La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal envió una fe de erratas al Senado de la República para restituir el principio de paridad eliminado por error en la iniciativa presidencial.
En una rápida reacción, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal remitió al Senado de la República una fe de erratas para corregir la iniciativa de reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, luego de detectarse la omisión del principio de paridad de género en la integración de los ayuntamientos.
El ajuste responde a críticas de la oposición, que señalaron la eliminación de este criterio en la modificación al Artículo 115 Constitucional, donde se establece la composición de los gobiernos municipales. En la nueva redacción se definía la integración con una sindicatura y entre siete y quince regidurías, pero sin mencionar la paridad, lo que encendió el debate político.
Desde la propia mayoría legislativa, la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, aclaró que se trató de una omisión involuntaria, subrayando que la mandataria federal ha sido una de las principales promotoras de la igualdad sustantiva en la vida pública del país.
Más tarde, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió el documento oficial donde se reconoce la falta y se solicita su corrección inmediata en el proyecto conocido como reforma electoral.
El oficio, firmado por la Consejería Jurídica, fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, encargadas de analizar la iniciativa. Con ello, se busca reintegrar el principio de paridad de género y evitar inconsistencias en una reforma clave para el sistema político mexicano.
En política, las derrotas visibles no siempre anuncian el final de un proyecto. Con frecuencia señalan apenas el momento en que una estrategia cambia de forma para seguir avanzando. Algo así podría estar ocurriendo con la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras el rechazo legislativo de la iniciativa original, el debate no se cerró. Se reconfiguró. Y esa reconfiguración ya tiene nombre: el Plan B de la reforma electoral.
La nueva propuesta buscaría concentrarse en tres ejes políticamente más defendibles ante la opinión pública y más viables dentro del Congreso. Primero, disminuir privilegios en los congresos locales. Segundo, reducir excesos en los municipios, particularmente en cabildos sobredimensionados. Tercero, fortalecer la consulta popular para que ciertos temas electorales puedan someterse directamente a la decisión ciudadana. La idea es sencilla y potente: menos costo para la clase política y más margen para que mexicanas y mexicanos incidan en las reglas del sistema.
El rediseño no es menor. La Presidencia estima que el Plan B podría generar ahorros cercanos a cuatro mil millones de pesos. Recursos que permanecerían en estados y municipios para financiar obra pública, infraestructura o programas sociales. La propuesta también establecería límites al gasto de congresos estatales y revisaría estructuras que durante años han sido percibidas como costosas, desiguales y alejadas de la ciudadanía. En términos narrativos, el debate dejaría de girar exclusivamente sobre la ingeniería del sistema electoral para colocarse en un terreno más sensible: privilegios, austeridad y representación política.
La coyuntura se vuelve aún más interesante por la operación política que la acompaña. Morena logró recomponer el diálogo con sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, después del revés que sufrió la primera iniciativa. Las tres fuerzas cerraron filas en torno al nuevo planteamiento. Si la iniciativa se presenta formalmente en el Congreso este lunes 16 de marzo, como se ha anticipado, podría llegar con mejores condiciones políticas que la propuesta anterior. Más que un simple ajuste técnico, el Plan B parecería ser una corrección de ruta.
Es aquí donde la historia ofrece una clave de lectura particularmente sugerente. Esta discusión coincide con la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, una de las figuras centrales de la República y del sentido político de la resistencia institucional. En 1863, cuando las tropas francesas ocuparon la Ciudad de México, el gobierno republicano se vio obligado a abandonar la capital y trasladarse hacia el norte del país. Para muchos observadores de la época, aquella retirada parecía el derrumbe definitivo del proyecto republicano.
Pero Juárez entendió algo que sigue siendo fundamental en política: perder el control inmediato del centro del poder no equivale necesariamente a perder la legitimidad del proyecto. La República se replegó, sí, pero no desapareció. Se reorganizó. Mientras la capital quedaba bajo dominio extranjero y se abría paso al Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo, el gobierno republicano preservaba continuidad, legitimidad y dirección.
El imperio parecía sólido porque contaba con el respaldo militar de Francia y con el apoyo de sectores conservadores del país. Sin embargo, arrastraba una debilidad estructural: dependía de una fuerza externa y carecía de un consenso nacional auténtico. Juárez, en cambio, había perdido territorio, pero conservaba la legitimidad histórica de la República. Con el tiempo, esa diferencia resultó decisiva. Francia retiró sus tropas, el imperio se derrumbó y la República fue restaurada en 1867.
La comparación no pretende equiparar contextos ni magnitudes. Una derrota parlamentaria del siglo XXI no es una invasión extranjera del siglo XIX. Pero la historia sí ofrece una constante que vale la pena recordar: cuando un proyecto político enfrenta un revés serio, su supervivencia depende de su capacidad para cambiar de terreno sin renunciar a su objetivo.
A veces la política se entiende mejor cuando se observa con memoria histórica. Juárez mostró que la legitimidad puede sobrevivir incluso cuando el poder formal parece perderse. Esa lección sigue vigente. La discusión sobre el Plan B de la reforma electoral sugiere que las transformaciones institucionales no siempre avanzan por el camino previsto. Cambian de ritmo, de forma y de estrategia. Pero mientras exista voluntad política para sostenerlas, continúan su curso. Quizá esa sea la verdadera noticia de fondo: no estaríamos viendo el final de una reforma, sino el momento en que comienza su segunda vida.
Las barreas que obstaculizan la voluntad del pueblo son burocracias con intereses implícitos. Un ejemplo claro fue el sabotaje a la reforma electoral que fue impedida por los supuestos afectados.
Con el obstáculo de los nostálgicos se impidió culminar una de las muchas causas por las que los mexicanos votaron por Claudia Sheinbaum, haciéndole en algunos casos, el juego a la oposición desde curules otorgadas a personas del movimiento morenista.
Una reforma que para muchos era tibia, resultó ser radical para otros de piel muy sensible.
Si hubiera algún castigo para quienes, dentro fuera del movimiento, votaron en contra, ya comenzó. Porque uno de los objetivos de la reforma electoral fue la de convertir su discusión en tribunal con el pueblo como testigo y juez.
Las campañas tienen contenidos que sirven al electorado para saber por quién votar. Pero cuando los benefactores de las leyes habituales sabotean este mecanismo quedan atrapados en las redes del juicio del pueblo, al impedir que el mandato popular se concrete en acciones de gobierno, negando no sólo el proyecto social sino la democracia.
No pueden ser reprendidos pero sí exhibidos, por no cumplir con lo básico que exige su cargo, y poseen lo mínimo de lealtad que implica su conciencia, por lo que nadie debería volver a votar por ellos.
Muchas veces quienes deben impulsar la voluntad popular se convierten en saboteadores de la orden del pueblo para transformar la realidad.
Los legisladores abandonan su trabajo elemental de representar para transformar y muestran los intereses que son la causa de su traición.
La democracia tiene huecos en sus leyes, pero a ningún legislador se le puede obligar a votar contra su voluntad, esos tiempos ya pasaron.
Lo cierto es que las imperfecciones en las leyes, sin excepción, impiden en desarrollo natural de la evolución del país. Son burocracias contentas con el estancamiento, capaces de matar para evitar los cambios.
México debe poner atención en este tipo de circunstancias porque, la situación crece.
En otro ámbito del orden social, pero con las mismas características existen fenómenos dignos de llamar la atención en lo jurídico, en lo penal, en lo político, en lo electoral, etc.
El caso del gobierno de Veracruz es un ejemplo claro respecto al papel de la prensa, la cual se convirtió en trinchera de los enemigos del gobierno de la entidad. En un panorama muy amplio de información falsa, señalan que la población rechaza el gobierno de Rocío Nahle, cuando en los hechos no es así.
Los medios sacrifican su responsabilidad social por dinero, subsidio que les fue dado desde el día en que nacieron y consideran propio, gasta que les retiraron el privilegio que el pueblo fortaleciera las empresas de medios.
La causa de la desinformación premeditada y alevosa radica en que el gobierno no otorga convenios de publicidad a los medios como en sexenios anteriores. Es así como se intenta crear una falsa realidad sobre la aceptación del gobierno estatal por intereses propios y de grupo.
Es muy diferente que el puente de comunicación esté roto a pensar en que quienes quieren utilizarlos no quieran cruzarlo.
Exactamente igual que los nostálgicos plurinominales que intentan tergiversar la representación social, traicionando el mandato de quienes los colocaron en la gran responsabilidad de la representación legislativa.
Mientras el ciudadano promedio tiene que lidiar con la inflación y la precariedad en servicios públicos, en el Congreso de la Ciudad de México se vive una realidad paralela. El recinto ubicado en Donceles y Allende se ha impuesto como el cuarto más costoso del país, con un gasto per cápita por legislador de 28.5 millones de pesos anuales.
Lamentablemente, el 80% del presupuesto de las bancadas se evapora en sueldos, bonificaciones y legisladores que no han logrado la aprobación de una sola iniciativa. Este sistema, que opera como una suerte de “becas legislativas”, se ha blindado mediante la reelección consecutiva, permitiendo que figuras como Víctor Hugo Lobo o Tania Larios conviertan las curules en patrimonios personales de largo plazo.
Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum envía a la Cámara de Diputados el Plan B de la Reforma Electoral, el cual, adelantó, contempla la reducción del gasto de los congresos locales y municipios.
De acuerdo con el Gobierno federal, de aprobarse, el Plan B de la Reforma Electoral permitiría un ahorro de 4 mil millones de pesos que serían destinados a infraestructura y programas sociales.
Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista podrían sumarse a la propuesta por lo que el Plan B podría ser aprobado en las próximas semanas.
Se trata de un proyecto que busca eliminar los excesos y reducir los privilegios de la clase política en aras de impulsar el desarrollo social de la población. Y es que algunos Congresos, como el de la Ciudad de México, tienen gastos desmesurados.
Entre los más costosos para el país destacan:
Baja California con un costo de 34 mdp por cada legislador.
Colima con 5.1 millones de pesos por legislador.
Morelos con 31 millones de pesos por congresista.
Ciudad de México con 28.5 millones de pesos por legislador.
Jalisco con 26.73 millones.
En el caso de la capital, los 66 legisladores que componen el Congreso capitalino cuestan al erario alrededor de 300 millones de pesos anuales.
En 2025, por ejemplo, la institución tuvo un presupuesto de 291 mil 525 millones de pesos y para este 2026 se autorizó un ejercicio de 313 mil 385 millones de pesos, lo cual se traduce en un incremento de 7.5 por ciento.
Por otra parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México asignó un presupuesto de 587 millones 712 mil 191 pesos para la financiación de partidos políticos, con una asignación de 17 millones 631 mil 365 pesos con 76 centavos en actividades específicas.
Lo que más llama la atención es que tras la aprobación de la reelección consecutiva, en el Congreso capitalino existen legisladores que han perpetuado por años sus privilegios, bonificaciones y salarios, y que también han aprobado incrementos anuales a dichas remuneraciones.
Y ese es precisamente el caso del perredista Víctor Hugo Lobo Román, la panista América Rangel y la priísta Tania Larios Pérez.
La reelección de estos legisladores, desgraciadamente, fomenta una “clase política profesional” que se distancia de sus representados. Y, en esos casos, el poder no circula; se acumula. Esto genera un cierre social donde el acceso a la toma de decisiones está mediado por el costo del mantenimiento de la estructura, no por la meritocracia o la representación efectiva.
Con 24 legisladores, Morena tiene asignado un presupuesto de 143 mil 670 millones de pesos; mientras que el PAN, que ostenta 15 representantes, mantiene 132 mil 891 millones de pesos; el PVEM 76 mil 159,943.77; el PT 63 mil 530,008.76; Movimiento Ciudadano 65 mil 957,260.12 y el PRI, con solo dos representantes, gasta 64 mil 928 millones de pesos.
Y esto es lo que ha encendido las alarmas: que partidos con mínima representación, como el PRI, que únicamente tiene dos diputados: Tania Nanette Larios Pérez (coordinadora) y Omar Alejandro García Loria (vicecoordinador), ejerzan presupuestos de 64,928 millones de pesos.
Infelizmente, observamos una burocracia colmada de lujos que ha dejado de servir al Estado para servirse a sí misma. Y es que, cuando el 80% de los recursos se destina a la manutención de la élite (sueldos y bonos) y no a la producción legislativa, la institución pierde su función social y se convierte en un mecanismo de extracción de rentas públicas.
La Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca limitar ese gasto, al tiempo que fomenta la transparencia y racionalidad del gasto público.
De aprobarse el Plan B, los gastos podrían reducirse considerablemente en las próximas elecciones intermedias. Y eso es justo lo que el pueblo demanda.
La coalición oficialista anunció que impulsará en el Congreso el Plan B electoral propuesto por la Presidenta, que contempla reducir costos en congresos estatales, menos regidores y ajustes a la revocación de mandato.
Tras una reunión en la Secretaría de Gobernación, las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunciaron su respaldo total al Plan B de reforma electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. El acuerdo fue dado a conocer mediante un video de más de 20 minutos en el que participaron dirigentes y coordinadores parlamentarios de los tres partidos.
Durante el encuentro también estuvieron presentes los coordinadores de ambas cámaras del Congreso, quienes adelantaron que la iniciativa será discutida próximamente en el Congreso de la Unión. La propuesta plantea reducir los costos de los congresos estatales, disminuir el número de regidores en los municipios y modificar mecanismos de consulta popular, además de incluir temas electorales dentro de estos ejercicios de participación.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el consenso alcanzado en torno al Plan B representa “un acierto político que demuestra que el diálogo sí da resultados”, y destacó que la convocatoria de la presidenta Sheinbaum logró unidad dentro de la coalición gobernante para avanzar en la agenda de transformación.
Por su parte, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, sostuvo que su partido respalda la propuesta presidencial porque fortalece la democracia y busca un Estado más eficiente y menos costoso. También subrayó que la iniciativa contempla consultas populares sobre más temas y posibles ajustes al mecanismo de revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno.
El senador Manuel Velasco coincidió en que las modificaciones planteadas por el Ejecutivo permitirían mejorar los mecanismos de participación ciudadana y racionalizar el funcionamiento de los gobiernos municipales, al tiempo que se revisa la integración de los cabildos para evitar gastos innecesarios.
En tanto, el líder nacional del PT, Alberto Anaya, aseguró que el Plan B no pone en riesgo los avances democráticos alcanzados en reformas electorales previas, como las de 1977 y 1996. Por ello, reiteró el respaldo total de su partido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el país enfrenta momentos que requieren unidad política para continuar con el proyecto de transformación.
La coalición oficialista avanza hacia una postura conjunta para respaldar la propuesta electoral que busca reducir gastos en cargos públicos y ampliar mecanismos de participación ciudadana.
Tras largas horas de negociación en la Secretaría de Gobernación, los partidos Morena, PT y Partido Verde avanzaron en la construcción de un acuerdo político que permita impulsar el “Plan B” de reforma electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cerca de la una de la madrugada de este sábado, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, informó que el consenso entre las fuerzas de la coalición está prácticamente listo. “Ya hay un acuerdo muy perfilado… en las próximas horas lo dará a conocer la Secretaría de Gobernación”, declaró al salir del Palacio de Cobián ante medios de comunicación.
Al ser cuestionado sobre si la coalición respaldará de manera conjunta el proyecto, el legislador fue enfático: “El plan es ir juntos. Toda la coalición: a nivel estatal, municipal, congresos locales y en el Congreso de la Unión”, confirmando el respaldo del PT y del Partido Verde.
Durante la jornada también participaron coordinadores legislativos y dirigentes partidistas que acudieron en distintos momentos a Bucareli para afinar los detalles del acuerdo. Entre ellos estuvieron Ricardo Monreal, Reginaldo Sandoval y Carlos Puente, así como el senador Manuel Velasco, quien horas antes había señalado que las conversaciones avanzaban “con buen ánimo”.
El Plan B electoral, que podría presentarse ante el Congreso el próximo lunes, contempla establecer topes a los gastos de diputados locales, regidores y senadores, medida con la que el gobierno estima generar ahorros de al menos 4 mil millones de pesos para destinarlos a necesidades en estados y municipios.
La propuesta también plantea ampliar la consulta pública en temas electorales, como el financiamiento de los partidos políticos, además de permitir que la revocación de mandato se realice en el tercer año de gobierno, y no únicamente en el cuarto. Sin embargo, algunos legisladores han expresado reservas sobre abrir a consulta la reducción de recursos para los partidos.
El Partido del Trabajo se opone a que se sometan a consulta popular los recortes de recursos a los partidos políticos. Aseguran que las alianzas con Morena y PVEM permanecen firmes.
En medio de la discusión sobre el Plan B de la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Partido del Trabajo (PT) ha manifestado su firme rechazo a la idea de implementar consultas populares para reducir los recursos que reciben los partidos políticos. Para el PT, este tipo de decisiones deben ser solo del ámbito del Poder Legislativo.
El diputado Benjamín Robles, quien llegó a la Secretaría de Gobernación, destacó el respaldo total que su partido brinda a la jefa del Ejecutivo. Sin embargo, hizo un llamado a proteger y fortalecer el sistema de partidos, que ha evolucionado desde 1977. Robles argumentó que no se debe regresar a un sistema de partido único, una experiencia que el país ya ha vivido.
Además, el diputado se pronunció en contra de las campañas en redes que han atacado a los legisladores petistas y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que votaron en contra de la reforma electoral. Los catalogaron de “traidores”, lo que, según él, es responsabilidad del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.
Respecto a la consulta sobre recortes a los recursos de los partidos, Robles insistió en que la decisión debe permanecer en manos de las cámaras. Subrayó que el Congreso ya tomó una decisión y no debe haber cambios al respecto. Expresó, “lo que corresponde a la Cámara de Diputados y al Senado debe respetarse”.
El diputado también opinó sobre la posible reducción de regidurías municipales, indicando que los gobernadores podrían realizar estos cambios sin necesidad de reformas. Aún así, enfatizó la importancia de garantizar la representación proporcional en los congresos y ayuntamientos.
Finalmente, se le preguntó si las alianzas electorales entre Morena, PT y PVEM estaban en riesgo. Robles fue claro al afirmar que no, aludiendo a las palabras de su dirigente, el “profe Beto”Anaya, quien aseguró que el PT sigue firme para participar en los procesos electorales de 2027 y 2030, enmarcados en la Cuarta Transformación del país.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su compromiso con la reducción del financiamiento a partidos políticos, a pesar del rechazo de sus aliados.
En una conferencia de prensa celebrada el 13 de marzo, Claudia Sheinbaum Pardo defendió con firmeza su propuesta de reforma electoral. La presidenta, consciente de que su iniciativa corría el riesgo de no ser aprobada, subrayó que era un compromiso con la ciudadanía. Muchos mexicanos han expresado su malestar por el alto financiamiento público destinado a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral (INE).
Sheinbaum enfatizó que, a pesar de la falta de apoyo para su propuesta, es fundamental que su administración demuestre que cumple con los compromisos hechos durante su campaña. Agradeció la colaboración del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aunque reconoció que sus posturas fueron un obstáculo en esta ocasión.
Durante la charla, mencionó que los legisladores tienen la libertad de votar según sus convicciones personales. Sin embargo, reveló que algunos partidos aliados mostraron resistencia en las negociaciones previas a la reforma. Las discusiones, dirigidas por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, revelaron la falta de acuerdo sobre puntos clave de la iniciativa.
Claudia Sheinbaum indicó que el PT y el PVEM se opusieron a reducir el financiamiento público a los partidos y a modificar el sistema de plurinominales. Esto, a pesar de su promesa de combatir los privilegios en el servicio público. “Nuestra lucha es por disminuir los beneficios de quienes viven del dinero del pueblo y combatir la evasión fiscal”, afirmó.
En otro tema, Sheinbaum también abordó las declaraciones del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sobre el nepotismo. Gallardo defendió la eventual candidatura de su esposa, Ruth González Silva, a la gubernatura. Ante esto, la presidenta destacó que aunque comparten varias posturas, no está de acuerdo con su opinión sobre este asunto. Recordó que su gobierno ha impulsado reformas para prevenir que familiares inmediatos sucedan a funcionarios en lugares de elección popular.
La postura clara de Sheinbaum es que su administración seguirá luchando por una política de mayor transparencia y equidad, en línea con el deseo de la ciudadanía.
El Partido Acción Nacional se abre al diálogo con el PT y el Verde en oposición al Plan B de la reforma electoral propuesta por Morena.
El dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, reveló negociaciones con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para rechazar el Plan B de la reforma electoral presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta estrategia surge en un contexto donde varios actores políticos buscan proteger la viabilidad de los partidos más pequeños ante la propuesta de Morena.
Claudia Sheinbaum ha defendido que su Plan B busca reducir lo que califica como privilegios en el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre las medidas, se contemplan recortes en los salarios de los consejeros del organismo. “Es fundamental disminuir esos privilegios en el marco de la austeridad republicana”, expresó la presidenta.
La propuesta de Sheinbaum está en fase de elaboración y se espera que sea enviada al Congreso la próxima semana. La Secretaría de Gobernación actualmente trabaja en los últimos detalles de esta iniciativa.
En una entrevista, Jorge Romero comentó que el diálogo con el PT y el Verde es crucial en este momento. “Estamos en una etapa donde no hay nada escrito. Queremos conversar sobre el Plan B”, afirmó con optimismo. El líder panista reiteró la oposición de su partido a la reforma electoral original, pero mantuvo la puerta abierta para el diálogo.
Romero también levantó la voz sobre el silencio del gobierno ante el crimen organizado en el proceso electoral. Considera que este tema es uno de los mayores retos que enfrenta el país.
Por su parte, algunos líderes y legisladores del PVEM ya manifestaron su apertura a coincidir en ciertos puntos del Plan B, como la reducción de regidurías en los municipios. En cuanto al PT, el diputado Reginaldo Sandoval aseguró que avanza en el análisis de la propuesta, destacando que siguen construyendo consensos sobre los principales ejes propuestos.
Este vaivén en la política electoral enfatiza la incertidumbre que reina en la arena política mexicana, donde cada palabra y cada negociación pueden cambiar el rumbo de lo que está por venir.
Gobernadores de la 4T respaldan la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, destacando la importancia de modernizar las instituciones para fortalecer la democracia en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuenta con el apoyo de todos los gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación (4T). En un comunicado conjunto, expresaron su respaldo al llamado “Plan B”. Esta iniciativa busca fortalecer la democracia y mejorar el sistema electoral en México.
Los mandatarios señalaron la necesidad de modernizar el sistema electoral, que ha estado marcado por altos costos y estructuras ineficientes. El documento cree firmemente que el Plan B representa una oportunidad para hacer las instituciones más efectivas y transparentes.
El objetivo principal de esta propuesta es reducir gastos innecesarios en las instituciones electorales. Los gobernadores quieren asegurar que los recursos públicos se utilicen para el beneficio de la ciudadanía. Además, enfatizan que la legitimidad del sistema depende de que la voz del pueblo prevalezca.
Claudia Sheinbaum promueve el uso responsable de los recursos. Los gobernadores, al apoyar esta reforma, reafirmaron su compromiso con los principios de honestidad y austeridad. Estos valores son fundamentales para el movimiento que representan.
En su declaración, los mandatarios remarcaron que la democracia mexicana está en un proceso de transformación. Por eso, recalcan la necesidad de acercar las instituciones a la gente, haciéndolas más eficientes.
El apoyo unánime hacia la presidenta y su iniciativa refleja un momento clave en la evolución de la democracia en México. La 4T avanza con la esperanza de construir un futuro más justo y cercano a las necesidades de la población.
Gobernadores que mostraron su respaldo: Marina Del Pilar Ávila Olmeda – Baja California, Clara Marina Brugada Molina – Ciudad de México,Julio Ramón Menchaca Salazar – Hidalgo, Salomón Jara Cruz – Oaxaca, Rubén Rocha Moya – Sinaloa, Lorena Cuéllar Cisneros – Tlaxcala, Víctor Manuel Castro Cosío – Baja California, SurIndira Vizcaíno Silva – Colima, Alfredo Ramírez Bedolla – Michoacán, Alejandro Armenta Mier – Puebla, Alfonso Durazo Montaño – Sonora, Norma Rocío Nahle García – Veracruz, Layda Elena Sansores San Román – Campeche, Delfina Gómez Álvarez – Estado de México, Margarita González Saravia Calderón – Morelos, Mara Lezama Espinosa – Quintana Roo, Javier May Rodríguez – Tabasco, Joaquín Jesús Díaz Mena – Yucatán, Eduardo Ramírez Aguilar – Chiapas, Evelyn Cecia Salgado Pineda – Guerrero, Miguel Ángel Navarro Quintero – Nayarit, José Ricardo Gallardo Cardona – San Luis Potosí, Américo Villarreal Anaya – Tamaulipas, David Monreal Ávila – Zacatecas.
