Etiqueta: Registro Público de la Propiedad

  • Miente Viggiano: negó tener inmuebles en CDMX, pero compró departamento por 4.25 mdp

    Miente Viggiano: negó tener inmuebles en CDMX, pero compró departamento por 4.25 mdp

    El registro inmobiliario documenta una segunda propiedad de la senadora priista en la capital, mientras persisten cuestionamientos sobre su patrimonio tras la adquisición de una residencia en Lomas de Chapultepec.

    La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, adquirió un departamento en el complejo residencial Puerta Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por 4 millones 250 mil pesos, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad citados por El Universal. La operación se suma a la compra de una residencia en Lomas de Chapultepec, cuyo valor comercial supera los 40 millones de pesos.

    La compraventa del departamento quedó asentada en la escritura pública 58 mil 676, del 5 de diciembre de 2025, ante el notario Eduardo Javier Muñoz Pinchetti. El inmueble corresponde al departamento 814 de la Torre Sur, tiene una superficie construida de 73.38 metros cuadrados y se encuentra en un conjunto habitacional ubicado entre las calles Revillagigedo y Luis Moya, frente a la Alameda Central.

    Según la información publicada, el precio registrado fue inferior al valor comercial estimado de 5 millones 790 mil pesos, una diferencia de un millón 540 mil pesos. Este contraste abre interrogantes sobre la operación, aunque por sí solo no acredita irregularidades ni permite afirmar que existió un pago adicional en efectivo.

    Los documentos también señalan que la operación incluyó un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria a favor de Banorte. El aviso de compraventa y del crédito fue registrado el 10 de diciembre de 2025, con Viggiano como adquirente, deudora y garante hipotecaria.

    La nueva propiedad vuelve a colocar bajo escrutinio el patrimonio inmobiliario de la legisladora hidalguense. El pasado 5 de octubre, se reportó que adquirió una residencia en Sierra Nevada 319, en Lomas de Chapultepec, cuyo valor comercial supera los 40 millones de pesos. En esa operación aparecen empresas que el medio relacionó con presuntos esquemas de facturación irregular, entre ellas Borsa Inmuebles y Bienes Raíces.

    El caso cobra relevancia luego de que Viggiano asegurara en un video difundido en redes sociales que no tenía propiedades en la capital del país. Sin embargo, los registros documentan dos inmuebles a su nombre en la CDMX, una contradicción que deja más preguntas que respuestas. Porque una cosa es lo que se dice frente a las cámaras y otra lo que aparece en los registros; al final, como dicen: el que nada debe, nada teme.

    Con información de El Universal.

  • CDMX acelera resultados contra el Despojo; no habrá tolerancia para nadie

    CDMX acelera resultados contra el Despojo; no habrá tolerancia para nadie

    La estrategia del Gobierno de la Ciudad de México contra el despojo comenzó a mostrar resultados concretos. A 12 días de su reforzamiento, autoridades capitalinas reportaron 89 denuncias recibidas, 14 posibles casos de despojo identificados y ocho inmuebles asegurados, algunos de ellos restituidos a sus legítimos propietarios en apenas dos o tres días.

    Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, , destacó que la prioridad es que las personas que denuncien no tengan que esperar meses o años para obtener una respuesta de las instituciones.

    Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez

    “Ponemos toda la fuerza de las instituciones del lado de quien defiende legítimamente su patrimonio”, afirmó la mandataria.

    Los casos atendidos hasta ahora se concentran en distintas zonas de la capital. Entre ellos se encuentran inmuebles ubicados en Del Valle, Santa María La Ribera y San Pedro de los Pinos, donde las autoridades intervinieron para recuperar propiedades y, en algunos casos, devolverlas a sus dueños.

    Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez

    Brugada explicó que cada denuncia es revisada para determinar si realmente existen elementos que permitan acreditar el delito. De las 89 denuncias recibidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 46 continúan bajo análisis, mientras que otras 29 corresponden a situaciones que no necesariamente configuran despojo y que deben atenderse por otras vías jurídicas.

    La jefa de Gobierno también dejó claro que la estrategia no se limitará a los casos recientes. Las autoridades revisarán denuncias anteriores para identificar posibles despojos que hayan quedado pendientes y determinar si todavía es posible intervenir.

    La Secretaría de Seguridad Ciudadana también reportó un incremento en las acciones contra quienes intentan ingresar de manera irregular a inmuebles.

    Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez

    El titular de la dependencia, , informó que durante los primeros 12 días de la estrategia se realizaron 27 remisiones y fueron detenidas 90 personas relacionadas con reportes de allanamiento, ingreso por la fuerza o entrada irregular a propiedades.

    De ese total, 44 detenciones ocurrieron durante los 12 días de la estrategia, prácticamente la misma cantidad acumulada entre enero y los primeros días de agosto.

    La SSC señaló además que mantiene un tiempo promedio de respuesta de tres minutos ante reportes ciudadanos relacionados con posibles casos de despojo, allanamiento o ingreso irregular.

    Las intervenciones se han realizado en alcaldías como Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa, principalmente cuando los agentes detectan situaciones en flagrancia, como violencia, ruptura de cerraduras o cambio de chapas.

    No obstante, será la Fiscalía la encargada de determinar si cada hecho constituye formalmente el delito de despojo.

    La fiscal capitalina, , detalló que los 14 posibles casos identificados derivaron en cinco detenciones, dos judicializaciones y ocho inmuebles asegurados, además de una medida de protección y tres acuerdos.

    En paralelo, la revisión de casos anteriores permitió concretar 24 detenciones, 15 aseguramientos de inmuebles y ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas por el delito de despojo, así como 39 derivaciones a mecanismos alternativos de solución de controversias y 11 acuerdos reparatorios.

    La estrategia busca, por tanto, atender el problema desde distintos frentes: prevenir nuevos casos, responder rápidamente ante una denuncia, investigar a los responsables y, cuando corresponda, devolver los bienes a sus propietarios.

    Como parte de este esfuerzo, el próximo 24 de agosto comenzará operaciones en el Zócalo capitalino la Defensoría Social “Ponciano Arriaga”, con un equipo de 100 profesionales del derecho distribuidos en cinco grupos.

    La idea es que cada lunes la Plaza de la Constitución se convierta en un punto de atención jurídica gratuita para personas que necesiten orientación y acompañamiento para defender su patrimonio.

    La consejera Jurídica y de Servicios Legales, , explicó que la defensoría trabajará de manera coordinada con dependencias capitalinas y federales, la Fiscalía, tribunales, el Registro Público de la Propiedad, el Registro Agrario Nacional, IMSS e ISSSTE, entre otras instituciones.

    El objetivo es que una persona que enfrenta un posible despojo no tenga que recorrer por su cuenta distintas oficinas para saber dónde denunciar o cómo recuperar su propiedad.

    Para Brugada, los primeros resultados representan un cambio en la forma de atender este delito: pasar de las denuncias acumuladas a respuestas concretas y, cuando la ley lo permite, de la pérdida del patrimonio a su restitución.

  • Denuncian presunta protección a funcionario de Coahuila acusado de abuso sexual contra niñas

    Denuncian presunta protección a funcionario de Coahuila acusado de abuso sexual contra niñas

    La defensa de las víctimas acusa violencia institucional después de que una jueza rechazó vincular a proceso al servidor público, pese a testimonios y pruebas presentadas durante la audiencia.

    Un caso que ha generado indignación en Coahuila mantiene bajo escrutinio al sistema de justicia estatal. Roberto N, funcionario del Registro Público de la Propiedad, fue señalado como presunto responsable de abusar sexualmente de al menos cuatro niñas de su entorno familiar; sin embargo, una jueza determinó no vincularlo a proceso, decisión que las víctimas consideran evidencia de una presunta protección institucional.

    La resolución fue emitida por la jueza Sandra Ramona Juárez dentro de la causa penal 255/2026, en la que Roberto N enfrenta acusaciones por presuntos delitos sexuales contra dos menores. Durante la audiencia declaró una de las hijastras del imputado, hoy mayor de edad, quien aseguró que tanto ella como su hermana sufrieron agresiones similares cuando vivían con él. No obstante, su testimonio fue desestimado, pese a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que buscan garantizar la protección de víctimas de abuso sexual ocurrido durante la infancia.

    El caso también involucra a una adolescente de 13 años, hermana de la expareja del funcionario, quien lo acusa de abuso sexual. Además, otra menor de 9 años denunció presuntos tocamientos, aunque su declaración tampoco fue considerada suficiente por las autoridades, al argumentar que no aportó detalles específicos de tiempo y lugar. La familia sostiene que dictámenes psicológicos y otros elementos de prueba también fueron descartados durante el proceso.

    La expareja del acusado, Yoselin Guadalupe Contreras García, denunció haber enfrentado violencia institucional por parte de diversas autoridades, entre ellas personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y del Centro de Empoderamiento para las Mujeres. Asimismo, aseguró que el funcionario le repetía que “nadie lo iba a sancionar”, situación que hoy considera reflejada en las resoluciones judiciales y en el trato recibido por su familia.

    Por su parte, el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, defendió la actuación de la jueza y afirmó que las víctimas cuentan con recursos legales para impugnar la decisión. Mientras tanto, la defensa ya presentó una apelación y las denunciantes insisten en que existen suficientes elementos para reabrir el caso y evitar que, aseguran, haya más víctimas. La Fiscalía de las Mujeres de Coahuila no ha emitido un posicionamiento sobre el fondo del asunto.

    Con información de Camelia Muñoz para Proceso.