.
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Hermanas Zavala Pérez, enquistadas en institutos electorales, ganan más que la presidenta
Beatriz y María Zavala Pérez se han mantenido dentro del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México respectivamente y, tan solo la primera, tiene un sueldo de más de 178 mil pesos mensuales netos, es decir, 44 mil pesos más que la presidenta de México.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) enfrenta cuestionamientos por su limitada actuación contra el nepotismo.
Luego de que una investigación de La Jornada en 2022 evidenciara que en más de siete años únicamente se sancionó a una persona por contratar a familiares, al interior del organismo se daban redes de parentesco y designaciones de allegados en cargos directivos que hoy salen a relucir derivado de sus altos salarios.
Y es que resuelta contradictorio que un organismo electoral, que suele posicionarse públicamente como vigilante de la legalidad y la transparencia, en la práctica ha mostrado una escasa capacidad —o voluntad— para sancionar prácticas de favoritismo dentro de su propia estructura.
Diversos reportes también han documentado presuntos casos de nepotismo dentro del instituto, donde familiares y personas cercanas a consejeros electorales han sido colocadas en áreas estratégicas con salarios elevados.
Un ejemplo es María Guadalupe Zavala Pérez, titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, quien es hermana de Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero déjeme contarle con datos duros.
María Guadalupe Zavala, titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, gana un sueldo mensual neto de 97 mil 657 pesos. ¿Lo cuestionable? Pues su hermana, Beatriz Claudia Zavala Pérez, es consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), sí, la misma consejera señalada de ser “aliada” del PRIAN.
En 2023, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que Claudia Zavala Pérez preside, emitió medidas cautelares contra el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenándole abstenerse de emitir comentarios de carácter electoral en sus conferencias matutinas.
La decisión se tomó con el argumento de garantizar la imparcialidad y neutralidad rumbo a las elecciones de 2024, lo que incluyó ordenar al Gobierno federal eliminar o modificar contenidos de cinco conferencias mañaneras por considerar que contenían mensajes políticos.
Posteriormente, Zavala también respaldó la decisión del INE de retirar un spot de campaña de Claudia Sheinbaum, entonces candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Tras ello, el dirigente de Morena en ese momento, Mario Delgado, la acusó de “atacar a la Cuarta Transformación y beneficiar a la derecha”.
Las críticas también se intensificaron en 2022, cuando Zavala cuestionó la implementación de un plan de austeridad impulsado por López Obrador para financiar la consulta de Revocación de Mandato en México de 2022. En ese contexto, la consejera sostuvo que el INE debía seguir el marco legal vigente y rechazó la posibilidad de usar fideicomisos o reducir salarios. Ese mismo año, la comisión que encabeza ordenó retirar una carta firmada por gobernadores y por la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, al considerar que difundía propaganda gubernamental durante el periodo de veda electoral.
Pero la hipocresía se revela cuando, a pesar de haber criticado acciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la “humilde” consejera gana 44 mil pesos más que la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, como lo está leyendo. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Claudia Zavala Pérez gana 178 mil 464 pesos netos mensuales. Eso significa que al año la consejera se lleva del erario 2 millones 141 mil 568 pesos, eso sin contar el seguro de vida con el que cuenta en el INE, ni la prima vacacional.
Lo irónico es que ella y dos consejeros más del INE, ligados al PRI y al PAN, concluyen su periodo de siete años el próximo 4 de abril. Se trata de Dania Paola Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez.
Las hermanas Zavala Pérez, con presencia dentro de las instituciones electorales, se han convertido en un caso que ha despertado fuertes cuestionamientos por posibles prácticas de nepotismo. En conjunto, ambas perciben 276 mil 121 pesos mensuales, una cifra que ha generado críticas debido a la responsabilidad que tienen estos organismos de garantizar imparcialidad, transparencia y ética en la vida pública.
Así, mientras el organismo atraviesa un proceso de reestructuración, las críticas apuntan a una evidente contradicción: un instituto que exige transparencia y legalidad a partidos y autoridades, pero que ha sido señalado por tolerar prácticas de nepotismo y la colocación de allegados en su propia estructura.
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Congreso exhibe a Alessandra Rojo; PRIAN guarda silencio y Morena acusa autoritarismo
Ningún legislador del PRIAN subió a tribuna para defender a la edil; además, se presentó denuncia por violencia política de género en su contra.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo contra la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, exhortándola a participar en mesas de trabajo con el Gobierno capitalino, capacitarse en derechos humanos, no discriminación y uso proporcional de la fuerza, y respetar los protocolos para el reordenamiento del comercio en vía pública.
Lo que marcó la sesión no fue solo el contenido del exhorto, sino el silencio del PRIAN: ningún diputado o diputada afín a la alcaldesa tomó la tribuna para respaldarla. Desde Morena señalaron que esta ausencia refleja el costo político de sus recientes acciones.
La diputada Diana Sánchez Barrios impulsó el acuerdo y denunció públicamente un mal operativo, presunto allanamiento y expresiones homofóbicas por parte de la edil. Además, confirmó que presentó una denuncia por violencia política de género, subrayando que no se trata de un hecho menor, sino de conductas con posibles consecuencias legales.
En el mismo sentido, el diputado Paulo García afirmó que la oposición habría optado por deslindarse ante el impacto negativo en encuestas, señalando una presunta “vena autoritaria” en la conducción de la demarcación.
El punto aprobado advierte que la alcaldesa y su equipo habrían actuado al margen de los protocolos establecidos, utilizando lenguaje estigmatizante y aplicando medidas desproporcionadas contra comerciantes en vía pública, muchos de ellos en condición de vulnerabilidad.
Asimismo, el Congreso exhortó al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) a implementar campañas de sensibilización sobre lenguaje homofóbico y trato discriminatorio en las 16 alcaldías.
Desde Morena reiteraron que el reordenamiento del comercio no puede ser sinónimo de atropello, sino un proceso basado en diálogo y coordinación con el Gobierno de la Ciudad. La controversia en Cuauhtémoc abre un nuevo frente político rumbo a los próximos meses.
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La Aurora abre sus páginas a Bazbaz, Zuarth y Capella, exfuncionarios marcados por el escándalo
Un proyecto que se presenta como “liberal” reúne a exfuncionarios ligados a negligencia judicial, presunto enriquecimiento ilícito y represión policial, sin transparentar el origen de sus recursos.
El lanzamiento de La Aurora no solo marca la irrupción de un nuevo frente mediático de la derecha, sino la reagrupación de perfiles emblemáticos del viejo régimen con historiales marcados por la opacidad, el escándalo y la impunidad. Bajo el discurso de la “defensa de la libertad de expresión”, el medio se perfila como una plataforma de reposicionamiento político para figuras vinculadas al PRIAN, en abierta confrontación con la Cuarta Transformación.
Uno de los nombres centrales es Alberto Bazbaz Sacal, cuya gestión como procurador del Estado de México quedó marcada por el Caso Paulette. En 2010, tras nueve días de búsqueda, el cuerpo de la menor fue hallado en su propia habitación, pese a que peritos y medios ya habían inspeccionado el lugar. Bazbaz reconoció la alteración de la escena del crimen y, aunque cerró el caso como “accidente”, enfrentó denuncias por omisión y negligencia, lo que derivó en su renuncia. Aun así, el grupo político de Enrique Peña Nieto lo rescató para encabezar la UIF y el CISEN, consolidando una carrera sostenida por el poder, no por resultados.
A este bloque se suma Roberto Gil Zuarth, operador del calderonismo con un expediente financiero bajo sospecha. En 2021, la UIF turnó a la Fiscalía Anticorrupción información sobre depósitos y retiros millonarios sin justificar, además de gastos exorbitantes. Su historial incluye una condena penal en España por agresión a policías en Barcelona, episodio que intentó minimizarse desde instancias diplomáticas.
Completa el cuadro Alberto Capella Ibarra, exjefe policial señalado por presunto desvío de recursos del Fortaseg y por encabezar la represión contra una protesta feminista en Cancún en 2020, hecho que lo obligó a dejar el cargo. Denuncias ante la ASF y la FGR apuntan a cursos de capacitación pagados y nunca realizados.
Con estos perfiles, La Aurora se configura menos como un ejercicio periodístico y más como un cuartel de reciclaje político, donde la derecha intenta rearmarse mediáticamente sin rendir cuentas sobre financiamiento ni responsabilidades pasadas.
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Nace nuevo medio del PRIAN
La derecha tiene nuevo búnker: La Aurora, un medio de comunicación respaldado por el PRIAN, EPN, Aurelio Nuño, Lía Limón, Ernesto Cordero y Pablo Hiriart.
Por Martha Rojas
Aurelio Nuño, exsecretario de Educación de Enrique Peña Nieto, intenta regresar al ámbito público. El priísta ha reaparecido de la mano del “Movimiento de Independencia”, que se describe así mismo como un “espacio para repensar el liberalismo del siglo XXI”.
Se trata de una plataforma de derecha que tendrá su propio medio de comunicación: “La Aurora”. Esta publicación será dirigida por Pablo Hiriart, uno de los comunicadores que más beligerancia ha mostrado contra la Cuarta Transformación y quien, curiosamente, fue uno de los personajes más beneficiados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Bajo el pretexto de “defender la libertad de expresión”, el viejo PRIAN ha vuelto a la carga con un nombre distinto: “La Aurora”.
Sin embargo, este “medio de comunicación multiplataforma”, reúne a los mismos políticos, comentócratas y comunicadores que fueron beneficiados durante los sexenios del PRI y el PAN.
Recordemos que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, su gobierno dilapidó más de 60 mil millones de pesos en publicidad. Y esa cantidad, desde luego, no incluía las fastuosas giras internacionales, las costosas comidas y los cuantiosos regalos que estos informadores recibían, a manos llenas, de parte del gobierno de EPN.
Es importante destacar que, en julio de 2023, fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien dio a conocer una lista en la que figuraban varios de los comunicadores que se beneficiaron económicamente de los jugosos contratos de publicidad que el gobierno priísta les obsequiaba.
Y justo entre ellos se encontraba Pablo Hiriart, quien ahora ha sido designado como director editorial de La Aurora de México.
Hiriart, a quien algunas personas del ámbito periodístico han apodado “el gánster del periodismo”, intenta reinventarse para dejar de ser un simple columnista y pasar, nuevamente, a ser director de un medio, un puesto que ha ocupado en distintos momentos, pero con la misma ideología. Primero como director de la ya extinta Notimex, luego en El Nacional, La Crónica, La Razón y más recientemente, en El Financiero. Todas trincheras de derecha y desde las cuales ha manifestado su abierto rechazo a la izquierda mexicana y, en consecuencia, ha elogiado a la derecha y la ultraderecha e incluso a personajes tan deleznables como Javier Milei o María Corina Machado.
Pablo regresa de la mano de Julián Andrade, columnista de La Razón, como subdirector editorial; Yoab Samaniego Behar, un periodista de gastronomía que emanó de las filas de Tv Azteca, y Nancy Escobar, exdirectora de Divulgación de Acciones de Gobierno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por si fuera poco, el nuevo medio multiplataforma, es respaldado por el exsecretario de educación de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño Mayer.
De hecho, el político priísta publicó un video en X en el que no sólo avala el nacimiento del nuevo medio, sino que presume que estará “acompañado de un movimiento de Independencia”.
Sin explicar claramente quién encabezará ni quiénes integrarán ese movimiento, Nuño asegura que hará convocatorias semanales para que quienes estén contra el “populismo e imperialismo” se unan.
No está claro si se trata de una nueva formación política, o si la mano de Enrique Peña Nieto, desde las sombras, es la que intentará movilizar a la población con fines de descarrilar a la 4T y allanar el camino a los candidatos del PRIAN.
Fuentes cercanas a Los Reporteros Mx, nos aseguran que es el propio Aurelio Nuño, junto a un puñado de políticos originarios de Atlacomulco, como Eruviel Ávila, y el polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, quienes están detrás del financiamiento de este nuevo medio de comunicación.
Ahora bien, “La Aurora” no sólo tiene como objetivo desestabilizar al morenismo a golpe de titulares, sino allanar el camino para una posible elección presidencial de Aurelio Nuño.
Sin proporcionar, como la Ley lo estipula, el nombre del propietario, en su directorio, el nuevo medio de derecha solo dice, de manera parca, que su licencia está en trámite.
Pese a ello, “La Aurora” ya ha lanzado parte de su artillería publicando columnas de la panista Lía Limón, el exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, y, obviamente, el propio Pablo Hiriart.
En total, el medio reunirá a 50 informadores que Hiriart asegura no están contratados, sino que hacen una “labor solidaria”.
Un medio cuyos recursos económicos son de procedencia desconocida. La pregunta es: ¿Quién o quiénes pagan la identidad gráfica, el servidor web y la nómina de empleados y colaboradores que participan en este medio de derecha?
