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En política, las derrotas visibles no siempre anuncian el final de un proyecto. Con frecuencia señalan apenas el momento en que una estrategia cambia de forma para seguir avanzando. Algo así podría estar ocurriendo con la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras el rechazo legislativo de la iniciativa original, el debate no se cerró. Se reconfiguró. Y esa reconfiguración ya tiene nombre: el Plan B de la reforma electoral.

La nueva propuesta buscaría concentrarse en tres ejes políticamente más defendibles ante la opinión pública y más viables dentro del Congreso. Primero, disminuir privilegios en los congresos locales. Segundo, reducir excesos en los municipios, particularmente en cabildos sobredimensionados. Tercero, fortalecer la consulta popular para que ciertos temas electorales puedan someterse directamente a la decisión ciudadana. La idea es sencilla y potente: menos costo para la clase política y más margen para que mexicanas y mexicanos incidan en las reglas del sistema.

El rediseño no es menor. La Presidencia estima que el Plan B podría generar ahorros cercanos a cuatro mil millones de pesos. Recursos que permanecerían en estados y municipios para financiar obra pública, infraestructura o programas sociales. La propuesta también establecería límites al gasto de congresos estatales y revisaría estructuras que durante años han sido percibidas como costosas, desiguales y alejadas de la ciudadanía. En términos narrativos, el debate dejaría de girar exclusivamente sobre la ingeniería del sistema electoral para colocarse en un terreno más sensible: privilegios, austeridad y representación política.

La coyuntura se vuelve aún más interesante por la operación política que la acompaña. Morena logró recomponer el diálogo con sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, después del revés que sufrió la primera iniciativa. Las tres fuerzas cerraron filas en torno al nuevo planteamiento. Si la iniciativa se presenta formalmente en el Congreso este lunes 16 de marzo, como se ha anticipado, podría llegar con mejores condiciones políticas que la propuesta anterior. Más que un simple ajuste técnico, el Plan B parecería ser una corrección de ruta.

Es aquí donde la historia ofrece una clave de lectura particularmente sugerente. Esta discusión coincide con la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, una de las figuras centrales de la República y del sentido político de la resistencia institucional. En 1863, cuando las tropas francesas ocuparon la Ciudad de México, el gobierno republicano se vio obligado a abandonar la capital y trasladarse hacia el norte del país. Para muchos observadores de la época, aquella retirada parecía el derrumbe definitivo del proyecto republicano.

Pero Juárez entendió algo que sigue siendo fundamental en política: perder el control inmediato del centro del poder no equivale necesariamente a perder la legitimidad del proyecto. La República se replegó, sí, pero no desapareció. Se reorganizó. Mientras la capital quedaba bajo dominio extranjero y se abría paso al Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo, el gobierno republicano preservaba continuidad, legitimidad y dirección.

El imperio parecía sólido porque contaba con el respaldo militar de Francia y con el apoyo de sectores conservadores del país. Sin embargo, arrastraba una debilidad estructural: dependía de una fuerza externa y carecía de un consenso nacional auténtico. Juárez, en cambio, había perdido territorio, pero conservaba la legitimidad histórica de la República. Con el tiempo, esa diferencia resultó decisiva. Francia retiró sus tropas, el imperio se derrumbó y la República fue restaurada en 1867.

La comparación no pretende equiparar contextos ni magnitudes. Una derrota parlamentaria del siglo XXI no es una invasión extranjera del siglo XIX. Pero la historia sí ofrece una constante que vale la pena recordar: cuando un proyecto político enfrenta un revés serio, su supervivencia depende de su capacidad para cambiar de terreno sin renunciar a su objetivo.

A veces la política se entiende mejor cuando se observa con memoria histórica. Juárez mostró que la legitimidad puede sobrevivir incluso cuando el poder formal parece perderse. Esa lección sigue vigente. La discusión sobre el Plan B de la reforma electoral sugiere que las transformaciones institucionales no siempre avanzan por el camino previsto. Cambian de ritmo, de forma y de estrategia. Pero mientras exista voluntad política para sostenerlas, continúan su curso. Quizá esa sea la verdadera noticia de fondo: no estaríamos viendo el final de una reforma, sino el momento en que comienza su segunda vida.

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